La exfuncionaria María de Lourdes “N” deberá firmar cada ocho días en la UMECA, pagar garantía de 300 mil pesos y tiene prohibido salir de la ciudad.
Un juez dictó este jueves medidas cautelares a María de Lourdes “N”, exsecretaria de Finanzas del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, acusada por presunto ejercicio ilícito del servicio público y uso indebido de atribuciones.
De acuerdo con sus representantes legales, la exfuncionaria no podrá salir de Reynosa ni del país. Los hechos que se le imputan ocurrieron el 5 de agosto de 2021, cuando supuestamente dio un uso distinto a fondos públicos por 139.3 millones de pesos durante su gestión en la Secretaría de Finanzas.
El juez determinó que María de Lourdes “N” deberá firmar cada 8 días en la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares (UMECA) y otorgar una garantía de 300 mil pesos. Además, quedó prohibida su salida de la ciudad.
Se programó que la próxima audiencia sa celebrada el 14 de octubre a las 17:00 horas, para dar continuidad al proceso judicial en su contra.
Estas medidas buscan garantizar que la exsecretaria permanezca localizable y cumpla con el proceso mientras se esclarecen las acusaciones por el uso indebido de recursos públicos durante la administración de Cabeza de Vaca.
Los sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, realizaron operaciones millonarias en efectivo y con bienes de lujo, pese a ser asalariados, lo que levantó alertas por presunto lavado y corrupción.
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, por realizar movimientos financieros millonarios incongruentes con sus ingresos como servidores públicos.
De acuerdo con la causa penal 325/2025, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna obtuvo entre 2020 y 2024 un salario total de 12 millones 168 mil pesos, pero en ese mismo periodo realizó operaciones en efectivo por más de un millón de dólares. Entre ellas destaca la compra de una casa por 5.1 millones de pesos a nombre de su esposa, pagada parcialmente con efectivo, y la adquisición de vehículos de lujo a través de empresas vinculadas con distribuidores BMW.
Además, transfirió recursos por más de 7 millones de pesos en primas de seguros y emitió un cheque por 1.1 millones de pesos a una compañía identificada por la FGR como parte de su red de operaciones irregulares. Estas transacciones generaron alertas por posible simulación de operaciones y lavado de dinero.
Por su parte, el contraalmirante Fernando Farías Laguna declaró ser empresario, aunque no existen facturas que respalden sus supuestas actividades comerciales. A pesar de recibir 1.7 millones de pesos en nómina, sus gastos superaron los 17 millones de pesos entre 2020 y 2024. La Fiscalía documentó que adquirió un terreno, un vehículo valuado en casi 2 millones de pesos y participó en compraventas inmobiliarias con familiares, operaciones que podrían haber sido simuladas para ocultar el origen del dinero.
Los informes financieros también revelan que Fernando Farías aportó más de 11 millones de pesos a una póliza de vida con GNP, una cifra imposible de justificar con su salario. La FGR concluyó que ambos hermanos presentan signos claros de enriquecimiento inexplicable, con manejo frecuente de grandes sumas en efectivo, gastos que rebasan por mucho sus percepciones y vínculos con empresas fachada.
Actualmente, Manuel Roberto Farías Laguna está vinculado a proceso por delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos, mientras que Fernando Farías se encuentra prófugo de la justicia. Según la investigación, los dos manipulaban designaciones y cambios de adscripción en aduanas para facilitar el tráfico de combustible sin pago de impuestos, mediante sobornos millonarios a funcionarios.
El expresidente revela que gran parte de las agresiones provienen de cuentas automatizadas y comparte su experiencia en su nuevo podcast.
El expresidente Vicente Fox Quesada confesó que diariamente es blanco de insultos y burlas en redes sociales, y bromeó con la idea de “prestar su cuenta de X” para que otros constaten la magnitud de las agresiones que recibe.
