Alito Moreno acusa a Morena de solapar el narcoterrorismo en México, mientras su propia carrera está marcada por escándalos de corrupción y controversias.
El líder del PRI, Alito Moreno, lanzó fuertes acusaciones contra el partido Morena. Asegura que ha entregado el país al crimen organizado, culpando al gobierno de la violencia creciente, sobre todo en Michoacán. Estas declaraciones parecen más un intento de desviar la atención de sus propios problemas.
Moreno utiliza la reciente tragedia del asesinato de un alcalde en Uruapan como plataforma de ataque. De manera notable, ignora sus propios vínculos con escándalos de corrupción que han afectado al PRI. Mientras critica a Claudia Sheinbaum y su administración, es importante recordar que su partido también ha enfrentado acusaciones serias.
A través de sus redes sociales, Moreno fue contundente: “Morena no solo entregó el país al crimen organizado; le dio las llaves del territorio, del poder y del miedo”. Sin embargo, estas palabras pueden sonar vacías, considerando su pasado.
El exgobernador de Campeche ha estado en el centro de varias controversias. Las acusaciones de corrupción en su contra son notorias. En 2021, enfrentó cuestionamientos por el uso indebido de recursos públicos y presuntos actos de nepotismo cuando era gobernador. Este historial plantea dudas sobre la credibilidad de sus declaraciones.
Moreno también criticó el uso de minas terrestres por el crimen organizado en Michoacán, preguntándose “¿en qué clase de país se permite esto?”. Mientras denuncia esta situación, él debe recordar que su partido fue parte del problema. Los vínculos entre el PRI y la delincuencia organizada han sido objeto de investigaciones y debates públicos.
El exrector de la UAEM, Alejandro Vera, también ha salido a relucir en esta crisis. La violencia en regiones agrícolas como Michoacán ha perjudicado la economía nacional. Alito debe reflexionar sobre el papel que su partido ha jugado en la creación de este clima de inseguridad.
Finalmente, Moreno sostiene que la impunidad del “narco régimen de Morena” debe terminar. Sin embargo, su propio partido arrastra un legado de corrupción, complicidad y sus propios escándalos. Al criticar a otros, debe enfrentarse a su propio espejo. La política mexicana sigue enredada en un ciclo de acusaciones que rara vez lleva a una verdadera rendición de cuentas.
La exministra Betssy Chávez busca refugio en la embajada de México mientras la Fiscalía peruana solicita su prisión preventiva por cargos graves.
La tensión diplomática entre Perú y México aumenta. La Fiscalía peruana busca prisión preventiva contra Betssy Chávez, exministra de Pedro Castillo, quien actualmente se encuentra asilada en la embajada mexicana en Lima. Las autoridades peruanas argumentan que su solicitud de asilo representa un riesgo de fuga.
Chávez ya estuvo encarcelada por este caso. En junio de 2023, fue detenida, pero el Tribunal Constitucional la liberó en septiembre de 2025. Su liberación se debió a un error de la Fiscalía, que no solicitó la ampliación de prisión a tiempo.
Ahora, la Fiscalía alega que Chávez ha violado las condiciones de su libertad condicional. Ingresó a la embajada mexicana y no se presentó a varios controles biométricos y audiencias judiciales. Esto, según las autoridades, demuestra su intención de escapar de la justicia.
Betssy Chávez es parte de un intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022. En ese momento, el expresidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y Chávez lo apoyó activamente. La Fiscalía la considera coautora de rebelión y conspiración, lo que podría costarle hasta 25 años de prisión.
Además, el Congreso peruano la investiga por corrupción. Los informes aprobados a su nombre incluyen cargos de aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias agravado y enriquecimiento ilícito. Estas acusaciones complican aún más su situación.
Con cada nuevo giro, la vida de Chávez se convierte en un reflejo de la crisis política en Perú. Mientras ella defiende su inocencia y la oposición la critica, la historia sigue en desarrollo. La situación no solo afecta a Chávez, sino que también impacta las relaciones entre Perú y México. La población observa a un país dividido, donde la búsqueda de justicia y la política parecen entrelazarse de manera inquietante.
