Etiqueta: Corrupción

  • Anticorrupción sanciona a proveedores por irregularidades en licitaciones del IMSS

    Anticorrupción sanciona a proveedores por irregularidades en licitaciones del IMSS

    La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detectó documentos falsos en procesos de contratación pública y aplicó multas e inhabilitaciones para proteger el interés público.

    La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó la inhabilitación de cuatro proveedores para participar en licitaciones y contrataciones de la administración pública federal, luego de comprobar que presentaron información falsa en distintos procedimientos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las sanciones fueron aplicadas a través del Órgano Interno de Control del instituto y forman parte de la estrategia de cero tolerancia a la corrupción en compras gubernamentales.

    De acuerdo con la dependencia encabezada por Raquel Buenrostro, las resoluciones incluyen multas económicas y periodos de inhabilitación que van de un año a un año con tres meses, dependiendo de la gravedad de cada caso. Las irregularidades se detectaron en licitaciones nacionales, internacionales y adjudicaciones directas relacionadas con servicios médicos y suministros hospitalarios.

    Entre los sancionados se encuentra María Esther Barrios Cabrera, multada con 643 mil pesos e inhabilitada por un año por entregar documentación ambiental falsa en una licitación de manejo de ropa hospitalaria. Asimismo, Gvicoa S.A. de C.V. recibió una sanción superior a 745 mil pesos y un año tres meses de inhabilitación por presentar un oficio apócrifo atribuido a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

    También fueron castigadas Comercializadora Svr, S.A. de C.V., por falsear una carta de apoyo en la compra de material terapéutico, y Comercializadora Milenio, S.A. de C.V., por intentar acreditar de forma irregular prórrogas de registros sanitarios en insumos del programa IMSS-Bienestar.

    Las sanciones ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación e inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que impide a las empresas contratar con el gobierno federal. La Secretaría reiteró que defenderá estas medidas para salvaguardar la legalidad y la transparencia en el uso de recursos públicos.

  • La corrupción pierde terreno

    La corrupción pierde terreno

    Los priistas y la oposición tienen una nueva consigna: afirmar que la actual administración y la anterior han sido las que más delitos de corrupción han cometido en toda la historia del país.

    Un mantra que exhiben ante cualquier micrófono, incluso en sus asambleas partidistas y, desde luego, en los medios. Cualquier desvío, rumor o chisme es convertido en verdad absoluta, en hecho consumado.

    Un ejemplo de esto es que la oposición, con todos sus integrantes involucrados, da por asentado que todos los libros escritos contra los personajes del gobierno morenista son una verdad absoluta, cuando han demostrado ser exactamente lo contrario; desde los textos de Anabel Hernández hasta el de Julio Scherer, pasando por Elena Chávez, se convierten en el catecismo de las consignas partidistas que sustituyen a sus propuestas políticas que les exige cada día más el pueblo de México.

    Los detalles más insignificantes, como la limpieza de un zapato del presidente de la Suprema Corte, o fantasías como la culpabilidad de morenistas en el asesinato del alcalde de Uruapan o el imaginario aumento al precio de la gasolina, todo va en el mismo paquete para tratar de comprobar que hay una corrupción galopante en México. Nadie la niega, pero no en la proporción que imperó desde López Portillo.

    Todo esto sucede al interior del país, donde la derecha tiene como socios incondicionales a los medios; mientras, en el exterior, la publicación del Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, basado en la opinión de empresarios, analistas de riesgo financiero y expertos, a partir de fuentes como el Foro Económico Mundial, Standard & Poor’s Global y la revista The Economist, concluye que en los últimos años México ha mostrado avances relevantes en la percepción ciudadana sobre el combate a la corrupción.

    Como mucho de lo que sucede en la administración pública, la realidad que viven los medios y la oposición es muy diferente a la que viven el gobierno y la gran mayoría de los mexicanos.

    Desde luego, a esta información pocos medios le otorgan un espacio en algún rincón discreto de sus publicaciones. Aunque a la oposición le den espacios destacados, aunque sea con especulaciones como la que otorga Milenio a la afirmación de Rubén Moreira sobre la mala estrategia contra el sarampión del gobierno.

    La percepción de que la corrupción es frecuente o muy frecuente alcanzó su punto máximo en 2017 (91.1 %) y ha disminuido de forma sostenida hasta 83.1 % en 2023.

