La justicia federal confirmó que la reparación parcial del daño por parte de Alonso Ancira no exime al ex director de Pemex de responder por presunto lavado de dinero y corrupción.
El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal rechazó otorgar el amparo a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien buscaba suspender el proceso en su contra por la compra irregular de la planta Agronitrogenados. Lozoya alegaba que el ex dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, ya había cubierto la reparación del daño, beneficiándolo indirectamente.
El magistrado Ezequiel Altamirano Roches explicó que la solidaridad entre coimputados no puede asumirse automáticamente: “Debe garantizarse la totalidad de la reparación del daño, y Ancira aún no ha completado los pagos pactados”. Hasta ahora, Ancira ha cubierto alrededor de 110 millones de dólares de los 216 millones comprometidos.
La FGR mantiene que Lozoya habría recibido un soborno de 3.4 millones de dólares de Ancira para facilitar la compra de la planta por 275 millones de dólares, dinero que posiblemente destinó a la compra de una residencia en Lomas de Bezares, CDMX, valuada en 34 millones de pesos.
La negativa del amparo permitirá que se celebre la audiencia intermedia, reabierta por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en marzo de 2024, donde se definirá la imputación formal por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Altamirano Roches aclaró que Lozoya aún conserva la posibilidad de acceder a acuerdos reparatorios, pero la protección judicial no depende de los pagos parciales de Ancira.
Si no se completa la reparación del daño total, Lozoya podría enfrentar nuevamente la detención, mientras la justicia mexicana continúa evaluando su participación en la compra irregular de la planta y el presunto lavado de dinero.
La subfiscalía confirmó que ya se ubica al exmandatario priísta en un país de América del Norte y que el proceso judicial avanza tras años de especulación y amparos fallidos.
La Fiscalía de Nayarit confirmó la localización del exgobernador Ney González Sánchez, prófugo desde 2022 y señalado por una amplia red de delitos que afectan al estado. La subfiscal Ludmila Heredia Verdugo detalló que el exmandatario se encuentra en un país de América del Norte, donde avanza el proceso para solicitar su extradición a México, luego de que en 2023 se formalizara la orden de aprehensión derivada de denuncias del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA).
Heredia Verdugo enfatizó que, aunque durante años hubo especulación sobre su paradero, es la primera vez que las autoridades cuentan con información certera. También explicó que todos los amparos promovidos por González Sánchez han sido rechazados, pues los jueces consideran que sus argumentos deben resolverse en juicio; esto implica que el exgobernador deberá comparecer ante un tribunal mexicano.
El exmandatario priísta es investigado por administración fraudulenta, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita, simulación de actos jurídicos, enriquecimiento ilícito, peculado y falsificación de documentos. De acuerdo con la subfiscalía, estos delitos abarcan desde su gestión (2005-2011) y continúan en administraciones posteriores, lo que ha impedido declarar prescripción.
Las autoridades también lo vinculan con empresas fantasma manejadas mediante familiares directos. Sobre la extradición, Heredia Verdugo explicó que el país donde se encuentra exige cumplir el principio de doble criminalidad, es decir, que los delitos imputados también sean considerados ilícitos en su legislación. Aunque este punto ha sido complejo por diferencias jurídicas, la funcionaria aseguró que el proceso avanza sin obstáculos.
La gobernadora panista quedó exhibida: ordenó pagar más de 2 millones de pesos a Clío, la empresa de Enrique Krauze, para producir un video que encubría propaganda personalizada.
El verdadero escándalo con Maru Campos no está en sus discursos sobre ética pública, sino en el contrato que firmó —y protegió— cuando era alcaldesa de Chihuahua: el AD319/19, adjudicado directo, sin licitación y con un destino muy específico. La beneficiada: Clío, la productora de Enrique Krauze, uno de los opinadores predilectos del conservadurismo nacional.
