El Congreso capitalino considera imponer multas de 281 mil pesos y hasta 12 años de prisión a quienes acaben con la vida de perros o gatos, además de penas más severas por violencia sexual contra animales.
El Congreso de la Ciudad de México evaluó una iniciativa, la cual propone hasta 12 años de prisión y multas de 281 mil pesos para quienes acaben con la vida de los perros o gatos. La reforma al Código Penal capitalino, presentada por la diputada Janette Guerrero, busca aumentar las sanciones por violencia sexual contra animales, imponiendo seis años de prisión así como multas de hasta 234 mil pesos.
Los casos de maltrato o crueldad contra animales tendrán sanciones de dos a seis años de cárcel así como sanciones económicas que van de 70 mil a 117 mil pesos. A quienes mantengan o respalden lugares ilícitos destinados al sacrificio de animales recibirán de cuatro a ocho años de prisión, además de multas adicionales.
La diputada Guerrero Maya destacó que los animales ya son reconocidos como seres sintientes en la Constitución de la CDMX; asimismo, enfatizó que este reconocimiento debe acompañarse de medidas legales efectivas.
La legisladora señaló la relación entre el maltrato animal y la violencia social, la crueldad se aprende y se transmite, por lo que proteger a los animales también ayuda a prevenir conductas violentas y a fortalecer la convivencia en la ciudad.
La defensa de Ghislaine Maxwell aseguró que solo declarará a fondo si el presidente Donald Trump le concede un indulto o conmutación de pena.
Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Jeffrey Epstein, hizo uso de la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos parano declarar y no incriminarsedurante su comparecencia virtual ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.
La declaración que se llevó a cabo este lunes y duró menos de una hora, se realizó mientras Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión en un penal de mínima seguridad en Bryan, Texas, tras ser declarada culpable de conspirar para abusar sexualmente de menores.
Durante la audiencia, el abogado de Maxwell afirmó que su clienta estaría dispuesta a declarar “con total franqueza y honestidad” si el presidente Donald Trump le concede clemencia. Según el abogado, Maxwell podría ofrecer una versión completa de los hechos y sostuvo que tanto Trump como el expresidente Bill Clinton son inocentes de cualquier delito relacionado con Epstein.
Trump no ha descartado públicamente la posibilidad de otorgar un indulto o conmutación de pena, mientras que ambos exmandatarios han negado cualquier vínculo delictivo con el caso. Por su parte, legisladores demócratas acusaron a Maxwell de intentar obtener beneficios legales al negarse a testificar, y aseguraron que continuarán con las investigaciones, incluidas próximas declaraciones juradas y comparecencias a puerta cerrada.
En paralelo, víctimas de Jeffrey Epstein expresaron su rechazo a la comparecencia de Maxwell y pidieron a los congresistas tratar cualquier testimonio con “máximo escepticismo”. En una carta dirigida a la Comisión, señalaron que Maxwell fue una figura central en la red de tráfico sexual y la acusaron de mentir bajo juramento y de negarse reiteradamente a identificar a hombres poderosos involucrados en los abusos.
El Congreso de la Ciudad de México discute una iniciativa que busca regular el uso de redes sociales en niñas, niños y adolescentes, con énfasis en la protección de datos personales, la prevención de delitos digitales y la regulación del trabajo infantil en plataformas.
El Congreso de la Ciudad de México discute una propuesta legislativa que busca establecer reglas claras para el uso de redes sociales y entornos digitales por parte de menores de edad, ante el aumento de riesgos como el ciberacoso, el grooming y la difusión indebida de datos personales.
La iniciativa parte del reconocimiento de un vacío legal que deja a niñas, niños y adolescentes sin protección específica en internet, en un contexto donde el acceso a plataformas digitales crece de forma acelerada y supera a la regulación.
Uno de los ejes del proyecto es la protección de la imagen y la información personal, incluyendo la posibilidad de eliminar contenidos generados durante la infancia al llegar a la mayoría de edad, con el fin de limitar el impacto de una huella digital temprana.
