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Etiqueta: CIDH

  • Salinas Pliego llora en TV y desata críticas en redes

    Salinas Pliego llora en TV y desata críticas en redes

    El evasor fiscal, Ricardo Salinas Pliego fue captado llorando en el programa Ventaneando, mientras hablaba de su situación fiscal. Usuarios en redes sociales lo critican por su papel de víctima.

    El deudor fiscal Ricardo Salinas Pliego, conocido por su presencia en el mundo de la televisión y los negocios, fue grabado llorando durante su participación en el programa Ventaneando. Durante el programa, transmitido este viernes 23 de enero, Salinas Pliego se presentó como una víctima de lo que describió como abusos del gobierno.

    Este episodio se produce en el contexto de un conflicto fiscal que ha marcado la carrera empresarial del magnate. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó su deuda fiscal de más de 74 mil millones de pesos. Esta deuda ha sido tema de controversia desde hace casi dos décadas.

    En el programa, Salinas se mostró visiblemente afectado y criticó al gobierno, afirmando que “nos despojan y nos dan muy poco a cambio”. No mencionó que su situación fiscal está respaldada por un fallo definitivo de la corte, que le ordena el pago inmediato de casi 51 mil millones de pesos.

    A medida que sus lágrimas se hacían virales en las redes sociales, los usuarios comenzaron a responder con escepticismo. Muchos recordaron su historial de críticas al gobierno federal y su denuncia de persecución política ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    Las reacciones en línea se dividieron, pero muchas voces coincidieron en que el llanto de Salinas Pliego parecía poco sincero. Algunos celebraron que un empresario enfrentara finalmente las consecuencias de sus obligaciones fiscales. Otros se burlaron de su intento de retratarse como defensor de la gente, mientras que gran parte de su riqueza ha sido destinada a lujos personales.

    Críticas también se dirigieron hacia sus aspiraciones políticas. Muchos usuarios de redes sociales afirmaron que el camino de Salinas hacia la presidencia tendría mejores resultados si se enfocara en su responsabilidad pública, en lugar de evadirla. Para algunos, su reciente actuación solo sirvió para evidenciar una cultura de corrupción que ha caracterizado su carrera empresarial.

    Así, el episodio se convierte en un tema candente no solo en la televisión, sino también en el debate público sobre la responsabilidad fiscal y la moralidad empresarial.

  • ¡Salió llorón! Salinas Pliego se victimiza ante la CIDH y acusa al Estado mexicano de “persecución”

    ¡Salió llorón! Salinas Pliego se victimiza ante la CIDH y acusa al Estado mexicano de “persecución”

    El evasor fiscal llevó su pleito fiscal y mediático a Washington, donde pidió a la CIDH intervenir, mientras sus adeudos y conflictos legales en México siguen sin resolverse.

    Ricardo Salinas Pliego decidió internacionalizar su narrativa favorita: la de víctima del poder, y ahora acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar una supuesta “persecución política” del Estado mexicano, argumento que contrasta con los litigios fiscales millonarios que su grupo empresarial mantiene abiertos desde hace años.

    A través de Grupo Salinas, el empresario presentó una queja en Washington D.C., donde acusó a las autoridades mexicanas de orquestar una estrategia para presionarlo mediante auditorías, procesos judiciales y señalamientos públicos. La denuncia fue expuesta en la sede de la OEA, con la participación del relator de la CIDH, Pedro Vaca, en lo que el propio grupo calificó como el inicio de un proceso internacional.

    En el documento, Salinas Pliego se asume como un crítico incómodo al que el Estado busca silenciar, aunque evita mencionar que buena parte de esa “persecución” coincide con resoluciones judiciales adversas y revisiones fiscales que han puesto bajo la lupa a sus empresas. Entre sus pruebas, destaca que su nombre ha sido mencionado en más de 300 conferencias matutinas, como si la frecuencia de las menciones sustituyera la obligación de pagar impuestos.

