Las autoridades han dictado prisión preventiva a 30 de los 32 detenidos por su participación en una importante banda de robo de hidrocarburos. Esta organización operaba en el centro del país, con bases en la Ciudad de México, Querétaro, Estado de México e Hidalgo.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó pruebas que llevaron a los jueces federales a validar las detenciones. Las investigaciones estuvieron a cargo de la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.
Entre los detenidos se encuentra el líder de la organización, Cirio Sergio Rebollo Mendoza, conocido como “Don Checo”. También están sus principales operadores: Luis Miguel Ortega Maldonado, “El Flaco de Oro”; Diego Rebollo González; Aurelio Hernández Lozano, “Gepeto”; e Israel Molina Núñez, “El Mil Millones”.
Los jueces definirán en cuatro días si se dictará la vinculación a proceso penal para estos sujetos. La lucha contra el robo de hidrocarburos sigue siendo una prioridad para las autoridades, que buscan desmantelar estas organizaciones delictivas.
El Senado de la República aprobó reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal. Esta aprobación se realizó la noche del martes y busca fortalecer los mecanismos para combatir el lavado de dinero.
El dictamen recibió 74 votos a favor de Morena y sus aliados. En contra votaron 13 senadores del PRI y algunos panistas, mientras que 19 senadores de Movimiento Ciudadano y Acción Nacional se abstuvieron. La mesa directiva anunció que el documento será enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y votación.
Las reformas incluyeron cambios de última hora. Se eliminó toda referencia al financiamiento del terrorismo, ya que este delito ya está tipificado en el Código Penal Federal. La senadora morenista Lucía Trasviña presentó la reserva para estas modificaciones, argumentando que la figura era innecesaria y podía crear confusiones jurídicas.
Durante el debate, el panista Francisco Ramírez Acuña cuestionó la eficacia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al mencionar el caso de tres instituciones financieras acusadas de lavado de dinero. Preguntó si la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores habían ignorado información relevante.
Guadalupe Chavira, de Morena, respondió que tanto la Secretaría de Hacienda como la UIF y la Comisión Nacional Bancaria han informado sobre investigaciones en curso. La oposición expresó su apoyo a la lucha contra el lavado de dinero, pero advirtió que esta causa se usa como un “Caballo de Troya” para imponer vigilancia sin control.
Guadalupe Murguía y Ramírez Acuña señalaron que la definición de “Persona Políticamente Expuesta” es ambigua, lo que podría llevar a sospechas injustificadas sobre ciudadanos comunes. La priísta Claudia Anaya comentó que la reforma representa un paso hacia la “militarización del país”, al permitir que la Guardia Nacional realice labores de investigación.
Morena calificó estas afirmaciones como exageradas. Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, explicó que la ley tiene un enfoque preventivo y administrativo. Su objetivo es evitar que el sistema financiero se utilice para fines ilícitos.
Oscar Cantón Zetina, de Morena, destacó que identificar a las Personas Políticamente Expuestas es clave para prevenir el uso indebido del sistema financiero. Enfatizó que la propuesta no es abusiva, sino necesaria para combatir las redes de encubrimiento generadas por la delincuencia organizada.
Durante los días 13, 14 y 15 de junio (viernes, sábado y domingo), las autoridades federales y estatalesintensificaron su coordinación en distintas entidades como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. De entre todas las acciones, aquí van cuatro estados que destacaron por operativos de alto impacto que incluyeron cateos, decomisos de armas, rescates de víctimas y aseguramientos de hidrocarburos ilegales.
En Sinaloa, el Ejército Mexicano desplegó múltiples operativos en Culiacán, Mazatlán, Concordia y Navolato, donde se aseguraron más de 20 armas largas, explosivos improvisados, cargadores, cartuchos y equipo táctico. En zonas rurales de Culiacán se detectaronvarios centros de elaboración de metanfetamina, con más de 7,800 litros y 40 kilos de sustancias químicas incautadas. Solo en esta región, las pérdidas económicas para las organizaciones criminales superan los 160 millones de pesos.
Tabasco registró una de las acciones más contundentes contra el robo de combustible. En Huimanguillo, fuerzas federales y estatales detuvieron a cuatro personas que transportaban 60,000 litros de gasolina en dos autotanques. En Cunduacán también fue asegurado un predio con más de 16,000 litros de hidrocarburo y equipo utilizado para su almacenamiento ilegal. Además, en Villahermosa se cumplimentó una orden de aprehensión por feminicidio en grado de tentativa.
En Sonora, las autoridades aseguraron 180 kilos de cocaína ocultos en cajas de cartón con detergente, que eran transportadas desde el Estado de México hacia Tijuana. El valor del cargamento asciende a 41 millones de pesos. También se incautaron 25 kilos de metanfetamina escondidos en neumáticos y se detuvo a varios presuntos delincuentes relacionados con actividades de narcotráfico.
