El presidente Donald Trump anunció el control federal del Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C. y el despliegue de la Guardia Nacional.
Durante una conferencia en la Casa Blanca, Trump afirmó que la criminalidad en la capital es más alta que en muchas ciudades del mundo. Nombró al director de la DEA, Terrance Cole, como comisionado interino de la policía local.
Trump argumentó que la ciudad ha sido “invadida” por pandillas y drogadictos. Su decisión busca restablecer el orden y la seguridad pública.
Veteranos por los Ideales Americanos criticaron la medida. Consideran que la delincuencia violenta está en su nivel más bajo en 30 años. También cuestionaron el uso de fuerzas militares en la población civil.
La organización GIFFORDS, dedicada a la prevención de la violencia armada, afirmó que estas acciones no harán a D.C. más seguro. Llamaron a enfrentar el problema del tráfico de armas en las ciudades.
Donald Trump habría firmado en secreto una orden para que el Pentágono ejecute operaciones militares contra cárteles de la droga designados como organizaciones terroristas extranjeras, según reveló The New York Times.
De acuerdo con el medio, la directiva abre la puerta a acciones directas en mar y tierra extranjera contra estos grupos. Oficiales militares ya estarían elaborando planes para su persecución.
La medida plantea graves cuestionamientos legales, como si el uso de fuerza letal por parte de militares estadounidenses fuera considerado “asesinato” al no existir un conflicto armado autorizado por el Congreso.
En febrero, Estados Unidos ya había clasificado al Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13) y otras organizaciones como terroristas, lo que permite emplear inteligencia, fuerzas armadas y otras agencias para su combate.
El senador Marco Rubio afirmó que los cárteles deben ser tratados como “organizaciones terroristas armadas” y no solo como redes de narcotráfico. Sin embargo, el Times advierte que la autorización legal para actuar militarmente, como la otorgada contra Al-Qaeda tras el 11-S, no cubre a todos los grupos que el Ejecutivo declare terroristas, por lo que Trump podría alegar defensa nacional ante la crisis por fentanilo.
Hasta el momento, el Departamento de Defensa se negó a comentar sobre la directiva y no se sabe si la Casa Blanca, el Pentágono o el Departamento de Estado han emitido opiniones legales oficiales sobre la medida.
Las autoridades de EE. UU. Desmantelaron una red de tráfico de armas hacia el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Petar Dimitrov Mirchev, un búlgaro de 60 años, fue detenido en Madrid.
Mirchev es acusado de ser el cerebro detrás de estas operaciones ilegales. La DEA lo catalogó como objetivo prioritario tras vincularlo con el notorio traficante Viktor Bout.
Las armas, fabricadas en Bulgaria, debían ser enviadas a ejércitos africanos, pero eran desviadas a México. El CJNG, conocido por su violencia, las usaría para fortalecer su poder.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha imputado a Mirchev y a otros tres cómplices en África. Los cargos incluyen conspiración para traficar armas y cocaína.
El CJNG se ha vuelto más poderoso tras la detención de líderes de otros carteles. La lucha por el control del narcotráfico en México sigue dejando un saldo de violencia y muertes.
Tamaulipas se ha convertido en un foco de atención para las fuerzas federales y agencias estadounidenses. La lucha contra el huachicol se intensifica en esta región.
Recientemente, el delegado de la Fiscalía, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, fue asesinado. Se presume que la delincuencia organizada tomó represalias por los operativos en su contra.
Las autoridades han realizado aseguramientos históricos de hidrocarburo robado. En marzo, interceptaron un buque en Tampico con aditivos para aceites lubricantes.
Las operaciones también han llevado a la recuperación de millones de litros de diésel y gasolina. Esto incluye un operativo en Reynosa donde se aseguraron más de un millón de litros de hidrocarburo.
Agencias como el FBI y la DEA investigan el tráfico de crudo robado en Tamaulipas. Los cárteles venden el huachicol a empresarios en EE.UU., evadiendo impuestos significativos.
Se estima que México pierde miles de millones en impuestos anualmente por el robo de combustible. La DEA ha comenzado el Operativo Top Fuel para desmantelar estas redes criminales.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones a tres líderes del Cártel del Noreste y al narcorrapero “El Makabélico”. Estas acciones buscan frenar el lavado de dinero y el narcoterrorismo.
