Etiqueta: Corrupción

  • Semar da de baja y procesa a cuatro marinos por red de huachicol fiscal

    Semar da de baja y procesa a cuatro marinos por red de huachicol fiscal

    Los elementos fueron detenidos y enfrentan un proceso judicial por presunto contrabando de combustible; la Marina aseguró que no habrá impunidad.

    La Secretaría de Marina (Semar) confirmó la baja definitiva, detención y proceso judicial de cuatro elementos navales presuntamente vinculados a una red de huachicol fiscal, relacionada con el contrabando de combustible que habría ingresado al país mediante esquemas de simulación de importaciones.

    Durante la Mañanera del Pueblo, realizada en Puebla y encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Semar, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que los cuatro marinos ya fueron separados de la institución y se encuentran bajo proceso legal. Precisó que los implicados cuentan con 15 días para interponer recursos de revisión, mientras las autoridades judiciales continúan con las investigaciones.

    Ya se dieron de baja, están detenidos y en proceso legal. Se emitieron los fallos y estamos a la espera de lo que determinen las autoridades”, señaló el mando naval, sin ofrecer mayores detalles por tratarse de un caso en curso.

    De acuerdo con información publicada este jueves, la Semar habría dado de baja definitiva —mediante procedimiento administrativo— al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna desde el 18 de diciembre, así como a su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, el 11 de septiembre. Ambos exmandos de alto rango estarían señalados de participar en una red de tráfico de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos, así como de proteger su ingreso al país.

    Aunque el almirante Morales Ángeles no confirmó los nombres de los cuatro marinos sancionados ni precisó si entre ellos se encuentran los hermanos Farías Laguna, subrayó que la institución actuó conforme a la ley y reiteró el compromiso de la Marina con el combate frontal a la corrupción y a los delitos fiscales.

    El caso del huachicol fiscal se ha convertido en una prioridad para el Gobierno federal, al tratarse de un esquema que genera pérdidas millonarias al erario y financia redes criminales, por lo que las investigaciones continuarán hasta deslindar responsabilidades.

  • Ex agente de la DEA condenado por corrupción

    Ex agente de la DEA condenado por corrupción

    Joseph Bongiovanni, exagente de la DEA, recibe cinco años de prisión por proteger a narcotraficantes en su ciudad natal, Buffalo, Nueva York.

    Nueva York. Joseph Bongiovanni, un ex agente destacado de la DEA, fue sentenciado a cinco años de prisión tras haber protegido a antiguos amigos que se convirtieron en narcotraficantes. Durante sus 20 años en la Administración de Control de Drogas, Bongiovanni enfrentó múltiples peligros, pero nunca imaginó que su carrera terminaría de esta manera.

    Este miércoles, mientras esperaba su sentencia, se mostró nervioso. “Hoy siento el mismo miedo que tenía en mis operativos”, confesó a un juez federal. A sus 61 años, insistió en su inocencia, afirmando que siempre amó su trabajo.

    El juez Lawrence J. Vilardo impuso la pena de cinco años, notablemente inferior a los 15 años solicitados por la fiscalía. A pesar de que Bongiovanni fue absuelto de algunos cargos graves, el jurado lo declaró culpable de obstrucción de la justicia y otras acusaciones.

    La defensa de Bongiovanni argumentó que su labor en la comunidad de Buffalo había sido positiva. Su abogado, Parker MacKay, lo describió como un “faro” para los residentes. MacKay destacó que la sentencia de 15 años del gobierno no se alineaba con la naturaleza de las acusaciones.

    Durante los últimos años, Bongiovanni gestó una relación oscura con el crimen organizado. Los fiscales expusieron que, en 2008, pudo haber actuado contra narcotraficantes de su infancia, pero eligió protegerlos. Acusaron al ex agente de redactar informes falsos y manipular investigaciones para desviar la atención de sus amigos delincuentes.

    “Su comportamiento sacudió los cimientos de las fuerzas del orden”, dijo el asistente del fiscal federal Joseph Tripi. La corrupción de Bongiovanni causó un daño inmenso durante más de una década.

