El gobierno de Japón modificó su protocolo de deportación de extranjeros al dejar de notificar con anticipación a los abogados y reducir los plazos de aviso, en el marco de una política migratoria más estricta que busca aumentar significativamente las expulsiones en los próximos años.
El gobierno japonés dejó sin efecto la práctica vigente desde 2010 que obligaba a notificar con hasta dos meses de antelación a los abogados de personas extranjeras sujetas a deportación. A partir del 1 de febrero de 2026, las autoridades migratorias comunicarán la orden directamente a la persona afectada con aproximadamente un mes de margen, sin aviso previo formal a su representación legal.
De acuerdo con las autoridades, el cambio responde a la necesidad de agilizar los procesos y evitar que las notificaciones prolongadas permitan dilaciones estratégicas o evasiones del procedimiento.La modificación se enmarca en un plan gubernamental que contempla duplicar el número de deportaciones en los próximos años, como parte de un endurecimiento del control migratorio.
Sin embargo, asociaciones de abogados y organizaciones de derechos humanos han advertido que la reducción del plazo y la exclusión de la notificación anticipada a defensores podría afectar el derecho a una defensa adecuada. Argumentan que un mes puede resultar insuficiente para presentar apelaciones, reunir documentación o activar mecanismos de protección internacional, particularmente en casos de solicitantes de asilo.
Japón mantiene una política restrictiva hacia la migración permanente y, particularmente, hacia el asilo. Las tasas de reconocimiento de refugiados han sido históricamente bajas en comparación con Europa o América del Norte, y el sistema migratorio privilegia esquemas temporales de empleo antes que rutas de integración de largo plazo.