La propuesta también contempla medidas para regular a los menores que generan ingresos en redes sociales, mediante mecanismos que resguarden parte de esos recursos y eviten su explotación económica por terceros.
Además, se plantea obligar a las plataformas a verificar la edad de los usuarios y reforzar controles parentales, con lo que la capital podría convertirse en referente nacional en regulación digital infantil.
Las Reinas Chulas tomaron el Congreso de la Ciudad de México abriendo un debate, pero también consolidando al cabaret como una herramienta de crítica social y participación cultural al acercar el arte escénico al espacio público para promover la reflexión ciudadana desde el humor y la sátira.
La noche del miércoles, el Congreso de la Ciudad de México se convirtió en un foro cultural con la llegada de Las Reinas Chulas, una de las compañías emblemáticas del cabaret político nacional, reconocida por su capacidad para traducir el contexto social en espectáculo profundamente crítico.
Como parte del programa Noche de Museos, el recinto abrió sus puertas al público para su función de casi dos horas, en la que la música, humor y referencias a la vida pública se combinaron con un lenguaje accesible, diseñado para provocar risa así como una reflexión sobre el poder, la democracia y la participación ciudadana.
La obra utilizó la sátira como forma válida de expresión artística, recordando que el cabaret ha sido históricamente un espacio de cuestionamiento político. La recreación de acontecimientos recientes de la vida legislativa, incluido un momento inspirado en un altercado entre las diputadas Xóchitl Gálvez y Lilly Tellez, se presentó como una crítica teatral que evidenció las tensiones reales dentro de la política.
Las reacciones de la oposición no tardaron en hacerse presentes, calificando el acto como una falta de respeto al recinto. Sin embargo, para muchos asistentes el espectáculo representó un ejercicio de libertad artística que rompió con la rigidez tradicional de los espacios de poder.
En este contexto, la función de Las Reinas Chulas no sólo activó la conversación política, sino que respaldó al cabaret como una forma de expresión popular capaz de incomodar al poder, cuestionar narrativas y acercar la cultura a espacios históricamente cerrados, dejando claro que la sátira también es una herramienta de participaciòn demócrata y conciencia social.
El cantante tejano Bobby Pulido, ícono de la música regional, anunció que se postula para la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Distrito 15 de Texas, y se presenta como una opción distinta a la política tradicional, con énfasis en reconectar con votantes latinos.
El cantante texano Bobby Pulido subió al escenario ante simpatizantes vestido con su característico sombrero vaquero y botas, no para cantar, sino para presentarse formalmente como candidato al Congreso, argumentando que los votantes de Texas están “cansados” de la política tradicional y necesitan una alternativa que los represente auténticamente.
Pulido, quien ha cosechado una carrera de casi 30 años en la música tejana con éxitos como Desvelado y Se murió de amor, ganador de múltiples premios, pretende representar al Distrito 15 de Texas, una zona que abarca parte de la frontera sur y las afueras de San Antonio con una población mayoritariamente hispana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
El artista ha definido su propuesta política bajo la etiqueta de “demócrata conservador”, con el objetivo de unir a los votantes latinos que se han distanciado del Partido Demócrata en los últimos años y de quienes, según él, no se sienten representados ni por la derecha ni por la izquierda tradicional.
Desde mediados del año pasado, Pulido ha realizado giras de asambleas públicas, denominadas Ranch Hall, donde combina encuentros comunitarios con discusión de propuestas y escucha directa de la ciudadanía.
El Distrito 15 de Texas ha cambiado recientemente su orientación política, con aumentos en el apoyo a candidatos del Partido Republicano en recientes elecciones, lo que hace que la carrera de Pulido sea especialmente competitiva.
Pulido ha reconocido que la política presenta más retos que su trayectoria artística y ha puesto énfasis en conectar con temas que importan a la comunidad, especialmente en un momento de transformación del panorama político en esa región.
La candidatura de Pulido marca un giro en su carrera, desde la música hasta la arena política en un intento por reconectar con sus raíces y representar las voces de los electores hispanos de Texas en el Congreso.
