La comparecencia de Ismael “El Mayo” Zambada ante la justicia de Estados Unidos reveló detalles sobre cómo los grandes cárteles han logrado influencia dentro de las estructuras de seguridad y política en Sinaloa. El capo admitió haber pagado sobornos a policías, militares y políticos para proteger su negocio de tráfico de drogas, sin mencionar nombres específicos, lo que abrió espacio a la especulación.
De acuerdo con información recopilada por El País, entre los casos más destacados está la desaparición de José Rosario Heras López, exagente de la Fiscalía estatal y parte del equipo de seguridad del gobernador, y Rodolfo Cháidez, ex policía de investigación, ambos vinculados a redes delictivas y actualmente desaparecidos. La FGR intervino para desmentir versiones locales que buscaban ocultar estas conexiones.
Especialistas señalan que el soborno y la corrupción han sido clave para el dominio del Cartel de Sinaloa en la región. Juicios anteriores, como el de Genaro García Luna, demostraron cómo el crimen organizado opera con la complicidad de autoridades locales y federales, así como la participación indirecta de instancias internacionales.
La historia del narcopoder en Sinaloa no es nueva. Desde Miguel Ángel Félix Gallardo hasta Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, exdirector de la Policía Ministerial, los testimonios muestran cómo los carteles colocan mandos afines y protegen a sus miembros, asegurando su control sobre zonas estratégicas durante gobiernos de distintos partidos.
Según expertos en seguridad, estos vínculos forman parte del ADN del Cartel de Sinaloa, mientras que la responsabilidad de frenar la influencia criminal recae principalmente en autoridades federales.
La justicia mantiene vigente la orden de aprehensión contra el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, luego de que una juez de distrito negara la suspensión definitiva de nuevas órdenes de arresto en su contra. Los que cargos que enfrenta incluyen asociación delictuosa, peculado y lavado de dinero por aproximadamente 3,412 millones de pesos, destinados a la construcción de siete cuarteles en la entidad.
De acuerdo con información recopilada por La Jornada, el pasado 18 de agosto, la juez Jovita Vargas Alarcón otorgó una suspensión provisional y fijó una garantía de 100 mil pesos; sin embargo, Aureoles no se presentó a la audiencia de imputación del 20 de agosto, aunque sus abogados sí acudieron.
Desde febrero, Aureoles ha solicitado tres amparos contra las órdenes de arresto, pero ninguno impide la detención derivada de los nuevos cargos. En marzo, cuatro ex colaboradores suyos fueron vinculados a proceso por una operación irregular de arrendamiento y compra de inmuebles para los siete cuarteles en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
Derivado de lo anterior, Aureoles se mantiene como prófugo de la justicia, mientras la Fiscalía General de la República continúa con las investigaciones al respecto.
El presidente municipal de Tulum, Diego Castañón, denunció que el Grupo Mundo Maya ha incumplido el acuerdo que garantiza el acceso gratuito de turistas y vecinos a las playas dentro del Parque Nacional El Jaguar. “A mí no me interesa que se enojen, esto es un acuerdo para el beneficio de las y los ciudadanos”, afirmó en conferencia.
De acuerdo con información recopilada por El País, vecinos y turistas han reportado un incremento en las tarifas: la entrada combinada a las ruinas y al parque alcanza ahora 250 pesos (13,50 dólares), más los 95 pesos (5 dólares) del boleto a las ruinas. Según Castañón, los residentes deberían poder acceder mostrando su credencial, pero esta medida aún no se ha implementado.
El Grupo Mundo Maya, antes GAFSACOMM y administrado por la Sedena, asegura que desde enero permite la entrada gratuita a ciudadanos y residentes que acrediten su situación, contradiciendo al alcalde y las quejas de los vecinos.
Usuarios en redes sociales señalaron que esta situación afecta a lancheros, guías, pescadores y artesanos, quienes dependen del turismo en la zona, lo que ha provocado descontento entre la población local.
El gobierno federal ha reiterado que en México no hay playas privadas y que estos espacios son de uso común, respaldados por la Ley General de Bienes Nacionales, la cual garantiza que todos los habitantes puedan disfrutar de playas, parques y otros bienes públicos.
El líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, se declaró culpable este lunes en una corte de Brooklyn, Nueva York, tras reconocer más de 50 años de narcotráfico, asesinatos, corrupción y liderazgo criminal.
