Ocho presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos en Villaflores; se les aseguraron armas, drogas y motocicletas vinculadas a delitos en la región Frailesca.
Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales en Villaflores, Chiapas, resultó en la captura de ocho presuntos miembros del CJNG, señalados por su participación en quemas de vehículos y bloqueos ocurridos el 13 de octubre, así como en otros delitos en la región Frailesca. Durante la acción se aseguraron armas largas, cargadores, chalecos tácticos, drogas, motocicletas y equipos de comunicación satelital.
La Secretaría de Seguridad del Pueblo identificó a los detenidos como Rigoberto “N” alias “Pato”, José “N”, Diego “N” alias “El Halcón”, Fredy “N”, Emanuel “N”, Yan “N” alias “Chuky”, Eber “N” y Ernesto “N”. Entre los objetos incautados destacan cinco armas largas tipo “cuerno de chivo”, dos rifles AR-15, una pistola de salva, 467 cartuchos calibre 7.62 mm y 205 cartuchos calibre 2.23 mm, además de 45 dosis de marihuana, 80 de cristal, ocho celulares, tres motocicletas y un equipo Starlink de comunicación satelital.
— Secretaría de Seguridad del Pueblo (@sspchiapas) November 5, 2025
El operativo contó con la participación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Preventiva, la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la FGE, la SSPC, la Defensa y la Guardia Nacional. Todos los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones por los posibles delitos cometidos.
El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que la célula criminal operaba en la región Frailesca y también está vinculada con privación ilegal de la libertad, además de otros ilícitos que continúan bajo investigación. Los bloqueos del 13 de octubre afectaron Jesús M. Garza, Villaflores, Jiquipilas, Cintalapa y Arriaga, y se reportaron balaceras en varios puntos del estado, lo que evidencia el alcance de las actividades de este grupo.
El tren de pasajeros “El Tehuanito” iniciará operaciones en diciembre con tarifas accesibles para mejorar la movilidad en el Istmo de Tehuantepec.
El tren de pasajeros suburbano “El Tehuanito” comenzará a operar en diciembre. Este proyecto tiene como objetivo ofrecer rutas de bajo costo para las familias de bajos recursos en la región del Istmo de Tehuantepec. El vicealmirante Octavio Sánchez, director del Corredor Interoceánico, hizo el anuncio recientemente.
Mientras se avanza en la conexión del tren con la red ferroviaria nacional y el país vecino, Guatemala, se están realizando los últimos trabajos. La presidenta Claudia Sheinbaum expresó la importancia del Corredor Interoceánico, que incluye 14 polos de desarrollo.
Sheinbaum también mencionó que está lista la conexión entre el Corredor y el Tren Maya de carga en Palenque. Este enlace permitirá que parte de la producción de la refinería de Dos Bocas sea transportada en tren hacia el sureste de México.
La inauguración de la primera fase del proyecto se planea para noviembre. Además, se están llevando a cabo gestiones con Guatemala para extender la línea K hacia su territorio.
El Corredor Interoceánico abarca Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Este proyecto afecta a 120 municipios y beneficia a más de 5 millones de personas. Con cuatro Administraciones del Sistema Portuario Nacional, busca crear una plataforma logística que fomente el bienestar y el desarrollo en esta región.
Según el vicealmirante Sánchez, hasta el momento, las renovadas Líneas Z y FA han transportado más de 134,000 pasajeros y casi 890 mil toneladas de carga. Los resultados del Corredor ya son visibles en la economía local y mejoran la calidad de vida de muchas familias en el sureste.
Seis funcionarios del Colegio de Bachilleres de Chiapas fueron arrestados por extorsión agravada en agravio de una mujer en Tuxtla Gutiérrez. Entre los detenidos se encuentran Julio César “N”, director administrativo; Mauricio “N”, jefe del departamento de mantenimiento; y otros cuatro servidores públicos de diferentes departamentos, todos vinculados a la dirección general del subsistema educativo.
El caso de los seis funcionarios del Colegio de Bachilleres de Chiapas, detenidos por extorsión agravada, ha generado un considerable impacto en la opinión pública y resalta la problemática de la corrupción en las instituciones educativas. Los acusados son cuatro personas de alto rango administrativo y dos técnicos, todos adscritos a la Dirección General del Colegio. Sus nombres figuras como Julio César “N” (director administrativo), Mauricio “N” (jefe del departamento de mantenimiento), José “N” (subdirector jurídico), Francisco “N” (jefe del departamento de almacén e inventario), Juan “N” (director normativo) y Julio “N” (jefe del departamento de recursos materiales).