    La caída de este ex agente sucedió en medio de un escándalo de tráfico sexual que involucró a un juez que se suicidó y a otros agentes enredados en actividades ilícitas. Además, uno de sus amigos de infancia, el propietario de un club de striptease, recibió cargos por sobornos y vínculos con la mafia.

    Este caso pone nuevamente a la DEA bajo el escrutinio público después de numerosos escándalos de corrupción. La agencia no ha hecho comentarios sobre la reciente condena de Bongiovanni, mientras la comunidad sigue conmocionada por la noticia.

  • PAN y los escándalos de desvío de recursos en el siglo XXI

    PAN y los escándalos de desvío de recursos en el siglo XXI

    No solo malgastaron 19 MDP del erario en su asamblea de “Relanzamiento”, pues desde su llegada a la Presidencia en el año 2000, distintos gobiernos, funcionarios y estructuras vinculadas al Partido Acción Nacional han sido señalados por desvío de recursos públicos, malversación y uso irregular de fondos, tanto a nivel federal como estatal y partidista.

    2000–2006 | El arranque del PAN en el poder y las primeras irregularidades

    La llegada de Vicente Fox a la Presidencia marcó el primer gobierno federal panista. Durante ese sexenio se documentaron observaciones reiteradas de la Auditoría Superior de la Federación por contratos irregulares, subejercicios y manejo opaco de recursos, particularmente en áreas de infraestructura y comunicación social. Aunque muchas de estas observaciones no terminaron en sanciones penales, sí dejaron constancia de fallas sistemáticas en el control del gasto.

    Uno de los casos más recordados fue el del “toallagate”, que exhibió el uso excesivo de recursos públicos en la residencia oficial de Los Pinos. Si bien no derivó en procesos judiciales, sentó un precedente de uso discrecional del erario en una administración que había prometido austeridad y transparencia.

    2006–2012 | Calderón, seguridad y el caso García Luna

    Durante el sexenio de Felipe Calderón, el mayor escándalo vinculado al PAN emergió desde la Secretaría de Seguridad Pública. Genaro García Luna, titular de esa dependencia, fue señalado por desviar recursos públicos mediante contratos inflados, empresas fachada y triangulación de fondos, además de sus vínculos con el crimen organizado.

    Años después, tribunales en EUA lo condenaron por delitos relacionados con narcotráfico, y en procesos civiles se estableció que una red empresarial ligada a García Luna obtuvo contratos millonarios con recursos públicos mexicanos, causando un daño patrimonial de gran escala al Estado. El gobierno mexicano inició acciones legales para recuperar esos recursos.

    Este caso se convirtió en el golpe más severo a la falsa narrativa anticorrupción del PAN, al tratarse de un funcionario central del gabinete calderonista y de una estructura que operó durante varios años con presupuesto federal.

    2009–2015 | Guillermo Padrés y el desvío a nivel estatal

    En Sonora, el entonces gobernador Guillermo Padrés Elías fue acusado de peculado, lavado de dinero y defraudación fiscal, tras detectarse cuentas en el extranjero y operaciones financieras incompatibles con sus ingresos. Las investigaciones apuntaron al uso indebido de recursos públicos y beneficios personales durante su mandato.

    Padrés fue detenido y enfrentó procesos judiciales, aunque varios cargos no llegaron a sentencia definitiva. Aun así, el caso quedó registrado como uno de los ejemplos más claros de presunta malversación en un gobierno estatal panista.

    2015–2018 | Recursos del partido y escándalos internos

    No solo los gobiernos fueron señalados, ya que en 2018, Janette Ovando Reazola, dirigente del PAN en Chiapas, fue removida tras detectarse uso irregular de recursos del partido, incluyendo transferencias millonarias a asociaciones religiosas en el extranjero y gastos sin justificación operativa.

    El caso provocó sanciones internas y la intervención de la dirigencia nacional, dejando constancia de que el manejo del financiamiento público a partidos también fue vulnerado.

