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Etiqueta: Cobro de piso

  • Gobierno federal activa plan nacional contra la extorsión y el cobro de piso rumbo a 2026

    Gobierno federal activa plan nacional contra la extorsión y el cobro de piso rumbo a 2026

    La nueva estrategia obliga a estados y fiscalías a armonizar leyes, protocolos y registros para enfrentar uno de los delitos de mayor impacto en el país.

    El gobierno federal publicó de manera oficial la estrategia nacional para combatir la extorsión y el cobro de piso, un delito de alto impacto que ha mostrado un crecimiento sostenido desde 2019. El plan entrará en vigor en 2026 y busca homologar criterios legales, operativos y estadísticos en todo el país para fortalecer su persecución.

    La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), difundió el acuerdo 01/LII/2025, aprobado durante la 52ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada el 11 de diciembre pasado.

    Entre las medidas centrales, el Consejo emplazó a los gobernadores a presentar iniciativas de reforma ante los congresos locales para armonizar sus marcos jurídicos con la nueva estrategia federal. Las entidades deberán informar al SESNSP, a más tardar el último día hábil de enero de 2026, sobre la presentación de dichas propuestas legislativas.

    Además, el acuerdo ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) elaborar y emitir un manual de operación que regule de forma unificada la recepción de denuncias, investigación y persecución del delito de extorsión, tanto para fiscalías como para unidades especializadas. Las autoridades estatales tendrán hasta el último día hábil de febrero de 2026 para comenzar a aplicar este protocolo.

    Con estas acciones, el gobierno federal pretende homologar los procesos jurídicos y operativos, mejorar la medición de la incidencia delictiva, y orientar recursos presupuestales específicos para combatir la extorsión en todo el territorio nacional.

    Asimismo, a partir de enero de 2026, las fiscalías estatales deberán registrar este delito conforme a los nuevos lineamientos del Registro Nacional de Incidencia Delictiva, lo que permitirá un seguimiento más preciso y transparente del fenómeno.

  • Extorsión desatada en la Cuauhtémoc: agresor abre fuego contra policías; cuatro detenidos y un herido

    Extorsión desatada en la Cuauhtémoc: agresor abre fuego contra policías; cuatro detenidos y un herido

    Una balacera la mañana de este jueves en la alcaldía Cuauhtémoc vislumbró un panorama preocupante donde la extorsión y los robos están a la orden del día mientras su alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, prefiere hacer tiktoks mostrando como, supuestamente, arregla baches. 

    La mañana de este jueves, la colonia Juárez no despertó con el aroma del café de especialidad, sino con el olor a pólvora.

    Un operativo “quirúrgico” de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para capturar a presuntos extorsionadores en la calle Río Ebro terminó en una balacera que dejó un policía herido y cuatro detenidos. 

    El mensaje es claro: en la Cuauhtémoc, los criminales ya no solo cobran piso, ahora también disparan.

    Mientras tanto, desde la oficina de la alcaldía se insiste en la narrativa de “limpiar el desastre heredado”, pero los datos duros no se editan como videos de 30 segundos. 

    De enero a octubre de este año, la Cuauhtémoc registró 614 delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes, la cifra más alta de toda la capital, muy por encima del promedio de la Ciudad de México, que ronda los 274, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

    A ello se suman las denuncias recientes de locatarios del Mercado 2 de Abril, en la colonia Guerrero, quienes acusan cobros de piso de hasta 30 mil pesos de entrada, pagos mensuales de 5 mil y hasta un “aguinaldo” criminal de 15 mil pesos. 

    Una economía paralela que florece mientras la autoridad posa para la cámara.

    Rojo de la Vega ha sido señalada por priorizar su branding personal sobre una estrategia de seguridad real, territorial y permanente. Y la balacera de este jueves vuelve a evidenciar lo que ya se percibe a simple vista: a los delincuentes no les intimidan los discursos motivacionales ni los TikToks bien iluminados. 

    La ciudadanía de Cuauhtémoc reclama una alcaldesa que camine la calle y enfrente al crimen, no una que la use como escenografía para sus redes sociales.

