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Etiqueta: Corte Suprema de EE.UU.

  • Juez federal bloquea el decreto de Trump sobre ciudadanía por nacimiento

    Juez federal bloquea el decreto de Trump sobre ciudadanía por nacimiento

    Un juez federal emitió un nuevo bloqueo nacional contra el decreto del presidente Donald Trump que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento. El fallo del juez Joseph Laplante es un paso importante en la lucha por los derechos migratorios.

    El mes pasado, la Corte Suprema limitó la capacidad de los jueces de tribunales inferiores para emitir órdenes judiciales a nivel nacional. A pesar de esto, Laplante accedió a la solicitud de abogados especializados en derechos migratorios. Certificó una demanda colectiva a nivel nacional para proteger a aquellos que podrían perder su ciudadanía.

    Durante una audiencia en Concord, Nueva Hampshire, Laplante emitió una orden judicial preliminar que bloquea indefinidamente el decreto de Trump. El juez afirmó que la privación de la ciudadanía estadounidense causa un daño irreparable. Además, destacó que la ciudadanía es el mayor privilegio en el mundo.

    Laplante suspenderá su orden por varios días para permitir que el gobierno de Trump presente su apelación. Esta decisión marca un avance significativo en la defensa de los derechos de nacimiento en Estados Unidos.

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  • Corte Suprema de EE.UU. permite a Trump reiniciar despidos masivos en el gobierno

    Corte Suprema de EE.UU. permite a Trump reiniciar despidos masivos en el gobierno

    La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al presidente Donald Trump a reanudar los despidos masivos en agencias federales. La decisión elimina la orden de una jueza que había bloqueado las reducciones de personal.

    Los magistrados levantaron la restricción impuesta por la jueza de distrito Susan Illston, quien había argumentado que Trump excedió su autoridad al ordenar despidos. Su decisión había protegido a cientos de miles de empleados federales.

    En febrero, Trump anunció una revisión del gobierno para reducir la fuerza laboral federal y desarmar ciertas oficinas y programas. Las recortes de personal afectan a múltiples agencias, incluyendo Agricultura, Comercio y Salud.

    Illston había argumentado que solo el Congreso puede autorizar tales reestructuraciones. Su fallo limitó la capacidad de las agencias para realizar despidos y recortar programas.

    La jueza también ordenó la reincorporación de los trabajadores despedidos, aunque retrasó esta medida durante el proceso de apelación. Su sentencia representó un fuerte obstáculo para la reforma gubernamental impulsada por Trump y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

    El DOGE, anteriormente dirigido por Elon Musk, busca reducir el empleo federal y eliminar gastos considerados innecesarios. Musk dejó su cargo a finales de mayo y tuvo un enfrentamiento público con Trump.

    La decisión de la Corte Suprema marca un nuevo capítulo en el intento de Trump de remodelar el gobierno federal. Los efectos de esta autorización se sentirán en diversas agencias y en la fuerza laboral federal.

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  • Juez cuestiona política de deportaciones de Trump por desacato judicial

    Juez cuestiona política de deportaciones de Trump por desacato judicial

    Un juez federal ha puesto en duda la política de deportaciones del presidente Donald Trump. Este miércoles, dictó que el gobierno ignoró deliberadamente una orden judicial que prohibía la deportación de migrantes.

    El juez James Boasberg afirmó que el gobierno no acató su decisión del 15 de marzo, lo que constituye un probable “desacato” judicial. Durante este tiempo, más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, estaban siendo deportados a El Salvador.

    Boasberg suspendió las deportaciones basadas en la Ley sobre enemigos extranjeros de 1798. “El tribunal concluye que existe una causa probable para declarar al gobierno en desacato”, indicó el juez.

    La Corte Suprema levantó el 8 de abril la prohibición de expulsar migrantes, pero lo hizo principalmente por razones técnicas. Los migrantes que impugnaron sus deportaciones se encuentran en Texas, mientras que el caso se tramitó en Washington.

    El juez lamentó que el gobierno continuara con las deportaciones apresuradamente. “Varias horas después de la decisión, trasladaron a los pasajeros de dos aviones a una megacárcel salvadoreña”, protestó.

    Boasberg destacó que la administración Trump no ha proporcionado razones convincentes para justificar su desobediencia. Sin embargo, le otorgó al gobierno un plazo hasta el 23 de abril para cumplir con su orden o enfrentar un procedimiento de desacato.

    El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, anunció que planean apelar las conclusiones del juez. Entre los deportados se encuentra Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño cuyo caso simboliza el conflicto entre Trump y los tribunales.

    Ábrego García fue deportado a pesar de que una corte había revocado su expulsión en 2019. La Casa Blanca lo acusa de ser miembro de la pandilla MS-13, mientras que los demócratas se han solidarizado con él.

    El Departamento de Seguridad Interior también indicó que la esposa de Ábrego García había solicitado una orden de alejamiento por violencia doméstica en su contra. Este complejo caso refleja las tensiones entre la política migratoria de Trump y el sistema.

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  • México presenta argumentos contra fabricantes de armas en la Corte Suprema de EE.UU.

    México presenta argumentos contra fabricantes de armas en la Corte Suprema de EE.UU.

    En un hecho catalogado como “histórico” por autoridades mexicanas, el gobierno de México presentó este martes argumentos ante la Corte Suprema de Estados Unidos en un litigio contra fabricantes de armas estadounidenses, acusándolos de facilitar el tráfico ilegal de armamento hacia territorio mexicano.

    Pablo Arrocha, representante jurídico de México, destacó la relevancia del caso: “Hoy es un día histórico para la seguridad de ambos países. Buscamos frenar el flujo ilícito de armas que alimenta la violencia en México”.

    La demanda, presentada en 2021, alega que empresas como Smith & Wesson y Barrett Firearms actuaron con negligencia al permitir que armas vendidas en EE.UU. fueran desviadas a cárteles mexicanos.

    El máximo tribunal estadounidense deberá decidir si estas compañías están protegidas por una ley de inmunidad (PLCAA, 2005) que las exime de responsabilidad por uso criminal de sus productos.

    La resolución podría sentar un precedente mundial sobre la responsabilidad legal de la industria armamentística. México sostiene que el 70% de las armas incautadas en crímenes provienen de EE.UU.