Una jueza federal suspendió el despliegue de tropas ordenado por el gobierno de Donald Trump en Chicago, mientras la fiscal de Nueva York, Letitia James, fue acusada de fraude bancario tras presiones de la Casa Blanca. Crecen las críticas por el uso político del sistema judicial.
Una jueza federal en Chicago suspendió temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en esa ciudad, al considerar que el gobierno de Donald Trump carece de base legal para invocar un riesgo de “insurrección”. En su fallo, la jueza April Perry señaló que la directiva viola la Constitución y “solo agregaría leña al fuego”, al tiempo que acusó al Departamento de Seguridad Nacional de actuar movido por animosidad política hacia los funcionarios de Illinois.
El envío de unos 500 soldados fue presentado por la Casa Blanca como una medida para “proteger” a los agentes durante las redadas migratorias en lo que Trump ha calificado como una “zona de guerra” gobernada por “la izquierda extremista”. El gobernador JB Pritzker respondió que “Donald Trump no es un rey ni su gobierno está por encima de la ley”.
En paralelo, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, fue acusada de fraude bancario por un jurado federal, en un proceso que ella calificó como “una represalia política descarada”. James —quien demandó a Trump y a su empresa por fraude durante su primera campaña presidencial— denunció que los cargos “no tienen sustento y son un intento de intimidar a la oposición”.
Las reacciones no se hicieron esperar. Desde Roma, el papa León XIV pidió a los líderes sindicales de Chicago “defender la dignidad de los migrantes” frente a la ofensiva del gobierno, mientras el senador Bernie Sanders advirtió que Trump “está llevando al país hacia el autoritarismo” y llamó a “defender la Constitución y el estado de derecho” ante el uso político de la justicia.
Con información de La Jornada.
