Luisa María Alcalde responde a Ricardo Anaya sobre la detención de Hernán Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”. La disputa entre Morena y PAN se intensifica.
La dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, criticó al líder de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, tras la detención de Hernán Bermúdez Requena. Este último es considerado el líder del grupo criminal “La Barredora”.
Alcalde respondió a Anaya, quien exigió una investigación sin encubrimientos en el caso de Bermúdez. La líder morenista afirmó que su partido no tolera la complicidad ni la impunidad.
Anaya ha sido llamado “prófugo de la justicia con fuero”. Alcalde lo acusó de estar involucrado en casos de corrupción, incluyendo el escándalo de Odebrecht.
El PAN, por su parte, pidió al Gobierno Federal que garantice una investigación imparcial y transparente sobre la captura de Bermúdez. En su comunicado, exigieron que la verdad se revele sin simulaciones.
El senador morenista Adán Augusto López también se pronunció sobre la detención. Afirmó que solicitó investigar a fondo el caso de Bermúdez, quien enfrenta cargos por delitos graves en México.
Bermúdez, conocido como “Comandante H” o “El Abuelo”, fue detenido en Paraguay y se espera su extradición a México. Su grupo criminal está vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La situación genera un clima tenso entre los partidos políticos, en medio de acusaciones y reclamos de Justicia. (Con información de EFE).
Investigaciones de la FGR revelan que cargamentos de diesel ilegal y armamento llegan semanalmente a Altamira y Tampico, con presunta protección de autoridades federales y aduanales.
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga los buques con huachicol fiscal que arribaban al puerto de Altamira, Tamaulipas, como el Challenge Procyon, cargados con millones de litros de diesel y armamento de grueso calibre destinado a abastecer a los cárteles mexicanos. El 19 de marzo de 2025, autoridades federales aseguraron el barco con 10 millones de litros de combustible, 192 contenedores, 29 tractocamiones, armas y vehículos, lo que dio inicio a la causa penal 216/2025.
De acuerdo con una investigación de Daniela Wachauf para El Universal, el expediente vincula al empresario Héctor Manuel Portales Ávila, al exjuez federal Anuar González Hemadi, y a José Ramírez Guardado, por su probable participación en delitos de posesión de hidrocarburo ilegal. Según denuncias anónimas, los cargamentos llegan desde Estados Unidos, ingresan con documentación irregular y son resguardados por el Cártel del Golfo, con supuesta complicidad de directores de la Agencia Nacional de Aduanas.
Los informes de la SSPC detallan que las pipas vinculadas a Mefra Fletes descargan el diesel de día y armas de noche en inmuebles de Altamira identificados con siglas del CDG, mientras personal armado amenaza a observadores y agentes. El operativo revela un esquema donde empresas fachada y rutas marítimas internacionales son utilizadas para la importación ilegal de hidrocarburos y tráfico de armas, vinculado incluso con el CJNG.
La próxima audiencia contra los investigados está programada para el 30 de octubre en el penal de El Altiplano, Estado de México, mientras la fiscalía continúa indagando a al menos ocho personas y empresas implicadas en este entramado delictivo de alto poder económico y criminal.
Los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación usan el huachicol como fuente millonaria de financiamiento para el narcotráfico, operando junto con empresarios mexicanos y estadunidenses mediante empresas fantasmas y sobornos.
Los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) son los principales responsables del robo de combustible en México, actividad que se ha consolidado como la segunda fuente de mayores ingresos del crimen organizado, según la Administración para el Control de Drogas (DEA).
De acuerdo con un reporte de la Red de Control de Delitos Financieros (Fincen), estas organizaciones han desarrollado una industria ilícita para financiar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, operando con la complicidad de empresarios mexicanos y estadounidenses. Los grupos no sólo extraen diésel y gasolina de tomas ilegales de ductos de Pemex, sino que también recurren a sobornos a funcionarios, amenazas a trabajadores y empresas fantasma, provocando pérdidas millonarias para la petrolera y el SAT, que deja de recaudar más de 3 mil millones de pesos mensuales.
El Fincen señala que los cárteles introducen el crudo y la gasolina como “aceite de desecho” en Estados Unidos, particularmente en Houston y Dallas, aprovechando intermediarios y empresas fachadas en ambos países. En México, el combustible robado se vende en gasolineras del mercado negro y mediante robo de camiones cisterna, con foco en Monterrey, Altamira y Veracruz, aunque otras regiones también están bajo control del crimen organizado.
