Shirley Vianney Rangel López, diputada suplente del PAN en la Ciudad de México por la figura migrante, no cumplía con los requisitos para ostentar la representación migrante.
Según el Formulario de Aplicación de Registro del Instituto Nacional Electoral, del cual LosReporterosMx tiene copia, la esposa del titular de la fórmula migrante, Raúl Torres, declaró tener tres años de residencia en su domicilio en México, lo que desmiente su aseveración de vivir en Estados Unidos.
A través de un video publicado en redes sociales durante el periodo de campañas, Shirley aseguró vivir en Nueva York; sin embargo, el documento del INE contradijo esa afirmación. No solo eso: también declaró ser empleada, lo que confirma lo que en semanas anteriores habíamos revelado.
En la publicación que realizamos el pasado 12 de febrero, se documento cómo Shirley es esposa del diputado titular de la figura migrante, Raúl Torres, además de haber trabajado en el INAI y percibir un sueldo bruto superior a los 73 mil pesos mensuales en 2024, mismo año en el que fue elegida como legisladora.
Con este documento queda en evidencia cómo el PAN en la CDMX ha tenido que mentir para convertir el Congreso de la capital en una empresa familiar para los blanquiazules.
Legisladores de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México presentaron dos iniciativas para regular el uso de teléfonos móviles entre niñas, niños y adolescentes con el objetivo de proteger su salud, seguridad y desarrollo, en respuesta a preocupaciones por adicción, distracción y riesgos asociados al uso excesivo de dispositivos.
La primera propuesta, plantea establecer criterios mínimos de uso en escuelas públicas y privadas, así como campañas de información para madres, padres y docentes sobre los efectos negativos de la exposición prolongada a pantallas y redes sociales.
Los promotores argumentan que, siendo la Ciudad de México una de las urbes con mayor penetración de dispositivos digitales, es urgente que exista un marco normativo que regule cómo y cuándo pueden utilizarse los celulares por parte de menores dentro de espacios educativos.
La segunda iniciativa propone incorporar el tema con la prevención de riesgos digitales como el ciberacoso, la exposición a contenidos violentos o sexualizados y la recopilación de datos personales sin consentimiento. Se busca que las instituciones educativas, en coordinación con la autoridad educativa local, ofrezcan protocolos de uso seguro y sanciones administrativas en caso de incumplimiento por parte de las escuelas.
Los legisladores señalan que, aunque la legislación no debe prohibir el uso de tecnologías, sí debe garantizar un equilibrio entre los beneficios educativos y los riesgos psicosociales, como la adicción, la ansiedad, los problemas de atención y el aislamiento social derivado del uso intensivo de teléfonos inteligentes entre la población menor de edad.
El debate legislativo también ha abierto cuestionamientos sobre la responsabilidad de fabricantes y plataformas digitales, y si corresponde al Estado establecer límites de tiempo o contenido en dispositivos dirigidos a menores.
Las iniciativas fueron turnadas a comisiones legislativas para su análisis y dictaminación, y se espera que los debates incluyan audiencias públicas con especialistas, organizaciones de la sociedad civil y representantes de sectores educativos antes de que se defina su aprobación en el pleno.
Ningún legislador del PRIAN subió a tribuna para defender a la edil; además, se presentó denuncia por violencia política de género en su contra.
El Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo contra la titular de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, exhortándola a participar en mesas de trabajo con el Gobierno capitalino, capacitarse en derechos humanos, no discriminación y uso proporcional de la fuerza, y respetar los protocolos para el reordenamiento del comercio en vía pública.
Lo que marcó la sesión no fue solo el contenido del exhorto, sino el silencio del PRIAN: ningún diputado o diputada afín a la alcaldesa tomó la tribuna para respaldarla. Desde Morena señalaron que esta ausencia refleja el costo político de sus recientes acciones.
La diputada Diana Sánchez Barrios impulsó el acuerdo y denunció públicamente un mal operativo, presunto allanamiento y expresiones homofóbicas por parte de la edil. Además, confirmó que presentó una denuncia por violencia política de género, subrayando que no se trata de un hecho menor, sino de conductas con posibles consecuencias legales.
En el mismo sentido, el diputado Paulo García afirmó que la oposición habría optado por deslindarse ante el impacto negativo en encuestas, señalando una presunta “vena autoritaria” en la conducción de la demarcación.
