Locatarios denuncian que funcionarios de Coyoacán exigen sobornos de hasta 30 mil pesos mensuales, mediante citatorios irregulares y amenazas de clausura.
La bancada de Morena en el Congreso capitalino alertó sobre un esquema sistemático de extorsión dentro de la alcaldía Coyoacán, donde funcionarios de verificación exigen pagos ilegales a dueños de bares, restaurantes y pequeños comercios.
De acuerdo con el diputado Paulo García, servidores públicos de la demarcación envían citatorios falsos para intimidar a los propietarios, a quienes acusan de no cumplir con la normatividad aun cuando tienen sus documentos en regla. Posteriormente, ya en oficinas de la alcaldía, les solicitan sobornos que alcanzan hasta 30 mil pesos mensuales para “dejarlos trabajar”.
Un citatorio al que La Jornada tuvo acceso, firmado por Nancy Shycarú García Ibarra, subdirectora de Establecimientos Mercantiles, exige al comerciante presentar documentos como uso de suelo, protección civil y visto bueno de seguridad y operación, simulando un proceso de verificación oficial. El afectado denunció que, tras entregar la documentación, le solicitaron el soborno de 30 mil pesos.
García señaló que al inicio de la administración las presiones se concentraban en giros de alto impacto, pero ahora también alcanzan a papelerías, abarrotes y pequeños negocios, cuyos dueños carecen de asesoría legal y son blanco fácil de amenazas de clausura. Morena ha ofrecido acompañamiento jurídico para presentar denuncias ante la Contraloría y la Fiscalía capitalina.
El diputado cuestionó que el alcalde Giovani Gutiérrez evitara responder sobre estas acusaciones en su comparecencia ante el Congreso, dejando sin aclarar las presuntas prácticas de cobros irregulares dentro de su administración. Mientras tanto, los locatarios continúan enfrentando un clima de intimidación y abuso.
El gobernador Alejandro Armenta critica el legado de corrupción y el saqueo en el estado.
El Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, no se guardó críticas hacia administraciones pasadas. En su conferencia matutina, habló sobre lo que él llama el “Cartel del despojo”, refiriéndose a exgobernantes que se disfrazaron de empresarios. Aseguró que estos “delincuentes disfrazados” han causado un daño profundo a la economía local.
Armenta destacó que su administración se esfuerza por manejar de manera honesta los recursos públicos. Según él, la corrupción en Puebla proviene de políticos que, al ocupar altos cargos, han saqueado las arcas del estado. “Los más peligrosos son aquellos que, bajo una imagen de respeto, engañan al pueblo y mal utilizan su poder”, afirmó.
El gobernador también dirigió su mirada hacia la economía local, señalando que en lugar de apoyar a los productores y viveristas, las administraciones pasadas se dedicaron a hacer compras mediante sobornos. “Desviaron recursos que debieron haber fomentado el desarrollo de Puebla”, lamentó Armenta.
Además, subrayó que su gobierno se compromete a erradicar el legado del huachicoleo que dejó la anterior administración. “Puebla se convirtió en refugio para el robo de hidrocarburos, pero ahora recuperamos lo que es del pueblo”, dijo con firmeza.
Con sus declaraciones, Armenta busca un cambio significativo en la gestión pública de Puebla, priorizando la honestidad y el apoyo a la comunidad. Su mensaje resuena con fuerza, pero a los ciudadanos les queda la tarea de estar atentos y exigir transparencia.
Exfuncionario de Bienestar, en Baja California, vende a cabildero de exgobernador panista. Y utiliza identidad de su difunto padre como fachada para canalizar los recursos.
Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado de Programas Federales del Bienestar en Baja California, se jactaba de ser un guardián de la transparencia.
Pero nunca fue así.
En realidad, el desempeño de Ruiz Uribe, quien fuera presidente del PRD en Baja California, es una crónica de ambición política y opacidad patrimonial.