Durante la audiencia, el juez Brian Cogan advirtió que la sentencia será cadena perpetua, a lo que Zambada respondió estar consciente de su decisión. Además, aceptó que no podrá apelar.
En un mensaje leído ante la corte, “El Mayo” admitió que desde 1969 inició en el negocio de las drogas y que, entre 1980 y 2024, transportó al menos 1.5 millones de kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos. También reconoció haber ordenado asesinatos, mantener grupos armados bajo su control y corromper a policías, militares y políticos en México.
“Asumo la responsabilidad de mi participación y pido disculpas a quienes sufrieron por mis acciones”, declaró el narcotraficante.
La fiscalía detalló que además de la condena, Zambada deberá entregar 15 mil millones de dólares en bienes incautados.
La sentencia final será dictada el 13 de enero de 2026, mientras el capo permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC).
Entre el PRI y el PAN, desde hace un par de años, se están repartiendo un botín millonario por medio de una red — oculta hasta ahora — que conecta a las alcaldías Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.
Esta investigación de Los Reporteros Mx revela un presunto pacto político y un entramado de corrupción entre las alcaldías Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, cuyas oficinas de ambas estaban dirigidas por una misma persona. Hasta ahora, se ha encargado de tejer una red de adjudicaciones directas de contratos millonarios que beneficia a un selecto grupo de empresas.
La alianza está formada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y la priista Mariana Rodríguez Mier y Terán —quien es la directora de Obras y Desarrollo Urbano— y es la clave de este esquema.
Fuentes internas de la propia alcaldía Cuauhtémoc nos relatan que este vínculo se trata de un “pago de favores” por el apoyo recibido durante la campaña electoral.
El epicentro de este presunto desvío de recursos es la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Cuauhtémoc, una de las áreas más codiciadas y estratégicas de cualquier alcaldía. De acuerdo con las fuentes internas, este puesto habría sido entregado al PRI como parte de un acuerdo explícito entre las cúpulas de la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por el PRI, el PAN y el PRD. Coalición, cabe recordar, por la que Alessandra Rojo de la Vega fue candidata a la Alcaldía Cuauhtémoc.
Es importante señalar que Rodríguez Mier y Terán no es una figura nueva en la política de la Ciudad de México.
Cabe mencionar que el nombre de Mariana Rodríguez Mier y Terán salió a relucir por primera ocasión en un hecho terriblemente trágico ocurrido a finales de marzo de 2023. Supuestas amenazas de muerte, recibidas por parte de la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, y Mier y Terán, quien era directora general de Gobierno, habrían llevado a Darío Villeda, un hombre de 37 años, a quitarse la vida.
Villeda, en un video que grabó antes de morir, reveló algo sumamente perturbador: “acuso a Mariana (Rodríguez Mier y Terán) por todo lo que se vive en establecimientos mercantiles, en la vía pública y la maldita corrupción en obras, donde cobran hasta medio millón de pesos por tolerarlas”. Acto seguido, el exempleado de la alcaldía Álvaro Obregón se quitó la vida con un tiro en el pecho. Pero esos señalamientos no le importaron a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, quien, a pesar de ello, decidió darle un puesto clave a Mier y Terán, quien es descrita como una mujer de carácter explosivo y alguien que no se tienta el corazón para alcanzar sus objetivos.
Es ahí, en la Cuauhtémoc, donde Mariana Rodríguez Mier y Terán, nos aseguran, estaría recibiendo instrucciones directas del presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Esta política de extracción priísta tiene también un amplio y polémico historial en la alcaldía Álvaro Obregón, bajo la administración de Lía Limón, donde, de hecho, fue directora general de Gobierno y alcaldesa sustituta.
Contratos por adjudicaciones directas. A su llegada a la Alcaldía Cuauhtémoc en octubre de 2024, Mariana Rodríguez Mier y Terán comenzó a repartir jugosísimos contratos por adjudicación directa. Una de las empresas beneficiadas fue Proyectos Y Construcciones GUSAM, S.A. DE C.V., que, curiosamente, fue uno de los proveedores consentidos de la administración de Lía Limón en Álvaro Obregón.