El punto aprobado advierte que la alcaldesa y su equipo habrían actuado al margen de los protocolos establecidos, utilizando lenguaje estigmatizante y aplicando medidas desproporcionadas contra comerciantes en vía pública, muchos de ellos en condición de vulnerabilidad.
Asimismo, el Congreso exhortó al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) a implementar campañas de sensibilización sobre lenguaje homofóbico y trato discriminatorio en las 16 alcaldías.
Desde Morena reiteraron que el reordenamiento del comercio no puede ser sinónimo de atropello, sino un proceso basado en diálogo y coordinación con el Gobierno de la Ciudad. La controversia en Cuauhtémoc abre un nuevo frente político rumbo a los próximos meses.
El diputado migrante del Congreso de la Ciudad de México, Raúl Torres, integrante de la bancada del PAN, mintió sobre su residencia en Estados Unidos, requisito central para ocupar el escaño que hoy detenta.
Este fin de semana se dio a conocer que un grupo de legisladores capitalinos viajó a Estados Unidos para participar en un congreso de gobernantes conservadores. Entre ellos estuvo Raúl Torres, quien ha asegurado públicamente haber vivido 16 años en la Unión Americana. Sin embargo, una investigación de Los Reporteros MX documenta que, durante el periodo en el que afirmaba residir en el extranjero, vivía y hacía política en la Ciudad de México, particularmente en la alcaldía Venustiano Carranza.
En publicaciones realizadas en 2021, cuando fue electo por primera vez como diputado migrante, Torres aseguró llevar 15 años viviendo en Estados Unidos, es decir, desde 2006. No obstante, existen múltiples evidencias públicas que muestran su participación activa en la vida interna del PAN capitalino desde al menos 2012.
El 19 de mayo de 2013, desde su cuenta de X (antes Twitter), publicó una imagen en un congreso regional del PAN con el mensaje: “En mi casa, Venustiano Carranza, en la renovación de dirigencia delegacional”. En mayo de 2014 votó en la renovación del comité delegacional de esa demarcación; en septiembre asistió a la inauguración del Comité Delegacional del PAN en Álvaro Obregón y, en octubre, posó junto al líder juvenil del partido en Cuajimalpa.
En 2015, el hoy diputado migrante apareció en diversos eventos públicos de Xóchitl Gálvez, entonces aspirante a la alcaldía Miguel Hidalgo, y en agosto de ese año publicó una fotografía votando en las elecciones federales, en apoyo a Mauricio Tabe y Ricardo Anaya.
Durante 2016 participó en la campaña para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, como lo evidenció en una publicación del 29 de mayo. Ese mismo año apareció junto a Mauricio Tabe en el aniversario 77 del PAN y difundió imágenes del concurso de ofrendas en el Monumento a la Revolución. En 2017 documentó su participación en la campaña de Josefina Vázquez Mota y, en 2018, fue candidato a concejal junto a Magui Fisher, además de asistir a actos públicos en colonias de Miguel Hidalgo.
No fue sino hasta diciembre de 2019 cuando Raúl Torres publicó por primera vez que se encontraba en Nueva York. Posteriormente, en 2021, regresó a la Ciudad de México al ser electo como diputado migrante del Congreso capitalino, cargo que ocupa hasta la fecha.
Las publicaciones del propio legislador evidencian que al menos desde 2012 residía en la Ciudad de México, lo que contradice su versión de haber vivido 16 años en Estados Unidos y pone en entredicho la legitimidad de su representación como diputado migrante. A ello se suma que, en su currículum vitae, Raúl Torres afirma contar con estudios de maestría, así como haber estudiado en Harvard y en París. No obstante, en el Registro Nacional de Profesiones no aparece con ningún grado académico registrado. De ser ciertos dichos estudios, habrían tenido que realizarse antes de 2012, cuando el legislador tenía 21 o 22 años, una edad inusualmente temprana para haber concluido una maestría en dichas instituciones.
La bancada guinda busca frenar el uso político de viajes internacionales y cuestiona la cercanía de legisladores opositores con grupos de ultraderecha y personajes señalados por la justicia.
