Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, está en la mira de Estados Unidos por narcoterrorismo y tráfico de drogas. La DEA elevó la recompensa a 25 millones de dólares por información que conduzca a su captura.
Esta acción se da días después de que la Casa Blanca calificara al Cártel de los Soles como “organización terrorista extranjera” por supuestamente apoyar al Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa.
Los Departamentos de Estado y Tesoro acusan a Maduro de liderar esta organización criminal que trafica drogas hacia Estados Unidos, junto con altos funcionarios como Diosdado Cabello y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López.
.@USTreasury OFAC sanctions Cartel de los Soles as a Specially Designated Global Terrorist. Send info leading to the arrest &/or convictions of Venezuelans Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, & Vladimir Padrino López to CartelSolesTips@dea.govhttps://t.co/brb8cU3ZqOpic.twitter.com/xJZaMW0nzh
Scott Bessent, secretario del Tesoro, señaló que el régimen de Maduro facilita el narcoterrorismo mediante la corrupción de instituciones clave, incluyendo el Ejército, inteligencia, legislatura y Poder Judicial.
“El Cártel de los Soles utiliza el narcotráfico como arma contra Estados Unidos y apoya a grupos criminales como Tren de Aragua y Cártel de Sinaloa”, afirmó el gobierno estadounidense.
La captura de Ismael “El Mayo” Zambada puso fin a la cacería tras 23 años de búsqueda por parte del gobierno de los Estados Unidos. La operación culminó el 25 de julio de 2024, en El Paso, Texas.
Las autoridades estadounidenses comenzaron la cacería de Zambada en 2001. En ese entonces, se le consideró uno de los líderes del Cártel de Sinaloa. La Operación Trifecta se lanzó para desmantelar su red de tráfico de drogas.
A lo largo de los años, se realizaron múltiples investigaciones y se arrestaron a 240 personas relacionadas con su organización. A pesar de los esfuerzos, Zambada permaneció prófugo.
La DEA identificó a Zambada como un objetivo prioritario en 2004. A lo largo de su carrera criminal, se le acusó de recibir toneladas de cocaína desde Colombia y distribuirla en varias ciudades de EE.UU.
Zambada fue finalmente capturado junto a Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán. Según Zambada, fue secuestrado en Sinaloa y entregado a las autoridades como parte de un acuerdo.
Ahora enfrenta 17 cargos penales en Estados Unidos. Su juicio se llevará a cabo ante el mismo juez que sentenció a El Chapo. Zambada ha declarado no culpable de todos los cargos.
Su próxima audiencia está programada para el 25 de agosto. En esta sesión, se espera discutir posibles acuerdos entre la fiscalía y la defensa.
Autoridades de Estados Unidos rastrean una red criminal que trafica gasolina y diésel robados desde México, en una operación que podría estar causando pérdidas de más de 200 millones de pesos semanales al erario mexicano, según reportes obtenidos por medios estadounidenses.
Una investigación de Milenio reveló que agencias como el FBI, la DEA y HSI investigan la ruta del huachicol que atraviesa la frontera por Tamaulipas —específicamente Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo— donde más de mil autotanques por semana cruzan cargados de combustible robado a Pemex, oculto como aceite mineral para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
La propia DEA alertó en su informe anual sobre narcóticos sobre una nueva organización criminal aliada con el Cártel de Sinaloa, CJNG, La Familia Michoacana y el Cártel del Golfo, dedicada al robo de hidrocarburos que son vendidos ilegalmente en territorio estadounidense.
En respuesta, Washington puso en marcha el operativo “Top Fuel” (o “Muerte Líquida”), con el que ya ha detenido a una familia de empresarios multimillonarios de Utah —los Jensen— acusados de haber contrabandeado 300 millones de dólares en crudo mexicano en colaboración con el CJNG. El juicio contra James y Maxwell Jensen comenzará en 2026 y será el primero en su tipo.
Además, se preparan nuevas órdenes de arresto contra cómplices en ambos lados de la frontera, debido a que esta red se ha convertido en una fuente clave de financiamiento para los cárteles mexicanos. En paralelo, el gobierno de México intensificó sus acciones contra el huachicol. Tan solo entre octubre de 2024 y julio de 2025, la Semar aseguró más de 14 millones de litros de combustible robado, 328 tomas clandestinas y casi 87 mil litros más en altamar.
El 29 de junio, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció el desmantelamiento de una de las redes más grandes de tráfico de combustible en el país. 32 personas fueron detenidas, incluyendo presuntos líderes identificados como Cirio Sergio “N” y Luis Miguel “N”, con operaciones en Edomex, Querétaro, Hidalgo y CDMX.
Una semana después, en Coahuila, autoridades incautaron 15 millones de litros de combustible robado, en uno de los mayores aseguramientos de este tipo en la historia del país.