Por su parte, en Jalisco, se inhabilitaron varias tomas clandestinas de combustible en los municipios de Ayotlán y Tlajomulco. En conjunto, se recuperaron más de 43,000 litros de gasolina y diésel.Dos tractocamiones, dos autotanques y un camión cisterna fueron asegurados por el Ejército y personal de Seguridad Física de PEMEX.
Estas acciones forman parte de una estrategia articulada basada en la inteligencia, la colaboración interinstitucional y la atención a las causas sociales, como ejes prioritarios del Gobierno Federal para debilitar las estructuras del crimen organizado y proteger a la población civil.
José Luis Abarca Velázquez, ex alcalde de Iguala, Guerrero, ha sido trasladado del penal de máxima seguridad del Altiplano al Centro Federal de Reinserción Social Número 18 en Coahuila. Este cambio se produce en un contexto donde Abarca enfrenta procesos judiciales por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El ex alcalde, implicado en el caso de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, solicitó atención médica especializada durante su estancia en el Altiplano, argumentando que no recibió la atención necesaria para sus problemas de salud. Sin embargo, la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo determinó que no se podía suspender su proceso de amparo y que las autoridades no estaban obligadas a cumplir con su petición.
En 2022, un juez federal le otorgó un amparo que abrió la posibilidad de que pudiera recuperar su libertad, considerando su estado de salud. Sin embargo, esta resolución no elimina los cargos que enfrenta Abarca. Recientemente, impugnó la prisión preventiva justificada, argumentando que su situación médica no fue adecuadamente considerada en las audiencias.
La situación de Abarca sigue siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades y la sociedad, especialmente en el contexto del caso Ayotzinapa, que continúa sin resolverse. Las familias de los 43 estudiantes desaparecidos siguen buscando justicia y respuestas sobre lo ocurrido.
Tras el decomiso tres millones de pastillas de fentanilo, hecho que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum calificó como “muy importante”, la doctora recalcó algo de lo que no hay duda alguna: esto significa la presencia activa del crimen organizado en el país vecino del norte.
“Ellos lo vinculan con un grupo delincuencial de México, pero tiene que ver esencialmente con operaciones también de nacionales estadounidenses, del otro lado de la frontera”.
La mandataria federal aseveró que el combate a los cárteles de la droga, no es responsabilidad exclusiva de nuestro país, y es sumamente importante el trabajo conjunto entre naciones.
“Esto habla de la buena coordinación que hay, en donde nosotros operamos, trabajamos en coordinación en nuestro territorio, y ellos lo tienen que hacer en su territorio”
No sin dejar de asegurar que esta coordinación está basada en trabajar con respeto mutuo. “Como siempre hemos dicho: cooperación, coordinación sin subordinación”
Bajo este mismo contexto, la Presidenta aseguró que se pidió al gobierno de los Estados Unidos contener el flujo de armas que ingresan a nuestro país, a lo que tuvo una respuesta positiva.
Finalmente, la Presidenta Sheinbaum aprovechó para destacar que en México se busca construir la paz, atacando las causas principales de violencia y recordó que el próximo jueves se presentará el informe de seguridad del pasado mes de abril.
José Ascensión Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán, Jalisco, fue detenido por su presunta colaboración con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La detención ocurrió este fin de semana tras una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Murguía, conocido como “Chon” Murguía y miembro del Partido Movimiento Ciudadano, habría recibido un sueldo mensual de 70 mil pesos del CJNG. A cambio, permitía las operaciones del cartel en el rancho Izaguirre, un lugar señalado como centro de reclutamiento forzado y posible exterminio.
Las autoridades acusan al alcalde de no solo conocer las actividades ilegales, sino de ser parte activa en ellas. Se le imputan delitos como delincuencia organizada y desaparición forzada. Además, se le señala como autor material del reclutamiento forzado que se realizaba en el rancho.
La situación en el rancho Izaguirre causó indignación nacional. En marzo de 2025, colectivos de madres buscadoras hallaron restos óseos y otros vestigios. Aunque la Guardia Nacional intervino brevemente en septiembre de 2024, no se realizaron investigaciones exhaustivas hasta que los colectivos denunciaron la gravedad de los hallazgos.
Fuentes federales indican que Murguía visitó el rancho varias veces durante 2024. También se le vincula con José Gregorio “N”, alias “El Lastra”, un operador del CJNG que actualmente está preso. Se ha informado que el edil era consciente de las condiciones extremas de violencia a las que eran sometidos los reclutas, incluyendo prácticas inhumanas.
Por ahora, José Ascensión Murguía permanece detenido en la Comisaría de Sentenciados del complejo carcelario de Puente Grande. Su vinculación a proceso se definirá el próximo sábado.