La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, con la aprobación de Alessandra Rojo de la Vega y la priísta Mariana Rodríguez Mier y Terán, dio aGUSAM un contrato de 2.4 millones de pesos por un supuesto “mantenimiento” en el Mercado San Juan Curiosidades… trabajo que, de acuerdo con los propios empleados de la alcaldía, ¡nunca se realizó!
En septiembre de 2023, por mencionar otro ejemplo, durante la gestión de Lía Limón y teniendo como directora general de Gobierno a Mariana Rodríguez Mier y Terán, la Alcaldía Álvaro Obregón destinó 1 millón 243 mil 157 pesos para labores de rehabilitación de muros y taludes en las colonias Unidad Popular Emiliano Zapata y Lomas de Plateros. Trabajos que, de acuerdo con los propios vecinos, nunca se realizaron.
Esta no ha sido la única empresa que han forrado de dinero en las alcaldías Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.
Otro caso similar es el de Desarrollo Urbano Y Suministros TECNOVA, S.A., que también ha sido una de las compañías más beneficiadas en Álvaro Obregón. En enero de este año, dicha compañía recibió un contrato por 20 millones de pesos en la alcaldía Cuauhtémoc para realizar rehabilitaciones en el alumbrado público.
El contrato, como suele ocurrir en la administración de Alessandra Rojo de la Vega, no especifica en qué colonias se llevaría a cabo la supuesta rehabilitación. Lo que solo muestra que a fecha de hoy la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de las alcaldías Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, por alguna razón, siguen forrando de dinero a TECNOVA.
El 28 de octubre de 2024, por mencionar también, la administración de Javier López Casarín dio a esa empresa 24 millones de pesos para la supuesta reconstrucción del mercado público número 353, “Marcelo Fernández Bonilla”.
La falta de transparencia y el uso recurrente de la adjudicación directa como método de contratación revelan que, ahora mismo, un Cártel de Obras fantasma podría estar ocultándose en las alcaldías Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.
El ex director administrativo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), René Gavira Segreste, sufrió un nuevo revés judicial luego de que un tribunal colegiado revocara la suspensión definitiva que le permitía evitar el congelamiento de sus cuentas bancarias, ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, según información recopilada por La Jornada.
Gavira, quien promovió un amparo en agosto de 2024 para proteger una cuenta en la que recibe su pensión del ISSSTE, alegaba que no debía ser asegurada. Sin embargo, los magistrados determinaron que la suspensión era improcedente, pues el aseguramiento ya había sido autorizado antes de su demanda.
Actualmente, el ex funcionario permanece preso en el Reclusorio Norte desde diciembre de 2023, acusado de peculado, delincuencia organizada y desvío de recursos públicos en el llamado megafraude de Segalmex. Entre los señalamientos se encuentra la venta simulada de 7 mil 840 toneladas de azúcar, con ganancias ilícitas superiores a 145 millones de pesos, además de la compra fraudulenta de leche en polvo, granos básicos y bonos bursátiles.
Con esta resolución, el tribunal dejó claro que las cuentas de René Gavira seguirán bloqueadas, mientras enfrenta cinco procesos penales por el mayor desfalco registrado en una institución del sector alimentario en México.
El INE ha decidido ignorar una petición de Morena para investigar a Alejandro Moreno por desvío de recursos. Esta decisión sorprende y decepciona a muchos ciudadanos.
Durante la sesión del INE, el representante morenista Guillermo Santiago Rodríguez presentó pruebas sobre un presunto peculado de 83.5 millones de pesos. Estas pruebas incluyen copagos simulados y contratos irregulares.
Rodríguez aseguró que la corrupción en el gobierno de Moreno no es un hecho aislado. Denunció un patrón sistemático de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
A pesar de las evidencias, los 11 consejeros del INE rechazaron por unanimidad la petición de investigación. Esta decisión plantea dudas sobre la imparcialidad de la institución.
El PRI defendió a Moreno, acusando a Morena de persecución política. Sin embargo, muchos ciudadanos ven esta defensa como un intento de encubrir actos de corrupción.
La sociedad exige transparencia y justicia. La negativa del INE a investigar los graves señalamientos solo alimenta la desconfianza hacia las instituciones y sus decisiones.
Según medios de la Fiscalía General de la República, Sergio Agustín Taboada Cortina, hermano del exalcalde panista de Benito Juárez, no solo está vinculado al cartel inmobiliario, sino que también es uno de los nueve altos funcionarios FGR bajo investigación por la desaparición de 900 kilogramos de cocaína que debían ser incinerados y que, según se afirma, fueron entregados a un cártel del narcotráfico.