Las sanciones fueron anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en colaboración con la DEA y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional. El Cártel del Noreste, sucesor de Los Zetas, opera en Texas y México.
Ricardo Hernández Medrano, conocido como “El Makabélico”, es acusado de lavar dinero a través de conciertos. Se estima que el 50% de sus regalías financia al cártel.
También fueron sancionados Abdón Federico Rodríguez García, alias Chucho, y Antonio Romero Sánchez, ex policía estatal. Ambos están vinculados a narcotráfico y ejecuciones.
Las sanciones congelan los bienes de los implicados en EE.UU. y prohíben transacciones con ciudadanos estadounidenses. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, enfatizó la lucha continua contra estos cárteles.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, está en la mira de Estados Unidos por narcoterrorismo y tráfico de drogas. La DEA elevó la recompensa a 25 millones de dólares por información que conduzca a su captura.
Esta acción se da días después de que la Casa Blanca calificara al Cártel de los Soles como “organización terrorista extranjera” por supuestamente apoyar al Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa.
Los Departamentos de Estado y Tesoro acusan a Maduro de liderar esta organización criminal que trafica drogas hacia Estados Unidos, junto con altos funcionarios como Diosdado Cabello y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López.
.@USTreasury OFAC sanctions Cartel de los Soles as a Specially Designated Global Terrorist. Send info leading to the arrest &/or convictions of Venezuelans Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, & Vladimir Padrino López to CartelSolesTips@dea.govhttps://t.co/brb8cU3ZqOpic.twitter.com/xJZaMW0nzh
Scott Bessent, secretario del Tesoro, señaló que el régimen de Maduro facilita el narcoterrorismo mediante la corrupción de instituciones clave, incluyendo el Ejército, inteligencia, legislatura y Poder Judicial.
“El Cártel de los Soles utiliza el narcotráfico como arma contra Estados Unidos y apoya a grupos criminales como Tren de Aragua y Cártel de Sinaloa”, afirmó el gobierno estadounidense.
La captura de Ismael “El Mayo” Zambada puso fin a la cacería tras 23 años de búsqueda por parte del gobierno de los Estados Unidos. La operación culminó el 25 de julio de 2024, en El Paso, Texas.
Las autoridades estadounidenses comenzaron la cacería de Zambada en 2001. En ese entonces, se le consideró uno de los líderes del Cártel de Sinaloa. La Operación Trifecta se lanzó para desmantelar su red de tráfico de drogas.
A lo largo de los años, se realizaron múltiples investigaciones y se arrestaron a 240 personas relacionadas con su organización. A pesar de los esfuerzos, Zambada permaneció prófugo.
La DEA identificó a Zambada como un objetivo prioritario en 2004. A lo largo de su carrera criminal, se le acusó de recibir toneladas de cocaína desde Colombia y distribuirla en varias ciudades de EE.UU.
Zambada fue finalmente capturado junto a Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán. Según Zambada, fue secuestrado en Sinaloa y entregado a las autoridades como parte de un acuerdo.
Ahora enfrenta 17 cargos penales en Estados Unidos. Su juicio se llevará a cabo ante el mismo juez que sentenció a El Chapo. Zambada ha declarado no culpable de todos los cargos.
Su próxima audiencia está programada para el 25 de agosto. En esta sesión, se espera discutir posibles acuerdos entre la fiscalía y la defensa.
Autoridades de Estados Unidos rastrean una red criminal que trafica gasolina y diésel robados desde México, en una operación que podría estar causando pérdidas de más de 200 millones de pesos semanales al erario mexicano, según reportes obtenidos por medios estadounidenses.
Una investigación de Milenio reveló que agencias como el FBI, la DEA y HSI investigan la ruta del huachicol que atraviesa la frontera por Tamaulipas —específicamente Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo— donde más de mil autotanques por semana cruzan cargados de combustible robado a Pemex, oculto como aceite mineral para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
La propia DEA alertó en su informe anual sobre narcóticos sobre una nueva organización criminal aliada con el Cártel de Sinaloa, CJNG, La Familia Michoacana y el Cártel del Golfo, dedicada al robo de hidrocarburos que son vendidos ilegalmente en territorio estadounidense.
