La justicia veracruzana giró una nueva orden de aprehensión en contra del panista y diputado local electo por la vía plurinominal, Fernando Yunes Márquez, por el delito de daño patrimonial en su gestión como alcalde de Veracruz.
Foto: Diario Xalapa.
Un juez de control obsequió la orden de captura, luego de que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) interpusiera una denuncia ante la Fiscalía General de Veracruz (FGE), por un daño patrimonial de 92 millones 997 mil 869 pesos.
Las irregularidades detectadas por el órgano de fiscalización corresponden a la cuenta pública de 2021 y que se deben a un esquema de pensiones en el que no se tiene la certeza de que dichos recursos llegaran a los trabajadores y trabajadoras, razón por la cual la FGE inició con los trabajos de investigación.
Cabe mencionar que, Fernando Yunes Márquez, también tiene girada una orden de aprehensión en su contra por delitos electorales, puesto que el panista es señalado haber supuestamente ordenado a los trabajadores del Ayuntamiento de Veracruz, para apoyar a su hermano.
Tras las diversas críticas al gobierno actual por la desaparición del Fonden, el periodista Ricardo Sevilla Gutiérrez se encargó de ventilar el mal uso que se hizo en sexenios pasados de estos recursos destinados a la atención de desastres naturales en el país.
En un hilo en X, el periodista señaló que el Fonden representó auténticos actos de latrocinio institucionalizado, sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que estos recursos no se usaron para su objetivo principal.
Sevilla Gutiérrez dio a conocer que en el Informe de la Cuenta Pública del 2012, tiempos del priista Enrique Peña Nieto, la Auditoría documentó un posible daño patrimonial en Tabasco por 74.19 millones de pesos, debido a la cancelación de obras, reducción de metas de las mismas y otros remanentes no reportados al Comité Técnico del Fonden.
En 2012, la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 12-0-06100-02-0388, presentada en el Informe de la Cuenta Pública 2012, la ASF documentó un posible daño patrimonial por 74.19 mdp en Tabasco, por cancelación de obras, reducción de metas de obras y otros remanentes no reportados…
Sin embargo, eso no fue todo ya que en ese mismo documento se detectó otro daño 107.59 millones de pesos. Pues en lugar de usar los recursos para las acciones de reconstrucción, el dinero fue desviado para el pago de servicios en dependencias del gobierno del estado, como líneas telefónicas, compra de vales de despensa, alquiler de equipo e incluso compra de material de limpieza.
A esos desvíos se sumaron 27 millones 094 mil pesos por remanentes no reportados adecuadamente y 15 mdp más por contratos cancelados y no reintegrados al fondo.
Otro caso que puso como ejemplo fue en 2013, cuando la ASF revisó la comprobación de recursos del Fonden aplicados en el estado de Guerrero, a causa de la “Tormenta Manuel”. Esta auditoría es la número 13-0-04100-07-0131. En este evento hubo más de 300,000 personas afectadas, en 73 municipios de dicho estado.
A pesar de que en esa auditoría se determinó que la entrega de apoyos del Fonden fue oportuna, una auditoría subsecuente financiera y de cumplimiento, la número 13-0-06100-02-0135, determinó que, “respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al…
Por otra parte, el periodista también dio a conocer que, cuando el panista Felipe Calderón gobernaba en 2006, diputados locales y federales señalaron, en varias ocasiones, el mal uso del presupuesto para resarcir los daños ocasionados por lluvias del “Huracán Stan” en Chiapas. En específico, denunciaron que mil 800 millones de pesos no fueron utilizados en la reconstrucción de las zonas afectadas.
Por último, Sevilla resaltó que el Fonde se creó en 1996 con el pretexto de servir como programa del gobierno federal para atender los efectos generados por desastres naturales; sin embargo, siempre fue cuestionado por la falta de transparencia y desvío del presupuesto.
El Fonden, que nació en 1996 con el pretexto de servir como programa del gobierno federal para atender los efectos generados por desastres naturales, siempre fue cuestionado (y con pruebas y datos duros) por la falta de transparencia y desvío del presupuesto.
La Fiscalía General de la República (FGR), investiga a 23 ex funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por ocasionar daño patrimonial por más de 15 millones de dólares durante el contrato a Consorcio Isolux.
Lo reclamado por la CFE es la omisión de haber cobrado una indemnización al proveedor por el incumplimiento del contrato y pagos injustificados, suministros que no fueron entregados, trabajos adicionales y servicios de deuda.
Dentro de la ejecución del contrato, se reveló que los pagos que fueron realizados durante el finiquito no eran debidamente soportados de acuerdo con las condiciones establecidas dentro del contrato.
Esto conlleva a deficiencias que repercute en daños al patrimonio de la CFE por 15 millones 929 mil 61 dólares.
Para este proyecto, Consorcio Isolux se conformó por lsolux de México, lsolux Ingeniería y Grupo lsolux Corsán.
Debía construir en Nuevo León y Tamaulipas 3 líneas de transmisión con voltaje de 400 kilovoltios y una longitud total de 441.8 kilómetros, así como 2 subestaciones con voltajes de 400 kilovoltios, con 195.3 Megavoltamperios reactivos (MVAr) y 3 alimentadores de potencia.
La CFE a cargo de Manuel Bartlett denunció ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) que a principios de 2016 la contratista abandonó la primera obra y, en octubre del mismo año, dejó en su totalidad el proyecto, con un avance del 44 por ciento.
Acusó que, en lugar de iniciar una rescisión administrativa, el 16 de diciembre de ese año la CFE formalizó de manera “improcedente” un convenio de terminación forzosa por 410 días. La rescisión de todas formas ocurrió más tarde.
“El procedimiento de rescisión administrativa del contrato fue iniciado el 27 de febrero de 2018, es decir, 495 días posteriores al 20 de octubre de 2016, fecha en la que el contratista abandonó la totalidad de las obras”, denuncia la Comisión.
“La CFE, en lugar de llevar a cabo el proceso de rescisión administrativa del con trato, habiendo transcurrido 57 días del abandono total de las obras y 312 días del abandono de la primera obra, el 16 de diciembre de 2016 formalizó con el contratista, de manera improcedente, el Convenio Número Seis de cumplimiento forzoso, con el cual se reprogramaron los eventos de ‘Fecha Programada de Aceptación Provisional’ respectivos a cada una de las obras”.
Para la CFE, no sólo fue inoportuno iniciar la rescisión un año y cuatro meses después de abandonada la obra, sino también contrario a la Ley Obra Pública y Servicios, que señala que no son modificables en monto o en plazo los convenios a precio alzado.
Un aspecto que recrimina la denunciante es que los funcionarios responsables de licitar este proyecto omitieron solicitar a los participantes la acreditación de su capacidad financiera.
En septiembre de 2018, Isolux de México se declaró en concurso mercantil y una jueza resolvió que estaba en insolvencia; apenas el 24 de enero pasado concluyó el procedimiento concursal con un convenio con los acreedores.
La denuncia ante la FGR se basa en una visita de inspección a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI), para verificar el contrato PIF-024/2014 a Isolux.
Cabe decir que en el periodo al que se refieren, el presidente era Enrique Peña Nieto por que a años del termino de su periodo se sigue revelando la corrupción que existía en las dependías de gobierno en ese tiempo, lo cual fue permitido por el priista.