    La denuncia también acusa hostigamiento administrativo, una supuesta captura del Poder Judicial y el uso “político” del aparato fiscal. Sin embargo, el empresario no detalla por qué, si dice estar dispuesto a cumplir con la ley, sus adeudos siguen atorados en tribunales ni por qué el discurso de persecución aparece justo cuando las autoridades endurecen la cobranza.

    Grupo Salinas pidió a la CIDH que declare responsable al Estado mexicano y ordene garantías de no repetición. Mientras tanto, el evasor que suele descalificar instituciones, burlarse de reguladores y atacar desde redes sociales, ahora se presenta como paladín de los derechos humanos, buscando en instancias internacionales lo que no ha conseguido en juzgados nacionales.

    El empresario más combativo del país cambia el traje de provocador por el de mártir, en un nuevo capítulo donde la retórica de la persecución sirve para desviar la atención de un tema incómodo: sus pendientes fiscales siguen sin resolverse.

  • Masacre de Acteal: 28 años sin justicia para 45 indígenas asesinados

    Masacre de Acteal: 28 años sin justicia para 45 indígenas asesinados

    A casi tres décadas, la impunidad y la omisión del Estado mantienen abierta la herida de Acteal, mientras sobrevivientes y defensores construyen “La Otra Justicia”.

    A 28 años de la masacre de Acteal, en la que 45 indígenas tzotziles —incluyendo 18 mujeres y cuatro bebés— fueron asesinados el 22 de diciembre de 1997, la justicia sigue siendo una deuda pendiente. La organización Sociedad Civil Las Abejas, a la que pertenecían las víctimas, denunció que después del sexenio de Ernesto Zedillo, continuaron represiones, asesinatos y violaciones a defensores de derechos humanos, periodistas y luchadores sociales.

    “Durante 28 años de calvario hemos enfrentado mentiras, burlas y desprecio”, afirmaron. Denunciaron que cambiar jueces o nombrar a un indígena en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha transformado un sistema que califican de caducado y podrido, recordando la liberación de los paramilitares responsables en 2009 por fallas en el proceso judicial.

    Las Abejas han impulsado “La Otra Justicia”, construida desde la memoria colectiva y la organización comunitaria, con apoyo nacional e internacional. Guadalupe Vázquez, sobreviviente, leyó un comunicado durante la misa conmemorativa celebrada este lunes en Acteal, recordando cómo los paramilitares priistas y cardenistas, armados y entrenados por el Ejército, buscaron destruir su lucha por la paz y la justicia verdadera.

    El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) señaló que la impunidad se sostiene en la violencia contrainsurgente y en la falta de sanción a responsables materiales e intelectuales, manteniendo la guerra contra los pueblos indígenas. Subrayó que el Informe de Fondo ante la CIDH, presentado hace 20 años, sigue pendiente.

    El caso judicial revela irregularidades históricas: la PGR obtuvo pruebas ilícitas, y aunque la Primera Sala de la SCJN reconoció estas violaciones y liberó a los acusados, la Segunda Sala negó la responsabilidad patrimonial del Estado, enviando un mensaje de impunidad institucional que afecta a toda la sociedad.

    El obispo de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez, en la homilía, insistió en la necesidad de construir paz, mientras jóvenes de la comunidad alertaron sobre el avance del crimen organizado, el reclutamiento y la proliferación de drogas y alcohol.

  • ESPECIAL | ¡Llorones internacionales! El PAN no aguanta la democracia y pide auxilio a Estados Unidos

    ESPECIAL | ¡Llorones internacionales! El PAN no aguanta la democracia y pide auxilio a Estados Unidos

    Por Ricardo Sevilla

    El PAN ha recurrido a instancias internacionales en Estados Unidos (especialmente en Washington D.C.) desde hace décadas. Con ánimo injerencista, este partido político de derecha ha ido a acusar a México con Estados Unidos.

