El exgobernador de Chihuahua permanecerá en prisión mientras se investigan presuntos desvíos millonarios del erario estatal mediante empresas vinculadas a su patrimonio.
Un juez federal vinculó a proceso a César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, también conocido como lavado de dinero, en una causa que apunta a desvíos millonarios cometidos durante su administración.
Durante la continuación de la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo que Duarte deberá enfrentar interno en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. La Fiscalía General de la República (FGR) había solicitado cuatro meses; sin embargo, la jueza concedió el tiempo adicional a petición de la defensa.
De acuerdo con las indagatorias, entre 2012 y 2016 el exmandatario habría desviado cerca de 96 millones de pesos provenientes de un programa de apoyo al campo, recursos canalizados por la Secretaría de Hacienda de Chihuahua. La FGR sostiene que al menos 73 millones de pesos fueron transferidos de manera dolosa a cuentas de empresas en las que Duarte sería accionista mayoritario, configurando el delito federal.
Los abogados del exgobernador intentaron frenar la vinculación a proceso bajo el argumento de insuficiencia de pruebas, pero la jueza consideró que existen elementos suficientes para iniciar formalmente el juicio penal.
Cabe recordar que Duarte ya enfrentaba una medida de prisión domiciliaria, con brazalete electrónico, por un proceso estatal relacionado con peculado; no obstante, la juzgadora ordenó su reclusión en el Altiplano, al tratarse de un delito distinto y de competencia federal.
La detención más reciente ocurrió el 8 de diciembre, cuando Duarte salía de su domicilio en Chihuahua, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada en mayo de 2024 por un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. La FGR informó que el gobierno de Estados Unidos autorizó en diciembre de 2025 su procesamiento por este nuevo delito, distinto a los de peculado y asociación delictuosa, por los que fue extraditado desde Miami en 2022.
La Fiscalía sostuvo ante una jueza federal que el exgobernador de Chihuahua operó una red de complicidades políticas que facilitó su libertad en 2024 y elevó el riesgo de fuga.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, de entregar un soborno de 10 millones de pesos a la actual gobernadora panista, María Eugenia Campos Galván, con el objetivo de asegurar respaldo institucional y obtener beneficios judiciales, entre ellos su libertad provisional en junio de 2024, según lo expuesto durante la audiencia de imputación.
De acuerdo con lo revelado por Reforma, el fiscal de Asuntos Relevantes, Manuel Granados Quiroz, argumentó que Duarte representa un riesgo real de fuga, al contar presuntamente con una red de cómplices políticos y administrativos en Chihuahua, donde incluyó a la mandataria estatal. Con base en estos señalamientos, la jueza María Jazmín Ambriz López determinó imponerle prisión preventiva justificada.
La FGR sostuvo que el respaldo institucional al exmandatario priista quedó evidenciado cuando el Registro Público de la Propiedad de Chihuahua se negó a proporcionar información sobre sus bienes, bajo el argumento del “secreto profesional”, pese a tratarse de una investigación federal.
Tras 11 horas de audiencia y el desahogo de alrededor de 100 pruebas, la juzgadora decretó un receso y anunció que este lunes resolverá si vincula a proceso a Duarte por su presunta responsabilidad como coautor del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Fiscalía le atribuye el lavado de aproximadamente 73.9 millones de pesos, recursos que habrían salido de la Secretaría de Hacienda estatal y sido canalizados a empresas ganaderas donde Duarte figuraba como accionista mayoritario, algunas en las que también participaba su esposa, Bertha Olga Gómez Fong.
Duarte fue detenido el 8 de diciembre en Chihuahua y trasladado al penal federal del Altiplano. La jueza también rechazó invalidar la orden de aprehensión, al considerar improcedentes los argumentos de la defensa. En paralelo, el exgobernador Javier Corral afirmó que la detención pone fin a años de impunidad y señaló que durante el actual gobierno estatal no se ejecutaron más de 20 órdenes de captura contra Duarte.