En respuesta, Washington puso en marcha el operativo “Top Fuel” (o “Muerte Líquida”), con el que ya ha detenido a una familia de empresarios multimillonarios de Utah —los Jensen— acusados de haber contrabandeado 300 millones de dólares en crudo mexicano en colaboración con el CJNG. El juicio contra James y Maxwell Jensen comenzará en 2026 y será el primero en su tipo.
Además, se preparan nuevas órdenes de arresto contra cómplices en ambos lados de la frontera, debido a que esta red se ha convertido en una fuente clave de financiamiento para los cárteles mexicanos. En paralelo, el gobierno de México intensificó sus acciones contra el huachicol. Tan solo entre octubre de 2024 y julio de 2025, la Semar aseguró más de 14 millones de litros de combustible robado, 328 tomas clandestinas y casi 87 mil litros más en altamar.
El 29 de junio, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció el desmantelamiento de una de las redes más grandes de tráfico de combustible en el país. 32 personas fueron detenidas, incluyendo presuntos líderes identificados como Cirio Sergio “N” y Luis Miguel “N”, con operaciones en Edomex, Querétaro, Hidalgo y CDMX.
Una semana después, en Coahuila, autoridades incautaron 15 millones de litros de combustible robado, en uno de los mayores aseguramientos de este tipo en la historia del país.
Desde su creación, la CIA (1947) y la DEA (1973) han operado en México, principalmente tras la “guerra contra las drogas” declarada por Nixon en 1972. Durante décadas, estas agencias actuaron con la anuencia tácita de autoridades mexicanas, incluso portando armas y colaborando con fuerzas nacionales como la DFS, Ejército, Marina y Estado Mayor Presidencial.
En una investigación de Jorge Retana para Contralínea, se destaca que, pese a la influencia y operativos conjuntos, la relación se tensó con la detención del general Salvador Cienfuegos en 2020 en Estados Unidos, marcando un antes y un después en la cooperación bilateral y el respeto a la soberanía mexicana.
Periodistas como Manuel Buendía y más recientemente José de Jesús Esquivel han documentado la intervención de estas agencias en el país, revelando vínculos con narcotráfico, corrupción y violencia. Buendía, asesinado en 1984, denunció la presencia de agentes de la CIA y el contrabando de armas, mientras que la DEA estuvo involucrada en casos como el asesinato del agente Enrique Camarena, que evidenció la compleja relación entre agencias y cárteles.
El arresto de Cienfuegos en la “Operación Padrino”, acusado de vínculos con el Cártel del H2, sacudió al Ejército Mexicano y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tensionando la cooperación en seguridad con Estados Unidos. La exoneración posterior del general por la Fiscalía General de la República y la publicación parcial del expediente buscó restaurar la estabilidad política y militar nacional.
Este capítulo revela cómo la actividad de la CIA y la DEA en México no solo ha influido en la lucha contra el narcotráfico, sino que también ha generado crisis políticas, conflictos institucionales y un entramado complejo entre soberanía nacional y operaciones transnacionales.
Ovidio Guzmán López ya es testigo protegido de las autoridades estadounidenses y podría recuperar su libertad entre los 50 y 55 años, reveló Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, en una entrevista para Excelsior. Su hermano Joaquín Guzmán también se entregará a cambio de beneficios legales.
Ambos colaborarán como testigos clave en el juicio contra Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, razón por la cual la fiscalía en EE.UU. redujo considerablemente los cargos en su contra, eliminando incluso penas que alcanzarían más de un siglo de cárcel. A Joaquín se le retiró la posibilidad de enfrentar la pena de muerte.
Según Vigil, Joaquín Guzmán incluso habría sido quien secuestró y trasladó a El Mayo —su padrino— a Estados Unidos para facilitar su entrega, todo sin apoyo financiero del gobierno estadounidense.
El programa de protección también incluyó el traslado de 17 familiares de Ovidio, algo sin precedentes, según el exagente, lo que demuestra la relevancia de su cooperación.
Una vez cumpla su sentencia, Ovidio recibirá una nueva identidad, documentos oficiales y apoyo económico para rehacer su vida lejos del Cártel de Sinaloa. Mientras tanto, su declaración jurada ya está en manos de los fiscales, y será la base para procesar a Zambada.
Vigil subrayó que este acuerdo se vio amenazado por declaraciones del abogado de Ovidio, Jeffrey Lichtman, quien arremetió contra la Presidenta Claudia Sheinbaum. Por ello, enfrentará una demanda por difamación, agregó.