    Sin embargo, en los últimos años —y particularmente en 2024 y 2025— esta estrategia se ha intensificado significativamente.

    Lo que comenzó en los años 80 como una búsqueda de legitimidad democrática frente al sistema de partido único, se ha transformado en 2024 y 2025 en una estructura institucionalizada de presión transnacional. El PAN y el PRI ya no ven a Washington solo como una sede diplomática, sino como un tribunal de apelación política.

    Cabe recordar que, en noviembre de 2025, una comitiva encabezada por el vocero Jorge Triana y legisladores como Noemí Luna y Roberto Gil Zuarth acudió a Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar una supuesta “represión” contra la “Generación Z” durante las marchas del 15 de noviembre.

    Pero no fue el único caso.

    En diciembre de 2025, otra diputada local del PAN, Laura Álvarez, acudió a la OEA en Washington para denunciar “violencia política de género” y acoso por parte de legisladores de Morena, alegando que, según ella, las instituciones en México estaban “secuestradas”.

    En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador las cosas no fueron distintas.

    En febrero de 2024, por ejemplo, Santiago Taboada (entonces candidato a la Jefatura de Gobierno de la CDMX) acudió a la OEA y la CIDH en Washington para denunciar “persecución política” que, según él, era encabezada por la Fiscalía de la CDMX. El integrante del PAN le fue a decir al gobierno estadounidense que había en curso una “elección de Estado”.

    Tampoco fue el único caso.

    Entre 2022 y 2023, diversas comitivas de legisladores panistas (como Mariana Gómez del Campo) acudieron de manera recurrente a foros en EU y ante la OEA para denunciar una supuesta “erosión democrática” en contra, alegaban en ese momento, de organismos autónomos como el INE.

    Un año antes, en agosto de 2021, la coalición “Va por México” (PAN, PRI y PRD) viajó a Washington para presentar una denuncia formal ante la OEA y la CIDH por la presunta intromisión del crimen organizado en las elecciones intermedias de ese año.

    Desde la sociología política, este comportamiento se define como el “Efecto Boomerang”, y ocurre cuando los canales internos de comunicación entre oposición y gobierno se rompen; en ese caso, los actores locales, como el PAN, buscan aliados internacionales para que estos presionen al Estado desde fuera.

    Los panistas, lamentablemente, viven en una burbuja. Y es que la soberanía no se defiende en una ventanilla de Washington, se construye en las calles de México. Estos conservadores deberían entender que ir a acusar al gobierno con Estados Unidos es admitir la propia incapacidad de convencer al pueblo.

  • Familia de Alejandro Carranza, pescador colombiano asesinado, denuncia a EUA ante la CIDH

    Familia de Alejandro Carranza, pescador colombiano asesinado, denuncia a EUA ante la CIDH

    Alejandro Carranza murió en un bombardeo estadounidense en el Caribe; es la primera reclamación internacional por ataques ordenados por Donald Trump.

    La familia de Alejandro Carranza, pescador colombiano asesinado en ataques estadounidenses contra supuestas narcolanchas, presentó una denuncia formal contra Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

    La medida es la primera reclamación internacional por la campaña militar ordenada por Donald Trump en septiembre de 2025, que ha dejado más de 80 víctimas mortales.

    El documento, respaldado por Daniel Kovalik, abogado de derechos humanos y representante del presidente Gustavo Petro, detalla que el 15 de septiembre de 2025 el ejército estadounidense bombardeó la embarcación de Carranza frente a las costas de Colombia, causando su muerte. La denuncia señala directamente a Pete Hegseth, secretario de Defensa de EUA, como responsable de ordenar los ataques, y afirma que Trump ratificó la acción.

