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  • Inversión histórica para los pueblos Yumanos

    Inversión histórica para los pueblos Yumanos

    El Gobierno de México destina 116 millones de pesos para reparar injusticias históricas y atender las demandas de los pueblos Yumanos, en un esfuerzo por promover su bienestar integral.

    El Gobierno de México anunció una inversión de 116.2 millones de pesos para implementar el Plan de Justicia para los Pueblos Yumanos. Este esfuerzo busca abordar las injusticias históricas relacionadas con la exclusión, discriminación y racismo. La asamblea para dar seguimiento a este Plan se llevó a cabo en territorio Kumiai, con la presencia de autoridades y representantes de comunidades indígenas.

    La presidenta Claudia Sheinbaum ha instruido a su gabinete a dar prioridad a estos planes de justicia. Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, destacó el compromiso del Gobierno de la Cuarta Transformación con los pueblos indígenas. Según Hernández, ahora existe un interés real por hacer justicia a estas comunidades.

    Durante la reunión, Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), afirmó que los Planes de Justicia se crean a partir del diálogo con las comunidades. Este enfoque asegura que las decisiones se tomen en conjunto, escuchando las demandas de los pueblos indígenas.

    El Plan de Justicia para los Pueblos Yumanos beneficia a cinco grupos: Kumiai, Pa Ipai, Kuáhl Cucapá, Kiliwa y Cochimí. Esto abarca 14 comunidades y ayuda a más de 15 mil personas. La inversión se destina a cuatro ejes: cultura y identidad, territorio, gobierno tradicional y bienestar común.

    En el aspecto cultural, se han llevado a cabo actividades para revitalizar las lenguas Kumiai y Cucapá. También se han hecho esfuerzos para fortalecer el patrimonio cultural de las comunidades involucradas.

    En cuanto al tema de tierras y recursos naturales, el INPI está trabajando en la regularización de derechos agrarios y en la restitución territorial. Regino Montes subrayó la importancia de fortalecer los sistemas de gobierno tradicional y la paz en las comunidades.

    En el eje de bienestar, se han iniciado programas para la alimentación en comedores escolares y la mejora de la infraestructura educativa en las comunidades atendidas. También hay iniciativas para fortalecer la medicina tradicional y programas destinados a jóvenes.

    La asamblea concluyó con el compromiso de establecer mesas de trabajo sobre temas territoriales y agrarios, programadas para finales de febrero. También se acordó que el INPI realizará asambleas en cada comunidad para obtener su participación en la implementación de Casas Comunitarias de Lengua Indígena (CALI).

    Las autoridades reafirmaron la necesidad de abordar la regularización de tierras y la revitalización de lenguas Yumanas. Juntos, trabajarán para asegurar un futuro mejor para los pueblos Yumanos, basada en la justicia y el respeto a su identidad.

  • Gobierno avanza en justicia histórica: miles de hectáreas regresan a pueblos originarios

    Gobierno avanza en justicia histórica: miles de hectáreas regresan a pueblos originarios

    Sedatu dio un giro histórico: restituyó 9 mil hectáreas a pueblos originarios y abrió la puerta a nuevas devoluciones en 2026. Tras décadas de despojo, varias comunidades por fin recuperan sus territorios ancestrales.

    Un paso relevante en los planes de justicia para pueblos originarios: durante este año fueron restituidas 9 mil hectáreas a diversas comunidades indígenas que por décadas reclamaron el reconocimiento de sus territorios. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) afirmó que esta estrategia responde al compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de atender de manera directa las demandas históricas que habían permanecido sin resolución.

    El mayor avance se registró con el pueblo wixárika, al que se entregaron más de 5 mil 956 hectáreas, a la nación tarahumara que integra a los pueblos rarámuri/ralámuli se le restituyeron 3 mil hectáreas; mientras que el pueblo ódami recuperó más de 500. La titular de Sedatu, Edna Vega Rangel, comentó que cinco comunidades resultaron beneficiadas mediante procesos de enajenación de terrenos nacionales y acciones del Programa de Atención de Conflictos Agrarios.

    Estos planes de justicia abarcan una amplia geografía desde los territorios wixárika en Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango, hasta la Sierra Tarahumara en Chihuahua, donde conviven los pueblos rarámuri, ódami, oichkama y warijó. La estrategia también incluye a los pueblos yoreme mayo y yaqui en Sonora, al chichimeca otomí en Guanajuato y Querétaro, a comunidades chinantecas y mazatecas en Veracruz, al pueblo p’urhépecha en Michoacán, a la Montaña de Guerrero, y a los pueblos yumano y cochimí en Baja California.

    Sedatu destacó que este trabajo interinstitucional permitió que cinco comunidades recibieran por fin el reconocimiento legal de su territorio ancestral, un reclamo que llevaba generaciones en disputa. Para mantener el avance, la dependencia continúa procesos de análisis y conciliación que buscan restituir tierras a la comunidad Mala Noche, del pueblo ralámuli, y avanzar con la etnia yaqui mediante la entrega gratuita y colectiva de terrenos nacionales.

    La dependencia adelantó que en 2026 retomarán las acciones para restituir superficie a la comunidad San Sebastián Teponahuaxtlán y a su anexo Tuxpan, del pueblo wixárika, así como a la comunidad Cruz del Palmar dentro del Plan de Justicia Chichimeca. Con ello, se pretende garantizar que las comunidades puedan administrar, cuidar y aprovechar sus territorios bajo sus propios sistemas normativos, fortaleciendo así sus derechos colectivos.