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    Revisan penas por robo de agua

    La Comisión de Recursos Hidráulicos propuso 50 cambios a la Ley General de Aguas. Los ajustes buscan sanciones proporcionales de acuerdo al volumen y evitar criminalizar a pequeños usuarios.

    La Comisión de Recursos Hidráulicos presentó 50 modificaciones a la iniciativa presidencial sobre la ley de aguas. Las propuestas buscan precisar penas y evitar aplicar sanciones desproporcionadas.

    Ricardo Monreal, coordinador de Morena, explicó que la reforma aclara el dolo como base para sancionar el robo de agua. Además, la sanción dependerá del volumen extraído. En el artículo 123 bis 3 la comisión propone dos tramos: si la cantidad es menor a 50,000 mil, la pena sería tres meses de prisión y multa de 100 a 200 UMA; si el volumen alcanza o supera 50 mil litros, la pena subiría a seis meses de prisión y multa de 150 a 250 UMA.

    La comisión también reescribió el artículo 123 bis sobre desvío y obstrucción de cauces., por lo que pasó de castigos de dos a diez años a un rango de tres meses a cinco años de prisión. La multa propuesta va de 200 a 250 UMA cuando la acción ponga en riesgo vidas, bienes o ecosistemas vitales.

    Los cambios exceptúan a las personas que desvíen o usen agua para fines personales, domésticos o agropecuarios familiares, así, la comisión aclaró que no busca criminalizar actividades de subsistencia.

    La comisión defenderá el dictamen en votación el miércoles, y el pleno lo discutirá el jueves. Los plazos buscan dar certeza jurídica y evitar interpretaciones ambiguas en tribunales.

    Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara, recibió a agricultores, distritos de riego, uniones ganaderas y prestadores de servicios hídricos. Los representantes entregaron otro paquete de propuestas y pidieron sensibilidad ante afectaciones locales.

    Por su parte, monreal subrayó: “No buscamos criminalizar indebidamente, sino atender casos graves”. Las voces del campo y de las comunidades seguirán influyendo en el texto final.

    La discusión continuará en el seno de la Cámara la próxima semana; mientras tanto, legisladores y sectores afectados mantendrán el diálogo abierto.