Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, confirmó ser propietario de una vivienda valuada en 12 millones de pesos, la cual ha sido financiada con un crédito respaldado por sus ingresos como senador y creador de contenido en YouTube.
El legislador defendió su patrimonio frente a señalamientos: “Nadie me ha regalado nada, mucho menos un grupo criminal”, retando a la oposición a presentar pruebas, y aseguró que todos sus bienes están debidamente registrados en su declaración patrimonial.
Noroña también rechazó acusaciones de nexos con el narcotráfico: “Los narcos enviados a Estados Unidos pueden declarar lo que DEA o CIA quieran, pero cualquier acusación debe probarse en México”.
Además, criticó al PRI y PAN por respaldar las declaraciones de la senadora Lilly Téllez en las que pedía intervención de Estados Unidos en el país, calificándolas como “traición a la patria”.
Por último, advirtió que la renuncia de Néstor Camarillo al PRI y su paso a Movimiento Ciudadano dejará al tricolor sin la tercera vicepresidencia de la Mesa Directiva en el próximo periodo, afectando así la proporcionalidad del Senado.
Este martes comenzó en Estados Unidos el juicio contra Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), extraditado desde México hace unas semanas.
González Valencia, considerado el cerebro financiero del CJNG, enfrenta tres cargos: crimen organizado, tráfico de cocaína y metanfetamina, y uso de armas de fuego. La fiscalía estadounidense presentó 76 mil documentos y numerosas grabaciones en español para probar su culpabilidad.
La audiencia, celebrada en un tribunal federal del Distrito de Columbia ante la jueza Beryl Howell, duró unos 15 minutos. La magistrada, que ya dictó cadena perpetua más 30 años al “Menchito”, prevé utilizar evidencias de ese caso para fortalecer el proceso contra “El Cuini”.
Abigael González Valencia fue líder de “Los Cuinis”, célula que financió al CJNG y traficó toneladas de drogas a nivel internacional. Desde 2015 estaba encarcelado en México tras su detención en Puerto Vallarta, intentando evitar su extradición.
La jueza Howell citó nuevamente al acusado a finales de octubre para continuar con el proceso judicial.
El líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, se declaró culpable este lunes en una corte de Brooklyn, Nueva York, tras reconocer más de 50 años de narcotráfico, asesinatos, corrupción y liderazgo criminal.
Durante la audiencia, el juez Brian Cogan advirtió que la sentencia será cadena perpetua, a lo que Zambada respondió estar consciente de su decisión. Además, aceptó que no podrá apelar.
En un mensaje leído ante la corte, “El Mayo” admitió que desde 1969 inició en el negocio de las drogas y que, entre 1980 y 2024, transportó al menos 1.5 millones de kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos. También reconoció haber ordenado asesinatos, mantener grupos armados bajo su control y corromper a policías, militares y políticos en México.
“Asumo la responsabilidad de mi participación y pido disculpas a quienes sufrieron por mis acciones”, declaró el narcotraficante.
La fiscalía detalló que además de la condena, Zambada deberá entregar 15 mil millones de dólares en bienes incautados.
La sentencia final será dictada el 13 de enero de 2026, mientras el capo permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC).
En la Comarca Lagunera 18 empresas y organizaciones publicaron un desplegado denunciando que operadores de la CATEM, bajo amenazas y agresiones, cobran derecho de piso disfrazado de cuotas sindicales, además de estar vinculados con el crimen organizado. Como medida, solicitan una investigación federal por estos presuntos nexos.
De acuerdo con información de El País, las acusaciones se extienden a Veracruz, Querétaro y Oaxaca, donde se reportan secuestros, cobros ilegales y desapariciones de comerciantes, mientras que líderes estatales de la confederación aparecen en documentos filtrados por el colectivo Guacamaya por extorsión y control de obras y mercados.
En Guerrero, Gilberto Luna es señalado por extorsionar constructoras y favorecer empresas afines; en el Estado de México, Felipe Francisco Sánchez Santos estaría vinculado a la banda Los Julios, asociada a la CATEM y dedicada a despejos y control de propiedades.
Fundada en 2010 por Pedro Haces Barba, la CATEM agrupa a 1,200 sindicatos y 7 millones de afiliados, y ha sido criticada por exceso de lujo y manejo irregular de recursos, pese a mantener un discurso de austeridad.
En su defensa, Haces Barba negó cualquier responsabilidad: “Siempre he estado en contra de la extorsión; CATEM no hace chingaderas”. El caso resalta la urgencia de supervisión federal sobre prácticas sindicales y posibles vínculos con el crimen organizado.