    Aunque no hubo condenas penales, el episodio mostró falta de controles internos en el uso del dinero público asignado al PAN.

    2018–2024 | Ricardo Anaya y los señalamientos por financiamiento ilícito

    El excandidato presidencial Ricardo Anaya enfrentó señalamientos por presunto lavado de dinero y uso de recursos ilícitos, relacionados con operaciones inmobiliarias y con el financiamiento de actividades políticas. Las investigaciones se conectaron con declaraciones de exfuncionarios y con expedientes abiertos por la Fiscalía General de la República.

    Anaya negó las acusaciones y hasta ahora no existe una sentencia firme por desvío de recursos, pero el caso se mantiene como uno de los episodios más polémicos del PAN en los años recientes, con impacto político y mediático.

    A lo largo de este siglo, el PAN ha estado vinculado a casos documentados de desvío de recursos y malversación, algunos con consecuencias judiciales y otros que permanecen como antecedentes acreditados por auditorías, investigaciones y procesos inconclusos. Lejos de ser episodios aislados, los señalamientos se repiten en distintos niveles de gobierno y estructuras partidistas, dejando una huella permanente en el historial del partido.

  • Sheinbaum endurece combate a factureras y aduanas para elevar recaudación en 2026

    Sheinbaum endurece combate a factureras y aduanas para elevar recaudación en 2026

    El gobierno federal descarta nuevos impuestos y apuesta a cerrar la evasión y la corrupción para fortalecer la recaudación y financiar programas sociales, salud, educación y obra pública.

    El Gobierno de México proyecta recaudar cerca de 500 mil millones de pesos adicionales en 2026 mediante un combate frontal a la corrupción, particularmente en factureras y aduanas, sin incrementar impuestos. Así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la Mañanera del Pueblo.

    La mandataria detalló que en 2025 la recaudación superó en 487 mil 464 millones de pesos a la de 2024, lo que representó un crecimiento real de 4.8 por ciento, resultado de una estrategia enfocada en reducir la evasión fiscal y fortalecer los mecanismos de fiscalización. Para 2026, explicó, el objetivo es sumar otros 498 mil millones de pesos al erario.

    Sheinbaum subrayó que este incremento no implica la creación de nuevos impuestos, sino una mayor eficiencia recaudatoria. “Hay áreas donde aún existe una fuga importante de recursos que no llegan al erario: las factureras y las aduanas”, puntualizó, al señalar que no pagar impuestos es también un acto de corrupción.

    Indicó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) concentrará sus esfuerzos en combatir a empresas fantasma que simulan operaciones para evadir impuestos, así como en irregularidades en procesos aduanales, dos sectores donde persisten prácticas ilícitas que afectan las finanzas públicas.

    La Presidenta recordó que los ingresos fiscales obtenidos en 2025 se destinaron principalmente a programas de Bienestar, así como a salud, educación y obra pública, y reiteró que no habrá aumentos tributarios, salvo actualizaciones inflacionarias ya previstas, como el ajuste al IEPS en bebidas azucaradas, vinculado a políticas de salud.

    Por su parte, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, informó que en 2026 se reforzarán los procesos de auditoría y transparencia, enfocados en contribuyentes que simulen pérdidas fiscales, abusen de estímulos, operen con factureras, evadan retenciones laborales o utilicen paraísos fiscales, entre otras conductas irregulares.

    En tanto, el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, precisó que en 2025 se recaudaron más de 6 billones de pesos, lo que confirmó un incremento real de 4.8 por ciento respecto a 2024, consolidando la ruta del gobierno federal hacia una recaudación sin privilegios ni corrupción.

  • Gobierno de Alejandro Armenta va contra la corrupción y prioriza a ciudadanía

    Gobierno de Alejandro Armenta va contra la corrupción y prioriza a ciudadanía

    El gobierno de Alejandro Armenta se compromete a combatir la corrupción y otorgar resultados a los ciudadanos de Puebla.

    El gobierno de Puebla, al mando de Alejandro Armenta, a través de un comunicado se ha comprometido a combatir la corrupción y otorgar resultados a los ciudadanos ante los problemas que han persistido durante décadas bajo los gobiernos neoliberales.