Durante la más reciente emisión de su podcast Líderes de la Verdad, Fox explicó que según “una buena parte” de los ataques cibernéticos proviene de cuentas automatizadas, conocidas como bots, aunque reconoció que también tiene numerosos detractores en México. En contraste, señaló que fuera del país —en Europa y Estados Unidos— su experiencia en redes ha sido mucho más favorable.
“Todos uniformes, uniformes. ¿Pues cómo le reclamo al bot? Seguro, una buena parte son bots. También tengo mis muchísimos enemigos aquí en México; fuera no tanto”, comentó Fox, con su característico tono irónico.
La revelación se dio en la sección Respondes y te vas, nombre inspirado en una frase de Fox durante una llamada con Fidel Castro en 2002, cuando le pidió acortar su estancia en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo.
En la conversación con el empresario Arturo Elías Ayub, Fox comparó la dificultad de enfrentar la vida empresarial con la de soportar memes y críticas en redes sociales. Mientras Ayub consideró que las burlas suelen ser inofensivas e incluso divertidas, Fox se mostró escéptico: “Te voy a prestar mi nombre y mi cuenta de X para ver si son divertidos. Me mientan la madre una vez y otra también”, respondió con humor ácido y sin chiste.
El exmandatario reconoció que, si bien los bots y memes forman parte de la dinámica digital, la frecuencia e intensidad de los ataques reflejan un fenómeno de agresión constante, aunque muchas veces él mismo se expone a las críticas debido a comentarios polémicos o realizados sin argumentos sólidos.
El Tribunal de Disciplina Judicial de Chihuahua investigará a la magistrada recién electa Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, señalada de tráfico de influencias por presuntamente favorecer a su hermano, Édgar Herman Escárcega Valenzuela, condenado por secuestro y beneficiado recientemente con un cambio de medida cautelar a prisión en semilibertad. El caso involucra también cuestionamientos políticos por los vínculos de la magistrada con un diputado local de Movimiento Ciudadano.
El Colegio de Abogados en Defensa de la Cuarta Transformación, junto con el Observatorio Ciudadano, acusaron a la togada, quien presumía en redes sería “incorruptible”, de incurrir en corrupción para beneficiar a su hermano, quien enfrenta dos sentencias por secuestro y privación ilegal de la libertad que suman más de 60 años de prisión. El Tribunal de Disciplina Judicial confirmó que procesará la denuncia y revisará la presunta intervención indebida en la asignación del caso y el cambio de medida cautelar.
Nancy Escárcega, además de su cargo en el Poder Judicial, es esposa del diputado local de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, lo que generó acusaciones por parte de legisladores de Morena, quienes denunciaron posible tráfico de influencias, abuso de poder y presión política sobre el juez que otorgó el beneficio, Juan Carlos Erives Fuentes, también recién electo.
El hermano de la magistrada, Édgar Herman, fue procesado penalmente en 2005 y debía permanecer en prisión hasta 2050. Sin embargo, el pasado 18 de septiembre obtuvo la semilibertad, lo que le permite salir cinco días a la semana del penal de Aquiles Serdán y regresar los fines de semana. Esta resolución fue apelada por la Fiscalía de Chihuahua, que rechazó la modificación y pidió revertir el beneficio judicial que lo favorece.
El general en retiro Emilio Avendaño García llega a la dirección de la AFAC en medio de un escándalo por presuntos ‘moches’ y actos de corrupción que salpican a altos funcionarios.
El gobierno federal designó al general en retiro Emilio Avendaño García como nuevo director de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), luego de la destitución del general Enrique Vallín Osuna, señalado por presuntas prácticas de corrupción dentro de la agencia, confirmó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). El relevo entró en vigor este martes.
Fuentes internas de la AFAC indicaron que la salida de Vallín Osuna estuvo acompañada del despido de otros funcionarios de su equipo, de los cuales destaca Juan Carlos Rosaldo Alor, entonces responsable de la dirección de seguridad aérea. Empleados y prestadores de servicios denunciaron que los trámites eran condicionados al pago de ‘moches’, presuntamente aprobados por Vallín Osuna y sus colaboradores.