    La familia acusa a Estados Unidos de violar derechos fundamentales, como el derecho a la vida, igualdad ante la ley, juicio justo y debido proceso, respaldados por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

    Organismos internacionales como la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han calificado los bombardeos como ejecuciones extrajudiciales, violando el derecho internacional. La operación, denominada Lanza del Sur, se extendió del Caribe al Pacífico, zona estratégica del narcotráfico. Hasta ahora, solo se han identificado a dos supervivientes, un colombiano y un ecuatoriano, quienes fueron liberados tras comprobarse su inocencia.

    La CIDH, órgano de la OEA, puede emitir recomendaciones, reparaciones o sanciones a los Estados que violen derechos humanos, y en caso de no lograr acuerdos, los casos pueden elevarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos fallos son vinculantes.

  • Bolivia pone fin a los matrimonios infantiles con ley histórica

    Bolivia pone fin a los matrimonios infantiles con ley histórica

    El Congreso boliviano aprobó la prohibición absoluta del matrimonio antes de los 18 años, lo que cierra la puerta a las excepciones que permitían uniones de adolescentes con autorización de sus padres o tutores.

    Bolivia dio un paso histórico en la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia al aprobar una ley que prohíbe sin excepciones el matrimonio de menores de 18 años. Con esta decisión responde a los llamados de organismos internacionales como la ONU y la CIDH, que han señalado la urgencia de erradicar los matrimonios y uniones tempranas.

    Hasta ahora, el Código de las Familias permitía que adolescentes de 16 y 17 años pudieran casarse con el aval de sus padres o tutores, lo que derivó en más de 4 mil 800 matrimonios de menores en los últimos diez años, según datos de la Defensoría del Pueblo, citados en una investigación de la BBC. Además, se contabilizaron 487 matrimonios de niñas menores de 15 años y cerca de 32 mil niñas que entraron en unión libre o concubinato antes de los 15 años, una práctica que abre la puerta a violencias como la Trata de Personas, la explotación sexual y el embarazo infantil.

    La senadora Virginia Velasco, del Movimiento al Socialismo, fue una de las principales impulsoras de esta reforma, inspirada por la historia de María, una adolescente de 14 años obligada a casarse con un hombre que le doblaba la edad y terminó abandonándola tras un embarazo complicado.

    Organizaciones como Save the Children celebraron la medida, aunque subrayaron que el reto apenas comienza: cambiar la percepción social que naturaliza estas uniones, muchas veces justificadas por razones económicas, culturales o comunitarias. 

    La nueva ley, aprobada por 87 votos en la Cámara de Diputados, modifica el Código de las Familias y del Proceso Familiar. Ahora solo falta que el presidente Luis Arce la promulgue para que entre en vigor.

    Bolivia se suma así al grupo de países que blindan a la niñez frente al matrimonio forzado, lo que marca un precedente en América Latina y recuerda que la protección de los derechos humanos debe estar por encima de cualquier práctica cultural o económica.

  • SCJN aplaza discusión sobre prisión preventiva oficiosa en su última sesión

    SCJN aplaza discusión sobre prisión preventiva oficiosa en su última sesión

    El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió este 12 de agosto, por nueve votos contra uno, no discutir la prisión preventiva oficiosa, a pesar de la propuesta presentada por la ministra Margarita Ríos Farjat, quien busca alinear esta medida con los derechos humanos y estándares internacionales, de acuerdo con información de El Sol de México.

    Ríos Farjat había solicitado incluir en la última sesión la acción de inconstitucionalidad 49/2021, promovida por la CNDH, para reinterpretar el artículo 19 de la Constitución y eliminar el carácter de automático de la prisión preventiva oficiosa. Según su proyecto de sentencia, los jueces deben analizar cada caso individualmente, sin depender únicamente de la naturaleza del delito ni de la solicitud del Ministerio Público.