Una investigación periodística del medio de comunicación PUNTO NORTE revela un oscuro acuerdo financiero que hecha por los suelos el discurso de austeridad que tanto presumía Jesús Alejandro Ruiz Uribe.
El punto central de este reportaje es que, en junio de 2023, Ruiz Uribe vendió un predio de 3,682 m² en Mexicali por 11 millones 172 mil 840 pesos.
Lo que llama la atención es lo que gravita detrás de esa transacción.
La investigación sostiene que Jesús Alejandro Ruiz Uribe habría incurrido en un presunto acto de ingeniería financiera y opacidad deliberada.
Y es que, de acuerdo con este reportaje, no solo habría llevado a cabo la enajenación de un bien inmueble, concretamente un predio por un valor que superó los once millones de pesos mexicanos, mediante una operación que se ejecutó de forma clandestina y sin registrar, sino que recurrió a una táctica particularmente sensible y cuestionable: la utilización de la identidad de su difunto padre, Jesús Juvencio Ruiz Barraza, como fachada para canalizar los recursos.
Cabe destacar que el progenitor de Ruiz Uribe había fallecido en julio de 2023. Sin embargo, en los meses subsecuentes, el entonces servidor público permitió que la totalidad de los pagos pactados se efectuaran a la cuenta bancaria del titular ya fallecido.
Y le digo más:
Esta suma fue estructurada en siete depósitos mensuales por un valor aproximado de 1.2 millones de pesos cada uno, además de un anticipo inicial y un pago complementario de 2.1 millones de pesos.
Este patrón de movimientos financieros exhibe mucho más que un simple descuido administrativo; revela una clara intención de encubrimiento del capital.
La adquisición del predio fue realizada por Altitud 3 Inmobiliaria, una entidad cuyo dueño es Milton Adán Rubio Díaz, un empresario con vínculos directos con la cúpula panista, siendo exfuncionario en la administración del exgobernador Francisco ‘Kiko’ Vega y antiguo director del controvertido proyecto de la desaladora en Aguas de Rosarito, mismo que fue señalado por la Cuarta Transformación como un estandarte de la corrupción.
Ruiz Uribe, quien se presentaba públicamente como un cruzado contra esas “prácticas añejas”, terminó entablando lucrativos acuerdos con aquellos a quienes afirmaba repudiar ideológicamente.
Y eso no es todo. Hay más hechos turbios:
Actualmente, sobre los 3,682 metros cuadrados de dicho terreno, se está culminando la edificación de 46 lujosos departamentos, cuyo valor de mercado oscila entre los 2.7 y 5 millones de pesos por unidad.
A pesar de esta realidad inmobiliaria, Ruiz Uribe persistió en una flagrante manipulación de la verdad en sus documentos oficiales.
En sus declaraciones patrimoniales (correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y 2025) aseveró falsamente que la propiedad no había sido vendida, que no había obtenido ningún ingreso extraordinario y que el inmueble seguía bajo su dominio, manteniéndole un valor irrisorio de tan solo 2.9 millones de pesos.
El exdelegado incurrió en el delito de falsedad durante tres años consecutivos, ocultando un incremento patrimonial multimillonario y utilizando el nombre de un familiar que ya no estaba para desdibujar los rastros de una operación que él mismo sabía que contradecía su predicamento de ética pública.
Esta revelación periodística, por un lado, desenmascara la profunda contradicción de un antiguo funcionario del Bienestar que se erigía como paladín moral.
Pero también expone a un individuo dispuesto a manipular documentación oficial y canalizar fondos a través de la identidad de un fallecido para evadir sus obligaciones. Un personaje que, dicho sea de paso, pretende ser gobernador de Baja California.
Efraín Morales, director de Conagua, asegura que las modificaciones a la Ley General de Aguas buscan garantizar acceso equitativo al recurso y erradicar privilegios históricos de unos pocos.