La nueva fiscal general de México, Ernestina Godoy, presenta su estrategia para combatir la corrupción y priorizar a las víctimas.
Ernestina Godoy Ramos, la reciente fiscal general de la República, reveló su plan para transformar la Fiscalía General de la República (FGR). En un evento que reunió a gobernadores y funcionarios, Godoy destacó la importancia de una institución autónoma y enfocada en ofrecer resultados efectivos.
La nueva fiscal subraya la necesidad de una Fiscalía que actúe con legalidad y que tenga un enfoque humanista. Esto incluye una atención prioritaria a las víctimas del delito, asegurando que sus derechos sean respetados en todo momento. Godoy prometió que su gestión se fundamentará en estos principios.
En su discurso, Godoy expuso que actualmente se trabaja en un plan estratégico que será presentado en las próximas semanas. Mientras tanto, la FGR está dando pasos firmes en seis áreas clave. Estas acciones buscan fortalecer la investigación, mejorar la calidad de las pruebas y fomentar la colaboración con otras instituciones de seguridad.
La fiscal enfatizó que no puede haber paz sin justicia. Por lo tanto, es crucial que la FGR mejore su capacidad operativa. Su enfoque se basa en la colaboración constante entre la FGR y las fiscalías estatales. Además, se pondrá énfasis en la judicialización de los casos, siempre respetando la dignidad y los derechos humanos.
Godoy también se comprometió a combatir la corrupción y la negligencia en todas sus formas. Afirmó que las nuevas leyes de seguridad que se están desarrollando estarán al servicio de la sociedad, y que el trabajo conjunto entre los gobiernos federal, estatal y municipal es vital para alcanzar los objetivos propuestos.
Desde su nombramiento, Godoy ha comenzado a definirse como líder. En el Consejo Nacional de Seguridad Pública, abordó los primeros pasos de la FGR, destacando la importancia de optimizar recursos y fortalecer las capacidades operativas de la Fiscalía.
Una de las acciones más notables en su gestión fue la reciente captura del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Esta detención se produjo tras la autorización de México para procesarlo por delitos diferentes a los considerados en su extradición original. La detención ocurrió el 8 de diciembre, marcando un inicio decisivo para la fiscal.
Las decisiones de Godoy reflejan un enfoque claro y la intención de generar cambios significativos dentro de la FGR. La expectativa es alta y la presión política también, pero su compromiso con la justicia y la transparencia podría ser el camino hacia una Fiscalía más efectiva.
Los vínculos entre Maru Campos y César Duarte se basan en interacciones institucionales durante el gobierno del priista y en el “expediente X”, una investigación que la señaló por presuntos pagos provenientes de la red de desvíos de Duarte.
La relación entre Maru Campos y César Duarte no fue una alianza formal, pero sí existió un vínculo institucional mientras Duarte gobernaba Chihuahua y Campos era legisladora. Esto se desprende de registros periodísticos y cronologías políticas ampliamente documentadas.
Durante el periodo 2010-2016, Campos fue diputada local y luego diputada federal, años en los que mantuvo interlocución con el gobierno estatal para gestiones legislativas y presupuestales. Las interacciones entre ambos están documentadas en notas sobre la relación del Congreso local con el Ejecutivo, de acuerdo con información de El Heraldo de Chihuahua.
El punto central que conecta sus nombres públicamente es el “expediente X”, una investigación iniciada en el sexenio de Javier Corral que acusó a Campos de recibir pagos regulares provenientes de la administración de Duarte, presuntamente en forma de sobresueldos. Estos señalamientos fueron revelados mediante documentos y testimonios integrados por la Fiscalía estatal.
Campos negó haber recibido recursos ilegales, asegurando que el proceso tenía motivaciones políticas. Su equipo legal logró frenar el caso y no hubo sentencia en su contra, aunque el expediente se convirtió en uno de los elementos más citados para vincularla con la red financiera del duartismo de acuerdo con información de Milenio.