Un tribunal federal ratificó el amparo que le fue otorgado al general en retiro Rafael “H”, para que pueda seguir su proceso en libertad, ante los cargos de delincuencia organizada y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa.
Con mayoría de votos los magistrados y las magistradas del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmaron la resolución que ya había sido dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a favor del ex comandante del 41 batallón de infantería de Iguala, Guerrero.
Elementos de ejercito mexicano. Foto: Cuartoscuro.
Al general en retiro, la Fiscalía General de la República (FGR) lo señala como el presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada,relacionada con los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Foto: vía tlachinollan.org
A pesar de que la FGR expresara su inconformidad con la “libertada condicional” otorgada al general Raúl “N”, además de que argumentara el alto riesgo de fuga y la presentación de pruebas para justificar la “prisión preventiva”, los magistrados desestimaron los argumentos y determinaron declarar insubsistente la prisión preventiva dictada contra el general en retiro, el pasado 8 de julio de 2023.
Cabe recordar que, en mayo pasado la jueza segunda de Distrito de Proceso Penales, en Toluca, Estado de México, Raquel Ivette Duarte, resolvió modificar la prisión preventiva al general en retiro, porque la FGR no logró justificar la necesidad de la prisión preventiva.
El sobrino del ex secretario de seguridad en tiempos de Calderón, Genaro García Luna, se amparo contra la vinculación a proceso que se giró en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Medios de comunicación dieron a conocer que la jueza Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Diana Abraján Peña, fue quien admitió a tramite el amparo del sobrino de García Luna.
La audiencia se llevará a cabo el día 29 de enero de 2024.
Cabe recordar que fue el pasado 20 de diciembre de 2023 que, Gloria García Luna y Edgar Rodríguez García, hermana y sobrino de Luna, fueron vinculados a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de ser detenidos el pasado 14 de diciembre por agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGR).
La hermana del exfuncionario mexicano llevará su proceso en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil Número 16, en Coatlán del Río, Morelos; mientras que su hijo lo hará en el Penal Federal del Altiplano, en Edomex.
El Poder Judicial demuestra una vez más que está del lado de la delincuencia, ya que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México otorgó al empresario colombiano Natan Wancier Taub, quien presuntamente fungió como prestanombres del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y quien se encuentra prófugo de la justicia ante acusaciones por delincuencia organizada, una suspensión definitiva que le impide a la Fiscalía General de la República (FGR) capturarlo.
Natan Wancier es buscado por autoridades por el delito delincuencia organizada, con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícitas. Sin embargo, pese a esto el Tribunal Federal prohibió detener y dictar el encarcelamiento al presunto prestanombres.
Por lo anterior se precisó que, en caso de que el empresario Colombiano llegue a ser detenido y se ponga a disposición de un juez de control, solo se le podrá imponer la prisión domiciliaria, si es que se llega a necesitar imponerle una medida preventiva de la libertad.
Taub es presidente de la empresa Nunvav, la cual fue constituida en Panamá, y con la cual se habrían triangulado y lavado más de 5 mil millones de pesos de la red del exsecretario de Seguridad Pública Federal.
Cabe señalar que este mismo Tribunal Colegiado fue quien determinó que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona contaba con fuero por lo que le devolvió la libertad luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo detuviera.
El gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, se pronunció respecto a los hechos violentos que se suscitaron en Villahermosa el pasado 22 de diciembre del 2023, por lo que resaltó que su gobierno no dejará que los culpables se salgan con la suya.
A través de un comunicado, el gobierno de Manuel Merino señaló que se el órgano de seguridad se mantiene en sesión permanente para dar seguimiento a los acontecimientos de la noche de ayer y así “implementar medidas que permitan preservar el ambiente de estabilidad, paz y orden público que ha predominado en la entidad”.
El documento informó que en cuanto se tuvo conocimiento de los actos delictivos, las autoridades reaccionaron inmediatamente para combatir con toda la fuerza del Estado a quien alteró el orden público. Por esto, los delincuentes se replegaron sin afectar a la sociedad civil en cuanto observador la presencia de los elementos de seguridad.
Asimismo, afirmaron que se reestableció la paz en el estado en el menor tiempo posible.
“En Tabasco ningún grupo de delincuentes ha estado ni estará por encima de la fuerza del Estado. Tenemos un compromiso de que no habrá impunidad, daremos con los responsables. Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.
El gobierno de Tabasco también se encuentra trabajando en las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar si el evento del Fraccionamiento Club Campestre tiene relación con los disturbios generados por los grupos delictivos.
Por último, se hizo un llamado a la población a no hacer caso ni propagar rumores e información falsa que se difunde en rede sociales, sino informarse en canales oficiales y denunciar cualquier hecho delictivos con las autoridades.