La Ley General de Aguas es, aseguró Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), “un acto de justicia para México”. El funcionario advirtió que ciertos grupos han intentado generar miedo con información falsa, al ver amenazados sus privilegios históricos sobre el agua.
“Son actos desesperados de quienes durante años se han enriquecido a costa de un recurso natural fundamental para todas y todos los mexicanos”, afirmó tras la aprobación de las leyes en la Cámara de Diputados. Morales subrayó que las reformas representan un cambio profundo en la gestión hídrica, lo que significa agua suficiente para los hogares y comunidades que históricamente han carecido del vital líquido.
Efraín Morales López (@Efrainmoralesl), director de la Comisión Nacional del Agua (@conagua_mx), destacó que la reforma a la Ley Nacional de Aguas busca que se deje de ver el agua como una mercancía, práctica que ha generado acaparamiento y sobreexplotación. Además, desmintió… pic.twitter.com/d9XbVs0gaG
El director de Conagua destacó que se reconocerá y apoyará a los sistemas comunitarios tradicionales y que se establecerá un sistema de concesiones totalmente transparente y público, con certeza jurídica para todos los usuarios y cero tolerancia a la corrupción, incluyendo sanciones contra dádivas o sobornos para obtener títulos de conexión.
“Parte de esta iniciativa es castigar el delito de corrupción y asegurar que el agua regrese a manos de la nación y de quienes más lo necesitan”, explicó Morales. Añadió que estas modificaciones permitirán acceso equitativo al recurso, protección de los ecosistemas y un manejo sostenible de los recursos naturales.
Finalmente, Morales pidió a los productores y usuarios mantenerse informados y no dejarse llevar por narrativas falsas, recalcando que serán los principales beneficiados con la ley. “Esta iniciativa garantiza agua para todas y todos, y es un acto de justicia para el pueblo de México”, concluyó.
Una investigación de Ariel Rodríguez para Excélsior reveló que pesar de las reformas a la Ley de Cultura Cívica de la CDMX, los franeleros siguen operando en varias alcaldías. La corrupción con la policía permite que mantengan su negocio en las calles.
Las modificaciones a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, aprobadas en agosto, prometían acabar con el cobro ilegal por el uso de la vía pública. Sin embargo, la realidad es otra. Los franeleros se han mantenido activos en al menos cuatro alcaldías, a menudo con la complicidad de la policía local mediante sobornos.
Recientemente, el diario Excélsior realizó recorridos en la ciudad y documentó cómo estos cuidadores de autos continúan dominando las calles. Algunos tienen acuerdos con autoridades que les permiten eludir arrestos. Un franelero que habló en condición de anonimato confesó: “Una vez me sacaron 600 pesos”. La presión sobre ellos ha aumentado, pero muchos de estos hombres llevan años en este oficio. “Si voy a una empresa, me dicen que me jubilaré. Solo sé hacer esto”, aseguró.
La situación es alarmante en zonas como la Roma y la Condesa, donde el negocio de los franeleros abunda cerca de bares y restaurantes. Los vecinos han denunciado la creciente agresividad de estos cuidadores. “Los que están en la calle Dr. Pasteur son más agresivos. Todos están drogados y la gente les tiene miedo”, comentó una residente preocupada por la seguridad.
Norma Sotelo, del Consejo Coordinador Vecinal, también ha observado esta situación y afirma que hay complicidad entre franeleros y policías. Hasta el cambio de ley, era común ver listas de arrestos en juntas de seguridad. Ahora, ni siquiera se reportan verbalmente. Además, muchos valets parking en la zona pagan a los franeleros para que aparten espacios que no tienen.
A pesar de las nuevas regulaciones, franeleros siguen siendo una constante en la vida pública de la ciudad. En Coyoacán, por ejemplo, el cobro puede llegar hasta 100 pesos en el centro, mientras que en la Benito Juárez, se observan fuera de mercados como San Pedro de los Pinos.
