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Desde 2015, el estado de Nuevo León cuenta con una ley de participación ciudadana, pero poco o nada ha sido utilizada por los ciudadanos.

Y es que la gran mayoría de las leyes de participación ciudadana vuelven inviables sus mecanismos, irónicamente, cuando estos son convocados por ciudadanos.

En Nuevo León, por ejemplo, cuando un ciudadano o un grupo de ciudadanos convoca un mecanismo de participación ciudadana, resulta ser una odisea. Un esfuerzo titánico, para que al final solo quede un registro de una intención. En ese sentido, la nueva Secretaría de Participación Ciudadana, creada por la actual administración, poco o nada interviene.

No obstante, cuando el gobernador o algún diputado promueve un mecanismo de participación ciudadana, las cosas son completamente diferentes. Menos engorrosas y, por supuesto, con mayor alcance; cosa que los medios de comunicación se encargan.

En esta ocasión, el gobernador Samuel García envió una propuesta de consulta popular al Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana (IEEPCNL) para que el proceso de selección de fiscal general sea a propuesta del ejecutivo, es decir, cambiar el proceso actual para designar al encargado de la fiscalía.

Ahora bien, esta consulta popular no la realiza porque se preocupa por conocer la opinión de los neoloneses en un asunto importante como el proceso de selección del fiscal general, sino para legitimarse y tener apoyo popular para que el proceso sea el que él quiere.

Y es esto lo que llama la atención. Si realmente importara la opinión popular, las audiencias públicas que contempla la ley de participación ciudadana no serían un ejercicio de “tomo nota” y no hacer nada, es decir, mera simulación. 

Como es, por ejemplo, el programa “ahora resolvemos juntos” del municipio de Monterrey, del cual no se sabe qué se haya resuelto, pues no hay ningún informe ni registro de qué actividades se han realizado y qué peticiones se han atendido y resuelto.

Ahora bien, cuando la misma autoridad es la que ocasiona un agravio a la sociedad, todo cambia. Por ejemplo, ante la reciente deforestación que se han registrado en la zona del Río Santa Catarina, debió realizarse una consulta popular sobre esta acción o, por lo menos, informar sobre los planes que se tenían. 

Cabe mencionar que anteriormente ya se han realizado. Incluso fueron propuestas por el actual gobernador, al cual se le respondió con un rotundo no. Hoy, nuevamente se tiene planeado privatizarlo y traer de vuelta estacionamientos, canchas de fútbol o de mini golf, etc., sin importar si esto significa destruir un espacio natural y refugio de más de cincuenta especies, que se han registrado desde el paso del Huracán Alex, de las cuales, incluso, algunas de ellas están en peligro de extinción.

Todo lo contrario, la política mexicana está acostumbrada a pedir perdón, que a pedir permiso. Así las cosas, primero causan un daño irreparable a lo poco que queda en la ciudad y ya después ven cómo reaccionan los ciudadanos. Si lo hacen negativamente, ya se les pasará; si no dicen nada, mejor aún.

Y no solo fue el Río, también se registró otro daño en el Parque Niños Héroes ¿Qué sería tan importante para quitar árboles que tanto hacen falta? Pues la construcción de un estadio de beisbol.

Mientras las cosas sigan así, Nuevo León no puede catalogarse como estado de progreso. Además, tampoco habría que realizar tanto estudio de por qué no llueve y se tiene tantos problemas con el agua; así como determinar el por qué de las altas temperaturas en la ciudad, que todos los días son cercanas o superiores a los 40°C.