El nuevo titular, Emilio Avendaño, cuenta con más de 40 años de trayectoria militar y aeronáutica, es Licenciado en Administración Militar y tiene una Maestría en Seguridad Nacional, Aplicación y Adiestramiento Táctico. Ha comandado el Escuadrón Aéreo 204 en Baja California, la Base Aérea Militar No. 11 en Chihuahua y la Región Aérea del Centro en Estado de México.
Además, Avendaño ha trabajado como profesor en la Escuela Superior de Guerra, agregado militar y aéreo en la Embajada de México en Gran Bretaña e Irlanda, y ocupó cargos directivos en el Colegio del Aire y la Escuela Militar de Aviación en Zapopan, Jalisco, lo que lo consolidó con una experiencia tanto táctica como pedagógica en el ámbito aeronáutico.
El nombramiento de Avendaño busca restaurar confianza y disciplina en la AFAC, ante denuncias de corrupción que habían afectado la gestión de la agencia. Fuentes de la SICT aseguraron que se implementarán protocolos internos más estrictos para garantizar transparencia en los trámites y fortalecer la seguridad aérea.
Con información de Aldo Munguía para El Financiero
La Contraloría Municipal investiga cómo se extrajo forraje de gran tamaño sin que nadie lo detectara; regidoras acusan opacidad y exigen rendición de cuentas.
El Zoológico de León vuelve a estar en la polémica tras reportarse el extravío de 2 mil 500 pacas de forraje, alimento indispensable para bisontes, venados, jirafas, cebras, vacas y otros animales rumiantes. De acuerdo con información de Rocío Hernández para Milenio, el material, adquirido en 2024 y 2025, habría desaparecido paulatinamente sin que existiera registro de control interno. La regidora Vanessa Montes de Oca denunció el hecho y confirmó que ya existe una investigación en la Contraloría Municipal.
La funcionaria señaló que encontró resistencia del parque para entregar documentación sobre el inventario y advirtió que el forraje representa recurso público cuya desaparición debe esclarecerse. “Es un tema de transparencia y de cuidado animal, no de confidencialidad”, recalcó. Pese a la denuncia, el zoológico aseguró que la alimentación de las especies no se ha visto afectada.
El caso se suma a un historial de irregularidades que incluye denuncias por acoso laboral en 2025, la muerte de zorros voladores en 2024 sin causa determinada, problemas de abastecimiento de agua y una auditoría de hace seis años que detectó anomalías por más de 6 millones de pesos, entre ellas compras a empresas fantasma.
A esto se suma la preocupación por la presión que ejerce el programa “Pásale Gratis”, que incrementa visitantes, pero también el estrés en animales y personal. La regidora Dessire Ángel Rocha advirtió que, más allá de la imagen pública, lo que está en juego es el bienestar de las especies y la credibilidad del parque.
El Zoológico de León cuenta con la acreditación de la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA), lo que implica estándares internacionales de conservación y cuidado animal. Sin embargo, las regidoras advirtieron que este tipo de irregularidades administrativas y la falta de claridad en inventarios pueden poner en riesgo la renovación de dicho aval.
Por ahora, la Contraloría mantiene abierta la investigación y será hasta el 9 de octubre cuando se entregue un reporte oficial.
Jorge Armando Rocha enfrenta amenazas por destapar un esquema de corrupción vinculado al empresario José Manuel Suárez Díaz y su despacho legal vinculado a la Estafa Maestra.
El periodista Jorge Armando Rocha está bajo presión tras hacer públicas las irregularidades de José Manuel Suárez Díaz y el despacho Luna Ramos y Zebadúa. Recibió amenazas de un emisario que le exigió retirar sus videos donde muestra cómo operan estos presuntos corruptos.