El director de la DEA, Terry Cole, equiparó al exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, con Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, al afirmar que ambos fueron desmantelados aplicando el mismo modelo estratégico de persecución de alto nivel.
Cole explicó que la estrategia no busca solo interceptar cargamentos de droga, sino atacar a las organizaciones criminales desde la cúspide: “Fuimos tras los que toman decisiones, los financieros y los asesinos que dirigían la violencia con una sola llamada telefónica. Así desmantelamos los cárteles al más alto nivel”.
Zambada, de 77 años, se declaró culpable en Nueva York por narcotráfico, incluyendo el envío de más de 1.5 millones de kilogramos de cocaína a EE.UU. desde 1980, y por sobornar a funcionarios mexicanos. Su sentencia está programada para enero de 2026, enfrentando posible cadena perpetua y una multa de 15 mil millones de dólares.
Durante la conferencia mañanera, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que lo más relevante de la declaratoria de culpabilidad de Zambada fue el momento en que la DEA puso a García Luna al mismo nivel que dos de los capos más notorios del narcotráfico:
“Ayer, la propia fiscal de Estados Unidos confirmó la colaboración con el Gobierno de México en la reducción de delitos. Pero lo que más me llamó la atención fue lo que dijo el director de la DEA: hemos derribado a tres grandes narcotraficantes: el primero, García Luna; el segundo, El Chapo, y el tercero, El Mayo”.
Sheinbaum insistió en que resulta impactante que una agencia de Estados Unidos considere al exsecretario de Seguridad de Calderón al mismo nivel que estos conocidos capos, subrayando la importancia de investigar a fondo los vínculos entre funcionarios mexicanos y organizaciones criminales.
Cole envió un mensaje directo a las familias afectadas y a los cárteles: “Cada declaración de culpabilidad es más que un titular. Es un conducto menos de veneno hacia nuestros vecindarios (…) La DEA no se detendrá. Perseguiremos a los jefes de estas organizaciones y desmantelaremos sus redes, un miembro a la vez”.
Este caso resalta la urgencia de fortalecer las instituciones de seguridad en México y garantizar transparencia en la colaboración internacional para combatir el crimen organizado.
El director de la DEA, Terry Cole, afirmó que la confesión de Ismael “El Mayo” Zambada en una corte de Nueva York demuestra que ningún capo del narcotráfico es intocable. “Hoy dijo una palabra que lo cambia todo: culpable. Ese instante representa el derrumbe de su imperio”, señaló en conferencia conjunta con la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.
Cole destacó que la captura del líder del Cártel de Sinaloa fue posible gracias a un nivel de cooperación internacional sin precedentes, y advirtió que la persecución continuará hasta llevar ante la justicia a todos los jefes del narcotráfico.
El FBI también reconoció que la confesión de Zambada se logró por la coordinación entre México y Estados Unidos, con el objetivo de desmantelar la estructura criminal de uno de los cárteles más poderosos del mundo.
Por su parte, Bondi agradeció públicamente la colaboración de las autoridades mexicanas en la extradición y resaltó que, durante la administración de Donald Trump, se han llevado más criminales ante los tribunales que en gobiernos anteriores.
Respecto a la pena de muerte, Bondi aclaró que Estados Unidos no puede aplicarla a Zambada debido a un acuerdo bilateral con México, pero aseguró que pasará el resto de su vida en prisión.
Ismael ‘El Mayo’ Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable este lunes ante la justicia de Estados Unidos en la corte de Brooklyn, aceptando en su totalidad un acuerdo con las autoridades estadounidenses.
La declaración incluye una cronología de su vida criminal desde 1969 y el reconocimiento de que entre 1980 y 2024 transportó y vendió 1.5 millones de kilos de cocaína en EE. UU., recibiendo millones de dólares y corrompiendo a policías, mandos militares y políticos para operar sin restricciones.
A cambio de su aceptación de culpabilidad, la Fiscalía estadounidense acordó no solicitar la pena de muerte. El acuerdo también excluye su juicio por delitos de homicidio, uso de armas prohibidas y blanqueo de dinero, consolidando su permanencia en prisión sin riesgo de ejecución. La incautación de bienes y activos ordenada por EE. UU. asciende a 15 mil millones de dólares.
Zambada admitió públicamente el daño causado a la sociedad de México y Estados Unidos, asumió responsabilidad y pidió perdón por sus acciones, mientras se mantiene la atención sobre el futuro del Cártel de Sinaloa y las posibles implicaciones en funcionarios de alto nivel en México.