Desde su creación, la CIA (1947) y la DEA (1973) han operado en México, principalmente tras la “guerra contra las drogas” declarada por Nixon en 1972. Durante décadas, estas agencias actuaron con la anuencia tácita de autoridades mexicanas, incluso portando armas y colaborando con fuerzas nacionales como la DFS, Ejército, Marina y Estado Mayor Presidencial.
En una investigación de Jorge Retana para Contralínea, se destaca que, pese a la influencia y operativos conjuntos, la relación se tensó con la detención del general Salvador Cienfuegos en 2020 en Estados Unidos, marcando un antes y un después en la cooperación bilateral y el respeto a la soberanía mexicana.
Periodistas como Manuel Buendía y más recientemente José de Jesús Esquivel han documentado la intervención de estas agencias en el país, revelando vínculos con narcotráfico, corrupción y violencia. Buendía, asesinado en 1984, denunció la presencia de agentes de la CIA y el contrabando de armas, mientras que la DEA estuvo involucrada en casos como el asesinato del agente Enrique Camarena, que evidenció la compleja relación entre agencias y cárteles.
El arresto de Cienfuegos en la “Operación Padrino”, acusado de vínculos con el Cártel del H2, sacudió al Ejército Mexicano y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tensionando la cooperación en seguridad con Estados Unidos. La exoneración posterior del general por la Fiscalía General de la República y la publicación parcial del expediente buscó restaurar la estabilidad política y militar nacional.
Este capítulo revela cómo la actividad de la CIA y la DEA en México no solo ha influido en la lucha contra el narcotráfico, sino que también ha generado crisis políticas, conflictos institucionales y un entramado complejo entre soberanía nacional y operaciones transnacionales.
Ovidio Guzmán López ya es testigo protegido de las autoridades estadounidenses y podría recuperar su libertad entre los 50 y 55 años, reveló Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, en una entrevista para Excelsior. Su hermano Joaquín Guzmán también se entregará a cambio de beneficios legales.
Ambos colaborarán como testigos clave en el juicio contra Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, razón por la cual la fiscalía en EE.UU. redujo considerablemente los cargos en su contra, eliminando incluso penas que alcanzarían más de un siglo de cárcel. A Joaquín se le retiró la posibilidad de enfrentar la pena de muerte.
Según Vigil, Joaquín Guzmán incluso habría sido quien secuestró y trasladó a El Mayo —su padrino— a Estados Unidos para facilitar su entrega, todo sin apoyo financiero del gobierno estadounidense.
El programa de protección también incluyó el traslado de 17 familiares de Ovidio, algo sin precedentes, según el exagente, lo que demuestra la relevancia de su cooperación.
Una vez cumpla su sentencia, Ovidio recibirá una nueva identidad, documentos oficiales y apoyo económico para rehacer su vida lejos del Cártel de Sinaloa. Mientras tanto, su declaración jurada ya está en manos de los fiscales, y será la base para procesar a Zambada.
Vigil subrayó que este acuerdo se vio amenazado por declaraciones del abogado de Ovidio, Jeffrey Lichtman, quien arremetió contra la Presidenta Claudia Sheinbaum. Por ello, enfrentará una demanda por difamación, agregó.
Ovidio Guzmán López, conocido como El Ratón, se declarará culpable el 9 de julio de varios cargos relacionados con el tráfico de drogas. Este evento marcará un hito en la historia del Cártel de Sinaloa.
Guzmán enfrenta cinco cargos, que incluyen tráfico de drogas, crimen organizado, lavado de dinero y uso de armas de fuego. Desde su arresto en enero de 2023 en Culiacán, México, ha estado negociando un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU.
Este acuerdo le permitirá evitar un juicio y cooperar en otras investigaciones criminales. Ovidio será el primer hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán en ser declarado culpable en una corte estadounidense.
Su captura en 2023 fue parte de un operativo del ejército mexicano. En 2019, El Ratón había sido liberado tras un violento enfrentamiento conocido como el “Culiacanazo”. Este incidente mostró la fuerza de Los Chapitos, el grupo formado por los hijos de El Chapo.
Las investigaciones de la DEA han vinculado a Ovidio con el tráfico de cocaína y heroína hacia ciudades como Chicago y Nueva York. Su caso involucra a otros capos del cártel, incluido su hermano Joaquín Guzmán, conocido como El Güero.
El 15 de julio, solo seis días después de la declaración de culpabilidad de Ovidio, su hermano también enfrentará cargos en la misma corte. Ambos hermanos están bajo la mira de la justicia por sus actividades criminales. La situación en el Cártel de Sinaloa sigue siendo tensa y llena de incertidumbre.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos entregó grabaciones de audio sobre la tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena a la defensa de Rafael Caro Quintero, reveló The Guardian.
Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, enfrenta cargos en Nueva York por narcotráfico y por su presunta participación en el crimen ocurrido en México en 1985.
