El boxeador Julio César Chávez Jr. continuará su proceso en libertad condicional, a pesar de estar vinculado a delitos de tráfico de armas y delincuencia organizada, considerados por la Constitución como sujetos a prisión preventiva oficiosa.
El juez de control Enrique Hernández Miranda, del Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, Sonora, otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria y decidió no imponer firma periódica, argumentando que su presencia podría generar acoso mediático.
Chávez Jr. enfrenta acusaciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, derivadas de una investigación de la FGR iniciada en 2023, que motivó su arresto en Estados Unidos el 2 de julio y su deportación a México el 18 de agosto. La Fiscalía sostiene que el boxeador podría recibir una pena de cuatro a ocho años de prisión si se confirma su culpabilidad.
Como medidas cautelares, se le prohíbe abandonar el país, asistir a audiencias y contactar a implicados, aunque no deberá presentarse periódicamente ante autoridades. Su abogado, Rubén Fernando Benítez, aseguró que la supuesta relación con el cártel se basa únicamente en “anécdotas de camaradería”, y que el proceso busca esclarecer su inocencia.
La defensa enfatizó que la llamada de “El Nini”, identificada como prueba central, se basa en referencias de terceros sin evidencia directa de participación de Chávez Jr.
La audiencia, realizada por videoconferencia desde el Cefereso 11, duró casi nueve horas, garantizando la seguridad del imputado y del personal judicial. El próximo 24 de noviembre se programó una nueva audiencia para que la FGR presente nuevas pruebas.
Chávez Jr. se mantiene en México mientras sigue el proceso, con el objetivo de demostrar que las acusaciones son especulaciones y conjeturas, según su defensa.