Rocha aseguró que lo contactaron para que dejara de publicar sobre el caso. “Me ofrecieron un acuerdo económico y dijeron que tenían influencia en la justicia”, comentó.
El periodista, que cuenta con una amplia base de seguidores en redes sociales, realizó una fuerte denuncia. “Quiero responsabilizar a este empresario y su despacho de lo que me pueda suceder a mí y a mi familia”, advirtió.
En días anteriores, Rocha había alertado sobre un esquema de extorsión relacionado con la Estafa Maestra que busca despojar a socios de sus empresas. Según él, el grupo de Suárez Díaz compra a funcionarios públicos, falsifica pruebas y amenaza a las víctimas.
Rocha también compartió la experiencia de un exsocio del empresario, quien vivió amenazas similares. “Me fabricaron pruebas y me amenazaron dentro de la cárcel. Me dijeron que irían tras mi esposa si no entregaba mi empresa”, relató.
El periodista afirmó que estos actos de extorsión merecen una investigación seria. “La extorsión es un delito grave que afecta a nuestra sociedad”, enfatizó.
Rocha cuenta con pruebas de los intentos de contacto y de las amenazas que ha recibido. “No me quedaré callado. Estoy aquí para exponer la verdad”, aseguró.
Con el respaldo de más de 500 mil seguidores, el periodista se comprometió a seguir denunciando injusticias. “La corrupción no podrá silenciarnos”, concluyó.
Exasesor de la SCJ sostiene que él se fue del máximo tribunal y nunca fue notificado de sanciones por hechos de corrupción ni de faltas administrativas graves.
Roberto Moreno Herrera, exsecretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (Sesna), confirmó su salida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se desempeñaba como coordinador de asesores de la Unidad de Administración.
Sin embargo, alega que él se fue por su propia decisión.
En una carta dirigida al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, Roberto Moreno señaló que su decisión tiene efectos a partir del 1 de octubre y declaró que su salida busca evitar que la polémica que lo rodea “menoscabe la imagen de esta honorable instancia colegiada”.
Pero dice eso y dice más.
Moreno Herrera argumenta que durante su paso por el SNA jamás fue notificado por sanciones por hechos de corrupción ni por faltas administrativas graves.
Incluso, aseguró que su renuncia en febrero pasado al Sistema Nacional Anticorrupción fue por “motivos personales y familiares” y que fue aceptada por unanimidad por el Comité Coordinador, “sin señalamiento alguno de corrupción”.
También sostiene que cumplió con el acta de entrega-recepción en tiempo y forma, sin observaciones dentro del plazo legal. “No obstante que se ha cumplido con todas las cuestiones legales al respecto, he sido víctima de acoso mediático que ha resultado en afectaciones no solo en lo moral, sino también en lo familiar”, afirma en la misiva.
La controversia en torno a su nombramiento estalló después de que se diera a conocer que, pese a los señalamientos sobre presuntas irregularidades durante su gestión en la Sesna —viajes no autorizados, manejo discrecional de plazas y mala gestión de recursos—, había sido incorporado al equipo del nuevo presidente de la SCJN.
De hecho, la actual presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez Morales, envió una advertencia formal al Máximo Tribunal.
Ahora, Roberto Moreno Herrera dice que no lo echaron, que se fue por voluntad propia.
La FGJCDMX destituyó a Martha Karina Reyes Gutiérrez y giró órdenes de aprehensión contra su asistente y dos agentes del MP por presuntas irregularidades y malos tratos. Ofrecía asesorías en TV Azteca en el programa “A quién corresponda”, donde se presentaba como una funcionaria cercana y responsable.