  • García Harfuch emprende acciones contra extorsión en sector limonero de Michoacán

    García Harfuch emprende acciones contra extorsión en sector limonero de Michoacán

    Omar García Harfuch, titular de la SSPC, se reunió con autoridades locales para abordar la extorsión que afecta a los productores de limón en Apatzingán. Se reforzarán las operaciones de seguridad y se buscará justicia por el asesinato de Bernardo Bravo.

    Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció nuevas medidas para proteger a los productores de limón en Michoacán. Esta decisión surge tras el asesinato de Bernardo Bravo, líder del gremio de limoneros, un crimen que ha generado gran preocupación en la región. Durante una reunión en Apatzingán, García Harfuch, junto con el titular de la Defensa Nacional (Sedena), el general Ricardo Trevilla y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, escuchó las inquietudes de los agricultores.

    La extorsión y el cobro de piso son problemas graves que enfrentan los limoneros. En este contexto, García Harfuch destacó que se reforzarán las operaciones conjuntas entre la SSPC, la Fiscalía de Michoacán y otras autoridades locales. El objetivo es garantizar la seguridad de los productores y detener a quienes amenazan la paz en la región.

    El funcionario también mencionó que han realizado detenciones relacionadas con el crimen organizado,  acciones que son parte de un esfuerzo más amplio para combatir la violencia y la impunidad en Michoacán. La comunidad limonera ha mostrado resistencia ante las amenazas, organizándose para hacer frente a la extorsión.

    García Harfuch se comprometió a que el homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune. Este caso es emblemático de una crisis más profunda que afecta a los agricultores en la región. Desde 2018, al menos siete líderes y productores han sido asesinados, lo que refleja la gravedad de la situación.

    La reunión en Apatzingán es un paso hacia la construcción de un entorno más seguro para los limoneros. Las autoridades buscan no solo escuchar, sino también implementar estrategias efectivas que frenen la violencia y protejan a quienes trabajan en el campo. La colaboración entre diferentes niveles de gobierno es crucial para enfrentar este desafío.

  • Sheinbaum propone castigar la extorsión como delito grave en todo el país; envía reforma a Diputados

    Sheinbaum propone castigar la extorsión como delito grave en todo el país; envía reforma a Diputados

    La iniciativa presidencial busca unificar el tipo penal, permitir denuncias anónimas y sancionar también a cómplices, funcionarios y redes que faciliten el delito.

    La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para tipificar la extorsión como delito grave y unificar su persecución en todo el país. La propuesta plantea reformas al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales, con el fin de que este ilícito se persiga de oficio y las víctimas puedan denunciar de forma anónima, protegiendo así su seguridad.

    El proyecto incluye también castigos más severos contra quienes cometan contrabando o emitan comprobantes fiscales falsos, prácticas que han crecido junto con el tráfico de combustibles, mercancías y precursores químicos.

    De aprobarse, la pena por extorsión iría de 6 a 15 años de prisión, con hasta 43 agravantes que endurecerían las sentencias según la modalidad del delito. Entre ellas se contempla el cobro de piso, la imposición de precios, el uso del sistema financiero para extorsionar o los ataques dirigidos a candidatos, migrantes, menores de edad, mujeres embarazadas y personas adultas mayores.

    La iniciativa también agrava las penas cuando se amenace la integridad física o emocional de la víctima, se utilice violencia o menores de edad, o cuando el responsable sea funcionario o exfuncionario público. Además, incluye sanciones para quienes encubran o colaboren logísticamente con los extorsionadores, obligando a una reparación integral del daño.

    En la exposición de motivos, Sheinbaum advierte que la extorsión es un delito en expansión gracias al uso de tecnologías telefónicas y electrónicas, lo que ha permitido su sofisticación y operación a distancia. Por ello, propone también fortalecer los centros penitenciarios con bloqueadores de señal de voz, datos e imagen, para impedir que desde las cárceles se sigan cometiendo estos actos.