El vicepresidente J. D. Vance rompió el empate para impedir que el Congreso limite el margen de maniobra bélica de la Casa Blanca tras la captura de Nicolás Maduro.
Los republicanos en el Senado de Estados Unidos bloquearon una iniciativa clave para limitar los “poderes de guerra” del presidente Donald Trump en Venezuela, luego de que el vicepresidente J. D. Vance interviniera para deshacer un empate 50-50 y frenar la resolución impulsada por el demócrata Tim Kaine.
La propuesta, conocida como Resolución sobre Poderes de Guerra, buscaba obligar a la Casa Blanca a solicitar autorización del Congreso antes de ordenar nuevas acciones militares en territorio venezolano. El debate se activó tras la operación del 3 de enero, en la que fuerzas estadounidenses trasladaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y terrorismo; Trump sostuvo que se trató de una acción policial, no militar.
El giro decisivo vino de los republicanos Josh Hawley y Todd Young, quienes retiraron su apoyo tras presiones directas de la Casa Blanca, dejando el tablero empatado y abriendo paso al voto de Vance. Aunque la resolución solo requería mayoría simple (51 votos), el liderazgo conservador cerró filas para bloquearla.
Desde la mayoría republicana, John Thune argumentó que Estados Unidos “no está en guerra” con Venezuela, pues no hay tropas desplegadas ni operaciones militares en curso. Aun así, Lisa Murkowski, Susan Collins y Rand Paul rompieron con su bancada y respaldaron la iniciativa.
El episodio evidenció tensiones internas en el Partido Republicano. Trump reaccionó con amenazas públicas contra los disidentes y defendió la autoridad presidencial como comandante en jefe. En paralelo, el secretario de Estado Marco Rubio prometió que cualquier acción futura respetará la Constitución, promesa que bastó para recomponer apoyos.
De haber avanzado, la ley habría pasado a una Cámara de Representantes con mayoría republicana mínima y, previsiblemente, a un veto presidencial, confirmando el pulso entre Congreso y Casa Blanca por el control del uso de la fuerza.
A través de una carta, 75 congresistas demócratas rechazan la intervención en México que insinuó Trump, ya que no cuenta con la autorización del Congreso ni de México.
En una carta dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, 75 congresistas estadounidenses del partido demócrata expresaron su oposición a la intervención militar en Venezuela y rechazaron una incursión en tierras mexicanas ya que no se cuenta con autorización del Congreso ni de México.
“Escribimos para oponernos firmemente al uso no autorizado de la fuerza militar en Venezuela y a las amenazas del Presidente y funcionarios de la administración aludiendo a una acción militar estadounidense dentro de México sin el consentimiento de México y sin autorización del Congreso”, se enuncia en la primera parte del documento como respuesta a los comentarios que ha realizado Donald Trump sobre el país mexicano.
“Claro. Lo haría”, fue la respuesta de Trump cuando se le preguntó el 9 de diciembre de 2025 si tenía intenciones de tomar medidas en México. Mientras que el 3 de enero de este año, tras la intervención en Venezuela que realizó sin el conocimiento del Congreso, dijo: “los cárteles controlan México… tenemos que hacer algo”.
En la carta que firman los congresistas califican que “una acción militar unilateral contra México sería desastrosa”, pues se trata de un socio comercial importante ya que “la inversión extranjera directa estadounidense en México superó los 14.500 millones de dólares el año pasado”.
También puntualizan que con el gobierno de Claudia Sheinbaum, ha incrementado la cooperación en materia de seguridad. En donde resaltaron la extradición de 29 personas buscadas por Estados Unidos en febrero de 2025y de otras 26 en agosto del mismo año, por lo que dicen: “la acción militar también socavaría nuestro esfuerzo de décadas para abordar los intereses de seguridad compartidos”.
“Instamos a la Administración a no emprender acciones unilaterales y drásticas que puedan violar la soberanía de México, aumentar el flujo migratorio de mexicanos en busca de seguridad, perturbar las actividades comerciales que sustentan amplios sectores de la economía estadounidense o socavar el progreso en seguridad que hemos logrado juntos. Le pedimos que se comprometa a no realizar acciones militares unilaterales de Estados Unidos dentro de México sin la autorización del Congreso”, termina por decir la carta firmada por 75 de los más de 400 congresistas que integran la Cámara norteamericana.