De acuerdo con una investigación del periodista Ricardo Sevilla para el medio Regeneración MX, el encargo, disfrazado como un “documental sobre la importancia democrática de Chihuahua”, costó 2 millones 113 mil pesos, pero no era un proyecto cultural: documentos internos y testimonios señalan que el objetivo real era posicionar a Maru Campos rumbo a la gubernatura, usando el prestigio intelectual de Krauze como sello de legitimidad. Y funcionó.
El material, de 45 minutos, presentó a Campos bajo una narrativa de liderazgo, modernidad y vocación histórica, justo lo que después se replicó en su campaña. El guión, las entrevistas y el enfoque fueron construidos para colocarla en el centro, no al municipio ni a la democracia local. Krauze puso el tono editorial; Maru, el presupuesto público.
A pesar de las investigaciones que la mantienen vinculada a proceso por cohecho y peculado, la gobernadora se aferra a que el contrato fue “técnico y justificable”. Pero los documentos muestran otra realidad: la alcaldía instruyó omitir licitaciones, acelerar pagos y etiquetar el gasto como “promoción institucional”, cuando era, en esencia, publicidad personalizada pagada con dinero de la gente.
El contexto actual solo refuerza el patrón: mientras se presenta como adalid de la transparencia, su administración enfrenta señalamientos por nuevas adjudicaciones opacas y manejos cercanos a los que llevaron a César Duarte al banquillo. Pero el corazón del caso —y la pregunta que sigue abierta— es este: ¿Por qué Maru Campos destinó recursos públicos para financiarle a Enrique Krauze un producto editorial que la promocionaba? Incongruencia, ¿no cree?
Locatarios denuncian que funcionarios de Coyoacán exigen sobornos de hasta 30 mil pesos mensuales, mediante citatorios irregulares y amenazas de clausura.
La bancada de Morena en el Congreso capitalino alertó sobre un esquema sistemático de extorsión dentro de la alcaldía Coyoacán, donde funcionarios de verificación exigen pagos ilegales a dueños de bares, restaurantes y pequeños comercios.
De acuerdo con el diputado Paulo García, servidores públicos de la demarcación envían citatorios falsos para intimidar a los propietarios, a quienes acusan de no cumplir con la normatividad aun cuando tienen sus documentos en regla. Posteriormente, ya en oficinas de la alcaldía, les solicitan sobornos que alcanzan hasta 30 mil pesos mensuales para “dejarlos trabajar”.
Un citatorio al que La Jornada tuvo acceso, firmado por Nancy Shycarú García Ibarra, subdirectora de Establecimientos Mercantiles, exige al comerciante presentar documentos como uso de suelo, protección civil y visto bueno de seguridad y operación, simulando un proceso de verificación oficial. El afectado denunció que, tras entregar la documentación, le solicitaron el soborno de 30 mil pesos.
García señaló que al inicio de la administración las presiones se concentraban en giros de alto impacto, pero ahora también alcanzan a papelerías, abarrotes y pequeños negocios, cuyos dueños carecen de asesoría legal y son blanco fácil de amenazas de clausura. Morena ha ofrecido acompañamiento jurídico para presentar denuncias ante la Contraloría y la Fiscalía capitalina.
El diputado cuestionó que el alcalde Giovani Gutiérrez evitara responder sobre estas acusaciones en su comparecencia ante el Congreso, dejando sin aclarar las presuntas prácticas de cobros irregulares dentro de su administración. Mientras tanto, los locatarios continúan enfrentando un clima de intimidación y abuso.
El gobernador Alejandro Armenta critica el legado de corrupción y el saqueo en el estado.
El Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, no se guardó críticas hacia administraciones pasadas. En su conferencia matutina, habló sobre lo que él llama el “Cartel del despojo”, refiriéndose a exgobernantes que se disfrazaron de empresarios. Aseguró que estos “delincuentes disfrazados” han causado un daño profundo a la economía local.
Armenta destacó que su administración se esfuerza por manejar de manera honesta los recursos públicos. Según él, la corrupción en Puebla proviene de políticos que, al ocupar altos cargos, han saqueado las arcas del estado. “Los más peligrosos son aquellos que, bajo una imagen de respeto, engañan al pueblo y mal utilizan su poder”, afirmó.