Los esfuerzos del gobierno para crear empleos dignos para estas personas parecen no llegar a su destino. “No sabemos nada de esa propuesta. Nadie ha venido a hablarnos”, aseguró un franelero.
A medida que la situación persiste, es evidente que la lucha por recuperar el espacio público continúa. Los vecinos claman por una solución real y efectiva, mientras los franeleros siguen aferrándose a un oficio que, aunque ahora clasificado como delito, se niega a desaparecer. (Con información de Excélsior)
Cinco exgobernadores del PRI —y sus aliados de ocasión— le cuesta a la ciudadanía más de 500 mil pesos mensuales como embajadores y cónsules. Todos tienen algo en común: dejaron auditorías, señalamientos o denuncias abiertas… ¡y aún así aterrizaron en sedes diplomáticas como si fuera un premio por su desempeño!
La diplomacia, para ellos, no es mérito: es un refugio de lujo.
Más de medio millón de pesos del erario se va cada mes en mantener a estos perfiles que jamás pasaron por el Servicio Exterior Mexicano, pero sí por pasillos de polémica. La llamada “diplomacia del perdón” terminó siendo un paracaídas aterciopelado: sales por la puerta de atrás del gobierno estatal y reapareces en Europa o el Caribe cobrando entre $78 mil y $108 mil netos.
Los perfiles que levantan cejas… y facturas
Quirino Ordaz Coppel — Embajador en España — $108,133.02 mensuales Arrastra auditorías que dejaron a Sinaloa con una multa fiscal histórica de 2 mil 300 millones. Y como cereza del pastel, autorizó más de mil millones para un parque-acuario que terminó beneficiando a su propio primo, el empresario Ernesto Coppel Kelly. Turismo familiar… pero con presupuesto público.
Omar Fayad Meneses — Embajador en Noruega — $108,133.02 mensuales Mientras disfruta los fiordos, su administración aparece en el centro de la “Estafa Siniestra” en Hidalgo: un desvío de 522 millones. Su exoficial mayor ya fue sentenciado por un fraude de 116 millones. Fayad, sin embargo, navega en aguas tranquilas.
Carlos Miguel Aysa González — Embajador en República Dominicana — $108,133.02 mensuales Su nombramiento llegó justo cuando la administración de Layda Sansores afinaba investigaciones contra el gobierno de Alejandro Moreno, del que Aysa fue heredero directo. Para muchos, su embajada fue más un blindaje que un ascenso.
Claudia Pavlovich Arellano — Cónsul en Panamá — $78,577.84 mensuales Acumula denuncias por el presunto desvío de 8 mil millones en Sonora. También trascendieron 59 millones en contratos de salud pagados pero no realizados. Panamá quizá no sea Europa, pero vaya que ayuda a cerrar capítulos incómodos.
Víctor Manuel Barceló — Embajador en Uruguay — $108,133.02 mensuales Aunque sus polémicas son de archivo, su nombre sigue ligado a tensiones electorales en Tabasco. Aun así, el boleto diplomático llegó… con salario premium incluido.
En conjunto, mantener a este quinteto cuesta $511 mil 109.92 pesos mensuales, pagados por las y los mexicanos. Mientras diplomáticos de carrera pasan décadas construyendo prestigio, estos exgobernadores encuentran en el servicio exterior una cómoda sala de espera política, con vista al mar y sueldo garantizado.
La pregunta queda en el aire —para retratar el cinismo de quienes lo aprovecharon—: ¿cómo es que los mismos que dejaron cuentas pendientes terminan representando al país con chequera diplomática incluida?
Al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) desde 2019, Alejandro Gertz Manero acumuló una serie de polémicas que ponen en duda su imparcialidad, su apego al debido proceso y la autonomía real del órgano que dirige. Aquí un repaso de sus episodios más graves.
