Un proyecto que se presenta como “liberal” reúne a exfuncionarios ligados a negligencia judicial, presunto enriquecimiento ilícito y represión policial, sin transparentar el origen de sus recursos.
El lanzamiento de La Aurora no solo marca la irrupción de un nuevo frente mediático de la derecha, sino la reagrupación de perfiles emblemáticos del viejo régimen con historiales marcados por la opacidad, el escándalo y la impunidad. Bajo el discurso de la “defensa de la libertad de expresión”, el medio se perfila como una plataforma de reposicionamiento político para figuras vinculadas al PRIAN, en abierta confrontación con la Cuarta Transformación.
Uno de los nombres centrales es Alberto Bazbaz Sacal, cuya gestión como procurador del Estado de México quedó marcada por el Caso Paulette. En 2010, tras nueve días de búsqueda, el cuerpo de la menor fue hallado en su propia habitación, pese a que peritos y medios ya habían inspeccionado el lugar. Bazbaz reconoció la alteración de la escena del crimen y, aunque cerró el caso como “accidente”, enfrentó denuncias por omisión y negligencia, lo que derivó en su renuncia. Aun así, el grupo político de Enrique Peña Nieto lo rescató para encabezar la UIF y el CISEN, consolidando una carrera sostenida por el poder, no por resultados.
A este bloque se suma Roberto Gil Zuarth, operador del calderonismo con un expediente financiero bajo sospecha. En 2021, la UIF turnó a la Fiscalía Anticorrupción información sobre depósitos y retiros millonarios sin justificar, además de gastos exorbitantes. Su historial incluye una condena penal en España por agresión a policías en Barcelona, episodio que intentó minimizarse desde instancias diplomáticas.
Completa el cuadro Alberto Capella Ibarra, exjefe policial señalado por presunto desvío de recursos del Fortaseg y por encabezar la represión contra una protesta feminista en Cancún en 2020, hecho que lo obligó a dejar el cargo. Denuncias ante la ASF y la FGR apuntan a cursos de capacitación pagados y nunca realizados.
Con estos perfiles, La Aurora se configura menos como un ejercicio periodístico y más como un cuartel de reciclaje político, donde la derecha intenta rearmarse mediáticamente sin rendir cuentas sobre financiamiento ni responsabilidades pasadas.
