El Tribunal de Disciplina Judicial confirmó que el juzgador desvió recursos del Estado, incurrió en acoso sexual y hostigamiento laboral, y utilizó personal armado para cobrar una deuda privada.
El Tribunal de Disciplina Judicial determinó la inhabilitación por un año de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Guerrero, tras comprobarse graves faltas administrativas, entre ellas acoso sexual, hostigamiento laboral y el uso indebido de recursos públicos, incluyendo personal del Ejército y la Guardia Nacional, para resolver un conflicto de carácter privado.
De acuerdo con la resolución, el 21 de septiembre de 2022 el juez solicitó la compañía de una oficial judicial, una unidad blindada oficial y dos elementos armados, sin informarles el objetivo del traslado. El convoy se dirigió a un domicilio particular, donde el juzgador intentó recuperar un vehículo que, según su versión, había intercambiado con un integrante de la Secretaría de Marina a cambio de dinero que no le fue entregado.
En el lugar, el juez encaró a dos mujeres, familiares del marino, exigiendo la entrega del automóvil y solicitando incluso una grúa, pese a no contar con orden judicial. La presencia de personal armado provocó el rechazo de vecinos del condominio, quienes cuestionaron la legalidad del operativo y exigieron el retiro inmediato.
La tensión aumentó cuando, por instrucciones del juzgador, uno de sus acompañantes realizó llamadas que derivaron en la llegada de tres camionetas de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, con varios agentes, agravando el conflicto. La disputa concluyó solo después de que el padre del marino confirmara una transferencia bancaria, verificada por el propio juez, quien entonces ordenó la retirada del personal y los vehículos oficiales.
Además del incidente, el Tribunal acreditó acoso sexual contra una subordinada y hostigamiento laboral contra dos colaboradores. El presidente de la Comisión de Disciplina, Rufino León Tovar, subrayó que cualquier abuso de poder será sancionado, reiterando el compromiso institucional de erradicar la corrupción y proteger la integridad del sistema judicial.