Los Reporteros MX.- Desde antes de que Manolo Jiménez asumiera el gobierno de Coahuila, resaltaron sus problemas de honestidad.
Durante la campaña, fue señalado varias veces por la posesión de empresas que se habían beneficiado de gobiernos del estado, en manos del PRI, sin que esto impidiera que asumiera funciones como gobernador en uno de los últimos bastiones de su partido.
Poco después, ya cuando Jiménez se sentía cómodo en su puesto, Marko Cortés, el entonces presidente del PAN, balconeó a la coalición con la que ganaron el estado, al reclamar que no había sido justo el reparto de notarías entre ambos partidos. ¡Exhibiendo el pacto descarado de cuotas políticas!
Sin embargo, las irregularidades en el gobierno de Jiménez no acabaron ahí, como revela una investigación de Los ReporterosMX: la empresa JISA Bienes Raíces, de la que el gobernador es socio, recibió jugosas condonaciones (tres en total) ni más ni menos que de otro gobierno priísta: el del municipio de Arteaga, manejado por Ana Karen Sánchez Flores, militante tricolor.
Sánchez Flores incluso ha ido a eventos “en nombre” de Manolo Jiménez, como ella misma lo presumió en sus redes sociales:
“En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas como invitada de honor estuve presente en la graduación de la Secundaria Técnica No. 33 Othon Salazar Ramírez del Ejido Tunal 👩🏻🎓👨🏻🎓🎓”, escribió el 5 de julio de 2024.
Esta condonación está registrada en documentos de transparencia del propio municipio coahuilense de Arteaga. El perdón de estas deudas por parte de la Unidad Catastral municipal fue por diversas cantidades por el concepto de “Actualizaciones y accesorios” de la empresa. El contrato no está disponible.
Según estos documentos, se perdonó esta deuda debido al pronto “pago de la empresa”, sin que se revelara si cumplió con el periodo establecido dictado por la institución. En total, se perdonó un total de 10 mil 235.45 dólares, lo que equivale a 189 mil 969.95 pesos.
Esta no es la única “ayuda” o relación que JISA Bienes Raíces continúa teniendo con el estado de Coahuila, pese a prácticamente estar fichada desde campaña como una empresa beneficiada con contratos públicos a favor de Manolo Jiménez.
La Universidad Autónoma de Coahuila, en su primer informe de actividades 2024-2025, divulgó que se hizo un convenio de prácticas profesionales con esta empresa, sin que se especifiquen los beneficios del trato.
Octavio Pimentel Martínez, el rector de la universidad, es cercano a Manolo Jiménez; el gobernador incluso estuvo presente en el primer informe del académico y lo felicitó por su “gran trabajo” al frente de la institución.
Cabe recordar que en 2015, la empresa firmó un contrato con esta misma universidad que depende de fondos públicos del estado. Esta actividad fue revelada por medios como Sin Embargo y aún se encuentra disponible en transparencia.
En esa ocasión, la empresa recibió varios contratos millonarios por los siguientes montos:
🔴 1 millón 128 mil 999.28 pesos. 🔴 2 millones 948 mil 611.51 pesos. 🔴 6 millones 882 mil 233.92 pesos. 🔴 2 millones 351 mil 727.04 pesos.
JISA Bienes Raíces sigue operando impunemente, pese a que los rastros de su corrupción están a la vista de todos, en los registros de transparencia de los gobiernos coahuilenses. Otra muestra son sus contratos con el gobierno del estado cuando estaba al frente Rubén Moreira Valdez, quien hoy es uno de los diputados más participativos del PRI a nivel federal.
No hay nada nuevo bajo el sol: las actividades y negocios del PRI siguen operando bajo la sombra de la impunidad. Manolo Jiménez aún se beneficia de ayudas estatales, que aunque sutiles, no dejan de mostrar su verdadera cara frente a la ciudadanía. Así se las gastan los gobiernos de la oposición.