    La tasa de prevalencia bajó de 15.7 mil personas por cada 100 mil habitantes en 2019 a 14 mil en 2023.

    De acuerdo con la medición más reciente de la OCDE, 54 % de la población en México confía en su gobierno nacional, frente a un promedio de 39 % en la OCDE. Esto coloca a México entre los tres países con mayor confianza en sus gobiernos nacionales dentro del organismo, tan solo por detrás de Suiza y Luxemburgo.

    Con esto se comprueba que la oposición vuelve a mentir, que la desesperación por desgastar al gobierno es infructuosa y que los medios no dan noticias del presente, sino de la nostalgia por el pasado.

  • Alejandro Armenta reafirma cero tolerancia a la corrupción en Puebla

    Alejandro Armenta reafirma cero tolerancia a la corrupción en Puebla

    El gobernador advirtió que toda denuncia contra servidores públicos será investigada y sancionada.

    El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, afirmó que en su administración existe cero tolerancia a la corrupción y se combate de manera frontal la impunidad, por lo que las y los servidores públicos deben conducirse con ética, responsabilidad y apego a los principios de la Cuarta Transformación

    Subrayó que el gobierno estatal no permitirá actos que vulneren la confianza ciudadana, por lo que toda denuncia presentada contra funcionarios públicos es investigada y, en su caso, sancionada conforme a la ley. En ese sentido, enfatizó que el cargo público no otorga privilegios y recordó que recientemente un trabajador fue dado de baja tras ser reportado ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno por una irregularidad en el uso de una unidad oficial.

    Armenta reiteró que las y los funcionarios están sujetos al escrutinio permanente de la sociedad y deben conducirse con respeto y legalidad. Asimismo, recordó la postura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ha señalado que ningún partido político ni el movimiento de la Cuarta Transformación pueden ser utilizados como protección para delinquir o incurrir en actos de corrupción.

    Por su parte, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, hizo un llamado a las y los servidores públicos a actuar con congruencia y responsabilidad, en apego a los valores de la administración estatal. Destacó que quienes integran el gobierno representan un proyecto de transformación sustentado en el bienestar social y en los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

  • ¿No sale de prisión? FGR presentará nueva acusación por peculado contra Javier Duarte

    ¿No sale de prisión? FGR presentará nueva acusación por peculado contra Javier Duarte

    La FGR busca frenar la liberación del exgobernador de Veracruz con una nueva imputación por el presunto desvío de recursos federales destinados a personas con discapacidad.

    La Fiscalía General de la República (FGR) presentará una nueva acusación contra Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por el presunto delito de peculado, relacionado con el supuesto desvío de cinco millones de pesos en subsidios federales durante su administración.

    De avanzar esta imputación y ser vinculado a proceso, Duarte podría permanecer en prisión más allá de abril, fecha en la que concluiría la sentencia de nueve años que actualmente cumple por lavado de dinero y asociación delictuosa. El caso quedó en manos del juez Gustavo Aquiles Villaseñor, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, quien citó a audiencia inicial el próximo 12 de febrero a las 09:00 horas.

    La acusación fue presentada por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) y se refiere al presunto desvío de recursos destinados al Fondo de Apoyo a Personas con Discapacidad en Veracruz, correspondiente al año 2012.

    No obstante, la audiencia celebrada este lunes no avanzó luego de que Duarte solicitara un aplazamiento, argumentando que sus abogados se encuentran hospitalizados. Ante ello, la FGR acusó a la defensa del exmandatario de recurrir a “prácticas dilatorias”, recordando que en ocasiones anteriores el proceso ya había sido pospuesto por motivos similares.

    El juez recordó que no es la primera vez que se difiere una audiencia por inasistencias o razones de salud, por lo que determinó reprogramarla en el transcurso de esta semana.

    De acuerdo con el Código Penal Federal, el delito de peculado contempla penas de hasta 14 años de prisión y amerita prisión preventiva oficiosa, lo que podría impedir cualquier beneficio de libertad anticipada.

    Cabe recordar que Duarte también enfrenta un proceso penal por desaparición forzada, lo que previamente ya frenó su intento de obtener libertad anticipada. A ello se suma que, según una resolución judicial, no cumplió con los requisitos legales para acceder a dicho beneficio, entre ellos el plan de actividades dentro del reclusorio.