A pesar de pertenecer a partidos distintos —ella al PAN y él al PRI—, el caso dejó una conexión pública duradera. Su relación es analizada como ejemplo de posibles puentes entre estructuras priistas y actores opositores en Chihuahua durante el sexenio de Duarte de acuerdo con análisis de Sin Embargo.
El exgobernador de Chihuahua permanecerá en el Penal del Altiplano mientras la FGR decide su vinculación a proceso por desvío de recursos públicos.
Un juez federal impuso prisión preventiva justificada a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, en el Penal del Altiplano, por su presunta responsabilidad en el lavado de 73 millones 925 mil 995 pesos, desviados del erario a dos de sus empresas.
La jueza María Jazmín Ambriz López, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, agendó para este sábado la audiencia en la que determinará si vincula a proceso a Duarte. La medida cautelar se adoptó tras una audiencia de 14 horas y media, pese a que el exmandatario ya portaba un brazalete electrónico por otro proceso en Chihuahua.
La decisión se fundamenta en que Duarte no acreditó su arraigo en algún domicilio actual y podría obstaculizar la investigación de quedar en libertad. La audiencia inicial, que comenzó con retraso, concluyó pasada la 1:30 de la madrugada.
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Duarte haber lavado el 76% de 96.6 millones de pesos desviados del erario entre junio de 2011 y noviembre de 2014, a través de ocho operaciones financieras dispersas entre personas físicas y morales. Los recursos fueron transferidos a las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte SOFOM, de las cuales Duarte era accionista mayoritario.
La FGR presentó 120 pruebas, incluyendo dictámenes periciales, declaraciones ministeriales, actas constitutivas y comprobantes bancarios. Además, los recursos desviados fueron triangulados a empresas como Acala, Pavimentos y Servicios de Parral, Valles Baca Hermanos, El Saucito de Balleza e incluso a su esposa Bertha Olga Gómez Fong.
La gobernadora de Chihuahua ha facilitado recursos públicos procedentes del Fideicomiso Estatal de Fomento de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua o el Instituto Municipal de la Cultura Física y el Deporte a la Administradora Inmobiliaria de Chihuahua S.A de C.V, de la cual es accionista
Aunque la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, mejor conocida como Maru Campos se ha empeñado en negar sus vínculos con el exgobernador César Duarte, hoy preso por el delito de peculado y lavado de dinero. Sus prácticas la delatan.
Al menos, desde 2023, la gobernadora panista ha facilitado contratos para la Administradora Inmobiliaria de Chihuahua S.A de C.V, de la cual es accionista.
Primero como alcaldesa del municipio de Chihuahua, y ahora, como gobernadora del estado, Maru se ha encargado de beneficiar a la única empresa pública de su propiedad.
En lo obscuro, están las otras “inversiones” por la que tan sólo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 generó 7 millones 593 mil 390 pesos, según consigna su declaración patrimonial de 2025.
En dicha declaración, la gobernadora panista que, este diciembre presumió su viaje al Vaticano para conocer al papa León, también declaró ser accionista de la empresa Administradora Inmobiliaria de Chihuahua S.A de C.V, la cual ha recibido numerosos contratos por adjudicación directa.
Contratos derivados de la renta de inmuebles tipo apartamento, oficinas y bodegas, cuyos costos se han cubierto a través del Fideicomiso Estatal de Fomento de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua, el Instituto Municipal de la Cultura Física y el Deporte o la Dirección de Desarrollo Urbano.
Aunque la empresa, cuyo RFC y razón social no figuran en la base de datos de proveedores que pública el Gobierno estatal, se conoce, vía transparencia, que en lo que va del año la panista habría destinado al menos dos contratos por adjudicación directa a su inmobiliaria.
El primero de ellos data del 1 de abril de 2025, cuando la Administradora Inmobiliaria de Chihuahua S.A de C.V destinó 28 mil pesos del presupuesto de egresos a la renta de un inmueble no especificado. Mismos que fueron pagados con una transferencia bancaria el 26 de junio de 2025. Sin que el Fideicomiso especificara el tipo de contrato o su duración.
