El operativo, ordenado durante la administración Trump, dejó 11 muertos y podría constituir un crimen de guerra por violar las leyes internacionales que prohíben la perfidia.
El Pentágono empleó una aeronave con apariencia de avión civil para ejecutar un ataque contra una embarcación señalada por la administración de Donald Trump como vinculada al narcotráfico, en una operación ocurrida en septiembre pasado que provocó la muerte de 11 personas, según funcionarios con conocimiento del caso. La nave, además, transportaba municiones ocultas dentro del fuselaje, sin armamento visible bajo las alas.
De acuerdo con especialistas en derecho internacional humanitario, el uso de un avión pintado para simular una aeronave civil podría constituir perfidia, un crimen de guerra que implica engañar al adversario fingiendo estatus civil para facilitar un ataque letal. Esta práctica está prohibida incluso en conflictos armados no internacionales.
El gobierno de Trump ha sostenido que estos ataques son legales al considerar que Estados Unidos mantiene un conflicto armado contra cárteles del narcotráfico, a los que clasifica como actores terroristas. Sin embargo, expertos legales cuestionan esta interpretación y subrayan que los combatientes deben distinguirse claramente de la población civil.
Según testimonios recabados, la aeronave descendió lo suficiente para ser vista por las personas a bordo del barco, lo que habría generado una falsa percepción de seguridad antes del ataque. Tras el primer impacto, dos sobrevivientes fueron abatidos en una ofensiva posterior, lo que también podría violar la prohibición de atacar a náufragos, establecida por las leyes de la guerra.
Aunque el Pentágono aseguró que todas sus operaciones pasan por revisiones legales, se negó a detallar el tipo de aeronave utilizada, argumentando que se trata de información clasificada. No obstante, desde entonces, el ejército ha optado por usar drones militares identificables, como los MQ-9 Reaper, en ataques similares.
Hasta ahora, Estados Unidos ha realizado al menos 35 ataques contra embarcaciones, con un saldo de 123 personas muertas, una estrategia que ha encendido el debate internacional sobre la legalidad y los límites del uso de la fuerza.
Con información de The New York Times