  • Fiscalía de El Salvador congela caso por lavado ligado a petróleo venezolano y a Bukele

    Fiscalía de El Salvador congela caso por lavado ligado a petróleo venezolano y a Bukele

    Documentos oficiales revelan transferencias millonarias a cuentas vinculadas al presidente salvadoreño, mientras la investigación permanece paralizada desde 2021.

    Una investigación de Bryan Avelar para El País, revela que la Fiscalía General de El Salvador, encabezada por Rodolfo Delgado, mantiene congelada una investigación por lavado de dinero relacionada con la venta de petróleo venezolano, un expediente que involucra transferencias por al menos 3.3 millones de dólares a cuentas vinculadas al presidente Nayib Bukele y a empresas de su grupo familiar, de acuerdo con documentos oficiales del Ministerio Público.

    La indagatoria, iniciada en 2019 durante la gestión del entonces fiscal Raúl Melara, apunta a operaciones financieras del consorcio Alba Petróleos de El Salvador, empresa financiada con recursos de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Sin embargo, desde la llegada de Delgado a la Fiscalía y el ascenso de Bukele al poder, el expediente no ha registrado avances, según confirmaron exfuncionarios fiscales con conocimiento directo del caso.

    Los documentos señalan que Bukele habría recibido 1.9 millones de dólares a título personal y 1.4 millones adicionales a través de empresas familiares como Starlight y Obermet, provenientes de una firma vinculada al conglomerado Alba. Tras revelaciones periodísticas, el mandatario sostuvo que los recursos correspondían a la venta parcial del canal TVX, aunque admitió que la empresa compradora tenía nexos financieros con Alba Petróleos.

    Alba Petróleos es una sociedad mixta creada en 2006, cuyo 60 por ciento pertenece a PDV Caribe, filial de PDVSA, y ha sido señalada por triangular recursos públicos venezolanos mediante empresas fachada y estructuras financieras opacas.

    La parálisis del caso coincide con la destitución de magistrados y del fiscal Melara en mayo de 2021, cuando el oficialismo tomó control total de la Asamblea Legislativa. Además, documentos judiciales confirman que Rodolfo Delgado fungió como abogado de Alba Petróleos antes de asumir la Fiscalía, e incluso intentó frenar los allanamientos realizados contra la empresa.

    Investigaciones periodísticas posteriores también revelaron que Delgado recibió pagos directos de Alba Petróleos y tuvo vínculos profesionales con personas investigadas por lavado de dinero y nexos con pandillas, profundizando las dudas sobre la independencia del sistema de justicia salvadoreño.

    Con información de Bryan Avelar para El País.

  • Detienen al presidente municipal de Tequila, Jalisco, confirma Harfuch

    Detienen al presidente municipal de Tequila, Jalisco, confirma Harfuch

    El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó la detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, y tres funcionarios más del ayuntamiento.

    Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció, a través de su cuenta de X, que como parte del seguimiento a la “Operación Enjambre”, autoridades federales detuvieron en Jalisco a Diego “N”, presidente municipal de Tequila. La acción se derivó de diversas denuncias ciudadanas y se suma las detenciones previas de tres presidentes municipales del Estado de México.

    Además del edil de Tequila, fueron arrestados tres funcionarios más del ayuntamiento: el Director de Seguridad Pública, el Director de Catastro y Predial, y el Director de Obras Públicas. Estas detenciones se dan gracias a un operativo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y el Centro Nacional de Inteligencia.

    Las detenciones forman parte de una investigación enfocada en presuntos actos de corrupción y posibles vínculos con actividades ilícitas dentro de administraciones municipales. El alcalde es acusado de manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras de su entidad, además de estar relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

    De acuerdo con el titular de la SSPC, estas acciones se enmarcan en la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum. El gobierno federal reiteró que continuará con operativos coordinados y labores de inteligencia para desarticular redes de corrupción y fortalecer el estado de derecho en los gobiernos locales.

  • Detectan desfalcos y omisiones durante gobierno panista de Diego Sinhue en Guanajuato

    Detectan desfalcos y omisiones durante gobierno panista de Diego Sinhue en Guanajuato

    Fondos, fideicomisos y programas públicos operaron sin control, con pagos sin sustento, créditos no recuperados y gasto sin comprobación durante el sexenio panista.

