La nueva solicitud contra el dirigente priista revive señalamientos de corrupción que lo han perseguido por años, pese a sus constantes intentos de victimizarse.
El expediente de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas volvió a prender fuego en San Lázaro.
A pesar de sus discursos de “persecución política”, el líder priista enfrenta ahora una nueva solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, que lo acusa de desviar 83.5 millones de pesos cuando fue gobernador. El proceso podría dar un paso clave antes de que termine el periodo ordinario, y esta vez el priista no tendrá tan fácil esquivar el golpe.
De acuerdo con Hugo Eric Flores Cervantes, presidente de la Sección Instructora, la petición previa —aquella que “Alito” presumió haber derrotado— simplemente desapareció porque la Fiscalía la retiró, no porque él hubiera probado inocencia alguna. Es decir: no ganó, le hicieron el favor.
La nueva querella está lejos de ser menor: incluye cuatro carpetas judicializadas, propiedades que de pronto brotaron en su patrimonio como hongos después de la lluvia —11 casas, tres terrenos y una residencia valuada en 130 millones de pesos— y la participación de 17 presuntos cómplices que habrían colaborado en su trama de desvíos. Todo esto mientras él insiste en que vive modestamente y que todo es un “ataque”.
A diferencia de 2022, el expediente actual ya tiene detenidos y personas bajo criterio de oportunidad, como Domingo José “N” y Pablo “N”, exfuncionarios señalados por desviar millones del presupuesto estatal. Ellos ya comenzaron a hablar. Y cuando los subordinados hablan, los jefes tiemblan.
La Sección Instructora solo espera más información para decidir si admite la solicitud. Si lo hace, “Alito” tendrá que enfrentar un proceso formal en el pleno.