El gobernador también dirigió su mirada hacia la economía local, señalando que en lugar de apoyar a los productores y viveristas, las administraciones pasadas se dedicaron a hacer compras mediante sobornos. “Desviaron recursos que debieron haber fomentado el desarrollo de Puebla”, lamentó Armenta.
Además, subrayó que su gobierno se compromete a erradicar el legado del huachicoleo que dejó la anterior administración. “Puebla se convirtió en refugio para el robo de hidrocarburos, pero ahora recuperamos lo que es del pueblo”, dijo con firmeza.
Con sus declaraciones, Armenta busca un cambio significativo en la gestión pública de Puebla, priorizando la honestidad y el apoyo a la comunidad. Su mensaje resuena con fuerza, pero a los ciudadanos les queda la tarea de estar atentos y exigir transparencia.
Exfuncionario de Bienestar, en Baja California, vende a cabildero de exgobernador panista. Y utiliza identidad de su difunto padre como fachada para canalizar los recursos.
Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado de Programas Federales del Bienestar en Baja California, se jactaba de ser un guardián de la transparencia.
Pero nunca fue así.
En realidad, el desempeño de Ruiz Uribe, quien fuera presidente del PRD en Baja California, es una crónica de ambición política y opacidad patrimonial.
Una investigación periodística del medio de comunicación PUNTO NORTE revela un oscuro acuerdo financiero que hecha por los suelos el discurso de austeridad que tanto presumía Jesús Alejandro Ruiz Uribe.
El punto central de este reportaje es que, en junio de 2023, Ruiz Uribe vendió un predio de 3,682 m² en Mexicali por 11 millones 172 mil 840 pesos.
Lo que llama la atención es lo que gravita detrás de esa transacción.
La investigación sostiene que Jesús Alejandro Ruiz Uribe habría incurrido en un presunto acto de ingeniería financiera y opacidad deliberada.
Y es que, de acuerdo con este reportaje, no solo habría llevado a cabo la enajenación de un bien inmueble, concretamente un predio por un valor que superó los once millones de pesos mexicanos, mediante una operación que se ejecutó de forma clandestina y sin registrar, sino que recurrió a una táctica particularmente sensible y cuestionable: la utilización de la identidad de su difunto padre, Jesús Juvencio Ruiz Barraza, como fachada para canalizar los recursos.
Cabe destacar que el progenitor de Ruiz Uribe había fallecido en julio de 2023. Sin embargo, en los meses subsecuentes, el entonces servidor público permitió que la totalidad de los pagos pactados se efectuaran a la cuenta bancaria del titular ya fallecido.
Y le digo más:
Esta suma fue estructurada en siete depósitos mensuales por un valor aproximado de 1.2 millones de pesos cada uno, además de un anticipo inicial y un pago complementario de 2.1 millones de pesos.
Este patrón de movimientos financieros exhibe mucho más que un simple descuido administrativo; revela una clara intención de encubrimiento del capital.
La adquisición del predio fue realizada por Altitud 3 Inmobiliaria, una entidad cuyo dueño es Milton Adán Rubio Díaz, un empresario con vínculos directos con la cúpula panista, siendo exfuncionario en la administración del exgobernador Francisco ‘Kiko’ Vega y antiguo director del controvertido proyecto de la desaladora en Aguas de Rosarito, mismo que fue señalado por la Cuarta Transformación como un estandarte de la corrupción.
Ruiz Uribe, quien se presentaba públicamente como un cruzado contra esas “prácticas añejas”, terminó entablando lucrativos acuerdos con aquellos a quienes afirmaba repudiar ideológicamente.
Y eso no es todo. Hay más hechos turbios:
Actualmente, sobre los 3,682 metros cuadrados de dicho terreno, se está culminando la edificación de 46 lujosos departamentos, cuyo valor de mercado oscila entre los 2.7 y 5 millones de pesos por unidad.