    Durante el sexenio del panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (2018-2024), la entonces Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato acumuló irregularidades financieras, omisiones administrativas y falta de control del gasto, de acuerdo con cinco denuncias administrativas presentadas por la Secretaría de la Honestidad.

    Las anomalías fueron detectadas en el periodo 2021-2024, cuando la dependencia estuvo bajo la responsabilidad de Mauricio Usabiaga Díaz Barriga y posteriormente de Ramón Alfaro Gómez, ambos funcionarios del gobierno estatal encabezado por el PAN. Los expedientes ya se encuentran en investigación en la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

    Dos de las denuncias señalan fallas graves en Fondos Guanajuato de Financiamiento y en el Fideicomiso Fondo Guanajuato de Inversión en Zonas Marginadas, donde no se dio seguimiento a la recuperación de créditos vencidos de programas como Crédito Mayor y Fondo de Arranque, particularmente durante 2024, sin que existan registros claros de recuperación de recursos públicos.

    Otra denuncia documenta inconsistencias en el Fideicomiso Parque Guanajuato Bicentenario, al no encontrarse evidencia del ejercicio del gasto en 2023 y 2024. Se identificaron contrataciones sin autorización, servicios pagados sin respaldo documental y pólizas de egreso sin validación, lo que impide conocer el destino real de los recursos.

    También se detectaron anomalías en el programa VID GTO, donde un servidor público resultó beneficiado, además de entregables duplicados, incompletos o inexistentes, y la omisión de solicitudes de reintegro a asociaciones beneficiadas.

    La quinta denuncia corresponde al programa SONAM Entrelazadas, por pagos sin sustento legal, subcontrataciones indebidas y posibles desvíos registrados en los ejercicios fiscales 2023 y 2024, lo que refleja un patrón de opacidad en el manejo de recursos durante la administración panista.

  • Despiden a nueve elementos de la Guardia Civil de Michoacán por extorsionar a la ciudadanía

    Despiden a nueve elementos de la Guardia Civil de Michoacán por extorsionar a la ciudadanía

    Las sanciones derivan de denuncias ciudadanas y refuerzan la estrategia estatal contra la corrupción en los cuerpos de seguridad.

    El Gobierno de Michoacán separó de sus funciones a nueve elementos de la Guardia Civil que son investigados por presuntos actos de extorsión, abuso de autoridad y cohecho contra automovilistas. La medida se tomó tras denuncias ciudadanas que evidenciaron prácticas ilegales, como la amenaza de imponer multas de tránsito a cambio de dinero.

    En un comunicado oficial, las autoridades estatales informaron que estas acciones ocurren en un contexto clave: la eliminación reciente de sanciones de tránsito en la entidad, una decisión orientada a cortar de raíz prácticas de intimidación y extorsión por parte de algunos agentes. Con ello, se busca que los cuerpos policiales se enfoquen exclusivamente en la protección ciudadana, y no en tareas recaudatorias.

    La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán detalló que los casos se registraron en dos momentos. En diciembre de 2025, cuatro elementos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado por conductas irregulares; mientras que en enero de 2026, cinco agentes más enfrentaron investigaciones por presunto abuso de autoridad.

    La SSP, encabezada por José Antonio Cruz Medina, actuó de manera inmediata y en coordinación con las autoridades ministeriales, como parte de una política de cero tolerancia a la corrupción. Cruz Medina, integrante del equipo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, hizo públicas las sanciones a través de sus canales oficiales.

    Esta estrategia de transparencia institucional, subrayó el gobierno estatal, tiene como objetivo fortalecer la confianza ciudadana y enviar un mensaje claro de que las quejas contra abusos policiales tienen consecuencias reales e inmediatas.

    Las autoridades reiteraron que continuarán atendiendo denuncias contra servidores públicos y reforzarán los mecanismos de supervisión y control interno, para garantizar un desempeño policial ético, legal y cercano a la ciudadanía en Michoacán.

  • Semar da de baja y procesa a cuatro marinos por red de huachicol fiscal

    Semar da de baja y procesa a cuatro marinos por red de huachicol fiscal

    Los elementos fueron detenidos y enfrentan un proceso judicial por presunto contrabando de combustible; la Marina aseguró que no habrá impunidad.