La extorsión se perpetró en contra de una mujer cuya identidad no ha sido revelada, lo que sugiere un entorno delicado donde la víctima probablemente se encontraba en una situación vulnerable y se vio amenazada por la interacción con estos servidores públicos. La naturaleza de la extorsión y las circunstancias exigiendo su denuncia reflejan un abuso de poder y una violación de la confianza depositada en estas figuras administrativas.
La denuncia se presentó inicialmente ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, un organismo que tiene el mandato de combatir la corrupción en los servicios públicos; esta entidad llevó a cabo las investigaciones pertinentes que culminaron en la detención de los acusados. Este proceso es un claro ejemplo de cómo las instituciones están comenzando a tomar medidas para detectar y sancionar actos de corrupción en su interior, aunque el costo de estas acciones a menudo puede ser significativo para quienes se presentan como denunciantes.
La Fiscalía del Estado ha declarado que los detenidos ya se encuentran a disposición de la autoridad judicial, donde enfrentarán un proceso penal. Es relevante destacar que uno de los detenidos, Francisco “N”, aunque ocupaba un puesto administrativo, se desempeñaba en la práctica como chofer personal del director general del COBACH, Miguel Prado de los Santos. Esto añade un matiz adicional al caso, ya que su rol en la administración podría haber facilitado aún más el ejercicio indebido de autoridad que lleva a la extorsión.
La situación subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública, especialmente en instituciones educativas que tienen el deber de ofrecer un entorno seguro y justo para sus estudiantes y la comunidad en general. Este caso podría ser un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en el sistema educativo de Chiapas, planteando la necesidad de un mayor control y vigilancia sobre el comportamiento de los funcionarios públicos en todos los niveles.
Cinco presuntos sicarios fueron detenidos por fuerzas federales en Amatenango de la Frontera; cuatro de ellos son originarios de Guatemala y se les aseguraron armas de alto poder.
Un operativo del Grupo Interinstitucional, integrado por la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas, culminó con la detención de cinco presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa tras un enfrentamiento armado en el municipio de Amatenango de la Frontera.
Los detenidos fueron identificados como Ángel “N”, Rolando “N”, Ervin “N”, Mario “R” y Mario “N”, de los cuales cuatro son originarios de Guatemala. Se les acusa de homicidio calificado en grado de tentativa, asociación delictuosa, atentados contra la paz e integridad corporal del Estado y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
De acuerdo con la FGE, el operativo se originó cuando los agentes realizaban labores de investigación y detectaron a un sujeto armado que abrió fuego al intentar ser detenido. El enfrentamiento se prolongó varios minutos, luego de que los agresores se atrincheraran en una vivienda y dispararan desde la azotea. Dos de los sospechosos resultaron heridos al intentar huir brincando hacia una casa contigua.
Durante la intervención se aseguraron siete armas largas, un arma corta calibre .45, más de 400 cartuchos útiles, dos vehículos, dos motocicletas y un inmueble utilizado como refugio. Además, la autoridad confirmó que Rolando “N” y Ervin “N” fueron trasladados bajo custodia a un hospital para recibir atención médica.
Los detenidos confesaron pertenecer al Cártel de Sinaloa, por lo que las autoridades investigan su posible participación en otros delitos en la frontera sur. Tanto los sospechosos como el arsenal asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.
El fin de semana pasado, las Fuerzas Armadas de México llevaron a cabo operativos coordinados en diferentes estados. Los esfuerzos resultaron en detenciones, aseguramientos de drogas y armas, y la desarticulación de peligrosas redes criminales. La estrategia busca proteger a las comunidades y fortalecer la seguridad en todo México.
En un esfuerzo conjunto, las Fuerzas Armadas mexicanas lograron importantes avances en la lucha contra la delincuencia en varias regiones del país durante los días 24, 25 y 26 de octubre. Los operativos demostraron la coordinación y compromiso del Estado para mantener la paz y la seguridad de la población.
En Chiapas, en Amatenango de la Frontera, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano arrestaron a cinco personas, incluyendo a cuatro extranjeros. Durante la acción, aseguraron armas largas, una arma corta, varios cargadores y chalecos tácticos. La operación buscaba desmantelar grupos armados y prevenir la violencia en la zona.
En Chihuahua, en Ciudad Juárez, las fuerzas combinadas detuvieron a una mujer que llevaba 6.6 kilos de fentanilo y 5.27 kilos de metanfetamina. La droga, valuada en más de 50 millones de pesos, representa una amenaza significativa para la salud y seguridad de la comunidad.