Ese mismo 26 de junio de 2025, mediante una segunda transferencia de fondos. El Fideicomiso transfirió otros 56 mil 400 pesos, sumando un total de 84 mil 400 pesos transferidos en el mismo día.
Por otra parte, la Dirección de Desarrollo Urbano contrató los servicios de la inmobiliaria panista en marzo de 2025 pagándole 30 mil 505 pesos.
Por lo demás, el Gobierno panista ha denostado las solicitudes de transparencia para hacer públicos todos los contratos, poco le importan los conflictos de interés. Pues en reiteradas ocasiones dependencias de su gobierno han negado la relación con la inmobiliaria.
Duarte en la cárcel, ella en el Vaticano
Maru Campos también es especialista en negar su relación con César Duarte, pero los hechos también la desmienten.
En julio de 2025, se hizo público que la gobernadora se negó a proporcionar información sobre las operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, lavado de dinero o desvío de fondos públicos realizados por César Duarte para comprar más de 50 propiedades en Estados Unidos.
El bufete de abogados que llevaba la demanda civil en el país vecino acusó a la gobernadora de no colaborar “nunca contestó”.
Ahora, mientras el exgobernador de Chihuahua está preso en el penal del Altiplano, la gobernadora se va al Vaticano. En lo que algunos llamarían un “baño mea culpa”.
El nombre de César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua y exdiputado federal, volvió a los titulares al confirmarse su recaptura en Chihuahua. Este arresto, a cargo de la FGR bajo la dirección de Ernestina Godoy, marca el inicio de un nuevo proceso penal de fuero federal por Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
El exgobernador de Chihuahua, exdiputado federal y exmiembro del PRI, ha enfrentado una larga lista de acusaciones que van desde el peculado hasta el lavado de dinero.
El 8 de diciembre de 2025, la FGR confirmó la recaptura de César Duarte en la capital de Chihuahua, como parte de una nueva acción penal por su presunta responsabilidad en delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Y no es un capricho, como algunos comentócratas opinan. No. La detención, en realidad, obedece a una orden de aprehensión emitida por un juez federal en mayo de 2024, que solo pudo ejecutarse tras la autorización del gobierno de Estados Unidos, país que previamente lo había extraditado en 2022 por otras acusaciones.
La fiscal Ernestina Godoy, quien recientemente fue nombrada titular de la FGR, aceleró la ejecución de este expediente, dándole continuidad a una investigación que se gestó durante la gestión del polémico Alejandro Gertz Manero. En ese momento, y en cuanto recibió luz verde de Washington, la FGR de Gertz Manero ordenó su captura y su traslado al penal de máxima seguridad del Altiplano, una cárcel en la que han estado detenidos delincuentes como Joaquín “el Chapo” Guzmán y Rafael Caro Quintero.
Ahora bien, las acusaciones contra Duarte no son nuevas ni escasas. De hecho, en su contra, se han librado 21 órdenes de aprehensión (20 locales y una federal) por diversos delitos. Le enumeró algunos de ellos:
Peculado agravado
Asociación delictuosa
Lavado de dinero
Enriquecimiento ilícito
Uso indebido de atribuciones
Financiamiento ilegal al PRI
Retención de salarios a burócratas
Robo de ganado destinado a pequeños productores
Y presunta creación de un banco con recursos públicos
Pero eso no es todo. Además, Duarte ha sido señalado como protagonista de la Operación Safiro, un esquema de desvío de recursos públicos para financiar campañas del PRI, y de contar con una ‘nómina secreta’, mediante la cual habría entregado sobornos a políticos, periodistas y líderes sindicales.
Pero hay una pregunta que debe responderse: ¿Cuál fue el origen de las investigaciones contra Duarte?
Le doy los detalles: el proceso judicial se remonta al sexenio de Javier Corral, sucesor de César Duarte como gobernador de Chihuahua.