1) Caso de la cuñada y sobrina del fiscal – Laura Morán Servín y Alejandra Cuevas Morán
Cronología y hechos clave
El hermano de Gertz Manero, Federico Gertz Manero, falleció en 2015. Se le atribuye una “congestión visceral generalizada” como causa de muerte.
En 2020 la FGR presentó acción penal contra Laura Morán Servín y Alejandra Cuevas Morán (madre e hija) por homicidio doloso por omisión, al considerar que, como garantes del cuidado de Federico, habían incumplido su deber.
El 5 de marzo de 2022 se filtraron audios de presuntas conversaciones entre Gertz Manero y el fiscal de control, Juan Ramos López, en los que Gertz critica duramente el proyecto del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que habría sido favorable a Cuevas.
En los audios se le oye decir: “¡La pone en libertad!”, refiriéndose a la firme posibilidad de que la SCJN concediera el amparo.
También acusa al ministro de “haberle querido ver la cara de pendejo” y que “tiene a tres o cuatro ministros que nomás no se la van a dejar pasar”.
La propia SCJN atrajo el caso en noviembre de 2021, argumentando que tenía una implicación para la “honorabilidad de la FGR”.
Criticismo e implicaciones
Estas grabaciones sugieren que el fiscal general intervino directamente en el proceso de amparo que debía decidirse por la SCJN, lo cual vulnera gravemente el principio de independencia judicial y autonomía del ministerio público.
El hecho de que el caso involucre a su propia familia política lo sitúa en un escenario de evidente conflicto de interés, algo incompatible con la ética institucional de quien debe velar por la imparcialidad.
Además, la coordinación actitudinal entre el fiscal general y un alto mando de la FGR (Ramos) para influir en ministros pone en entredicho la credibilidad del órgano persecutor y su capacidad para actuar sin presiones externas.
El artículo de análisis jurídico advierte que esta situación impone riesgos estructurales para el sistema de amparo, revisión adhesiva y la motivación con perspectiva de género —lo que la SCJN ya reconoció.
Detalles técnicos relevantes
El proyecto turnado por el ministro ponente proponía conceder amparo para efectos, es decir, que se corrigeran vicios formales y se enviara de nuevo a la sala penal para reconsiderar la prisión preventiva.
La FGR y Gertz interpusieron recurso de revisión directamente ante la SCJN para que conociera del asunto.
Los audios filtrados fueron producto aparentemente de escuchas ilegales: la propia FGR reconoció que abriría investigación.
2) Emilio Lozoya Austin y los audios “Yo así no juego”
Cronología y hechos clave
En junio de 2022 se difundieron nuevos audios en los que Gertz Manero aparece hablando con el padre de Lozoya, Emilio Lozoya Thalmann. En uno de ellos el fiscal clama: “Que se desista porque yo así no juego”.
En conversaciones también se escucha al subprocurador Juan Ramos instruyendo al padre de Lozoya sobre qué documentos presentar en audiencia, advirtiendo que la FGR “nosotros no, porque si no va a parecer que somos su defensora”.
Criticismo e implicaciones
Estas grabaciones refuerzan la impresión de que la FGR, bajo Gertz, no actúa como ente persecutor imparcial sino como actor negociador de tratos políticos con personas de enorme poder e influencia.
La frase “yo así no juego” deja entrever una amenaza velada de que el trato no seguirá si las condiciones no se ajustan a lo que la Fiscalía exige, lo que atenta contra el principio de legalidad y equidad procesal.
La instrucción para que el padre de Lozoya actúe o presente ciertos documentos sugiere una indebida orientación o interventoría que debilita la separación entre la defensa, el investigado y el ministerio público.
Detalles técnicos relevantes
El caso Lozoya es emblemático —megasobornos de la constructora Odebrecht, compra de Agronitrogenados con sobreprecio— y la FGR lo promovió con bombo y platillo.