A casi nueve años de su detención en Guatemala, el exgobernador priista Javier Duarte podría recuperar la libertad pese a ser uno de los mayores símbolos de corrupción política en México. La Fiscalía se opone, pero la jueza ya analiza su caso.
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, podría salir de prisión en cuestión de semanas. A casi nueve años de su detención en Guatemala, el político priista busca obtener libertad anticipada tras cumplir con más del 70% de su condena y argumentar “buen comportamiento”.
La audiencia que definirá su futuro fue fijada para el 12 de noviembre, y estará a cargo de la jueza Ángela Zamorano Herrera, quien deberá resolver si procede su salida antes de abril de 2026, fecha en la que concluiría formalmente su sentencia por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Aunque el beneficio legal podría concedérsele, la Fiscalía General de la República (FGR) ha impugnado la solicitud, al considerar la magnitud del daño económico y social causado durante su administración. Sin embargo, tras ser absuelto en 2024 del delito de desaparición forzada, Duarte ya no enfrenta procesos adicionales.
El símbolo de corrupción
Nacido en 1973, Javier Duarte pasó de ser un político con un currículum brillante a uno de los rostros más reconocibles de la impunidad mexicana. Gobernó Veracruz entre 2010 y 2016, bajo el amparo del PRI y de su mentor Fidel Herrera, prometiendo modernidad y desarrollo. Pero en realidad construyó una de las redes de saqueo público más grandes en la historia reciente.
De acuerdo con investigaciones de la extinta PGR y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante su gobierno se desviaron más de 73 mil millones de pesos del erario estatal. El dinero circuló a través de 73 empresas fantasma creadas para simular contratos por obras y apoyos sociales inexistentes. En los domicilios fiscales se hallaron casas vacías, terrenos baldíos y pequeños locales falsos.
A esto se suman 35 mil millones de fondos federales y estatales desaparecidos, y más de 14 mil millones de daño patrimonial. Incluso la Cruz Roja fue afectada, al no recibir nueve millones de pesos recaudados mediante la tenencia vehicular.
Infancias: el precio de la corrupción
Durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, se descubrió uno de los escándalos más indignantes de corrupción en el sistema de salud mexicano: el uso de agua destilada en lugar de medicamentos para niños con cáncer atendidos en hospitales públicos.
La denuncia fue hecha por el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes, quien calificó el hecho como un “pecado brutal”. Además, exfuncionarios de salud revelaron que la administración de Duarte también habría comprado miles de pruebas falsas de VIH y medicamentos pirata o caducados, lo que evidenció una red de negligencia y desvío multimillonario de recursos públicos en perjuicio de la población más vulnerable.
Las investigaciones señalaron que el propio Duarte estaba al tanto de las irregularidades, pese a que su gobierno intentó encubrirlas. Se comprobó que, desde 2010, durante el mandato de su antecesor Fidel Herrera, ya se habían adquirido lotes falsos de medicamentos a empresas vinculadas con operadores políticos del PRI. Aún cuando la farmacéutica Roche advirtió que los productos eran falsos, el gobierno de Duarte continuó comprando y suministrando los fármacos hasta 2013.
El daño, además del financiero —más de 2,500 millones de pesos desviados de hospitales y centros médicos—, dejó una profunda huella ética y humanitaria que convirtió a Duarte en símbolo del abuso político y la descomposición institucional en México.
Huida, captura y juicio negociado
En noviembre de 2016, cuando las investigaciones lo cercaban, Duarte huyó del país. Fue detenido en abril de 2017 en Guatemala, junto a su esposa Karime Macías, recordada por su frase “Sí merezco abundancia”.
Tras su extradición, enfrentó cargos por delincuencia organizada, pero la acusación fue reclasificada a asociación delictuosa, permitiéndole un procedimiento abreviado. Fue condenado a nueve años de prisión y una multa de apenas 58 mil pesos, sin obligación de reparar el daño.
Organizaciones civiles, como TOJIL, calificaron el acuerdo como un acto de corrupción judicial, ya que el exmandatario recibió un trato preferencial pese a la magnitud del desfalco.