A pesar de esta realidad inmobiliaria, Ruiz Uribe persistió en una flagrante manipulación de la verdad en sus documentos oficiales.
En sus declaraciones patrimoniales (correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y 2025) aseveró falsamente que la propiedad no había sido vendida, que no había obtenido ningún ingreso extraordinario y que el inmueble seguía bajo su dominio, manteniéndole un valor irrisorio de tan solo 2.9 millones de pesos.
El exdelegado incurrió en el delito de falsedad durante tres años consecutivos, ocultando un incremento patrimonial multimillonario y utilizando el nombre de un familiar que ya no estaba para desdibujar los rastros de una operación que él mismo sabía que contradecía su predicamento de ética pública.
Esta revelación periodística, por un lado, desenmascara la profunda contradicción de un antiguo funcionario del Bienestar que se erigía como paladín moral.
Pero también expone a un individuo dispuesto a manipular documentación oficial y canalizar fondos a través de la identidad de un fallecido para evadir sus obligaciones. Un personaje que, dicho sea de paso, pretende ser gobernador de Baja California.
Efraín Morales, director de Conagua, asegura que las modificaciones a la Ley General de Aguas buscan garantizar acceso equitativo al recurso y erradicar privilegios históricos de unos pocos.
La Ley General de Aguas es, aseguró Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), “un acto de justicia para México”. El funcionario advirtió que ciertos grupos han intentado generar miedo con información falsa, al ver amenazados sus privilegios históricos sobre el agua.
“Son actos desesperados de quienes durante años se han enriquecido a costa de un recurso natural fundamental para todas y todos los mexicanos”, afirmó tras la aprobación de las leyes en la Cámara de Diputados. Morales subrayó que las reformas representan un cambio profundo en la gestión hídrica, lo que significa agua suficiente para los hogares y comunidades que históricamente han carecido del vital líquido.
Efraín Morales López (@Efrainmoralesl), director de la Comisión Nacional del Agua (@conagua_mx), destacó que la reforma a la Ley Nacional de Aguas busca que se deje de ver el agua como una mercancía, práctica que ha generado acaparamiento y sobreexplotación. Además, desmintió… pic.twitter.com/d9XbVs0gaG
El director de Conagua destacó que se reconocerá y apoyará a los sistemas comunitarios tradicionales y que se establecerá un sistema de concesiones totalmente transparente y público, con certeza jurídica para todos los usuarios y cero tolerancia a la corrupción, incluyendo sanciones contra dádivas o sobornos para obtener títulos de conexión.
“Parte de esta iniciativa es castigar el delito de corrupción y asegurar que el agua regrese a manos de la nación y de quienes más lo necesitan”, explicó Morales. Añadió que estas modificaciones permitirán acceso equitativo al recurso, protección de los ecosistemas y un manejo sostenible de los recursos naturales.
Finalmente, Morales pidió a los productores y usuarios mantenerse informados y no dejarse llevar por narrativas falsas, recalcando que serán los principales beneficiados con la ley. “Esta iniciativa garantiza agua para todas y todos, y es un acto de justicia para el pueblo de México”, concluyó.
Una investigación de Ariel Rodríguez para Excélsior reveló que pesar de las reformas a la Ley de Cultura Cívica de la CDMX, los franeleros siguen operando en varias alcaldías. La corrupción con la policía permite que mantengan su negocio en las calles.
Las modificaciones a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, aprobadas en agosto, prometían acabar con el cobro ilegal por el uso de la vía pública. Sin embargo, la realidad es otra. Los franeleros se han mantenido activos en al menos cuatro alcaldías, a menudo con la complicidad de la policía local mediante sobornos.
Recientemente, el diario Excélsior realizó recorridos en la ciudad y documentó cómo estos cuidadores de autos continúan dominando las calles. Algunos tienen acuerdos con autoridades que les permiten eludir arrestos. Un franelero que habló en condición de anonimato confesó: “Una vez me sacaron 600 pesos”. La presión sobre ellos ha aumentado, pero muchos de estos hombres llevan años en este oficio. “Si voy a una empresa, me dicen que me jubilaré. Solo sé hacer esto”, aseguró.