El Congreso del Estado de San Luis Potosí ha aprobado de forma acelerada una reforma que ya ha sido denominada “Ley Ruth”, iniciativa que, de acuerdo con diferentes denuncias, favorece directamente a Ruth González, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, en su presunta intención de sucederlo en el cargo.
Poco le ha importado a la pareja Gallardo–González que esta iniciativa vaya en contra de los ideales de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
En lo que el coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, Héctor Serrano Cortés, calificó como un procedimiento “abreviado”, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, y de Régimen Interno y Asuntos Electorales aprobaron el dictamen el jueves pasado.
Dicha iniciativa fue enviada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) y propone una reforma constitucional con ajustes a la Ley Electoral del Estado. La propuesta se centra en dos modificaciones principales:
Establecer la paridad obligatoria en la titularidad de la gubernatura.
Anticipar el inicio del proceso electoral al 15 de noviembre.
No obstante, el aspecto más controversial es un artículo transitorio que obligaría a los partidos políticos a postular exclusivamente mujeres para la elección de gubernatura en 2027.
No ha sido una coincidencia que el trámite del dictamen se haya realizado con una rapidez inusual.
Y es que, minutos después de anunciarse en el Pleno, y a pesar de haber sido apenas recibida en la Oficialía Mayor del Congreso, se convocó a la sesión de Comisiones Unidas.
Ahí, legisladores de distintos grupos parlamentarios cuestionaron este proceso acelerado, denunciando la falta de análisis y discusión previa.
La votación en Comisiones reflejó la división interna:
Votaron en contra: Rubén Guajardo (PAN), Nancy García (Morena) y Gabriela López (Morena).
Se abstuvieron: Carlos Arreola (Morena).
Votaron a favor: Sara Rocha (PRI), diputados del PVEM y de Nueva Alianza.
Posiciones de los Grupos Parlamentarios:
El diputado morenista Carlos Arreola justificó su abstención indicando que esperará la instrucción de su dirigencia nacional, que definirá el sentido de su voto en el Pleno el próximo domingo.
Por su parte, la diputada Nancy García (Morena) argumentó que la reforma es innecesaria y anticipada, señalando que aún se deben establecer los lineamientos derivados de la reforma electoral federal.
Nancy García sostuvo que Morena ya implementa acciones afirmativas para la participación política de las mujeres, por lo que no ve justificación para “imponer” un transitorio de candidaturas femeninas exclusivas en 2027.
Desde el PAN, el legislador Rubén Guajardo adelantó que su bancada fijará postura en el Pleno, e insistió en que debe respetarse la libertad de los partidos para definir sus candidaturas sin imposiciones externas.
En contraste, el coordinador del PVEM, Héctor Serrano, defendió la iniciativa, asegurando que su objetivo es “eliminar la brecha histórica” que ha impedido que una mujer llegue a la gubernatura y a 19 alcaldías del estado.
Sin embargo, esta defensa ha abierto suspicacias, pues se interpreta que la reforma podría reconfigurar estratégicamente candidaturas en municipios donde el PVEM enfrenta resistencias o no ha logrado posiciones clave.
Próximos Pasos:
La iniciativa será llevada a votación en el Pleno del Congreso del Estado el domingo 14 de diciembre. Para que la reforma sea aprobada, se requiere una mayoría calificada de 18 votos. El tema, por obvias razones, ha desencadenado una ola de críticas y, por esas mismas razones, se perfila como uno de los momentos legislativos más tensos del cierre de año.
La Generación Z lanza un pliego con exigencias centradas en la revocación del mandato de Claudia Sheinbaum, destacando un llamado a la participación ciudadana.
El movimiento de la Generación Z ha hecho públicas sus demandas justo antes de la marcha nacional programada para el 15 de noviembre. En su pliego petitorio, el grupo expresa su preocupación por varias decisiones del Gobierno Federal. En particular, muestran su descontento con Claudia Sheinbaum y su administración.