En el Estado de México, en Tepotzotlán, la Marina, la Guardia Nacional y otras instituciones capturaron a un hombre con orden de extradición a Estados Unidos. La operación también incluyó el aseguramiento de 322 vehículos, 51 pozos y varias tomas clandestinas de agua, con el fin de frenar actividades ilícitas y delitos relacionados con recursos.
Jalisco vivió una jornada intensa en Ojuelos y Lagos de Moreno. En estos municipios, las fuerzas de seguridad incautaron armas largas, cargadores, municiones, y vehículos robados. Además, en Lagos de Moreno, cinco personas fueron arrestadas en una operación que también dejó prendas tácticas y drogas decomisadas.
En Michoacán, en Buenavista, Tangamandapio y Puruándiro, la policía logró la captura de varias personas que portaban armas largas, cargadores, municiones, chalecos y vehículos con reporte de robo. La operación en Puruándiro resultó en la incautación de casi dos kilos de metanfetamina, valorada en más de medio millón de pesos.
Nayarit, en Huajicori, participó en la lucha contra el tráfico de armas y drogas, al detener a cuatro personas que portaban armas largas, cargadores y equipo táctico. La acción buscaba reducir la violencia y el poder de las organizaciones criminales en la región.
En Sinaloa, en Culiacán y sus alrededores, las fuerzas lograron detener a varias personas y confiscar armamento pesado, incluyendo ametralladoras, lanzagranadas y vehículos con reporte de robo. Además, en la sindicatura Jesús María, una persona fue liberada tras un operativo que involucró a diferentes instituciones. En Loma Grande y Escuinapa, también se aseguraron armas y municiones, además de localizar armas ocultas y vehículos robados.
En Sonora, en San Luis Río Colorado, una inspección a un tráiler permitió decomisar más de 1,1 toneladas de metanfetamina, además de fentanilo y heroína. La droga, valorada en más de 340 millones de pesos, representa uno de los golpes más fuertes contra las organizaciones que trafican drogas en la región.
Por último, en Tabasco y Tamaulipas, las fuerzas arrestaron a varias personas vinculadas con delitos de tráfico de armas, drogas y lavado de dinero. En Villahermosa, se aseguraron 300 kilos de marihuana, mientras que en Matamoros, se confiscaron armas y dinero en efectivo durante una operación contra el crimen organizado.
Estos operativos reflejan el compromiso del Gobierno mexicano para proteger a la ciudadanía. La estrategia continúa enfocada en desmantelar redes criminales, mantener la paz y fortalecer la confianza en las instituciones de seguridad. La lucha contra el delito sigue siendo una prioridad para garantizar un México más seguro para todos.
Héctor “N”, conocido como “El Chesman”, fue arrestado en Chiapas por su presunta participación en el asesinato del padre Marcelo Pérez, ocurrido hace un año. La justicia aún busca a otros implicados y exige una investigación independiente.
En Chiapas, la policía detuvo a Héctor “N”, alias “El Chesman”, presunto líder de una banda delictiva y considerado responsable del asesinato del padre Marcelo Pérez. La captura ocurrió en coordinación con la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, en el marco del primer aniversario del crimen. La comunidad y familiares del sacerdote celebraron la noticia, pero también expresaron su frustración por la impunidad que aún prevalece.
El padre Marcelo, defensor de los derechos humanos y líder espiritual, fue asesinado el 20 de octubre de 2024. La comunidad indígena tsotsil lo recuerda como un símbolo de paz y lucha por la justicia. La noticia de su muerte generó tristeza y movilizó a organizaciones sociales que exigen que el caso no quede impune.
El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que Héctor “N” está vinculado a la investigación en la Fiscalía General de la República (FGR). Se le acusa no solo del homicidio del sacerdote, sino también de delitos como pandillerismo y atentados contra la paz y la seguridad de la comunidad. El 7 de octubre de 2023, el acusado y un grupo armado intimidaron a transeúntes y comerciantes, exigiéndoles dinero y causando temor en la localidad.
La fiscalía detalló que ya existe una orden de aprehensión de carácter federal. Héctor “N” se encuentra bajo custodia y enfrentará el proceso judicial para definir su situación legal. Hasta ahora, solo Edgar “N” fue condenado a 20 años de prisión por ser el autor material del asesinato.
El Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello lamentó que, a un año del crimen, aún no exista justicia plena. La organización denunció que el asesinato del padre Marcelo forma parte de una estrategia de terror, alimentada por la impunidad y la complicidad de autoridades. La ONG exige una investigación independiente y que el caso se reconozca como un crimen de lesa humanidad.
El legado del padre Marcelo sigue vivo en la lucha por la justicia y los derechos humanos. La comunidad y organizaciones sociales continúan exigiendo que se esclarezca por completo el crimen y que se castigue a todos los responsables. Solo así, aseguran, se podrá avanzar hacia una verdadera paz en Chiapas.
Dos presuntos responsables fueron detenidos. El caso, bajo la Ley de Trata de Personas, revela cómo redes de explotación aprovechan la pobreza y la migración interna.
La Fiscalía General de la República (FGR) realizó un operativo en la colonia Adolfo López Mateos, que resultó en el rescate de 10 niños y 3 adultos originarios de Chiapas y la detención de dos presuntos responsables, destapando una de las caras más crueles del crimen organizado y la vulnerabilidad social: la explotación de personas migrantes internas con fines de mendicidad forzada.
El caso, investigado bajo la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Trata de Personas, revela un modus operandi recurrente: el enganche o traslado de personas en extrema pobreza, a menudo pertenecientes a comunidades indígenas del sur-sureste del país, como Chiapas, hacia ciudades del norte o centro de México, donde son obligadas a pedir limosna.
Infelizmente, Chiapas, uno de los estados con mayores índices de pobreza y marginación en México, se ha convertido en un foco de reclutamiento. Los tratantes aprovechan la desesperación económica y la falta de oportunidades para convencer o forzar a familias a migrar bajo promesas de empleo o una vida mejor. En realidad, el destino es la servidumbre.
En Hermosillo, los menores de edad son el “activo” más valioso de esta red.
Es importante decir que la legislación mexicana y los convenios internacionales definen la mendicidad forzosa como una de las peores formas de explotación infantil y un fin del delito de trata. Los niños son utilizados porque su presencia genera mayor lástima y, consecuentemente, más ingresos para los explotadores.
La mendicidad forzada no es pobreza, es trata de personas, y es una forma de esclavitud moderna.
Hombres armados incendiaron vehículos y bloquearon autopistas en al menos seis municipios, tras un operativo de fuerzas federales y estatales en la región Frailesca.
Un operativo policiaco en Chiapas derivó en una serie de narcobloqueos y vehículos incendiados en distintas carreteras de la región Frailesca, luego de que fuerzas federales y estatales desplegaron acciones contra presuntos integrantes del crimen organizado.
La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo informaron que el operativo se llevó a cabo en los municipios de Jiquipilas, Cintalapa y Arriaga, en coordinación con los tres órdenes de gobierno. “Desde la Mesa de Coordinación para la Paz se realiza seguimiento puntual de las operaciones”, indicó el reporte oficial.
De acuerdo con fuentes de seguridad, se registraron bloqueos con vehículos incendiados en las carreteras que conectan Cintalapa, Jiquipilas, Arriaga, Villaflores, Ocozocoautla y Chiapa de Corzo. Los reportes señalan que grupos armados bajaron a los conductores, incendiaron autos y colocaron objetos punzantes para evitar el paso de unidades.
En tanto, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó el cierre total de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla en ambos sentidos, debido a un incidente relacionado con los bloqueos. “Por seguridad de las personas usuarias, la plaza de cobro Ocozocoautla permanecerá cerrada en dirección Las Choapas”, detalló el organismo en su cuenta oficial.
La zona afectada forma parte de una de las rutas más disputadas entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, utilizada para el tráfico de drogas, armas y migrantes, según informes militares.
Las autoridades estatales confirmaron que el operativo continúa en curso y que los resultados serán dados a conocer en las próximas horas, mientras tanto se refuerza la vigilancia en tramos carreteros para restablecer la seguridad en la región.
Hace ocho años, Peña Nieto propuso a los damnificados reconstruir sus casas mediante “tandas” comunitarias; hoy, ante las lluvias que afectan varios estados, el gobierno entrega apoyos directos y enseres básicos a familias afectadas.
En 2017, tras el sismo de septiembre en Chiapas, el entonces presidente Enrique Peña Nieto se presentó con una idea que bien podría haber salido de una junta de vecinos, no de un plan de reconstrucción nacional: la famosa “tanda”.
El jefe del ejecutivo, en lugar de desplegar recursos masivos y directos, sugirió a los damnificados que se organizaran en “tandas” comunitarias para levantar sus casas. La mecánica, según él, era que cuatro familias se unían, construían una casa, la sorteaban, y repetían el proceso hasta que a todos les tocara su vivienda.