La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México anunció que solicitará a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la emisión de lineamientos formales que regulen la conducta de diputadas y diputados locales cuando asistan a eventos internacionales, luego del viaje a Washington de Tania Larios Pérez (PRI) y Raúl Torres Guerrero (PAN) para participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), identificada como un espacio de ultraderecha.
El vocero de Morena, Paulo Emilio González, subrayó la necesidad de establecer reglas claras que definan cuándo un legislador puede ostentarse como representante del Congreso capitalino en el extranjero. Además, criticó que ambos diputados aparecieran en fotografías junto al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, señalado como prófugo de la justicia.
“Resulta incongruente que hablen de combatir al crimen y posen con un personaje con procesos legales abiertos. Si tienen información, que la entreguen a la fiscalía”, reprochó González, al recordar que existen investigaciones detenidas por el Poder Judicial en contra del exmandatario panista.
Por su parte, la vicecoordinadora de Morena, Brenda Ruiz, calificó como preocupante la presencia de legisladores del PRI y PAN en foros que promueven posturas contrarias a los derechos de las mujeres, de los migrantes, y que respaldan la pena de muerte y el uso de armas. Señaló la contradicción de que Larios Pérez se asuma como feminista, mientras participa en un espacio con agendas conservadoras, y cuestionó el papel de Torres Guerrero como supuesto representante de la comunidad capitalina en el exterior.
Morena también solicitó descontar la dieta a ambos legisladores por ausentarse sin aviso de la sesión solemne del 5 de febrero y de una sesión ordinaria, al no existir registro de justificación formal ante el Congreso.
La alcaldesa defendió los resultados de su administración en seguridad, servicios y cultura, y acusó a actores del PAN de lanzar señalamientos sin sustento.
La alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez, aseguró que los ataques provenientes de la derecha panista responden a los resultados positivos que su gobierno ha alcanzado en poco más de un año al frente de la demarcación, particularmente en seguridad, atención ciudadana, cultura y servicios urbanos.
Durante su participación en “La Chilanguera”, conferencia de prensa del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, la mandataria local calificó como “desesperados e infundados” los señalamientos promovidos por la diputada local Laura Álvarez, a raíz de un punto de acuerdo presentado recientemente.
Núñez destacó que en Azcapotzalco se ha triplicado la atención ciudadana, se fortaleció la oferta cultural y deportiva, y se reforzaron las estrategias de seguridad, con un incremento del 200 por ciento en el parque vehicular, lo que ha permitido colocar a la alcaldía entre las más seguras del país. Subrayó que todas las adquisiciones realizadas durante su gestión tienen como fin beneficiar directamente a la población.
En respaldo a la alcaldesa, el diputado Alejandro Carbajal precisó que las compras cuestionadas —como gorras, pants deportivos y pantallas— se realizaron conforme a la normatividad vigente en materia de adquisiciones en la capital, y recalcó que la información es pública y verificable, en congruencia con la política de transparencia del gobierno local.
Nancy Núñez señaló directamente a Laura Álvarez y a exfuncionarios de la administración panista de Margarita Saldaña de orquestar una campaña de desprestigio contra su gobierno. Afirmó que su gestión ha superado en un año los resultados que el PAN apenas logró en tres, y llamó a la oposición a revisar el desempeño del alcalde Mauricio Tabe, quien —dijo— se negó a rendir cuentas ante el Congreso capitalino.
Finalmente, reiteró que su administración seguirá dando resultados, pese a los intentos de desinformación.
El conflicto que Víctor Hugo Lobo Rodríguez enfrenta a raíz de la pérdida de su curul en el Congreso capitalino llegó a las calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.
Este martes 27 de enero, personas cercanas al apodado “dipohooligan”, llevaron el conflicto legislativo a la vía pública, específicamente al parque Talisman, ubicado en la colonia Aragón.
Los hechos ocurrieron cuando cuatro personas perpetraron una agresión directa contra comerciantes del parque Talismán, quienes fueron amenazados con armas de fuego mientras desempeñaban su labor.
Las víctimas aseguraron que los agresores son personas cercanas a Víctor Hugo Lobo Rodríguez, personaje político que hace una semana habría secuestrado el Palacio Legislativo de Donceles.
