La nueva estrategia obliga a estados y fiscalías a armonizar leyes, protocolos y registros para enfrentar uno de los delitos de mayor impacto en el país.
El gobierno federal publicó de manera oficial la estrategia nacional para combatir la extorsión y el cobro de piso, un delito de alto impacto que ha mostrado un crecimiento sostenido desde 2019. El plan entrará en vigor en 2026 y busca homologar criterios legales, operativos y estadísticos en todo el país para fortalecer su persecución.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), difundió el acuerdo 01/LII/2025, aprobado durante la 52ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada el 11 de diciembre pasado.
Entre las medidas centrales, el Consejo emplazó a los gobernadores a presentar iniciativas de reforma ante los congresos locales para armonizar sus marcos jurídicos con la nueva estrategia federal. Las entidades deberán informar al SESNSP, a más tardar el último día hábil de enero de 2026, sobre la presentación de dichas propuestas legislativas.
Además, el acuerdo ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) elaborar y emitir un manual de operación que regule de forma unificada la recepción de denuncias, investigación y persecución del delito de extorsión, tanto para fiscalías como para unidades especializadas. Las autoridades estatales tendrán hasta el último día hábil de febrero de 2026 para comenzar a aplicar este protocolo.
Con estas acciones, el gobierno federal pretende homologar los procesos jurídicos y operativos, mejorar la medición de la incidencia delictiva, y orientar recursos presupuestales específicos para combatir la extorsión en todo el territorio nacional.
Asimismo, a partir de enero de 2026, las fiscalías estatales deberán registrar este delito conforme a los nuevos lineamientos del Registro Nacional de Incidencia Delictiva, lo que permitirá un seguimiento más preciso y transparente del fenómeno.
