Cárteles como el del Noreste transformaron el cobro de piso en un “sistema de pólizas” que ofrece protección, préstamos y hasta beneficios funerarios, bajo una lógica empresarial que imita al capitalismo financiero.
En Veracruz, cada fin de mes, pequeños empresarios pagan su “seguro del negocio”. No es una aseguradora formal ni un respaldo bancario: es el Cártel del Noreste, que convirtió la extorsión en un modelo de negocio similar a una compañía de seguros. A cambio de cuotas mensuales que rondan los 5 mil pesos, los comerciantes reciben “protección” contra robos, incendios o incluso inspecciones municipales, de acuerdo con una investigación de Óscar Balderas para Milenio.
El esquema, conocido por los criminales como el Departamento de Seguros del Cártel (DESEC), funciona con sorprendente organización: tiene promotores de pólizas, libretas de control y sanciones por incumplimiento. Los pagos son mensuales, con fechas fijas y castigos por mora que van desde el aumento de cuotas hasta la quema del negocio o el secuestro de empleados.
Según el periodista Chris Dalby, autor del libro “CJNG: El cártel más peligroso de México”, los grupos criminales han perfeccionado la extorsión. El CJNG, el Cártel del Noreste y células locales como la Mafia Veracruzana aplican criterios empresariales para calcular las cuotas: revisan los ingresos, el tamaño y la ubicación del negocio para fijar montos “sostenibles” que no los quiebren, pero sí aseguren flujo constante de dinero.
Los cárteles han convertido este sistema en una estructura financiera paralela, que incluso ofrece préstamos, permisos para vender en vía pública o acceso a mercados ilegales de alcohol, tabaco y vapeadores. Quien paga puntualmente puede recibir beneficios “de lealtad”, como ayuda funeraria o medicamentos, aunque rara vez se cumplen.
El fenómeno, conocido entre economistas como “riesgo moral”, implica que los empresarios protegidos por estos “seguros criminales” asumen más riesgos. Algunos bares o ferreterías, amparados por el cártel, aceptan vender droga o contrabando para financiar sus cuotas. Así, la protección se convierte en una red de negocios ilícitos que refuerza la presencia del crimen en las comunidades.
“Esto ya no es derecho de piso”, dice un comerciante de Tuxpan entrevistado por Milenio bajo anonimato. “Es capitalismo criminal. Yo pago mi seguro, ellos me cuidan… hasta que decidan lo contrario”.