La sombra de la impunidad
Si la jueza concede la libertad anticipada, Duarte saldría libre sin devolver un solo peso de los miles de millones desviados y sin enfrentar nuevos cargos. La mayoría de sus excolaboradores siguen prófugos o protegidos por el fuero legislativo.
El caso Duarte no solo representa uno de los mayores escándalos financieros del “Nuevo PRI”, sino también un símbolo de cómo la impunidad sigue marcando la vida política mexicana.
La Ministra Yasmín Esquivel subraya la importancia de proteger la privacidad ciudadana al analizar la intervención de comunicaciones en la lucha contra la corrupción en Quintana Roo.
En una reciente sesión, el Tribunal Pleno abordó la constitucionalidad de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo. Este análisis se centró en las facultades de la Fiscalía para intervenir en comunicaciones privadas y rastrear localizaciones geográficas en tiempo real.
La Ministra Yasmín Esquivel Mossa, al intervenir en la discusión, resaltó un punto crucial: la Constitución garantiza la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Según ella, solo el Ministerio Público tiene la autoridad para solicitar dicha intervención a los jueces de control. Esto significa que no se puede desglosar esta facultad entre diferentes autoridades, como las fiscalías especializadas.
Esquivel Mossa hizo énfasis en que, aunque combatir la corrupción es vital, no se puede permitir la dispersión de la capacidad de intervención en la vida privada. Su preocupación radica en el uso indiscriminado que podría darse si diversas autoridades tuviesen esa capacidad sin un fundamento claro en la Constitución.
Además, respecto a la localización geográfica en tiempo real, la Ministra consideró que la normativa local está alineada con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto asegura que se sigan procedimientos adecuados y respetuosos de los derechos ciudadanos.
En sus conclusiones, la Ministra enfatizó que la lucha contra la corrupción requiere herramientas efectivas, pero siempre dentro del marco constitucional. “La protección de la privacidad es fundamental. Debemos encontrar un balance que no comprometa nuestros derechos”, afirmó Esquivel Mossa.
Este debate resalta la necesidad de salvaguardar la vida privada de la ciudadanía mientras se busca justicia en actos de corrupción. La Corte parece firme en su compromiso de proteger los derechos fundamentales en este contexto.
El administrador del movimiento Generación Z México rechaza la convocatoria a una marcha que, según él, no representa sus intereses ni su ideología.
Iván, el administrador del movimiento Generación Z México, ha hecho un llamado a la claridad. En un video publicado en redes sociales, se desvinculó de una marcha programada para el 15 de noviembre en la Ciudad de México. Esta manifestación busca protestar contra la corrupción y la impunidad en el gobierno, pero él asegura que no está relacionada con su movimiento.
El joven, que se presenta con el alias “Mero Perro”, enfatizó que la marcha no refleja lo que verdaderamente representa la Generación Z. “No hay líderes claros y no conocemos quién la organiza”, admitió. Esto ha generado confusión sobre las intenciones detrás de la convocatoria.
Iván explicó que su grupo no tiene lazos con movimientos de ultraderecha ni conservadores: “Nuestra ideología no se alinea con esas corrientes”, afirmó. Esta aclaración responde a las críticas que han surgido en redes sociales, donde algunos internautas han cuestionado la autenticidad de su posición.
Pese a su insistencia en no identificarse ni con la izquierda ni con la derecha, la falta de objetivos claros en el movimiento ha suscitado dudas. Muchos argumentan que los jóvenes suelen organizarse para defender derechos como la igualdad de género y el respeto ambiental.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum también se refirió al tema. Señaló que la convocatoria a la marcha parece ser impulsada por sectores conservadores y empresariales. Además, anunció que su administración revisará las cuentas en redes sociales involucradas en la organización de la protesta.
Al final, el movimiento Generación Z México busca diferenciarse de lo que consideran manipulaciones políticas. Iván concluyó su mensaje asegurando que trabajarán para evitar que su nombre se use con fines ajenos a sus verdaderos ideales. La comunidad joven espera definiciones claras sobre sus propósitos y acciones futuras.