    Estamos enfocados en generar bienestar a la población, no estamos confrontados con nadie, aseguró el gobernador, ya que ahora tiene como prioridad a las 400 mil familias que viven en pobreza alimentaria, además de arreglar las calles abandonadas y fortalecer el Programa de Obra Comunitaria.

    Después de que Puebla estuviera bajo gobiernos neoliberales y se realizará “un saqueo institucionalizado”, el objetivo primario es resolver los problemas que eran denunciados desde que era diputado, por lo que trabaja para garantizar salud, tecnología, educación, desarrollo industrial y seguridad.

    Enfatizó también que su gobierno no confronta ni persigue a nadie, respetando el derecho a la libertad de expresión y prensa, pero aclaró que la información no verdadera tendrá una respuesta puntual: “Como gobierno nuestra obligación es precisar la información y que las audiencias accedan a los datos reales”, afirmó.

  • Anticorrupción indaga omisiones oficiales tras tragedia del Tren Interoceánico

    Anticorrupción indaga omisiones oficiales tras tragedia del Tren Interoceánico

    La Secretaría de Anticorrupción abrirá investigaciones específicas para determinar responsabilidades de funcionarios, empresas o proveedores por el descarrilamiento que dejó 14 muertos en Oaxaca.

    La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, confirmó que existen múltiples investigaciones abiertas para esclarecer posibles omisiones de servidores públicos, empresas o proveedores relacionadas con el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, tragedia que dejó 14 personas muertas y más de 100 heridas.

    Tras encabezar el lanzamiento del Programa Semilleros de la Honestidad, Buenrostro explicó que, aunque por ley su dependencia audita de manera regular a todas las instituciones, este caso amerita una revisión más profunda y focalizada, debido a la gravedad del accidente. “Es un hecho muy desafortunado y doloroso, por lo que vamos a actuar con mayor detalle para que se haga justicia”, afirmó.

    La funcionaria aclaró que la investigación no busca determinar las causas técnicas del descarrilamiento, sino identificar si existió alguna falla administrativa, negligencia u omisión en los procesos que debieron garantizar la seguridad del proyecto ferroviario. Recordó que la institución ya fue auditada en 2025, pero ahora se incrementará el énfasis y el rigor de las revisiones.

    Buenrostro señaló que, aunque la Secretaría no realiza auditorías forenses, sí tiene la facultad de presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se practiquen este tipo de investigaciones especializadas, en caso de detectar irregularidades graves.

    En otro tema, la titular de Anticorrupción subrayó que su dependencia abre investigaciones de oficio ante cualquier vulneración de datos personales, como ocurrió con Telcel, y criticó que en el pasado, bajo el extinto INAI, muchos expedientes fueron archivados hasta prescribir sin seguimiento alguno.

    Finalmente, advirtió que se fincarán responsabilidades no solo contra quienes resulten directamente responsables, sino también contra funcionarios que hayan ocultado o dejado prescribir expedientes, al considerarlos corresponsables de la impunidad.

  • Tarifazo al transporte en Jalisco enciende protestas; Lemus impulsa tarjeta ligada a empresa investigada

    Tarifazo al transporte en Jalisco enciende protestas; Lemus impulsa tarjeta ligada a empresa investigada

    Mientras crecen las marchas contra el alza del pasaje, el gobierno estatal ofrece un “descuento” condicionado a una tarjeta emitida por una financiera señalada por presunta corrupción y fallas en controles antilavado.

    El malestar social en Jalisco por el aumento a la tarifa del transporte público, que pasó de 9.50 a 14 pesos, continúa en ascenso. Pese a dos protestas recientes y una movilización masiva anunciada en Guadalajara, el gobierno encabezado por Pablo Lemus ha optado por mantener el tarifazo y promover la Tarjeta Única al Estilo Jalisco, con la que el cobro sería de 11 pesos, no de 14.

