Durante el sexenio de López Obrador existieron una serie de avances significativos en la política pública respecto al agua, por ejemplo, la construcción y modernización de las hectáreas de riego, las obras de infraestructura hídrica estratégica y destacaría desde una perspectiva ambientalista, la restauración ecológica a partir del saneamiento y recuperación de cuencas. Si se toma como referencia los 5 sexenios anteriores, (especialmente la gestión de Peña Nieto) se transformó radicalmente a esa dependencia anteponiendo la necesidad de reorientar la política pública para que dejara de ser servil a intereses contrarios al bienestar de la población. No obstante, las acciones impulsadas por Andrés Manuel resultaban insuficientes: un sexenio no bastaba para acabar con el signo de corrupción que definió el actuar de la CONAGUA, lo que obligaba al gobierno actual a trabajar en un plan de grandes alcances como el que puso en marcha Claudia Sheinbaum.
El Plan Hídrico Nacional del gobierno de México debe ser considerado como verdaderamente progresista: estructura sus ejes alrededor de la soberanía, la justicia y la transparencia sin dejar de lado la adaptación al cambio climático; dichos ejes que, desde mi punto de vista, son en automático “principios” se distinguen por el enfoque humanitario que hoy requiere cualquier acción en pro del ambiente.
Echar a andar un Plan tan ambicioso como este en un país como México donde casi el 65% del territorio sufre sequía severa, requería de una conducción de CONAGUA que combinara las capacidades técnicas con el compromiso social; es más, siendo parte activa del movimiento campesino y ambiental, me atrevería a hacer mucho más énfasis en el compromiso social, pues desde siempre hemos asentado que no puede haber justicia social si no hay justicia ambiental y eso es un valor que rebasa por mucho las consideraciones de carácter técnico. Es decir, una dependencia como CONAGUA, con un país que padece estrés hídrico, requiere que todas, absolutamente todas las consideraciones técnicas se supediten al compromiso social y no como elemento para justificar (a partir de tecnicismos) el mal uso del recurso.
Bajo estas consideraciones, me parece que la CONAGUA se ha puesto a la vanguardia en temas de carácter ambiental, sobre todo, creo que la gestión ha sido por demás acertada desde que su titular ha hecho énfasis en una gestión integral con justicia social desde que se revisaron las concesiones para reducir los privilegios corporativos y, en consecuencia, fortalecer el acceso comunitario al vital líquido. Por esa razón, creo indispensable destacar que la creación del Registro Nacional de Agua para el Bienestar tiende por fin a que se deje de ver el agua (ya sea por funcionarios o por empresarios) como una mercancía y sea lo que es constitucionalmente: un bien público que forma parte de nuestra soberanía y seguridad nacional.
Creo que Efraín Morales al frente de CONAGUA ha marcado un liderazgo muy claro, con una visión humana y social, especialmente a la hora de confrontar cualquier designio de corrupción en la gestión hídrica, incluso en el terreno internacional donde se ha convertido en una pieza clave frente al compromiso con Estados Unidos bajo el tratado de 1944 en el que ha diseñado una estrategia interesante que permite el cumplimiento de dicho acuerdo sin que eso signifique sacrificar a comunidades locales.
Por esa razón, me parece fundamental que en la nueva política del agua con ese enfoque social, se impulse una visión renovada de los acueductos que hoy se convierten en verdaderos instrumentos de justicia social que llevarán el agua donde más se necesite partiendo de los derechos de las comunidades y del medio ambiente como es el caso del Acueducto Solís-León que, sin comprometer ecosistemas ni comunidades aguas arriba, llevará agua potable a 1.8 millones de personas al mismo tiempo que reducirá de manera significativa la sobre explotación del acuífero Valle de León. Estas obras se encaminan hacia el éxito gracias que se redefine una nueva relación del gobierno con el agua y con las comunidades, se prioriza el diálogo, se incentiva la participación ciudadana y se construye una relación sólida para resolver los problemas de abastecimiento, por esa razón y reconociendo la lucha en contra de la desigualdad hídrica fomentada por los gobiernos neoliberales, retomo las palabras de Efraín Morales: “Un acueducto no es sólo una tubería: es una promesa cumplida de dignidad para quienes han vivido sin agua durante generaciones.”
- Luis Tovar
Secretario General de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente.
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