La filtración de audios anónimos de esta magnitud exhibe además un nivel de vulnerabilidad institucional: si conversaciones de tal tenor se filtran, la percepción pública de manipulación se agrava.
3) La percepción de “show mediático”, resultados limitados e impunidad
Hechos clave
Un recuento periodístico menciona al menos 12 escándalos en los primeros 39 meses de la gestión de Gertz Manero, incluyendo autos de lujo, plagios, conflictos internos, debilitamiento de la autonomía, etc.
En el caso Lozoya, pese al enorme ruido mediático, se ha cuestionado que la tasa de sentencias firmes y ejecutables sea proporcional al esfuerzo y al gasto público.
Criticismo e implicaciones
La promoción de casos “de alto perfil” parece estar dirigida más a la generación de titulares que a la consolidación de justicia efectiva. Cuando el resultado es incierto o aplazado, ello mina la credibilidad del sistema penal.
El uso de la Fiscalía como instrumento de visibilidad puede desviar recursos de investigaciones menos mediáticas pero estructuralmente más relevantes.
Finalmente, el comportamiento de Gertz —como lo califican analistas— parece más ligado a la confrontación personal que a la construcción institucional de un sistema de procuración de justicia que funcione.
4) Conflicto de interés, autonomía institucional y falta de transparencia
Hechos clave
Como ya se señaló, el caso de la cuñada y sobrina del fiscal implica un claro vínculo familiar entre quien imputa y los imputados, lo que debería haber provocado una exclusión automática del titular.
Los audios demuestran además que la FGR operaba estrategias tendientes a influir en la SCJN.
El análisis de Nexos resalta que la atracción del caso por la SCJN se hizo a velocidad extraordinaria —lo que sugiere urgencia más por carga mediática que por sustancia jurídica.
Criticismo e implicaciones
La autonomía formal de la FGR se ve desvirtuada si el titular interviene directamente en procesos que implican a su familia o presionan a órganos judiciales.
La transparencia en el uso de recursos, motivaciones de actuación, criterios de priorización de casos, queda comprometida.
Esta situación coloca en riesgo uno de los pilares del Estado de derecho: que las autoridades actúen sin sesgos, sin conflictos personales y con rendición de cuentas claras.
5) Otros elementos polémicos relevantes
Se le adjudica al fiscal compras de autos de lujo (122 vehículos entre 2013-2021) por más de 109 millones de pesos, lo que generó cuestionamientos sobre impropiedad del gasto.
Se ha señalado que ciertas obras académicas de Gertz podrían contener plagios graves, lo que afecta su credibilidad profesional.
La acumulación de todos estos episodios —desde intervenciones directas en procesos que afectan a su círculo familiar, hasta negociaciones con personajes de alto perfil— le creó una reputación cuestionable. En lugar de destacar por una labor en la Fiscalía orientada hacia la justicia, Gertz Manero deja su cargo con una imagen manchada por la arbitrariedad, el personalismo y conflictos de interés.
Si la procuración de justicia va a recuperar su lugar en México, es imprescindible que se revisen los mecanismos de control, que haya sanciones cuando las líneas se rebasen y que la FGR recupere no sólo la apariencia, sino la realidad de autonomía, imparcialidad y profesionalismo.
Siempre he dicho que Alejandro Gertz Manero es un ser profundamente oscuro que en realidad ha operado por mucho tiempo para favorecer los intereses de la derecha desde la izquierda.
Ha obstaculizado el avance de las investigaciones y la resolución de casos importantísimos de corrupción como el de Emilio Lozoya, con lo cual impide la impartición de justicia y con ello cancela la posibilidad de consolidar uno de los principales objetivos del proyecto de transformación que es LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.
La derecha, desesperada por perder sus privilegios, está dando la batalla cultural cada vez más agresivamente. La violencia y la desestabilización son su único recurso. Por tanto, la narrativa que está creando se construye en gran parte gracias a las “filtraciones” que estoy segura provee Gertz Manero a la derecha.