Cómo olvidar el PRI daba solución a estas tragedias. Organícense y hagan TANDAS, hagan TANDAS. Esas sí eran grandes políticas de gobierno y alcanzaban para robarse completo el FONDEN. https://t.co/6nmUR5kY91pic.twitter.com/UdJNiKMVQJ
Peña Nieto, con una sonrisa optimista, explicaba que esta “joya de la autogestión” era una de tres opciones. Básicamente: se hacían arquitectos y albañiles, contrataban a “empresas sociales” o se metían a la tanda vecinal.
Hoy, los tiempos han cambiado. Ante las intensas lluvias que azotan el país, especialmente en San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro, la presidenta Claudia Sheinbaum informó la entrega de apoyos directos.
La funcionaria detalló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) distribuirá un paquete con los siguientes enseres a los domicilios afectados: refrigerador, vajilla, estufa, ventilador y colchón.
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, enfatizo que “vamos a llegar a todas las viviendas las comunidades que aún están incomunicadas, hasta la última vivienda en cuanto pueda haber acceso, y si podemos entrar a pie, lo vamos a hacer”.
La presidenta Sheinbaum añadió que con base en los Censos del Bienestar también se analizará la posibilidad de reubicar las viviendas de las personas damnificadas en otros lugares.
Las y los damnificados palpan el apoyo, y no la sugerencia de unirse a un esquema de ahorro popular para no quedarse sin techo. Un progreso, sin duda, en la forma en que el gobierno asume su rol.
Blackfire Exploration Ltd., Goldcorp (Newmont) y First Majestic Silver son mineras que aparecen de manera recurrente en informes y denuncias por estar vinculadas a prácticas corruptas, conflictos socioambientales, violencia y disputas fiscales.
La corrupción y los conflictos generados por las mineras canadienses en México es complejo y ha sido documentado por diversas organizaciones y medios.
Las empresas canadienses son responsables de una gran parte de los conflictos mineros en el país.
De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), México encabeza la lista de países con más conflictos mineros en la región. Un 50% de estos conflictos, es decir, 29 de 58 casos, están relacionados con proyectos de minas canadienses.
A través de distintas investigaciones periodísticas, se ha documentado que algunas empresas mineras canadienses han recurrido al soborno de autoridades locales y ejidales para obtener acceso a terrenos y operar sus concesiones.
Un caso tristemente emblemático es el de la minera Blackfire Exploration Ltd. en Chicomuselo, Chiapas.
Diferentes reportajes difundieron documentos que demostraban pagos mensuales a la cuenta personal del presidente municipal para evitar la oposición a la mina.
La operación de estas mineras ha estado ligada a la violencia. En el caso de Blackfire, el activista Mariano Abarca Roblero fue asesinado en 2009 después de denunciar los impactos sociales y ambientales de la mina y de ser amenazado por empleados de la empresa.
Pero eso no es todo.
También se han señalado prácticas de apropiación de territorios ejidales y comunales. Por ejemplo, la minera Goldcorp (ahora parte de Newmont) fue acusada de convencer a ejidatarios de rentar sus tierras por bajos precios con la promesa de beneficios que no siempre se cumplían. En el caso de la mina El Peñasquito en Zacatecas, propiedad de Goldcorp, se mencionan conflictos por el uso de la tierra y del agua.
Por otro lado, se ha denunciado que algunas mineras canadienses se han beneficiado de un marco legal que les permite evadir impuestos y disfrutar de exenciones fiscales.
Un ejemplo es el caso de First Majestic Silver, a la que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México reclamó adeudos fiscales y detectó supuestas manipulaciones en el precio del metal y transferencias ilegales de ganancias.
Las tres mineras más señaladas en México:
Blackfire Exploration Ltd.: Con sede en Canadá, operó en Chiapas y fue vinculada al asesinato del activista Mariano Abarca. Ha sido señalada por corrupción de autoridades locales y graves impactos ambientales.
Goldcorp (Newmont): Una de las compañías mineras más grandes del mundo. Su proyecto El Peñasquito, en Zacatecas, ha estado en el centro de conflictos sociales por uso de tierras, agua y promesas incumplidas a las comunidades.
First Majestic Silver: Con operaciones en distintos estados del país, ha enfrentado reclamos del SAT por adeudos fiscales millonarios. Se le acusa de manipular precios y transferir utilidades fuera de México.