El narcotraficante fue entregado a EE. UU. en 2024 en circunstancias que él calificó de traición por parte de sus antiguos aliados, los herederos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, hecho que desató una guerra interna en el cártel.
La sentencia de Zambada se dictará el 13 de enero de 2026, cerrando un capítulo clave en la historia de uno de los líderes criminales más importantes de México y su relación con la justicia estadounidense.
En Ensenada, Baja California, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) colocó dos narcomantas dirigidas a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, exigiendo “actuar” contra el grupo rival, el Cártel de Sinaloa (CDS). Los mensajes, que contenían amenazas directas a altos mandos estatales y federales, fueron colocados frente al Cicese y el Centro de Gobierno del Estado y firmados por “646 CJNG”
El conflicto entre ambos cárteles también ha afectado al sector pesquero y comercial de mariscos, pues la Pescadería Mares del Pacífico sufrió un ataque que provocó la muerte de un cliente, mientras que el restaurante El Compa Moy cerró permanentemente debido a extorsiones y amenazas. Empresarios locales denuncian que se les obliga a pagar “cobro de piso” y comprar productos a través de canales controlados por la delincuencia organizada.
Ante esta escalada de violencia, la FGE de Baja California informó que estableció contacto con los afectados para brindar atención inmediata y esclarecer los hechos, mientras las autoridades continúan trabajando para garantizar la seguridad en Ensenada, así como también frenar la presión de los grupos criminales sobre comerciantes y pescadores.
El boxeador Julio César Chávez Jr. continuará su proceso en libertad condicional, a pesar de estar vinculado a delitos de tráfico de armas y delincuencia organizada, considerados por la Constitución como sujetos a prisión preventiva oficiosa.
El juez de control Enrique Hernández Miranda, del Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, Sonora, otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria y decidió no imponer firma periódica, argumentando que su presencia podría generar acoso mediático.
Chávez Jr. enfrenta acusaciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, derivadas de una investigación de la FGR iniciada en 2023, que motivó su arresto en Estados Unidos el 2 de julio y su deportación a México el 18 de agosto. La Fiscalía sostiene que el boxeador podría recibir una pena de cuatro a ocho años de prisión si se confirma su culpabilidad.
Como medidas cautelares, se le prohíbe abandonar el país, asistir a audiencias y contactar a implicados, aunque no deberá presentarse periódicamente ante autoridades. Su abogado, Rubén Fernando Benítez, aseguró que la supuesta relación con el cártel se basa únicamente en “anécdotas de camaradería”, y que el proceso busca esclarecer su inocencia.
La defensa enfatizó que la llamada de “El Nini”, identificada como prueba central, se basa en referencias de terceros sin evidencia directa de participación de Chávez Jr.
La audiencia, realizada por videoconferencia desde el Cefereso 11, duró casi nueve horas, garantizando la seguridad del imputado y del personal judicial. El próximo 24 de noviembre se programó una nueva audiencia para que la FGR presente nuevas pruebas.
Chávez Jr. se mantiene en México mientras sigue el proceso, con el objetivo de demostrar que las acusaciones son especulaciones y conjeturas, según su defensa.
El norte de Veracruz vive una escalada de violencia protagonizada por CJNG, Grupo Sombra y Gente Nueva, que pelean por el control territorial y cobran piso a negocios de todo tipo. La Huasteca y el Totonacapan se han convertido en zonas de extorsión, secuestros y reclutamiento forzado. de acuerdo con una investigación de Milenio.
Pobladores han denunciado fosas clandestinas en Tihuatlán con decenas de cuerpos, mientras la extorsión afecta desde restaurantes y comercios hasta taxistas y vendedores de bienes raíces. Incluso desde cárceles, miembros del Grupo Sombra coordinan pagos y ejecuciones, como el asesinato de la maestra Irma Hernández.
En agosto de 2025, más de 30 homicidios se registraron en municipios como Tuxpan, Poza Rica y Papantla. Motines y ataques con drones al penal de Tuxpan muestran la capacidad de estos cárteles para sembrar terror y controlar rutas clave.
Empresarios reportan pagos de hasta 34 mil pesos mensuales para mantener sus negocios abiertos, mientras sicarios jóvenes imponen miedo con armas largas y amenazas directas. La violencia también alcanza a la venta de casas y taxis, con cobros que funcionan como un “diezmo criminal”.
Veracruz registra casi 7 mil personas desaparecidas, aunque colectivos de familiares estiman más de 10 mil. Las autoridades aseguran coordinación con el gobierno estatal para combatir la extorsión, pero la guerra entre cárteles mantiene a la población bajo constante amenaza.