    Fuentes judiciales confirmaron que la moción de la ministra fue rechazada por nueve de los diez ministros, dejando pendiente un tema que ha sido ampliamente demandado por organizaciones civiles y que incluso cuenta con observaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    Con esta decisión, la Corte ha concluido su actual integración sin abordar este asunto, y el 12 de agosto marca la última sesión antes de la entrada de los nuevos ministros electos el 1 de junio, quienes enfrentarán este debate pendiente sobre la prisión preventiva oficiosa.

    Esta medida busca equilibrar la seguridad y los derechos fundamentales, pero su implementación en México seguirá generando debate.

  • CIDH condena violenta detención de mexicano en EE.UU.

    CIDH condena violenta detención de mexicano en EE.UU.

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la violenta detención de Narciso Barranco en California. La detención ocurrió el 23 de junio y fue realizada por agentes migratorios. La CIDH instó al Estado a investigar el caso y adoptar políticas que protejan los derechos de los migrantes.

    Narciso Barranco ha vivido 32 años en Estados Unidos. Es jardinero, padre de tres miembros de las fuerzas armadas estadounidenses y no tiene antecedentes penales. Su detención, grabada en video, muestra el uso de gas pimienta y golpes en la cabeza.

    La CIDH exigió una investigación sobre el uso excesivo de la fuerza en este caso. También pidió que se considere si la violencia fue motivada por antecedentes étnico-raciales u origen nacional. Esto es crucial para determinar responsabilidades y prevenir futuros incidentes.

    Además, la CIDH reiteró que todas las políticas y prácticas migratorias deben respetar los derechos humanos de las personas migrantes. La protección de estos derechos es fundamental en cualquier contexto de movilidad humana.

    Corte de Nueva York ordena retorno de inmigrante deportado indebidamente
  • “No dejen morir la democracia” pide la JUFED a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

    “No dejen morir la democracia” pide la JUFED a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

    La jueza Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), compareció este martes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tiene su sede en Washington en Estados Unidos.

    De acuerdo con la jueza la democracia está muriendo en México al controlar la justicia, haciendo referencia a la reforma al Poder Judicial.

    “La democracia muere en la oscuridad, y el primer paso hacia esa oscuridad es el control de la justicia. Honorable comosionados, no permitan que México tansite ese camino (…) les pido que actúen, que defiendan con nosotros esta causa que no es solo de México, sino de toda América“, dijo.

    Asimismo, aseguró que durante los últimos seis años el Poder Judicial ha enfrentado “ataques sistemáticos” por parte del Gobierno y del partido de Morena, la cual se consumó con la instauración de la reforma judicial.

    Mencionó que con el proceso de elecciones no se garantizan perfiles idóneos e independientes, por lo contrario se presta para que el Poder Judicial sea controlado por intereses políticos, económicos e incluso criminales, “no será el pueblo quien elija a los jueces sino los poderes Ejecutivo y Legislativo”.

  • Magistrados y jueces del Poder Judicial recurren a la CIDH y acusan ataques en su contra

    Magistrados y jueces del Poder Judicial recurren a la CIDH y acusan ataques en su contra

    Los magistrados y jueces no quieren soltar sus fideicomisos, por lo que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por los presuntos ataques contra el Poder Judicial de la Federación (PJF).

    De acuerdo con sus argumentos, acudieron a esa instancia internacional para exponer el “grave riesgo de la independencia y la autonomía judicial en el estado mexicano“ por la desaparición de los multimillonarios fideicomisos; sin embargo, se ha señalado que estos recursos no afectan el funcionamiento del poder.

    En un comunicado, la asociación señaló que pugnó por la defensa de los jueces y magistrados del país, para que puedan seguir realizando su trabajo con autonomía.

    Un grupo de jueces y magistrados acudió a la CIDH para acusar “los ataques públicos, directos y permanentes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, a la independencia de la Judicatura Federal en México, con la evidencia de titulares que los han resentido en forma reiterada”.

    La asociación pidió al organismo internacional adoptar medidas cautelares contra México, debido a la desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial y la iniciativa para designar a los ministros de la Suprema Corte por voto popular.

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