El organismo, impulsado por el gobernador JB Pritzker, busca romper la impunidad federal y dejar un registro histórico de violaciones a derechos humanos contra migrantes.
Chicago se convirtió en la primera ciudad de Estados Unidos en contar con una comisión especializada para investigar abusos cometidos por agentes migratorios, en un contexto marcado por redadas violentas, uso de gases químicos y hostigamiento sistemático contra comunidades migrantes. La Comisión para el Rendimiento de Cuentas de Illinois (IAC) nació como respuesta directa a la impunidad con la que operan el ICE y la CBP.
Creada por el gobernador JB Pritzker, la comisión es encabezada por el juez federal retirado Rubén Castillo y está integrada por expertos legales y defensores de derechos humanos. Su misión es clara: documentar con pruebas, testimonios y evidencia audiovisual los abusos federales, en especial en Chicago, ciudad señalada por la Casa Blanca como objetivo prioritario de su política antimigrante.
La primera audiencia pública expuso casos alarmantes: familias atacadas con gas pimienta dentro de sus vehículos, trabajadores agredidos durante detenciones y manifestantes pacíficos reprimidos con sustancias químicas. Castillo fue contundente: “Esto no puede convertirse en la nueva normalidad”.
La comisionada Susan Gzesh, académica de la Universidad de Chicago, explicó que la IAC busca construir un archivo histórico que permita, en el futuro, enjuiciar a los responsables. También señaló que la comisión enfrenta una batalla contra la desinformación oficial, al documentar casos que el propio Departamento de Seguridad Interna ha negado, pese a evidencia médica y videográfica.
Uno de los episodios más graves —la agresión con gas pimienta a una familia con una niña de un año— fue presentado pese a que el DHS afirmó que “nunca ocurrió”. Para la comisión, este caso simboliza el nivel de cinismo y negación institucional.
Expertos médicos invitados advirtieron que el uso de gas lacrimógeno y pimienta constituye fuerza excesiva, sustancias incluso prohibidas en conflictos armados internacionales, pero utilizadas sin regulación contra civiles. La IAC realizará tres audiencias más y emitirá un informe oficial en abril, con la intención de que la verdad documentada rompa la impunidad federal.