Entre los investigados se encuentran Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, director de la Agencia de Investigación Criminal, Jorge Domínguez Martínez Vertiz, conocido como “El Tiburón”, y Adriana Campos López, titular de la Fiscalía de Asuntos Internos.
La investigación inició tras la destitución de Arturo Serrano Meneses, quien fue arrestado por delitos contra la administración de justicia y tráfico de influencias.
Serrano aprobó cambios en Guanajuato para la incineración de la droga, que luego se confirmó era otra sustancia. Sin embargo, en realidad, los 900 kilogramos fueron entregados a un cartel del narcotráfico.
La FGR también tomó acciones legales contra Carlos Enrique Rascón Yrízar, responsable del Área de Responsabilidades, por un presunto soborno. La situación sigue en desarrollo mientras se profundizan las indagatorias.
A fecha de hoy, 21 de agosto de 2025, Sergio Agustín Taboada Cortina continúa prófugo tras haber desaparecido casi una tonelada de cocaína y haberlas entregado al cártel. Se desconoce su paradero o nueva información al respecto.
El Tribunal Superior de Justicia de Veracruz absolvió a Karime Macías de un presunto fraude de 114 millones de pesos en el DIF estatal. Esta decisión genera serias preocupaciones sobre la justicia en México.
La Tercera Sala del tribunal determinó que la Fiscalía no presentó pruebas sólidas para respaldar las acusaciones. Los magistrados invalidaron los contratos simulados que supuestamente sustentaban el desvío de recursos. Este fallo beneficia a Macías y a dos excolaboradores, dejando sin consecuencias a quienes pudieron haber perjudicado al DIF.
La decisión unánime de los magistrados parece ignorar el contexto de corrupción que rodeó a la gestión de Javier Duarte. Durante su mandato, Macías estuvo involucrada en prácticas que levantaron sospechas sobre el uso indebido de fondos públicos.
Karime Macías se encuentra actualmente en Inglaterra y su absolución reaviva el debate sobre la impunidad en casos de corrupción en México. Muchos se preguntan cómo una figura tan polémica puede eludir la justicia de esta manera.
La falta de pruebas presentadas por la Fiscalía no debería ser excusa para cerrar este caso. La sociedad demanda responsabilidad y transparencia de sus líderes, especialmente en casos de corrupción de alto perfil.
La absolución de Macías no solo afecta a las víctimas potenciales de la corrupción, sino que también socava la confianza del público en el sistema judicial. Este desenlace plantea serias dudas sobre la capacidad del Estado para perseguir la corrupción de manera efectiva.
La situación refleja un panorama desalentador para los ciudadanos que buscan justicia en un país donde los poderosos parecen quedar exentos de las consecuencias de sus acciones.
La escritora y académica Beatriz Gutiérrez Müller emitió un mensaje contundente dirigido a la ciudadanía, en el que respondió a los ataques de ciertos medios de comunicación, a los que calificó como “fanatizados y calumniadores”.
En su carta, la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que los señalamientos buscan involucrarla a ella y a su familia en cuestiones políticas, pese a que se dedica desde hace décadas a la docencia y la investigación en universidades públicas. Destacó que su compromiso con AMLO y su familia es firme: “Estamos siempre en resistencia… Lo protejo y lo seguiré haciendo hasta con mi vida, si es preciso”, señaló.
— Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) August 18, 2025
Gutiérrez Müller también resaltó los logros históricos del presidente, entre ellos reducir la pobreza y la desigualdad en México, y aseguró que las acciones de su gobierno han devuelto el poder al pueblo de manera pacífica. Advirtió que los ciudadanos ahora conforman una fuerza vigorosa que no permitirá abusos ni corrupción.
La académica concluyó su mensaje con un llamado a la responsabilidad mediática: “La verdad siempre se abre paso”, reiterando que cualquier intento de difamación es injusto y falso.
Por su parte, Joan Guirado, periodista del diario de derecha español ABC, aclaró en una entrevista con Azucena Uresti que “nunca dijimos que alguno de los dos estuviera aquí, solo que había adquirido una vivienda y que podría habitarla dentro de un mes o un año”.