Entre las empresas involucradas están Servicios Logísticos Ambientales y Grupo Jala Logística, dedicadas al transporte de materiales peligrosos y vinculadas a César Morfín Morfín, Primito, presunto operador del CJNG en Tamaulipas y con nexos con el Cártel del Golfo.
La investigación revela cómo el huachicol, además de causar daños millonarios a la economía, se ha convertido en un mecanismo estratégico para sostener el narcotráfico, consolidando una red que cruza fronteras y desafía la seguridad energética y financiera de México y Estados Unidos.
El Gobierno de Javier Milei enfrenta un escándalo de corrupción a días de las elecciones en Buenos Aires. Audios revelan un esquema de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Los audios, difundidos por un canal de streaming, implican a funcionarios cercanos a Milei. Karina Milei, su hermana y secretaria de la Presidencia, es señalada como beneficiaria de estos sobornos.
Milei prometió erradicar la corrupción en su campaña, pero este escándalo pone en jaque su imagen. La trama involucra un presunto esquema de retornos en la compra de medicamentos, donde un 3% iba a Karina.
El director de Andis, Diego Spagnuolo, describe en los audios cómo funcionaba el sistema de sobornos. La situación genera incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para manejar la crisis y afecta la confianza del electorado.
La remoción de Spagnuolo no calma las aguas. El Gobierno denuncia una supuesta operación política de la oposición, lo que sugiere una falta de autocrítica. Milei, al romper el silencio, califica las acusaciones de falsas, pero la situación sigue deteriorándose.
Mientras la justicia investiga, la imagen del oficialismo se resquebraja. Los votantes pueden perder la fe en un Gobierno que prometió transparencia. La falta de acción contundente y la defensa de Karina Milei complican aún más la situación.
Con las elecciones a la vista, el escándalo podría tener consecuencias graves para el futuro político de Milei. Los expertos advierten que la corrupción no siempre afecta los resultados, pero este caso podría cambiar la dinámica electoral. La presión aumentará en los días próximos y la forma en que el Gobierno maneje la crisis será crucial.
La secretaria de Anticorrupción, Raquel Buenrostro, informó que tres exfuncionarios de Pemex, que trabajaron en áreas claves de la empresa, son investigados por recibir sobornos.
Roberto P, Juan V y Erik N son los exfuncionarios a quienes se les acusa de aceptar pagos ilegales de siete empresas estadounidenses y dos residentes de EE.UU. Uno de los involucrados está ligado al casoOceanografía.
Buenrostro explicó que estos exfuncionarios liberaron pagos anticipados por servicios que no existían y alteraron auditorías para beneficiar a ciertas empresas.
La denuncia provino de una empresa estadounidense que presentó evidencias el 11 de agosto., aunque esta investigación es conocida por Pemex desde abril de 2024. Las investigaciones se centran en cuatro contratos relacionados con esta trama de corrupción, de los cuales dos fueron firmados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La secretaria enfatizó que Pemex ya había tomado medidas antes de conocer la investigación en Estados Unidos y resaltó que estos actos no representan a la institución, sino a acciones individuales.
Buenrostro afirmó que se reabrirán auditorías alteradas y se buscarán responsabilidades, por lo que todas las empresas y exfuncionarios implicados deberán devolver lo robado al pueblo. Además, enfrentarán sanciones ante la autoridad.
Con estas acciones, el gobierno busca fortalecer la lucha contra la corrupción en Pemex y garantizar la transparencia en la gestión pública.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado una acusación contra Emilio Zebadúa González por posible enriquecimiento ilícito. Este exfuncionario es considerado el artífice de “La Estafa Maestra”.
Es la primera acción penal en cinco años contra Zebadúa, quien fue oficial mayor en dos secretarías de Estado. La acusación se basa en irregularidades detectadas en sus declaraciones patrimoniales.
Las autoridades han enviado el caso a un juez del Reclusorio Preventivo Sur. Los fiscales esperan que se fije una fecha para la audiencia de imputación.