La situación es alarmante en zonas como la Roma y la Condesa, donde el negocio de los franeleros abunda cerca de bares y restaurantes. Los vecinos han denunciado la creciente agresividad de estos cuidadores. “Los que están en la calle Dr. Pasteur son más agresivos. Todos están drogados y la gente les tiene miedo”, comentó una residente preocupada por la seguridad.
Norma Sotelo, del Consejo Coordinador Vecinal, también ha observado esta situación y afirma que hay complicidad entre franeleros y policías. Hasta el cambio de ley, era común ver listas de arrestos en juntas de seguridad. Ahora, ni siquiera se reportan verbalmente. Además, muchos valets parking en la zona pagan a los franeleros para que aparten espacios que no tienen.
A pesar de las nuevas regulaciones, franeleros siguen siendo una constante en la vida pública de la ciudad. En Coyoacán, por ejemplo, el cobro puede llegar hasta 100 pesos en el centro, mientras que en la Benito Juárez, se observan fuera de mercados como San Pedro de los Pinos.
Los esfuerzos del gobierno para crear empleos dignos para estas personas parecen no llegar a su destino. “No sabemos nada de esa propuesta. Nadie ha venido a hablarnos”, aseguró un franelero.
A medida que la situación persiste, es evidente que la lucha por recuperar el espacio público continúa. Los vecinos claman por una solución real y efectiva, mientras los franeleros siguen aferrándose a un oficio que, aunque ahora clasificado como delito, se niega a desaparecer. (Con información de Excélsior)
Cinco exgobernadores del PRI —y sus aliados de ocasión— le cuesta a la ciudadanía más de 500 mil pesos mensuales como embajadores y cónsules. Todos tienen algo en común: dejaron auditorías, señalamientos o denuncias abiertas… ¡y aún así aterrizaron en sedes diplomáticas como si fuera un premio por su desempeño!
La diplomacia, para ellos, no es mérito: es un refugio de lujo.
Más de medio millón de pesos del erario se va cada mes en mantener a estos perfiles que jamás pasaron por el Servicio Exterior Mexicano, pero sí por pasillos de polémica. La llamada “diplomacia del perdón” terminó siendo un paracaídas aterciopelado: sales por la puerta de atrás del gobierno estatal y reapareces en Europa o el Caribe cobrando entre $78 mil y $108 mil netos.
Los perfiles que levantan cejas… y facturas
Quirino Ordaz Coppel — Embajador en España — $108,133.02 mensuales Arrastra auditorías que dejaron a Sinaloa con una multa fiscal histórica de 2 mil 300 millones. Y como cereza del pastel, autorizó más de mil millones para un parque-acuario que terminó beneficiando a su propio primo, el empresario Ernesto Coppel Kelly. Turismo familiar… pero con presupuesto público.
Omar Fayad Meneses — Embajador en Noruega — $108,133.02 mensuales Mientras disfruta los fiordos, su administración aparece en el centro de la “Estafa Siniestra” en Hidalgo: un desvío de 522 millones. Su exoficial mayor ya fue sentenciado por un fraude de 116 millones. Fayad, sin embargo, navega en aguas tranquilas.
Carlos Miguel Aysa González — Embajador en República Dominicana — $108,133.02 mensuales Su nombramiento llegó justo cuando la administración de Layda Sansores afinaba investigaciones contra el gobierno de Alejandro Moreno, del que Aysa fue heredero directo. Para muchos, su embajada fue más un blindaje que un ascenso.
Claudia Pavlovich Arellano — Cónsul en Panamá — $78,577.84 mensuales Acumula denuncias por el presunto desvío de 8 mil millones en Sonora. También trascendieron 59 millones en contratos de salud pagados pero no realizados. Panamá quizá no sea Europa, pero vaya que ayuda a cerrar capítulos incómodos.