    La polémica se agudizó luego de confirmarse que los plásticos serán emitidos por Servicios Broxel, empresa bajo investigación federal por la Secretaría Anticorrupción por presuntas irregularidades en licitaciones y con sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por incumplimientos en prevención de lavado de dinero y entrega de información falsa.

    Broxel obtuvo un contrato directo para distribuir cinco millones de tarjetas de débito vinculadas a Visa, con el argumento de fomentar la “inclusión financiera”. Además de pagar el transporte, las tarjetas permitirán recibir apoyos gubernamentales y manejar recursos personales, según el Ejecutivo estatal.

    El incremento de más de 47% ha sido rechazado por partidos de oposición, la Universidad de Guadalajara y colectivos ciudadanos, que acusan al gobernador de favorecer a concesionarios y aplicar un aumento que consideran ilegal y desproporcionado, especialmente frente a una inflación de 3.69% en 2025, de acuerdo con Banxico.

    Lemus aseguró que el estado subvencionará la diferencia entre los 11 y 14 pesos, con una bolsa inicial de mil 200 millones de pesos. Para acceder al descuento, los usuarios deberán registrarse con datos personales, presentar INE o CURP, comprobar domicilio en Jalisco, además de proporcionar correo electrónico y teléfono.

    Aunque el aumento entrará en vigor el 1 de abril, el gobierno deberá emitir y entregar cinco millones de tarjetas en poco más de dos meses, lo que implicaría distribuir al menos 66 mil diarias, incluidos fines de semana. Pese a las dudas, el Ejecutivo estatal desestimó las protestas, mientras los usuarios advierten que las movilizaciones continuarán hasta revertir el tarifazo.

    Con información de Juan Carlos G. para La Jornada.

  • Asesinan en Tarija a Mauricio Aramayo, aliado político del presidente Rodrigo Paz

    Asesinan en Tarija a Mauricio Aramayo, aliado político del presidente Rodrigo Paz

    El Gobierno de Bolivia vincula el crimen con amenazas previas por negarse a participar en actos de corrupción dentro del Senasag.

    La violencia política volvió a sacudir a Bolivia tras el asesinato de Mauricio Aramayo, colaborador cercano del presidente Rodrigo Paz Pereira y exdirector departamental del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag). El crimen ocurrió la noche del jueves en el centro de la ciudad de Tarija, donde la víctima fue atacada a tiros por hombres armados.

    De acuerdo con el reporte policial, Aramayo circulaba en su vehículo cuando una motocicleta se le emparejó y sus ocupantes abrieron fuego directamente contra el automóvil. Tras el ataque, el coche quedó detenido sobre el camellón, mientras los agresores, encapuchados, huyeron del lugar.

    Aunque el exfuncionario aún presentaba signos vitales, fue trasladado de emergencia en ambulancia, pero murió minutos después debido a la gravedad de las heridas, confirmaron las autoridades. La Policía Boliviana activó el Plan Z, un operativo especial de búsqueda para localizar a los responsables del homicidio.

    La vocera presidencial, Carla Faval, señaló que el asesinato estaría relacionado con amenazas previas que Aramayo recibió durante su gestión en el Senasag, luego de negarse a aceptar sobornos. En un mensaje difundido en redes sociales, la portavoz aseguró que el exfuncionario enfrentó a redes de corrupción y pagó con su vida esa decisión.

    Hizo lo correcto, defendió la legalidad y enfrentó a las mafias. Hoy esa valentía nos duele profundamente”, expresó Faval, quien también garantizó que el Gobierno acompañará a la familia y no permitirá que el crimen quede impune.

    Aramayo fue una figura clave durante las elecciones generales de 2025, donde se desempeñó como coordinador departamental del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en ambas vueltas electorales. Tras su paso por el Senasag, renunció al cargo para postularse a las elecciones regionales previstas para marzo.

    El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, confirmó la apertura de una investigación de oficio para esclarecer el móvil del crimen y dar con los autores materiales e intelectuales del asesinato.