Jonathan Sánchez, uno de los afectados, relató que un grupo de personas se acercó mientras vendían verduras en el parque Talismán en la colonia Aragón. Señaló que los agresores forman parte del grupo de Víctor Hugo Lobo Rodríguez, quienes, aseguraron, han intentado mantener el control de la alcaldía, de la misma manera en que su padre lo hizo durante su gestión al frente de la demarcación.
Sánchez, visiblemente afectado, detalló: “Siempre nos han intimidado; ahora llegaron armados, nos golpearon y nos robaron”.
Durante el operativo, fue detenido Enrique “N”, de 20 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público GAM-2 tras asegurársele un arma de fuego tipo revólver, calibre .357, con la leyenda C.3 Cal.1 (4.5 mm), así como tres cartuchos útiles.
También fueron detenidas Leticia “N”, de 37 años; Patricia “N”, de 47 años, y el menor Barush “N”, de 15 años. Las autoridades los investigan por los presuntos delitos de lesiones, robo, amenazas y posesión de arma de fuego.
El conflicto comenzó el pasado miércoles 21 de enero, cuando Víctor Hugo Lobo Rodríguez perdió su escaño en el Congreso capitalino tras el regreso del titular de la curul, el morenista Gerardo González García. Este hecho provocó que personas cercanas al exalcalde agredieran físicamente al diputado, mientras Lobo Rodríguez cerraba de manera deliberada las puertas del recinto legislativo de Donceles.
La reincorporación de Gerardo González García al Congreso de la Ciudad de México desató un conflicto político y de seguridad, luego de que Víctor Hugo Lobo Rodríguez fuera señalado por presuntamente recurrir a grupos de choque para impedir su regreso.
El Congreso de la Ciudad de México vivió un nuevo episodio bochornoso luego de que Víctor Hugo Lobo Rodríguez —hijo del exalcalde de Gustavo A. Madero y exdirigente perredista Víctor Hugo Lobo Román— presuntamente recurriera a grupos de choque para impedir la reincorporación del diputado propietario Gerardo González García a la curul que legalmente le corresponde.
El conflicto se originó cuando González García solicitó licencia a su diputación plurinominal el 2 de septiembre de 2024, lo que permitió que, en su calidad de suplente, Lobo Rodríguez asumiera el escaño. No obstante, este miércoles 21 de enero, el legislador propietario ejerció su derecho constitucional y solicitó su regreso a los trabajos parlamentarios.
El relevo representó un golpe político para el grupo encabezado por Víctor Hugo Lobo Román, cuya influencia dentro del Congreso capitalino se ha visto reducida tras este ajuste legislativo. Durante el proceso electoral, el exalcalde habría impulsado la inclusión de su hijo como suplente en la lista de diputaciones plurinominales y, posteriormente, habría buscado que González García dejara el cargo de forma definitiva para mantener a Lobo Rodríguez en la curul.
📹 #Vídeo | Gente de Victor Hugo Lobo (@vh_lobo) agreden físicamente al diputado del Congreso capitalino Gerardo González García, quién regreso a su curul luego de solicitar licencia el pasado 2 de septiembre de 2024 para darle espacio al hijo del experredista. pic.twitter.com/gBYC9jI7QX
Sin embargo, la decisión del diputado propietario de retomar sus funciones habría detonado una reacción violenta. De acuerdo con los hechos, Víctor Hugo Lobo Rodríguez habría atrincherado a un grupo de choque en las inmediaciones del recinto legislativo de Donceles, cuyos integrantes presuntamente agredieron físicamente a González García.
Tras los incidentes, el Congreso fue sitiado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mientras al interior del recinto se colocaron cadenas para impedir el acceso del diputado propietario, quien permaneció en las escalinatas del edificio. En contraste, Lobo Rodríguez se mantuvo dentro del Congreso, en el vestíbulo, en una escena que fue calificada por legisladores como un virtual secuestro del recinto legislativo.
Este no es un hecho aislado. La familia Lobo ha estado previamente vinculada a episodios de violencia política. Durante su gestión como alcalde de Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo Román fue señalado por el uso de personal de la alcaldía para actos de presión, el despojo de espacios públicos cerca de la Basílica de Guadalupe y por bloquear actividades de organizaciones ajenas a su corriente política.
El episodio deja al grupo político de Víctor Hugo Lobo Román visiblemente debilitado, con un margen de maniobra cada vez más reducido y una presencia menguante en la vida política de la Ciudad de México.
