Según la base de la democracia está en la soberanía popular; es decir, del principio de que el poder político emana del pueblo, tal como lo establece nuestra propia Constitución.
A partir de este principio se construyen varios pilares fundamentales: las elecciones libres y periódicas, para que el pueblo elija a sus representantes; el Estado de derecho, donde las leyes se aplican por igual a todas y todos, incluyendo a los gobernantes; la separación de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para evitar concentraciones de poder; el reconocimiento de derechos y libertades fundamentales como la libertad de expresión, asociación, prensa, religión, entre otros; la participación ciudadana, que no se limita al voto, sino que incluye el derecho a organizarse, protestar y vigilar al poder; y, por último, el pluralismo político, que garantiza el respeto a la diversidad de opiniones e ideologías.
Dicho esto, uno puede observar cómo la democracia mexicana se encuentra en un proceso de consolidación. Esto explica por qué quienes durante décadas ostentaron el poder, y hoy se autodenominan demócratas, se resisten a los cambios que apuntan precisamente a profundizar la participación popular.
Un claro ejemplo es la próxima elección para la renovación del Poder Judicial. Por primera vez en la historia moderna de nuestro país, se contempla que juezas, jueces, magistradas, magistrados y ministras o ministros de la Suprema Corte sean electos mediante el voto ciudadano. A pesar de ello, quienes dicen defender la democracia impulsan que esta elección no se lleve a cabo, negándose así a que el pueblo participe en la definición de uno de los poderes más opacos del Estado.
No sorprende que Ricardo Salinas Pliego, el mayor deudor del fisco en México, sea uno de los principales opositores a esta medida. Pero más allá de sus intereses económicos, es preocupante que figuras políticas del viejo régimen, como algunos panistas y priistas, retomen y amplifiquen su discurso, en defensa de un poder judicial que históricamente ha servido más a los intereses del poder económico que a la justicia del pueblo.
Es importante recordar que el Poder Judicial no es infalible, y que su composición actual no garantiza ni imparcialidad ni equidad. Los casos de corrupción, los fallos que favorecen a grandes empresas o criminales de cuello blanco, y el distanciamiento con la ciudadanía, justifican plenamente la exigencia de una transformación de fondo.
Negarse a que el pueblo vote por quienes impartirán justicia no es una defensa de la democracia, sino una reacción temerosa ante su verdadero avance. Lo que está en juego no es solo la reforma de una institución, sino el modelo de país que queremos: uno donde el poder se concentre en élites blindadas o uno donde el pueblo tenga voz también en los asuntos más trascendentes.
La democracia no se agota en lo electoral, pero tampoco puede fortalecerse si el voto se convierte en privilegio para unos cuantos temas y se le niega al pueblo cuando realmente importa. Quienes se oponen a la elección del Poder Judicial quizás no temen al caos, sino al orden nuevo que pueda surgir del mandato popular. ¿Y si el verdadero miedo es que por primera vez, la justicia también se elija en las urnas?
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