De hecho, durante su toma de protesta en 2016, Corral, antes panista y actual simpatizante de Morena, anunció que se llevarían a cabo investigaciones por irregularidades detectadas durante la entrega-recepción.
Es importante destacar que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador también se presionó públicamente para que no se permitiera la impunidad. Le digo más: en 2022, López Obrador acusó que la administración de Maru Campos, actual gobernadora de Chihuahua, estaba otorgando beneficios judiciales al exgobernador Duarte y obstaculizando la justicia.
Hay quien se pregunta: ¿Qué pasó con la primera detención de César Duarte? Yo se lo digo: César Duarte fue capturado por primera vez el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y su extradición se concretó el 2 de junio de 2022. Sin embargo, el tratado de extradición entre México y Estados Unidos exige que el país solicitante solo procese al extraditado por los delitos expresamente incluidos en la solicitud original.
Ahora bien, tras permanecer dos años en prisión, una jueza penal ordenó el cambio de medida preventiva y Duarte fue puesto en libertad. Previo a su detención, el exmandatario priísta continuaba dicho proceso legal con un brazalete de localización.
Pero le cuento más: su administración en Chihuahua, que comprendió de 2010 a 2016, estuvo marcada por un pernicioso control sobre los medios de comunicación locales, viajes oficiales sin justificación (163 vuelos a Estados Unidos) y un manejo opaco de los recursos estatales. Duarte dejó al estado con una deuda de más de 55 mil millones de pesos.
Entre las múltiples investigaciones sobre Duarte destaca la compra de al menos seis ranchos en un periodo de apenas cinco meses, muchos de ellos presuntamente adquiridos con recursos públicos. A César Duarte se le acusa también de construir una presa en una de sus propiedades sin permisos y de adquirir bienes de lujo tanto en México como en Estados Unidos, con recursos cuya procedencia no ha podido justificar.
En total, las autoridades han asegurado 16 ranchos vinculados a Duarte y su familia.
Uno de los casos más polémicos durante su administración fue el asesinato de Marisela Escobedo, quien fue asesinada en 2010 frente al Palacio de Gobierno mientras exigía justicia por el feminicidio de su hija.
Ese es César Duarte, el exgobernador priista a quien algunos desbrujulados intentan defender.
Tras casi una década de señalamientos, el exgobernador de Chihuahua enfrenta nuevas acusaciones de operaciones con recursos ilícitos y desvío multimillonario de fondos públicos.
El exgobernador de Chihuahua, César “N”, fue trasladado la noche del 8 de diciembre al Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya, en el Estado de México, resguardado por autoridades federales. Este martes 9 de diciembre, será presentado ante un juez de control en una audiencia de imputación, donde se definirá si enfrenta vinculación a proceso por lavado de dinero.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Duarte es investigado por presunta participación en un esquema de desvío de recursos estatales y uso irregular del Sistema Financiero Mexicano para ocultar recursos ilícitos. La nueva orden de aprehensión, emitida el 16 de mayo de 2024, fue finalmente ejecutada este lunes en Chihuahua capital.
El historial legal de Duarte es extensa: gobernó Chihuahua de 2010 a 2016, fue detenido en Miami en julio de 2020, extraditado a México en junio de 2022 y enfrentó procesos por peculado y asociación delictuosa. Tras una libertad condicional bajo arraigo domiciliario, hoy regresa a prisión, dejando de lado medidas cautelares previas.
Investigaciones periodísticas y fiscales documentan la creación de fideicomisos privados, sociedades financieras y el Banco Progreso Chihuahua, con presuntos movimientos de hasta 80 mil millones de pesos en recursos públicos, además de contratos millonarios a familiares. También se señalan adquisiciones de ranchos y presas sin permisos, afectando comunidades locales en Balleza.