El ejemplo en este mismo momento es esta filtración que suelta en torno al cofundador de Miss Universo para embarrar a Pemex y a Morena, y de paso cuestionar y tumbar el certamen que, dicho sea de paso, ganó una mexicana afín al gobierno de Claudia Sheinbaum. En política nada es casualidad y esto es el principio de la batalla que desde la izquierda tenemos que dar para evitar que la derecha se organice internacionalmente para dar un golpe de Estado en nuestro país.
Much@s en la izquierda piensan que esto es muy “viajado”. Si no aprendemos de la historia latinoamericana en torno a esta realidad, no estamos entendiendo nada.
Ojalá lo destituyan. Estemos muy pendientes de lo que pueda suceder y cerremos filas en torno a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum.
Actuemos anticipadamente, de lo contrario la lucha de tantos años está en riesgo.
Laura Marcela Hernández Aguilera. Médica con especialidad en psiquiatría (UNAM). Activista y militante. Obradorista. Ex delegada estatal de morena Chihuahua.
Colectivos exigen que el exgobernador sea procesado antes de que termine su condena por corrupción; aplazamiento prolonga la incertidumbre para familias veracruzanas.
La audiencia para decidir si se persigue a Javier Duarte de Ochoa por desaparición forzada en Veracruz fue aplazada por el Tribunal Superior de Justicia del estado. Inicialmente programada para este 26 de noviembre, la cita se reprogramó para el 16 de enero de 2026.
El caso, registrado como causa penal 103/2018, busca determinar si existen motivos suficientes para procesar al exgobernador, luego de que un juzgado sobreseyó el proceso en 2024 por considerar inválidas las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado. Tras la interposición de recursos de revisión, el Tribunal deberá evaluar nuevamente los datos de prueba.
Colectivos de búsqueda, como Solecito de Veracruz y Belén González, reclamaron que la resolución garantice los derechos de las víctimas y permita que Duarte sea procesado y condenado por las desapariciones forzadas ocurridas durante su administración. “La audiencia no solo revisa un dato de prueba. Revisa la credibilidad del sistema de justicia, la dignidad de las víctimas y el compromiso del Estado con la verdad”, señalaron los colectivos.
Durante su gestión, Veracruz vivió episodios de violencia con centenares de desapariciones, fosas clandestinas y una crisis forense que persiste hasta hoy, recordaron los grupos de búsqueda. El Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda hizo un llamado al Tribunal para que la resolución proteja los derechos de las víctimas y establezca precedentes para la justicia en casos de desaparición.
Actualmente, Javier Duarte cumple condena por delitos de corrupción y malversación de fondos, la cual concluirá el próximo año. Las familias de personas desaparecidas advierten que es necesario que también sea imputado y procesado por delitos de lesa humanidad, para garantizar que no quede impune el sufrimiento causado.
El empresario inmobiliario y colaborador de el diario La Derecha, Jorge O’Reilly, construyó su imperio sobre humedales del Gran Buenos Aires, Argentina. Sus desarrollos, en perjuicio del ecosistema y de comunidades originarias, muestran una conjunción de negocios opacos, privilegios y vulneraciones ambientales.Este texto revela cómo su firma avanza en terrenos regulados, desplaza a pobladores originarios y presiona a quienes se resisten.
En las vastas planicies del delta del Río Luján, en la zona de Tigre y Escobar, un fenómeno inmobiliario silencioso viene transformando humedales, zonas de inundación y costas hasta hace poco irrelevantes para el gran negocio del country de lujo. Al frente de esta avanzada está Jorge O’Reilly, colaborador de el diario argentino La Derecha y presidente de EIDICO S.A., desarrolladora especializada en emprendimientos de alto nivel para élites.
