La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se enfrentó a una encrucijada institucional: ¿puede el Pleno actual corregir o anular lo que las extintas Salas decidieron en el pasado? La respuesta fue un no rotundo. El caso detonante fue el de Juana Hilda González (Caso Wallace), quien tras 19 años en prisión obtuvo su libertad por un amparo de la Primera Sala. La FGR intentó revertir esta libertad, pero la Corte determinó que sus fallos son “Cosa Juzgada”, es decir: verdades legales inamovibles.
Cabe mencionar que la impugnación de la FGR —promovida por el exfiscal Alejandro Gertz Manero— fue analizada mediante una consulta a trámite, en la que el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz planteó si procedía un recurso de revisión contra sentencias dictadas por las extintas Salas al ejercer la facultad de atracción en amparos directos.
Aunque se votó por unanimidad que las sentencias no se revisan, quedó una “puerta entreabierta” en el Párrafo 52. Y es que la ministra Lenia Batres sugirió que en el futuro se podría discutir la “Cosa Juzgada Fraudulenta”. Esto significa que si un juicio fue un engaño total (fraude procesal), la historia podría ser distinta. No obstante, siete ministros se opusieron a mencionar esto, pero por un error de procedimiento o tiempos de votación, el texto quedó en el aire.
Algunos especialistas sostienen que la sociedad necesita que las leyes sean predecibles. Y si una sentencia de la Corte pudiera cambiarse años después, el sistema colapsaría en una incertidumbre eterna. La “Cosa Juzgada”, en ese sentido, es el ancla que evita el caos jurídico.
El rechazo de siete ministros al párrafo 52 muestra una resistencia interna contra la posibilidad de abrir juicios pasados.