Con su reingreso al Altiplano, la audiencia definirá si Duarte enfrenta la causa penal en reclusión y cómo avanzarán los expedientes abiertos por peculado, asociación delictuosa y lavado de dinero, convirtiéndose nuevamente en uno de los casos de corrupción más emblemáticos del país.
La Fiscalía General de la República anunció la captura del exgobernador en Chihuahua por presunto lavado de dinero. El arresto responde a una orden emitida en mayo de 2024 y a una autorización reciente de Estados Unidos.
La FGR, encabezada por Ernestina Godoy, arrestó al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, un exmiembro del PRIAN, quien supuestamente sustrajo incluso el sillón que utilizó el Papa Francisco durante su visita a México en 2016.
La Fiscalía General de la República informó que detuvo a César Duarte en el estado de Chihuahua. La captura se vincula a una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La orden de aprehensión data del 16 de mayo de 2024. La emitió un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Duarte había sido detenido antes, el 8 de julio de 2020, en Miami. Lo extraditaron a México el 2 de junio de 2022 para enfrentar cargos por peculado y asociación delictuosa. Peculado implica el uso indebido de recursos públicos.
Además, la FGR solicitó al gobierno de Estados Unidos permiso para procesar a Duarte por un delito distinto. Dicha autorización se tramitó el 4 de octubre de 2024 y se concedió el 4 de diciembre pasado.
La investigación apunta a que, como servidor público en Chihuahua, Duarte participó en un esquema para ocultar dinero desviado de las arcas estatales. Según la Fiscalía, ese dinero habría circulado mediante el sistema financiero mexicano.
Por ahora, la causa local por peculado y asociación delictuosa sigue su trámite en la Fiscalía de Chihuahua. Las autoridades federales informaron que continuarán con las diligencias necesarias para reunir pruebas y llevar el caso ante un juez.
La noticia reabre debates sobre el uso de fondos públicos y la necesidad de transparencia. Muchas familias y servidores esperan que la justicia esclarezca lo ocurrido y recupere recursos para servicios básicos.
El juicio oral contra César Duarte, exgobernador de Chihuahua, permanece congelado por la protección de autoridades locales, mientras él disfruta de su libertad.
El juicio oral contra César Duarte por corrupción sigue sin avanzar, a pesar de que se declaró su apertura hace dos años. La gobernadora, María Eugenia Campos, y el Poder Judicial de Chihuahua han brindado protección al exgobernador, lo que le ha permitido evadir la justicia.
El 13 de septiembre de 2023, la jueza Delia Valentina Meléndez Olivas abrió el juicio por peculado agravado y asociación delictuosa, relacionado con el desvío de 96.7 millones de pesos. Sin embargo, la colusión entre las autoridades ha mantenido el proceso judicial estancado.
Duarte enfrenta 18 órdenes de aprehensión por corrupción, no obstante sigue en libertad disfrutando de una vida social activa en la ciudad. Se le ha visto en bares, restaurantes de lujo y ofreciendo conferencias de prensa en las que se presenta como víctima.
Esta situación revela un patrón de impunidad en Chihuahua. La exmagistrada Myriam Hernández Acosta, aliada de Duarte, testificó a su favor en un juicio de extradición en Miami. Su salida del Poder Judicial fue seguida por su nombramiento en la UACH, lo que refleja el control de Duarte sobre las instituciones.
El exgobernador fue extraditado de Estados Unidos en 2022 tras su detención en 2020. A pesar de las múltiples acusaciones sigue evadiendo las consecuencias por sus acciones, lo que resalta la falta de compromiso para combatir la corrupción en el estado.
La gobernadora Campos ha sido criticada por premiar a quienes protegieron a Duarte, lo que ha generado desconfianza en las instituciones. La impunidad de Duarte es un claro ejemplo del desmantelamiento del combate a la corrupción en Chihuahua, mientras se persigue a quienes lucharon contra su red de corrupción.
La comunidad observa con preocupación cómo el exgobernador continúa su vida sin enfrentar la justicia, lo que remarca la necesidad de reformas profundas en el sistema judicial del estado.