    “La lucha contra la extorsión será integral y no habrá tolerancia frente a la complicidad, corrupción ni negligencia”, enfatizó la Presidenta en el documento enviado al Congreso. Con esta reforma, el Gobierno federal busca cerrar el círculo de impunidad y combatir no solo a los autores materiales, sino a toda la red que sostiene este delito.

  • Hasta 15 años de prisión por extorsión: Sheinbaum envía nueva ley al Congreso

    Hasta 15 años de prisión por extorsión: Sheinbaum envía nueva ley al Congreso

    La iniciativa busca que la extorsión se investigue de oficio, sin denuncia previa, y homologa su castigo en todo el país, con penas más altas en casos de cobro de piso o delitos cometidos desde prisión.

    El Gobierno de México envió al Congreso de la Unión la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión, que contempla penas de seis a quince años de cárcel y multas de hasta 56 mil pesos para quienes cometan este delito.

    Durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica Ernestina Godoy Ramos explicaron que la iniciativa busca que la extorsión se persiga de oficio, sin necesidad de denuncia, y que se unifiquen los criterios legales en todas las entidades del país.

    Godoy precisó que la propuesta incluye agravantes para casos de cobro de piso, cuando las víctimas sean migrantes, menores de edad o servidoras públicas, o si el delito se comete desde centros penitenciarios. Además, prevé que los bienes usados en estos delitos sean confiscados mediante extinción de dominio.

    La consejera recordó que el pasado 9 de octubre se publicó una reforma al artículo 73 constitucional, que faculta al Congreso para emitir esta ley. Con ello, se busca fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno y reforzar la estrategia nacional contra la extorsión, que ya opera con la línea anónima 089.

    “Esta iniciativa consolida la política nacional para frenar el avance de la extorsión, un fenómeno que daña la economía y la tranquilidad de miles de familias”, afirmó Godoy. La propuesta fue turnada a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación.

  • Los “seguros del narco”: así opera el nuevo negocio criminal que domina a empresarios en Veracruz

    Los “seguros del narco”: así opera el nuevo negocio criminal que domina a empresarios en Veracruz

    Cárteles como el del Noreste transformaron el cobro de piso en un “sistema de pólizas” que ofrece protección, préstamos y hasta beneficios funerarios, bajo una lógica empresarial que imita al capitalismo financiero.

    En Veracruz, cada fin de mes, pequeños empresarios pagan su “seguro del negocio”. No es una aseguradora formal ni un respaldo bancario: es el Cártel del Noreste, que convirtió la extorsión en un modelo de negocio similar a una compañía de seguros. A cambio de cuotas mensuales que rondan los 5 mil pesos, los comerciantes reciben “protección” contra robos, incendios o incluso inspecciones municipales, de acuerdo con una investigación de Óscar Balderas para Milenio. 

    El esquema, conocido por los criminales como el Departamento de Seguros del Cártel (DESEC), funciona con sorprendente organización: tiene promotores de pólizas, libretas de control y sanciones por incumplimiento. Los pagos son mensuales, con fechas fijas y castigos por mora que van desde el aumento de cuotas hasta la quema del negocio o el secuestro de empleados.

    Según el periodista Chris Dalby, autor del libro “CJNG: El cártel más peligroso de México”, los grupos criminales han perfeccionado la extorsión. El CJNG, el Cártel del Noreste y células locales como la Mafia Veracruzana aplican criterios empresariales para calcular las cuotas: revisan los ingresos, el tamaño y la ubicación del negocio para fijar montos “sostenibles” que no los quiebren, pero sí aseguren flujo constante de dinero.

    Los cárteles han convertido este sistema en una estructura financiera paralela, que incluso ofrece préstamos, permisos para vender en vía pública o acceso a mercados ilegales de alcohol, tabaco y vapeadores. Quien paga puntualmente puede recibir beneficios “de lealtad”, como ayuda funeraria o medicamentos, aunque rara vez se cumplen.