    La Secretaría de Marina (Semar) confirmó la baja definitiva, detención y proceso judicial de cuatro elementos navales presuntamente vinculados a una red de huachicol fiscal, relacionada con el contrabando de combustible que habría ingresado al país mediante esquemas de simulación de importaciones.

    Durante la Mañanera del Pueblo, realizada en Puebla y encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Semar, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que los cuatro marinos ya fueron separados de la institución y se encuentran bajo proceso legal. Precisó que los implicados cuentan con 15 días para interponer recursos de revisión, mientras las autoridades judiciales continúan con las investigaciones.

    Ya se dieron de baja, están detenidos y en proceso legal. Se emitieron los fallos y estamos a la espera de lo que determinen las autoridades”, señaló el mando naval, sin ofrecer mayores detalles por tratarse de un caso en curso.

    De acuerdo con información publicada este jueves, la Semar habría dado de baja definitiva —mediante procedimiento administrativo— al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna desde el 18 de diciembre, así como a su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, el 11 de septiembre. Ambos exmandos de alto rango estarían señalados de participar en una red de tráfico de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos, así como de proteger su ingreso al país.

    Aunque el almirante Morales Ángeles no confirmó los nombres de los cuatro marinos sancionados ni precisó si entre ellos se encuentran los hermanos Farías Laguna, subrayó que la institución actuó conforme a la ley y reiteró el compromiso de la Marina con el combate frontal a la corrupción y a los delitos fiscales.

    El caso del huachicol fiscal se ha convertido en una prioridad para el Gobierno federal, al tratarse de un esquema que genera pérdidas millonarias al erario y financia redes criminales, por lo que las investigaciones continuarán hasta deslindar responsabilidades.

  • Ex agente de la DEA condenado por corrupción

    Ex agente de la DEA condenado por corrupción

    Joseph Bongiovanni, exagente de la DEA, recibe cinco años de prisión por proteger a narcotraficantes en su ciudad natal, Buffalo, Nueva York.

    Nueva York. Joseph Bongiovanni, un ex agente destacado de la DEA, fue sentenciado a cinco años de prisión tras haber protegido a antiguos amigos que se convirtieron en narcotraficantes. Durante sus 20 años en la Administración de Control de Drogas, Bongiovanni enfrentó múltiples peligros, pero nunca imaginó que su carrera terminaría de esta manera.

    Este miércoles, mientras esperaba su sentencia, se mostró nervioso. “Hoy siento el mismo miedo que tenía en mis operativos”, confesó a un juez federal. A sus 61 años, insistió en su inocencia, afirmando que siempre amó su trabajo.

    El juez Lawrence J. Vilardo impuso la pena de cinco años, notablemente inferior a los 15 años solicitados por la fiscalía. A pesar de que Bongiovanni fue absuelto de algunos cargos graves, el jurado lo declaró culpable de obstrucción de la justicia y otras acusaciones.

    La defensa de Bongiovanni argumentó que su labor en la comunidad de Buffalo había sido positiva. Su abogado, Parker MacKay, lo describió como un “faro” para los residentes. MacKay destacó que la sentencia de 15 años del gobierno no se alineaba con la naturaleza de las acusaciones.

    Durante los últimos años, Bongiovanni gestó una relación oscura con el crimen organizado. Los fiscales expusieron que, en 2008, pudo haber actuado contra narcotraficantes de su infancia, pero eligió protegerlos. Acusaron al ex agente de redactar informes falsos y manipular investigaciones para desviar la atención de sus amigos delincuentes.

    “Su comportamiento sacudió los cimientos de las fuerzas del orden”, dijo el asistente del fiscal federal Joseph Tripi. La corrupción de Bongiovanni causó un daño inmenso durante más de una década.

    La caída de este ex agente sucedió en medio de un escándalo de tráfico sexual que involucró a un juez que se suicidó y a otros agentes enredados en actividades ilícitas. Además, uno de sus amigos de infancia, el propietario de un club de striptease, recibió cargos por sobornos y vínculos con la mafia.

    Este caso pone nuevamente a la DEA bajo el escrutinio público después de numerosos escándalos de corrupción. La agencia no ha hecho comentarios sobre la reciente condena de Bongiovanni, mientras la comunidad sigue conmocionada por la noticia.