Víctor Manuel Barceló — Embajador en Uruguay — $108,133.02 mensuales Aunque sus polémicas son de archivo, su nombre sigue ligado a tensiones electorales en Tabasco. Aun así, el boleto diplomático llegó… con salario premium incluido.
En conjunto, mantener a este quinteto cuesta $511 mil 109.92 pesos mensuales, pagados por las y los mexicanos. Mientras diplomáticos de carrera pasan décadas construyendo prestigio, estos exgobernadores encuentran en el servicio exterior una cómoda sala de espera política, con vista al mar y sueldo garantizado.
La pregunta queda en el aire —para retratar el cinismo de quienes lo aprovecharon—: ¿cómo es que los mismos que dejaron cuentas pendientes terminan representando al país con chequera diplomática incluida?
Al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) desde 2019, Alejandro Gertz Manero acumuló una serie de polémicas que ponen en duda su imparcialidad, su apego al debido proceso y la autonomía real del órgano que dirige. Aquí un repaso de sus episodios más graves.
1) Caso de la cuñada y sobrina del fiscal – Laura Morán Servín y Alejandra Cuevas Morán
Cronología y hechos clave
El hermano de Gertz Manero, Federico Gertz Manero, falleció en 2015. Se le atribuye una “congestión visceral generalizada” como causa de muerte.
En 2020 la FGR presentó acción penal contra Laura Morán Servín y Alejandra Cuevas Morán (madre e hija) por homicidio doloso por omisión, al considerar que, como garantes del cuidado de Federico, habían incumplido su deber.
El 5 de marzo de 2022 se filtraron audios de presuntas conversaciones entre Gertz Manero y el fiscal de control, Juan Ramos López, en los que Gertz critica duramente el proyecto del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que habría sido favorable a Cuevas.
En los audios se le oye decir: “¡La pone en libertad!”, refiriéndose a la firme posibilidad de que la SCJN concediera el amparo.
También acusa al ministro de “haberle querido ver la cara de pendejo” y que “tiene a tres o cuatro ministros que nomás no se la van a dejar pasar”.
La propia SCJN atrajo el caso en noviembre de 2021, argumentando que tenía una implicación para la “honorabilidad de la FGR”.
Criticismo e implicaciones
Estas grabaciones sugieren que el fiscal general intervino directamente en el proceso de amparo que debía decidirse por la SCJN, lo cual vulnera gravemente el principio de independencia judicial y autonomía del ministerio público.
El hecho de que el caso involucre a su propia familia política lo sitúa en un escenario de evidente conflicto de interés, algo incompatible con la ética institucional de quien debe velar por la imparcialidad.
Además, la coordinación actitudinal entre el fiscal general y un alto mando de la FGR (Ramos) para influir en ministros pone en entredicho la credibilidad del órgano persecutor y su capacidad para actuar sin presiones externas.
El artículo de análisis jurídico advierte que esta situación impone riesgos estructurales para el sistema de amparo, revisión adhesiva y la motivación con perspectiva de género —lo que la SCJN ya reconoció.
Detalles técnicos relevantes
El proyecto turnado por el ministro ponente proponía conceder amparo para efectos, es decir, que se corrigeran vicios formales y se enviara de nuevo a la sala penal para reconsiderar la prisión preventiva.
La FGR y Gertz interpusieron recurso de revisión directamente ante la SCJN para que conociera del asunto.
Los audios filtrados fueron producto aparentemente de escuchas ilegales: la propia FGR reconoció que abriría investigación.
2) Emilio Lozoya Austin y los audios “Yo así no juego”
Cronología y hechos clave
En junio de 2022 se difundieron nuevos audios en los que Gertz Manero aparece hablando con el padre de Lozoya, Emilio Lozoya Thalmann. En uno de ellos el fiscal clama: “Que se desista porque yo así no juego”.
En conversaciones también se escucha al subprocurador Juan Ramos instruyendo al padre de Lozoya sobre qué documentos presentar en audiencia, advirtiendo que la FGR “nosotros no, porque si no va a parecer que somos su defensora”.