La Generación Z sostiene que el partido Morena mantiene un control absoluto sobre el Gobierno, el Congreso y gran parte del sistema judicial. Según ellos, las élites políticas manipulan los procesos de revocación de mandato en su beneficio.
En total, el pliego contiene 12 puntos, de los cuales cinco abordan directamente la revocación de mandato. El movimiento exige que este proceso se realice sin la intervención de ningún poder del Estado y que sea activado exclusivamente por la ciudadanía.
Además, proponen que, de llevarse a cabo una revocación exitosa, un nuevo presidente sea elegido directamente por el pueblo mediante una votación extraordinaria, en lugar de ser designado por el Congreso.
El documento también aboga por la autonomía de los partidos políticos en la selección de candidatos, prohibiendo la compra y coerción del voto. Los jóvenes demandan un uso justo de los programas sociales, sin fines electorales.
Otro de los puntos destacados es la necesidad de un nuevo modelo de representación en ambas cámaras del Congreso. Esta propuesta busca asegurar que las voces de regiones, pueblos originarios y juventudes sean escuchadas.
Aunque el tema de seguridad solo aparece en dos puntos de su pliego, son de suma importancia. Por un lado, exigen la desmilitarización de la seguridad interna, con un enfoque en la vida y los derechos humanos. Por otro, piden un mayor presupuesto para la seguridad municipal, asegurándose de que no sirva para premiar lealtades políticas.
A continuación, presentamos la lista con los puntos más relevantes del pliego petitorio de la Generación Z:
1. Mecanismo ciudadano de revocación.
2. Elección directa del presidente sustituto por la ciudadanía.
3. Prohibición de injerencia partidista en el proceso de sustitución.
4. Blindaje contra la compra y coacción del voto.
5. Creación de un Organismo Ciudadano de Transparencia Total.
6. Creación de un Organismo Independiente de Auditoría.
7. Reforma profunda del sistema judicial.
8. Mejora de la representación popular en el Congreso de la Unión.
9. Desmilitarización de la seguridad interna.
10. Fortalecimiento de la seguridad local.
11. Participación de voces con autoridad moral.
12. Consulta pública para extender este pliego hasta quince puntos.
Este movimiento refleja la inquietud de una generación que busca cambiar el rumbo del país con propuestas de origen de la derecha. La marcha del 15 de noviembre es un movimiento con tintes políticos conservadores.
La iniciativa busca que la extorsión se investigue de oficio, sin denuncia previa, y homologa su castigo en todo el país, con penas más altas en casos de cobro de piso o delitos cometidos desde prisión.
El Gobierno de México envió al Congreso de la Unión la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión, que contempla penas de seis a quince años de cárcel y multas de hasta 56 mil pesos para quienes cometan este delito.
Durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica Ernestina Godoy Ramos explicaron que la iniciativa busca que la extorsión se persiga de oficio, sin necesidad de denuncia, y que se unifiquen los criterios legales en todas las entidades del país.
En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) pidió a la Consejera Jurídica, Ernestina Godoy (@ErnestinaGodoy_), presentar las propuestas para combatir la extorsión. La funcionaria explicó que la iniciativa de ley contempla coordinación entre dependencias… pic.twitter.com/46Or4O6auJ
Godoy precisó que la propuesta incluye agravantes para casos de cobro de piso, cuando las víctimas sean migrantes, menores de edad o servidoras públicas, o si el delito se comete desde centros penitenciarios. Además, prevé que los bienes usados en estos delitos sean confiscados mediante extinción de dominio.
La consejera recordó que el pasado 9 de octubre se publicó una reforma al artículo 73 constitucional, que faculta al Congreso para emitir esta ley. Con ello, se busca fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno y reforzar la estrategia nacional contra la extorsión, que ya opera con la línea anónima 089.
“Esta iniciativa consolida la política nacional para frenar el avance de la extorsión, un fenómeno que daña la economía y la tranquilidad de miles de familias”, afirmó Godoy. La propuesta fue turnada a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación.