La Contraloría capitalina investiga un esquema de venta ilegal de números económicos y desvío de recursos del programa de abasto social de agua, operado por funcionarios y piperos.
La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México investiga una red de corrupción en el suministro de agua en pipas durante la administración panista de Alfa González Magallanes en la alcaldía Tlalpan, donde servidores públicos y operadores privados habrían convertido un programa social en un negocio particular.
El esquema operaba en las zonas altas de Tlalpan, como Parres El Guarda, Topilejo, Ajusco y Chicalco, donde el abasto mediante red es limitado. Ahí, las pipas subsidiadas, creadas originalmente durante el gobierno de Claudia Sheinbaum con fines sociales, debían distribuir agua sin costo a familias afectadas por la escasez.
Sin embargo, de acuerdo con la investigación, durante la gestión de González se alteró el padrón oficial de pipas para incluir unidades privadas mediante la venta ilegal de números económicos, que costaban entre 50 mil y 100 mil pesos. Con ese registro, las pipas cargaban agua como si formaran parte del programa social, pero luego la revendían a particulares y empresas, lo que les permitía así obtener ganancias indebidas.
El fraude involucró a funcionarios de alto nivel, operadores de garzas y cobradores, varios ya cesados. Entre las irregularidades detectadas figura el crecimiento anómalo del padrón, que pasó de 211 a 332 pipas, un aumento del 52%. Además, en julio de 2024, mes electoral, se sumaron siete asociaciones de piperos, lo que sumó 70 camiones más al esquema sin resolver la demanda ciudadana.
Según la Contraloría, los responsables duplicaban o falsificaban folios para simular entregas y cobraban doble, tanto a la alcaldía por viajes inexistentes como a los vecinos por el servicio. También se hallaron comprobantes falsos que permitieron desviar recursos y consolidar una red clientelar con fines económicos y políticos.
El caso ha generado tensiones con los grupos de piperos, quienes recientemente bloquearon vialidades en protesta por las medidas de control implementadas por la actual administración. La Contraloría mantiene abierta la investigación y podría presentar denuncias penales contra los implicados en los próximos días.
Con información de Josefina Quintero para La Jornada
La presidenta criticó la omisión de información patrimonial por parte de los senadores panistas Marko Cortés y Ricardo Anaya, y resaltó que la ética y transparencia deben ser prioridades en la función pública.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció este miércoles sobre la investigación de Los Reporteros MX que señala a los senadores Marko Cortés y Ricardo Anaya por ocultar información relevante en sus declaraciones patrimoniales y generar ingresos a través de empresas familiares.
En el caso de Anaya, aunque no posee bienes directamente, gran parte de sus ingresos se canalizan a empresas a nombre de su esposa, algunas con posibles irregularidades vinculadas a facturación falsa o lavado de dinero. Situaciones similares se atribuyen a Cortés, ex presidente nacional del PAN.
Sheinbaum calificó estas omisiones como “un asunto de deshonestidad” y recordó que corresponde al Senado de la República, a través de su órgano de control, revisar estos casos y, si procede, enviarlos al Tribunal de Justicia Administrativa, responsable de las sanciones mayores. Las sanciones menores quedan a cargo de la Secretaría de Anticorrupción, mientras que el sistema actual deja las decisiones relevantes en manos de los tribunales.
La mandataria también criticó la hipocresía de la derecha y vinculó el relanzamiento del PAN con la ultraderecha, movimiento que, explicó, “nunca ha tenido verdadero asidero en México”. Además, recordó que Anaya salió del país seis años tras ser señalado por corrupción y solo regresó al obtener fuero político, lo que, a su juicio, evidencia un modus operandi para proteger recursos y propiedades vinculados a la función pública.
Sheinbaum concluyó que, más allá de las sanciones legales, la sociedad tiene derecho a conocer la ética y el comportamiento real de quienes ejercen cargos públicos, subrayando la necesidad de transparencia y responsabilidad política.