Criticismo e implicaciones
Estas grabaciones refuerzan la impresión de que la FGR, bajo Gertz, no actúa como ente persecutor imparcial sino como actor negociador de tratos políticos con personas de enorme poder e influencia.
La frase “yo así no juego” deja entrever una amenaza velada de que el trato no seguirá si las condiciones no se ajustan a lo que la Fiscalía exige, lo que atenta contra el principio de legalidad y equidad procesal.
La instrucción para que el padre de Lozoya actúe o presente ciertos documentos sugiere una indebida orientación o interventoría que debilita la separación entre la defensa, el investigado y el ministerio público.
Detalles técnicos relevantes
El caso Lozoya es emblemático —megasobornos de la constructora Odebrecht, compra de Agronitrogenados con sobreprecio— y la FGR lo promovió con bombo y platillo.
La filtración de audios anónimos de esta magnitud exhibe además un nivel de vulnerabilidad institucional: si conversaciones de tal tenor se filtran, la percepción pública de manipulación se agrava.
3) La percepción de “show mediático”, resultados limitados e impunidad
Hechos clave
Un recuento periodístico menciona al menos 12 escándalos en los primeros 39 meses de la gestión de Gertz Manero, incluyendo autos de lujo, plagios, conflictos internos, debilitamiento de la autonomía, etc.
En el caso Lozoya, pese al enorme ruido mediático, se ha cuestionado que la tasa de sentencias firmes y ejecutables sea proporcional al esfuerzo y al gasto público.
Criticismo e implicaciones
La promoción de casos “de alto perfil” parece estar dirigida más a la generación de titulares que a la consolidación de justicia efectiva. Cuando el resultado es incierto o aplazado, ello mina la credibilidad del sistema penal.
El uso de la Fiscalía como instrumento de visibilidad puede desviar recursos de investigaciones menos mediáticas pero estructuralmente más relevantes.
Finalmente, el comportamiento de Gertz —como lo califican analistas— parece más ligado a la confrontación personal que a la construcción institucional de un sistema de procuración de justicia que funcione.
4) Conflicto de interés, autonomía institucional y falta de transparencia
Hechos clave
Como ya se señaló, el caso de la cuñada y sobrina del fiscal implica un claro vínculo familiar entre quien imputa y los imputados, lo que debería haber provocado una exclusión automática del titular.
Los audios demuestran además que la FGR operaba estrategias tendientes a influir en la SCJN.
El análisis de Nexos resalta que la atracción del caso por la SCJN se hizo a velocidad extraordinaria —lo que sugiere urgencia más por carga mediática que por sustancia jurídica.
Criticismo e implicaciones
La autonomía formal de la FGR se ve desvirtuada si el titular interviene directamente en procesos que implican a su familia o presionan a órganos judiciales.
La transparencia en el uso de recursos, motivaciones de actuación, criterios de priorización de casos, queda comprometida.
Esta situación coloca en riesgo uno de los pilares del Estado de derecho: que las autoridades actúen sin sesgos, sin conflictos personales y con rendición de cuentas claras.
5) Otros elementos polémicos relevantes
Se le adjudica al fiscal compras de autos de lujo (122 vehículos entre 2013-2021) por más de 109 millones de pesos, lo que generó cuestionamientos sobre impropiedad del gasto.
Se ha señalado que ciertas obras académicas de Gertz podrían contener plagios graves, lo que afecta su credibilidad profesional.
La acumulación de todos estos episodios —desde intervenciones directas en procesos que afectan a su círculo familiar, hasta negociaciones con personajes de alto perfil— le creó una reputación cuestionable. En lugar de destacar por una labor en la Fiscalía orientada hacia la justicia, Gertz Manero deja su cargo con una imagen manchada por la arbitrariedad, el personalismo y conflictos de interés.
Si la procuración de justicia va a recuperar su lugar en México, es imprescindible que se revisen los mecanismos de control, que haya sanciones cuando las líneas se rebasen y que la FGR recupere no sólo la apariencia, sino la realidad de autonomía, imparcialidad y profesionalismo.
