La senadora electa, Ernestina Godoy Ramos, defendió la reforma al Poder Judicial, ante la protestas que se registraron en las instalaciones de algunos trabajadores y trabajadoras poblanos en contra de la iniciativa de la Cuarta Transformación.
En unas breves declaraciones para una reportera de La Jornada de Oriente, la futura titular de la Consejería Jurídica en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, sostuvo que las modificaciones a la Constitución mexicana no afectan a los servidores públicos del Poder Judicial.
Comparto con ustedes mi participación en el Foro 6, de los Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial. Tribunales de Justicia Local, realizados en el estado de Puebla. Este es el link a mi canal de YouTube: https://t.co/LPLvwbMhArpic.twitter.com/AmZqUOyd6T
— Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) July 23, 2024
Al respecto, acotó que la reforma que impulsa la Cuarta Transformación pretende democratizar todos los espacios del Poder Judicial y que el objetivo final es dar más poder al pueblo, con la elección popular de los jueces, magistrados y ministros.
Asimismo, aseguró que los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras se respetaran y están garantizados, en la nueva etapa de las instituciones de impartición de justicia en México.
La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República calificó como “irresponsable” el actuar de los magistrados y magistradas de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que con carencia argumentativa y sin pruebas afirmó que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, utilizó “uso indebido de programas sociales y coacción al voto”.
A través de un comunicado la Consejería Jurídica criticó fuertemente a los magistrados electorales ya que “omiten sustentar, con elementos objetivos, cómo es que una simple expresión se traduce en la coacción a más de 35 millones de personas que votaron a favor de continuar la transformación de nuestro país”.
En ese sentido, el área que encabeza María Estela Ríos González señaló directamente a los magistrados Luis Espíndola Morales, Rubén Lara Patrón y Mónica Lozano Ayala y los calificó como “pitonisos”.
Pues, la Consejería señaló que, los magistrados consideraron que las manifestaciones vertidas por López Obrador, durante las conferencias de prensa del 9 y 11 de mayo, “tenían como intención establecer un mecanismo de presión para dirigir el sentido del voto de la ciudadanía” y desmintió que en dichas expresiones el mandatario mexicano haya condicionado la vigencia de los programas sociales.
Las afirmaciones vertidas en la sentencia son tan generales y banales, que el propio magistrado Lara Patrón se apartó de los motivos expuestos al considerar que no se había realizado un estudio exhaustivo, ya que en la resolución sólo se señala “de manera dogmática la actualización de las infracciones, sin precisar mayores argumentos y realizar un estudio pormenorizado de cada una de ellas”; no obstante, votó a favor del proyecto.
Sostiene la Consejería Jurídica.
Además, se destacó que en la sentencia del 11 de julio del año en curso, los magistrados de la Sala Especializada del TEPJFno explican qué programa social fue utilizado de forma indebida y mucho menos la forma en que se materializó el condicionamiento a los beneficiarios y cómo esa circunstancia se tradujo en la coacción a la ciudadanía para votar en determinado sentido.
Por lo que la Consejería calificó como “irresponsable” que un órgano jurisdiccional, supuestamente imparcial e independiente, realice “afirmaciones que no están sustentadas en pruebas y sólo se hagan acusaciones basadas en la imaginación de los juzgadores que pretende ver más allá de lo evidente”.
La propia Sala Superior del TEPJF (expediente SUP-REP-301-2024), determinó que la emisión de expresiones que reflejen una postura política y crítica por parte del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, como parte del debate público, no constituyen un llamamiento al voto por algún partido político o candidatura y, por tanto, no se ponen en riesgo los principios de imparcialidad y equidad en la contienda.
Asimismo, la Consejería Jurídica presentó un recurso de revisión para que la Sala Superior del TEPJF analice nuevamente los hechos y revoque la sentencia por carecer de los elementos mínimos de fundamentación y motivación, por lo que se hace un nuevo llamado a los magistrados electorales a efecto de que sus resoluciones se sustenten en pruebas, y no en suposiciones personales.
La Consejería Jurídica de la Presidencia de México presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de reclamación en contra de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el ministro de la Corte, Javier Laynez Potisek, las cuales cancelan el decreto legislativo que instruye la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial.
A través de un comunicado, el Gobierno de México señaló que era lamentable la decisión del ministro Javier Laynez, de a pesar de haberse pronunciado, anticipada y públicamente, en contra de la reforma al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no se haya excusado de conocer de las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra del decreto legislativo que instruye la desaparición de los fideicomisos del PJF.
Por ello, se señala en el documento que no resulta extraño que Laynez haya suspendido todos los efectos del decreto impugnado, “sin importar que el artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución disponga expresamente que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no puede dar lugar a la suspensión de la norma cuestionada, incluidos las dispersiones transitorias”.
Asimismo, se expresó que es falso que la extinción de los fideicomisos cause un daño irreparable al derecho al acceso de la justicia ciudadanía ya que la función jurisdiccional del poder está garantizada con los recursos del Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados.
Por otra parte, el Gobierno dijo que el no querer destinar dichos recursos a la ejecución de programas que permitan con el Plan de Desarrollo del país son un “acto de soberbia y falta de solidaridad institucional”, ya que fue la misma presidenta de la Corte quien solicitó la posibilidad de destinar dichos recursos a la población damnificada en Acapulco, Guerrero.
Se añadió que, desde 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “sostuvo que los fideicomisos del PJF no se apegan a los principios de austeridad y racionalidad, dada la nula utilización de sus fondos, por lo que detectó una acumulación injustificada de recursos públicos”.
Debido a todo lo anterior, finalmente se informó que la Consejería presentó ante la SCJN un recurso de reclamación en contra de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el ministro de la Corte, Javier Laynez Potisek.