Zebadúa tuvo la oportunidad de aclarar las irregularidades, pero las autoridades no encontraron justificaciones válidas. Esta denuncia se origina en una investigación de la Secretaría de la Función Pública.
Zebadúa ha sido señalado como el principal beneficiario de un esquema que desvió más de cinco mil millones de pesos. A pesar de las denuncias, pocos han sido procesados.
El caso ha revelado un posible entramado de corrupción y tráfico de influencias. La inacción de la FGR ha sido objeto de críticas en el contexto de este escándalo. La comunidad espera resultados concretos en las investigaciones.
Vecinos estallan de indignación. Y mientras sus calles se convierten en lagos, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega solo se preocupa por su imagen pública, ignorando.
Por Ricardo Sevilla
Las recientes lluvias han inundado diversas demarcaciones de la CDMX, especialmente la alcaldía Cuauhtémoc. Sin embargo, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, lejos de enfrentar y prevenir los aluviones, ha aprovechado los desbordamientos para crearse una falsa imagen de servidora pública eficiente.
Su método es tan simple como ordinario: elige un sitio inundado y, acto seguido, se mete en el cenagal para pedir a su equipo que la filme haciendo falsas labores de rescate, tal como salvar a un perrito o caminar entre los charcos.
En las redes sociales sus críticos aseguran que se trata de una puesta en escena, de no más que un montaje.
De hecho, un grupo de habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc asegura que, en teoría, no debería haber inundaciones en esa demarcación, puesto que Rojo de la Vega ha destinado sumas millonarias para el saneamiento del alcantarillado. Sin embargo, los colonos señalan que, lamentablemente, no ha sido así.
Prueba de ello es que, en noviembre del año pasado, cuando aún no iniciaba la temporada de lluvias, el gobierno de Alessandra Rojo de la Vega concedió un contrato por 2 millones 500 mil pesos a Grupo CUYSAT, S.A. de C.V. para que, supuestamente, rehabilitara la red de drenaje en diversas colonias de la alcaldía Cuauhtémoc.
Como se muestra en las imágenes anteriores, la administración de Rojo de la Vega aceptó pagar 2 millones 155 mil 172 pesos más un 16% de IVA por 344 mil 827 pesos.
Al consultar el contrato CDMX-AC-DGODU-AD-L-O-051-24 y revisar cuáles serían las calles rehabilitadas el documento solo dice, de manera ambigua, que se abarcará “diversas ubicaciones dentro de la demarcación territorial Cuauhtémoc”, sin precisar las colonias ni las ubicaciones.
Cabe destacar que el contrato por el cual fueron pagados 2 millones 500 mil pesos duró solo sesenta días: del 1 de noviembre de 2024 al 31 de diciembre de ese mismo año. No obstante, habitantes de la alcaldía aseguran que “las autoridades no hicieron nada”.
Pero eso no es todo. Hay más anomalías en este caso.
Y una de ellas es que la empresa contratada por Rojo de la Vega acarrea sobre su espalda una serie de turbios antecedentes en otra alcaldía gobernada por el Partido Acción Nacional (PAN).
Grupo CUYSAT, que también es una de las empresas consentidas del alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, tiene un largo historial de incumplimientos en esa demarcación. Por ejemplo, el gobierno de Gutiérrez Aguilar contrató a esta empresa para reparar el sistema de bombeo que distribuye agua a 900 familias de la unidad habitacional CROC VI Culhuacán.
El pago de dicha reparación fue con recursos del presupuesto participativo de 2020 y 2021, pese a ello, Grupo CUYSAT, además de incumplir el plazo de entrega de la obra, la dejó inconclusa y con defectos, de acuerdo con testimonios de los propios vecinos de la unidad habitacional en cuestión.
El alcalde panista de Coyoacán, pese a todos sus incumplimientos y las quejas de los vecinos, sigue forrando de dinero a Grupo CUYSAT: en agosto del año pasado le concedió 1 millón 887 mil 819 pesos; y en junio de este 2025, 2 millones 358 mil 608 pesos, como se observa en las siguientes imágenes.
Pero esos antecedentes no parecieron importante a la alcaldesa Rojo de la Vega, quien decidió darle, por adjudicación directa, a GRUPO CUYSAT más de 2 millones y medio de pesos.