La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que su gobierno no permitirá intermediarios en la entrega de apoyos al campo, en referencia a organizaciones como Antorcha Campesina, que históricamente han buscado controlar recursos públicos y movilizaciones.
Durante La Mañanera del Pueblo, y a pregunta expresa del director general de Los Reporteros MX, Manuel Pedrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue contundente al señalar que su administración no permitirá que grupos ni líderes intenten apropiarse de los apoyos destinados a productores agrícolas, como ocurría en gobiernos anteriores.
“El dinero del pueblo es para el pueblo y se entregará de manera directa”, afirmó Sheinbaum, subrayando que las viejas prácticas de corrupción quedaron atrás.
La mandataria explicó que existen organizaciones, sindicatos y asociaciones civiles que aún buscan regresar al control de los recursos públicos, aprovechando demandas legítimas de campesinos y productores de maíz para encabezar movilizaciones con intereses políticos.
Sin mencionar nombres específicos, la Presidenta dejó entrever que agrupaciones como Antorcha Campesina pretenden recuperar la intermediación de apoyos, una práctica que durante décadas fue utilizada para manipular a comunidades rurales.
Fundada en 1974 en Tecomatlán, Puebla, Antorcha Campesina ha sido consideradao el grupo de choque por excelencia del PRI, con una estructura de poder que combina movilización social, influencia económica y presión política. Bajo el liderazgo de Aquiles Córdova Morán, ha acumulado denuncias por extorsión, invasiones de predios, manejo irregular de recursos, comercio informal y transporte pirata.
Además, investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han identificado una red de lavado de dinero y financiamiento ilícito, con al menos 40 gasolineras presuntamente ligadas al movimiento. Entre 2010 y 2020, el exdiputado federal Juan Celis Aguirre —integrante del grupo— habría recibido más de 780 millones de pesos en efectivo y transferencias, de acuerdo a reportes oficiales.
Sheinbaum detalló que en la reciente negociación con el sector agrícola el diálogo fue directo con liderazgos locales, no con las cúpulas tradicionales que antes monopolizaban los beneficios. “La negociación fue con muchos liderazgos locales que representan a grupos de agricultores, no con las organizaciones de antes”, puntualizó.
Finalmente, mandó un mensaje firme para quienes insistan en ser intermediarios: “Se acabó la corrupción. El apoyo del gobierno va directo al pueblo, sin intermediarios.”
Ernesto Zedillo, ex presidente de México, critica a Morena por copiar lo peor del PRI. Sin embargo, su propio partido tiene un pasado lleno de sombras y corrupción.
Ernesto Zedillo ha lanzado duras críticas a Morena, afirmando que el partido oficialista ha adoptado lo peor del PRI. En una reciente entrevista, el exmandatario sostiene que la corrupción y el dispendio económico son características que definen a Morena. Sin embargo, Zedillo parece olvidar que el PRI, su partido de origen, gobernó México durante 70 años con prácticas muy cuestionables.
El PRI, bajo su liderazgo, fue acusado de fraude electoral y de mantener un control autoritario sobre la política mexicana. Zedillo menciona que el PRI ha perdido el rumbo, pero su propio legado está manchado por decisiones que favorecieron a un grupo selecto en lugar de al pueblo. Su afirmación de que el PRI “afianzó la democracia” es cuestionable, dado que su gobierno también enfrentó críticas por su falta de transparencia.
Zedillo critica a Andrés Manuel López Obrador por “jugar con las reglas de la democracia”, pero su propio partido fue pionero en manipular esas reglas para mantener el poder. La falta de una oposición seria, que él menciona, es un reflejo de la debilidad que el PRI ha dejado en la política mexicana.
La realidad es que tanto el PRI como Morena han tenido sus fallas. Mientras Zedillo se distancia de su partido, la historia lo recuerda como parte de un sistema que permitió la corrupción y el abuso de poder. La crítica a Morena parece más un intento de proteger su legado que un verdadero compromiso con la democracia.