Morena, PT y PVEM respaldan las acciones del Gobierno capitalino y confirman visitas a refugios, parlamento abierto y ajustes legales para proteger a los seres sintientes.
El Grupo Parlamentario de Morena en la Ciudad de México afirmó que “no hay nada que ocultar” en el caso del Refugio Franciscano y reiteró su compromiso con el bienestar animal, al anunciar una ruta de transparencia, diálogo y nueva legislación para evitar que situaciones similares se repitan.
Durante una conferencia conjunta, legisladores de Morena, PT y PVEM informaron que este miércoles 15 de enero, la Comisión de Bienestar Animal realizará visitas a los refugios donde se encuentran los animales rescatados, con la participación de diputadas y diputados de todas las fuerzas políticas, para constatar su estado y atención.
La diputada Xóchitl Bravo Espinosa subrayó que el bienestar de los seres sintientes es prioridad tanto para el Congreso como para el Gobierno de la Ciudad, encabezado por Clara Brugada, y aseguró que este tema siempre será atendido con responsabilidad y seriedad.
Por su parte, el diputado Paulo García, vocero de Morena, enfatizó que el caso demuestra la capacidad del Congreso para trabajar de manera transversal cuando se trata de quienes no tienen voz. Recalcó que la transparencia será eje central del proceso legislativo y respaldó plenamente las acciones emprendidas por las autoridades capitalinas.
Las y los legisladores reconocieron la labor de personas y colectivos que cuidan animales; sin embargo, señalaron que en el Refugio Franciscano las condiciones rebasaron las capacidades operativas, por lo que la intervención del Gobierno fue necesaria para garantizar el bienestar animal. Destacaron que actualmente se asegura alimentación, medicamentos y atención, además de habilitar espacios para recibir donativos ciudadanos.
En este contexto, Morena anunció que se impulsará un parlamento abierto para construir una nueva regulación de albergues y refugios, con la participación de grupos animalistas y responsables de refugios. También se respaldaron iniciativas promovidas desde el PVEM y por las comisiones de Bienestar Animal y Medio Ambiente.
Finalmente, las y los diputados llamaron a no politizar el tema, promover la adopción responsable y dejar fuera cualquier litigio inmobiliario, priorizando siempre la protección de los animales por encima de intereses privados.
La iniciativa llegará al Congreso capitalino con el respaldo de Morena, PVEM y PT, y será fortalecida mediante foros ciudadanos y Parlamento Abierto.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, enviará en las próximas semanas al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de Ley de Bienestar Animal en Albergues y Refugios, con el objetivo de fortalecer la protección de los animales y dar certeza jurídica a quienes se dedican a su cuidado. La propuesta será enriquecida por diputadas y diputados de la transformación mediante foros de consulta ciudadana y un proceso de Parlamento Abierto.
En conferencia de prensa, legisladores de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo anunciaron la apertura de espacios de diálogo con organizaciones protectoras, colectivos animalistas y especialistas, para perfeccionar un marco legal que reconoce a los animales como seres sintientes y garantice condiciones dignas en refugios y albergues.
— Grupo Parlamentario de Morena en Ciudad de México (@GPMorenaCdMex) January 11, 2026
La diputada Rebeca Peralta (PVEM) subrayó que los refugios enfrentan problemáticas estructurales que requieren leyes claras. “El bienestar animal no puede depender solo de buenas intenciones”, afirmó, al destacar que la propuesta no busca castigar, sino impulsar estándares adecuados para el cuidado responsable.
La iniciativa de Brugada contempla evitar el hacinamiento y el maltrato, así como asegurar alimentación, agua, higiene y atención veterinaria, además de mecanismos de supervisión y corresponsabilidad con la sociedad civil. Por su parte, la diputada Diana Barragán (PT) llamó a la ciudadanía a involucrarse activamente: “Más amor, más conciencia y sigamos transformando juntos”.
El diputado Paulo García, vocero de Morena, aseguró que el Congreso abrirá sus puertas a quienes realizan esta labor para fortalecer su trabajo, defender sus derechos y garantizar el bienestar de los seres sintientes a su cargo. Legisladores también respaldaron la coordinación del gobierno capitalino con la FGJ y la PAOT en casos recientes, como el del Refugio Franciscano, que evidenció la urgencia de un marco legal sólido.
