La privatización de la energía en Chile no garantiza la estabilidad del servicio eléctrico, porque su legislación no se enfoca en el acceso al servicio, en su lugar regular la inversión privada.
Un apagón general se registró en Chile, afectando a diversas regiones del país. Según informes, el corte de energía se produjo en la tarde de ayer, causando interrupciones en el suministro eléctrico que impactaron a miles de hogares y negocios.
Las autoridades de la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa) están investigando las causas del apagón y han comenzado a restablecer el servicio en las áreas más afectadas. Usuarios en redes sociales reportaron la falta de luz en varias ciudades, incluyendo Santiago, Valparaíso y Concepción.
Hasta el momento, no se han reportado incidentes mayores ni daños significativos, pero se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales. Las autoridades han prometido brindar más información sobre el incidente y su resolución en las próximas horas.
La industria eléctrica ha experimentado cambios significativos en los últimos cincuenta años. La transformación más reciente tuvo lugar en 2017, con la creación del sistema eléctrico nacional, que unificó el suministro de energía desde la ciudad de Arica hasta la isla de Chiloé.
La crisis energética en el país afectó a tres millones de personas, quienes quedaron sin servicio hasta por 17 días, una situación no vista desde el terremoto de 2010.
La legislación energética no asegura a los ciudadanos el derecho al acceso a la misma; en cambio, se enfoca en regular la inversión privada, observando cómo las empresas involucradas obtienen ganancias a través de la provisión de un servicio público.
En junio de 2024, el ministro de Economía anunció un incremento del 60% en la tarifa eléctrica, el cual se implementó de manera gradual entre agosto de ese año y enero de 2025. Este aumento ha suscitado protestas en todo el país.