Lo innegable en este caso es que las inundaciones y los encharcamientos continúan en la alcaldía Cuauhtémoc… Y los contratos por adjudicación directa también. La pregunta que muchos habitantes de esa demarcación se hacen nos la hacemos nosotros también: ¿Se trata de un simple caso de mala gestión o estamos ante una red de corrupción que se beneficia de la desgracia ajena? Alessandra Rojo de la Vega tiene mucho que explicar.
El empresario Ramón Rovirosa Martínez y el político panista Mario Ávila Lizárraga son acusados de sobornos en Pemex. Lograron contratos millonarios gracias a una red de corrupción.
Rovirosa, con contratos por más de 35 millones de dólares, ocultó su éxito tras una fachada empresarial. Su conexión era Ávila, un político del PAN vinculado a un fraude anterior en Pemex.
El Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que ambos pagaron sobornos a funcionarios de Pemex entre 2019 y 2021. Estos pagos aseguraron contratos y evitaron auditorías.
Los documentos indican que Rovirosa mandó a su asistente a entregar pagos en efectivo a un auditor de Pemex. Este auditor, que se comparaba con un torero, recibió relojes de lujo y bolsos como parte de los sobornos.
Los contratos de Rovirosa abarcan desde mantenimiento de gasoductos hasta exploración de hidrocarburos. La investigación destaca la corrupción que ha afectado a Pemex en los últimos años.
Ambos acusados enfrentan múltiples cargos y Rovirosa fue detenido en EE.UU. La trama de sobornos revela un sistema que ha perjudicado a la petrolera mexicana y a sus operaciones. (Fuente: El Pais).
Cientos de migrantes varados en Tapachula, Chiapas, cansados del hacinamiento y largos retrasos en sus trámites migratorios, iniciaron una caravana rumbo a la Ciudad de México, buscando empleo y continuar sus procesos. Este grupo, de unas 400 personas de países como Colombia, Venezuela, Cuba y Haití, muestra un cambio de ruta respecto a las caravanas previas que buscaban llegar a la frontera norte.
En una entrevista para Reporte índigo, Irineo Mujica, director de Pueblo Sin Fronteras, explica que el sistema migratorio mexicano ha convertido a Tapachula en una especie de “capital de la migración”, donde la corrupción en organismos como COMAR y el INM obliga a los migrantes a pagar hasta 20 mil pesos para agilizar citas y obtener documentos que les permitan trabajar o moverse libremente.
Las caravanas no solo son una forma de protesta y autodefensa ante la inseguridad y la falta de vías legales para migrar, sino también una estrategia para evitar la extorsión de traficantes y la violencia de grupos criminales. En estas marchas, predominan familias completas, mujeres y niños, quienes encuentran en la unión una protección vital.
El interés de muchos migrantes por llegar a Estados Unidos ha disminuido debido a políticas migratorias más estrictas y los crecientes riesgos en el camino. Muchos prefieren quedarse en México o buscar oportunidades en otros países latinoamericanos, donde el proceso es menos peligroso.
Por último, Mujica denuncia un ataque a los derechos humanos tras la detención del activista Luis García Villagrán, defensor de migrantes y bajo protección gubernamental, acusado de facilitar documentos para los migrantes. Este caso es visto como un intento de frenar el libre tránsito y la defensa de esta población vulnerable.
Las autoridades de Estados Unidos revocaron la visa a Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, empresario mexicano del blindaje vehicular. La decisión responde a sospechas de actividades ilícitas.
Margolis está vinculado a investigaciones sobre su empresa Epel LLC, que opera en Florida. Se sospecha que esta compañía transfería activos entre México y Estados Unidos de manera irregular.
En México, Margolis enfrenta indagatorias de la Secretaría de la Función Pública, el SAT y la Fiscalía General de la República. Las investigaciones apuntan a contratos públicos y recursos de origen ilícito.
Desde 2019, su empresa Blindajes EPEL obtuvo 55 contratos gubernamentales por más de 445 millones de pesos. Las autoridades analizan una posible red de empresas fachada.
Margolis ha sido mencionado en casos judiciales mediáticos, como el caso Wallace y el caso Vallarta-Cassez. Su relación con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, es notable.
A pesar de su deteriorada salud, Margolis mantiene influencia en entornos penitenciarios. La revocación de su visa destaca las conexiones entre corrupción y redes empresariales en México y Estados Unidos.