    El fenómeno, conocido entre economistas como “riesgo moral”, implica que los empresarios protegidos por estos “seguros criminales” asumen más riesgos. Algunos bares o ferreterías, amparados por el cártel, aceptan vender droga o contrabando para financiar sus cuotas. Así, la protección se convierte en una red de negocios ilícitos que refuerza la presencia del crimen en las comunidades.

    “Esto ya no es derecho de piso”, dice un comerciante de Tuxpan entrevistado por Milenio bajo anonimato. “Es capitalismo criminal. Yo pago mi seguro, ellos me cuidan… hasta que decidan lo contrario”.

  • Senado acelera la ley general contra la extorsión: comisiones citadas para dictamen

    Senado acelera la ley general contra la extorsión: comisiones citadas para dictamen

    La minuta enviada por la Cámara de Diputados establece un plazo máximo de 180 días para emitir la norma que unifique criterios y sanciones en todo el país.

    El Senado de la República decidió acelerar el proceso legislativo para aprobar la reforma constitucional que facultará al Congreso de la Unión a expedir la ley general contra la extorsión, luego de que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos fueran citadas este miércoles para dictaminar la minuta enviada por la Cámara de Diputados, de acuerdo con información recopilada por Leticia Robles para Excelsior.

    La reforma contempla que, en su régimen transitorio, el Congreso deberá expedir la ley general en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto. Mientras tanto, las leyes locales seguirán vigentes hasta que se emita la norma general, la cual establecerá los plazos y condiciones para la adecuación de la legislación estatal.

    El morenista Leonel Godoy, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que las extorsiones han crecido un 58% en seis años, pasando de 19 diarios en 2018 a 29 a enero de este año. Las modalidades principales son el cobro de piso, que afecta a comercios, carreteras y negocios, y la extorsión telefónica, generalmente operada desde centros penitenciarios.

    Godoy enfatizó que “enfrentar este flagelo exige considerarlo no solo como un riesgo a la seguridad personal, sino como un impacto al patrimonio, la esfera psicológica y emocional de las víctimas”.

    Desde el 6 de julio, la Estrategia Nacional contra la Extorsión busca fortalecer la coordinación interinstitucional entre la SSPC, Sedena, Semar, FGR, Guardia Nacional y CNI, junto con autoridades locales. Entre sus cinco ejes destacan: detenciones basadas en inteligencia, creación de Unidades Antiextorsión, protocolos de atención a víctimas, capacitación del 089 y campañas de prevención ciudadana.

    Con esta reforma constitucional, se espera lograr la homologación de penas y criterios en todo el país, generando una política criminal unificada para enfrentar de manera más eficaz el delito de extorsión, que hasta ahora depende de leyes locales con criterios dispares.

  • Veracruz en guerra: CJNG, Grupo Sombra y Gente Nueva imponen “impuesto criminal”

    Veracruz en guerra: CJNG, Grupo Sombra y Gente Nueva imponen “impuesto criminal”

    El norte de Veracruz vive una escalada de violencia protagonizada por CJNG, Grupo Sombra y Gente Nueva, que pelean por el control territorial y cobran piso a negocios de todo tipo. La Huasteca y el Totonacapan se han convertido en zonas de extorsión, secuestros y reclutamiento forzado. de acuerdo con una investigación de Milenio.

    Pobladores han denunciado fosas clandestinas en Tihuatlán con decenas de cuerpos, mientras la extorsión afecta desde restaurantes y comercios hasta taxistas y vendedores de bienes raíces. Incluso desde cárceles, miembros del Grupo Sombra coordinan pagos y ejecuciones, como el asesinato de la maestra Irma Hernández.

    En agosto de 2025, más de 30 homicidios se registraron en municipios como Tuxpan, Poza Rica y Papantla. Motines y ataques con drones al penal de Tuxpan muestran la capacidad de estos cárteles para sembrar terror y controlar rutas clave.

    Empresarios reportan pagos de hasta 34 mil pesos mensuales para mantener sus negocios abiertos, mientras sicarios jóvenes imponen miedo con armas largas y amenazas directas. La violencia también alcanza a la venta de casas y taxis, con cobros que funcionan como un “diezmo criminal”.