La Fiscal de Hierro, Martha Karina Reyes Gutiérrez, fue destituida de su cargo en la alcaldía Cuauhtémoc luego de múltiples denuncias por abuso de poder y malos tratos a su personal. La decisión de la FGJCDMX, encabezada por Bertha Luján, incluye órdenes de aprehensión contra su asistente y dos agentes del Ministerio Público, lo que ha generado alivio y celebraciones entre los empleados afectados, de acuerdo con información de Eloisa Domínguez para La Crónica.
Trabajadores de la Coordinación Territorial CUH-1 compartieron en WhatsApp su satisfacción por la medida, luego de meses de padecer prácticas laborales extremas. Denunciaron que Reyes Gutiérrez carecía de empatía hacia víctimas de delitos graves, como abuso sexual, y que incluso habría vulnerado los derechos de un menor de seis años.
En junio pasado, se reportó que la fiscal obligó a una agente del MP, madre de un niño de seis años, a cumplir con más de 12 horas de jornada laboral extra, cayendo agotada y durmiendo en sillas de la oficina. Aunque no denunció, la agente renunció tras 14 años de servicio, sin recibir el finiquito correspondiente.
El personal también denunció excesiva carga laboral, órdenes injustificadas y manejo despectivo, así como exigencias de dinero por resolver asuntos. La denuncia señala que la fiscal, junto con su particular, generó un ambiente laboral inhumano y peligroso, incluso durante la pandemia, con casos de contagio y un fallecimiento relacionado.
No han sido los únicos casos, puesen febrero liberó a una persona que arrolló a un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana únicamente porque no declaró; en junio, ordenó proceder legalmente por falsedad de declaración contra una joven que denunció violación por parte de Diego de la Vega.
Y eso no es todo.
En 2022, la “Fiscal de Hierro”, brindaba “asesorías jurídicas” a la población en el programa “A quien corresponda”, de la Televisora de Ricardo Salinas Pliego, TV Azteca. Se presumía como una mujer “responsable y abierta con la ciudadanía”, pero en el fondo la acusaban de simuladora y de cerrarle las puertas a la misma población que decía defender.
Dentro del círculo de la ‘Fiscal de Hierro’ figuran Elizabeth Hernández Hernández y Adriana Delgado Bolaños, quienes son señaladas de gestionar de manera ineficiente las coordinaciones territoriales, y Zoila Hernández Pineda, acusada de apropiarse de recursos destinados al personal.
El personal de la FGJCDMX enfatiza que este ecosistema laboral obstaculiza la investigación de delitos en la alcaldía Cuauhtémoc, sobrecargando a empleados y afectando la atención a la ciudadanía.
El contralmirante Fernando Farías Laguna debe presentarse ante la justicia por su posible vinculación en el escándalo de huachicol. Este caso revela la corrupción dentro de la Secretaría de Marina.
El contralmirante Fernando Farías Laguna, un alto mando de la Marina, enfrenta serias acusaciones por su presunta participación en una red de corrupción. La red se dedica al tráfico de combustible en importantes aduanas como las de Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Tampico.
Un juzgado de la Ciudad de México citó a Farías Laguna para que comparezca ante un juez de control. Esta cita está programada para el próximo 2 de octubre. La jueza Emma Cristina Carlos Ávalos le otorgó una suspensión provisional. Esto significa que, aunque no puede ser detenido, sí debe presentarse ante la jueza Nancy Selene Hidalgo.
Farías Laguna, sobrino político del ex titular de la Secretaría de Marina, se considera prófugo de la justicia. Su situación se complica tras la detención de 14 personas vinculadas a la misma red de corrupción. Entre ellos se encuentra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. Todos enfrentan procesos por crimen organizado y otros delitos relacionados con hidrocarburos.
La jueza estableció que la audiencia se llevará a cabo a las 10:15 horas del 2 de octubre. Farías Laguna pagó 49 mil pesos para obtener la suspensión, pero debe cumplir con su cita. Si no se presenta, perderá la protección legal y la Fiscalía General de la República podrá proceder con su detención. La sociedad espera que la justicia actúe con firmeza. (Con información de La Jornada).