Durante una audiencia reciente, la fiscalía estadounidense calificó las cintas como “altamente sensibles”. Aunque no se detalló cuántas grabaciones existen ni su contenido exacto, algunas transcripciones ya habían sido presentadas en un juicio de 1988.
Medios internacionales y el ex agente de la DEA Héctor Berrellez no descartan que en los audios pueda aparecer la voz del exagente de la CIA Félix Rodríguez, presuntamente involucrado en el caso.
El Gobierno de Donald Trump busca reducir el presupuesto y simplificar las regulaciones de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Entre las medidas destaca eliminar a 540 inspectores, modificar 50 normativas y facilitar la verificación de antecedentes para la compra de armas, incluyendo ampliar el plazo de revisión de 30 a 60 días y destruir archivos de propietarios después de 20 años.
La fiscal general Pamela Bondi propuso fusionar la ATF con la Administración de Control de Drogas (DEA) para recortar aún más la burocracia. Además, se planea reducir el formulario 4473, que registra los datos de compradores, de siete a tres páginas, lo que podría afectar la efectividad en la supervisión de ventas y el rastreo de armas en investigaciones criminales.
Estas modificaciones generan preocupación entre organizaciones de control de armas, que advierten sobre riesgos en la seguridad pública. En lo que va de 2025, Estados Unidos ha registrado 7,358 muertes y 13,203 heridos por armas de fuego, además de 192 tiroteos masivos, según Gun Violence Archive. Entre las víctimas fatales hay 503 adolescentes.
La DEA advierte que la reciente alianza entre “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) podría cambiar el panorama del narcotráfico internacional. Expertos consideran que esta unión permitirá a ambos grupos expandir su poder y acceso a recursos.
En su informe “Evaluación Nacional de Amenazas por Drogas 2025”, la DEA detalla cómo operan los grupos delictivos mexicanos, a quienes el gobierno de Donald Trump catalogó como “terroristas”. La alianza de CDS y CJNG, antigua enemiga, promete alterar significativamente el equilibrio del poder criminal en México.
La unión se formó tras el arresto de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024. Esta situación ha generado un intercambio estratégico de recursos para facilitar operaciones. Mientras tanto, el CJNG, bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, se ha expandido a más de 40 países.
La fragmentación del CDS ha sido notable desde que Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, supuestamente traicionó a “El Mayo”. A su detención, Zambada enfrentaba múltiples órdenes de aprehensión y acusaciones por narcotráfico en Estados Unidos.
Analistas consideran que esta alianza podría convertir al CJNG en el principal narcotraficante global. Además, podría reinventar las estructuras del narcotráfico y generar guerras regionales entre grupos rivales.
La presión del gobierno de Trump ha llevado a “Los Chapitos” a buscar nuevas alianzas. Un miembro del CDS reveló que necesitan fondos urgentemente debido a la interrupción de la producción de fentanilo y a las pérdidas en su organización.
La guerra interna ha generado un despliegue militar en Sinaloa y redadas en laboratorios. A pesar de estos esfuerzos, expertos como John Creamer advierten que desmantelar un cártel por completo es casi imposible. La resiliencia del narcotráfico sigue siendo un desafío significativo en la lucha contra las drogas.
Un agente de la DEA reveló que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) vigiló a sus agentes y testigos durante el juicio contra Rubén Oseguera González, conocido como ‘El Menchito’. Matthew Allen, agente especial de la Administración para el Control de Drogas, compareció en audiencia este martes y destacó el espionaje del cártel mexicano.
Durante el juicio, que culminó con la condena de ‘El Menchito’ a cadena perpetua, se descubrió que miembros del CJNG espiaban a informantes y agentes en Washington, D.C. Allen señaló que las acciones del cártel tuvieron graves consecuencias. “El CJNG contraatacó en México, disparando contra la esposa de un informante y asesinando a su hija”, explicó.
El jurado federal encontró culpable a ‘El Menchito’ de varios delitos, incluyendo la distribución de cocaína y metanfetaminas. Su condena se produjo tras su extradición a Estados Unidos en febrero de 2020.
Allen enfatizó que el CJNG no son simples pandilleros. “Nos enfrentamos a criminales extranjeros con tácticas de combate y cadenas de suministro globales”, afirmó. También mencionó un reciente allanamiento en Los Ángeles donde encontraron un mural de ‘El Mencho’, líder del CJNG.
El agente de la DEA advirtió que la crisis migratoria y la violencia de los cárteles están interconectadas. “Los cárteles trafican poder. Este poder se transforma en fentanilo, armas y miedo”, añadió.
El juicio de ‘El Menchito’ se llevó a cabo en septiembre de 2024. Testigos clave incluyeron a miembros del cártel que colaboraron con las autoridades. ‘El Menchito’ cumplirá su condena en una prisión de alta seguridad en Colorado, mientras el CJNG sigue extendiendo su influencia.