  • Fiscalía de Chiapas detiene a alcalde de Cintalapa por abuso de poder y nexos criminales

    Fiscalía de Chiapas detiene a alcalde de Cintalapa por abuso de poder y nexos criminales

    La Fiscalía de Chiapas ejecutó la orden de aprehensión contra Ernesto Cruz Díaz en medio de la violencia del CJNG en la región; autoridades aseguran que no habrá impunidad, sin importar el cargo o el partido.

    La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas confirmó la detención del alcalde de Cintalapa, Ernesto Cruz Díaz, por su presunta relación con la delincuencia organizada, así como por delitos de corrupción, abuso de autoridad y malversación de recursos públicos. El edil fue arrestado mediante un operativo conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública Federal y corporaciones estatales.

    De acuerdo con la FGE, la orden de aprehensión se ejecutó tras una investigación que vincula al presidente municipal con ejercicio abusivo de funciones, corrupción sistemática y posibles nexos con grupos criminales que operan en la región. La Fiscalía subrayó que el caso forma parte de la política de Cero Corrupción y Cero Impunidad, reiterando que ningún cargo público estará por encima de la ley.

    Cintalapa, municipio ubicado en los límites con Oaxaca, se ha convertido en un foco rojo de violencia por la disputa territorial entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que mantiene presencia dominante en la zona. En este contexto, las autoridades no descartan que la estructura municipal haya sido infiltrada por el crimen organizado.

    A finales de diciembre, la violencia escaló tras el hallazgo de seis cuerpos de hombres secuestrados días antes en Villaflores, luego del ataque e incendio de dos bares atribuidos al CJNG. Estos hechos derivaron en un despliegue de más de 500 elementos de fuerzas federales, estatales y municipales, que permitió la detención de al menos 11 presuntos criminales, el aseguramiento de armas, vehículos y patrullas clonadas del Ejército Mexicano.

    Fuentes de seguridad señalan que en esta región se oculta Juan Manuel Valdovinos Mendoza, alias “El Señor de los Caballos”, presunto jefe de plaza del CJNG, quien logró escapar en octubre pasado tras un operativo fallido que provocó narcobloqueos y quema de vehículos.

    La detención del alcalde de Cintalapa evidencia la profunda penetración del crimen organizado en gobiernos locales y reabre el debate sobre la responsabilidad política y la urgencia de depurar las estructuras municipales en zonas controladas por el narco.

  • ¡Burlona! Alessandra Rojo de la Vega se mofa de las víctimas de la explosión de Iztapalapa

    ¡Burlona! Alessandra Rojo de la Vega se mofa de las víctimas de la explosión de Iztapalapa

    Por Ricardo Sevilla

    En Los Reporteros Mx revelamos que Alessandra Rojo de la Vega recauda más de 4 mdp por cobro de plaza en Tepito, pero se niega a transparentar el gasto.

    No obstante, la alcaldesa de Cuauhtémoc, lejos de debatir con argumentos el reportaje que presentamos, decidió responder con el sarcasmo que la caracteriza.

    Sin embargo, Rojo de la Vega dejó a un lado el decoro y salió a burlarse de las víctimas de la explosión de Iztapalapa.

    El sarcasmo ante víctimas de una explosión, infelizmente, no es solo un error de comunicación; es una ruptura de la ética de servicio público definida en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

    En lugar de presentar estados financieros o auditorías que desmientan el desvío de los 4 mdp que nuestra investigación revela, la alcaldesa ha recurrido al sarcasmo digital. Esta burda táctica busca deslegitimarnos como interlocutores para evitar responder seriamente sobre el destino del dinero.

    El hecho de que una autoridad de una alcaldía tan importante como Cuauhtémoc se burle de las víctimas de una zona como Iztapalapa evidencia una jerarquización del dolor, donde la deshumanizada Rojo de la Vega no tiene empacho en mofarse.

    Desgraciadamente, Rojo de la Vega, que es una suerte de política-influencer, se olvida de los resultados administrativos y utiliza el sarcasmo como su arma principal, evitando el debate técnico y racional sobre la transparencia.

    Con esto queda demostrado que la titular de la Cuauhtémoc no tiene límites.