Su estrategia se apoya en un dato revelador: en esa cuenca baja del río Luján existían ya para 2010 más de 50 urbanizaciones cerradas acuáticas que ocupaban cerca del 10 % del territorio estudiado, muchas transformadas mediante rellenos, canales artificiales y elevación de suelo para evitar riesgos de inundación. EIDICO aparece como responsable directo del 30 % de esas urbanizaciones, de acuerdo un estudio de la Universidad Nacional de la Plata.
O’Reilly no se detuvo ahí. Fue sobre esos humedales —que funcionan como esponja natural ante lluvias y sudestadas— donde promovió desarrollos emblemáticos. Los mecanismos: rellenos de napas, terraplenes para elevar cotas edificables por debajo de los 8,5 m sobre el nivel del mar, cuando la normativa imponía elevaciones superiores para evitar inundaciones.
El impacto no es solo ambiental. Cuando esas estructuras urbanas borran humedales, provocan una externalidad directa: el agua va a otro lado. Vecinas y vecinos de la zona denuncian que cada Sudestada trae consigo un nuevo nivel de inundación. Un análisis lo confirma: “la alquimia entre suelos baratos, acceso a cursos de agua y carteles de lujo” explica el brutal avance inmobiliario en zonas reservadas hasta antes para “lo malo del paisaje urbano”.
El relato de O’Reilly –como que “desarrolla al costo” para pequeños inversores– no logra ocultar esta paradoja: transformó terrenos de alto riesgo ambiental en lotes de lujo, mientras evita someterse a los estándares de evaluación ambiental.
Pero el daño no acaba en los suelos: en el paraje conocido como Punta Querandí, entre Dique Luján y Maschwitz, un territorio ribereño ancestralmente habitado por comunidades querandíes, chanás y guaraníes, O’Reilly y su empresa mantienen un litigio que simboliza ese despojo silencioso.
La comunidad denunció que en 2017 la firma de O’Reilly solicitó el desalojo del Museo Autónomo de Gestión Indígena y de instalaciones productivas instaladas por la comunidad en la parcela 321‑f. En sus escritos, la empresa califica a los comuneros como “fuente de conflictos” y menciona “episodios de violencia, amenazas y robo de alambrados” para argumentar el desalojo.
Los relatos de quienes habitan la zona son aún más perturbadores: un albañil denunció que le ofrecieron dinero para incendiar “los ranchos” de Punta Querandí a fin de liberar al terreno para el barrio privado lindero. Una monja vinculada al entorno del Opus Dei, organización a la que pertenece O’Reilly, fue acusada de hostigar y calificar a los miembros de la comunidad como “indios truchos”.
Es difícil obviar el contraste: mientras O’Reilly promueve supuestas “valores tradicionales” y sostiene que sus desarrollos generan empleo y orden urbano, al mismo tiempo bloquea el acceso público a la ribera, valla espacios usados por la comunidad y opera desde una lógica de negocios que vulnera derechos colectivos y ecosistemas enteros.
El problema no es solo moral, es estructural: un modelo de negocio que se apoya en vacíos regulatorios, privilegios y una relativa impunidad ambiental. Los documentos lo confirman: la autorización del emprendimiento no implicaba permiso para construir, y sin embargo se vendían lotes antes de la factibilidad definitiva.
En este escenario queda claro que O’Reilly encarna más que un empresario inmobiliario: representa un poder que articula negocios, diplomacia, religión y urbanismo en una zona con índices crecientes de vulnerabilidad. Los humedales están bajo asedio, las comunidades bajo presión, y los vacíos legales se transforman en muros —literalmente— que delimitan quién pertenece al “parque” y quién queda inundado esperando respuesta.
Cuando el desarrollo se come los humedales y sepulta memorias comunitarias, el “país del progreso” se convierte en un espejo con muros altos donde algunos miran desde el jardín de lujo mientras otros luchan para no ahogarse en su patio trasero.
Fuentes principales:
“Countries sobre los humedales: la empresa que los construye” (archivoinfojus.gob.ar)