    Veracruz registra casi 7 mil personas desaparecidas, aunque colectivos de familiares estiman más de 10 mil. Las autoridades aseguran coordinación con el gobierno estatal para combatir la extorsión, pero la guerra entre cárteles mantiene a la población bajo constante amenaza.

  • Caen líderes de “Los 300”, pero Fiscalía investiga nexos con autoridades de Ecatepec y Cuautitlán

    Caen líderes de “Los 300”, pero Fiscalía investiga nexos con autoridades de Ecatepec y Cuautitlán

    La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) investiga a funcionarios y exautoridades municipales de Ecatepec y Cuautitlán por presuntos vínculos con Los 300, uno de los grupos criminales más violentos del Valle de México, acusado de homicidios, narcotráfico, extorsión y robo con violencia.

    De acuerdo con información de La Jornada, el grupo, surgido hace 15 años como brazo de choque en Ciudad Azteca, Ecatepec, creció bajo el liderazgo de Luis Alfaro Espinoza, “El Conejo”, y habría operado con protección de autoridades locales, especialmente durante administraciones anteriores. La FGJEM informó que su influencia se extendió a municipios como Tecámac, Coacalco, Zumpango, Chimalhuacán, Tultepec y Huehuetoca.

    La organización financiaba sus operaciones mediante cobro de cuotas a comerciantes, transportistas y tiendas de conveniencia, así como allanamientos violentos, despojo de propiedades y distribución irregular de gas LP. También utilizaba bloqueos y manifestaciones para presionar a las autoridades y encubrir sus actividades.

    En 2024, operativos estatales y federales permitieron la captura de sus principales líderes: “El Conejo” (8 de marzo), su hijo Edwin Israel N, “El Conejito” (12 de junio), y Luis Alberto N (30 de julio), todos recluidos en penales mexiquenses. Aun así, la FGJEM advierte que la estructura criminal sigue activa bajo nuevos mandos y con células más pequeñas.

    Las indagatorias incluyen la revisión de posibles redes de protección política y policiaca que habrían permitido a Los 300 operar durante años sin freno. Fotografías y testimonios vinculan a líderes del grupo con autoridades en funciones y exfuncionarios, lo que mantiene la atención en un caso que mezcla crimen organizado y corrupción institucional.

  • Sandra Cuevas: La exalcaldesa regresa en medio de controversias y especulaciones

    Sandra Cuevas: La exalcaldesa regresa en medio de controversias y especulaciones

    Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, sorprendió al reaparecer en la “Semana del Derecho” en la FES Aragón de la UNAM. Esta aparición se produjo tras su decisión de borrar todas sus redes sociales.

    Cuevas había estado fuera del ojo público durante días. Su ausencia coincidió con rumores sobre investigaciones en su contra por autoridades de Estados Unidos.

    El interés por su regreso aumentó después de que un video la mostrara en una fiesta, supuestamente acompañada por “Karencita Azul”, vinculada al Cártel La Unión Tepito. Sin embargo, la fecha de la grabación aún no se ha confirmado.

    Durante su visita a la FES Aragón, algunos estudiantes la cuestionaron sobre su retiro de redes sociales. Cuevas respondió de manera escueta: “Porque quise”.

    La exfuncionaria enfrenta acusaciones de nexos con el crimen organizado. Según el periodista Óscar Balmen, su caso es investigado por la Secretaría de la Defensa Nacional desde 2021.

    Además, la actual alcaldesa de Cuauhtémoc, la denunció por extorsión. La denuncia se basa en un audio que revela supuestas exigencias de “cobro de piso” a trabajadores.

    Por si fuera poco, el exsubsecretario de Turismo, Simón Levy, comentó que Cuevas estaría bajo investigación por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presunto lavado de dinero. Hasta ahora, no hay confirmación oficial de este hecho.

    La reaparición de Sandra Cuevas en un evento académico ha dejado muchas preguntas sin respuesta. Su futuro político y legal sigue siendo una incógnita.

    ¿Algo que esconder? El misterio de la desaparición de Sandra Cuevas