El Congreso capitalino considera imponer multas de 281 mil pesos y hasta 12 años de prisión a quienes acaben con la vida de perros o gatos, además de penas más severas por violencia sexual contra animales.
El Congreso de la Ciudad de México evaluó una iniciativa, la cual propone hasta 12 años de prisión y multas de 281 mil pesos para quienes acaben con la vida de los perros o gatos. La reforma al Código Penal capitalino, presentada por la diputada Janette Guerrero, busca aumentar las sanciones por violencia sexual contra animales, imponiendo seis años de prisión así como multas de hasta 234 mil pesos.
Los casos de maltrato o crueldad contra animales tendrán sanciones de dos a seis años de cárcel así como sanciones económicas que van de 70 mil a 117 mil pesos. A quienes mantengan o respalden lugares ilícitos destinados al sacrificio de animales recibirán de cuatro a ocho años de prisión, además de multas adicionales.
La diputada Guerrero Maya destacó que los animales ya son reconocidos como seres sintientes en la Constitución de la CDMX; asimismo, enfatizó que este reconocimiento debe acompañarse de medidas legales efectivas.
La legisladora señaló la relación entre el maltrato animal y la violencia social, la crueldad se aprende y se transmite, por lo que proteger a los animales también ayuda a prevenir conductas violentas y a fortalecer la convivencia en la ciudad.
Más de 2 mil personas fueron beneficiadas con apoyos funcionales que buscan devolver autonomía, seguridad y dignidad en Gustavo A. Madero.
En un acto que reafirma la política social de la Gustavo A. Madero (GAM), el alcalde Janecarlo Lozano encabezó la entrega de más de mil sillas de ruedas motorizadas, 500 aparatos auditivos y mil bastones y andaderas, como parte del programa “De Corazón a Corazón”, estrategia orientada a fortalecer la inclusión social y mejorar la calidad de vida de sectores vulnerables.
La explanada de la alcaldía reunió a más de dos mil beneficiarios, quienes recibieron apoyos que representan mucho más que herramientas materiales: significan movilidad, independencia y bienestar para cientos de familias maderenses. Entre aplausos, el edil destacó que su administración dejó atrás los esquemas asistencialistas limitados para dar paso a acciones de mayor alcance.
“Antes se administraba la carencia; hoy gobernamos para resolver y transformar”, sostuvo Janecarlo Lozano, al señalar que en el pasado las entregas eran mínimas y simbólicas, mientras que ahora se apuesta por una visión integral que coloca a las personas en el centro de la política pública.
El alcalde subrayó que cada apoyo tiene un valor profundo: una silla de ruedas representa autonomía; un aparato auditivo, inclusión; y un bastón o andadera, seguridad y dignidad. “No hablamos de objetos, hablamos de derechos”, enfatizó.
El programa “De Corazón a Corazón” en la GAM forma parte de una estrategia más amplia para reducir brechas sociales, que incluye la implementación de Senderos de Paz, Seguridad y Esperanza, la rehabilitación de espacios públicos mediante los parques EDEN’es, la adquisición de nuevas patrullas y el fortalecimiento de servicios urbanos.
El gobierno de Gustavo A. Madero consolida un modelo cercano y territorial, donde la política social no se limita a la entrega de apoyos, sino que busca construir comunidad y garantizar derechos.
El PAN, lamentablemente, ya es sinónimo de privatización.
Y eso no es una ocurrencia. Es la terrible realidad. A nadie se le olvida que, durante los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), de 2000 a 2012, se aceleró y profundizó el proceso de privatización de empresas y concesiones estatales. Y eso lo saben perfectamente Vicente Fox y Felipe Calderón.
Y esa misma escuela, la panista y la privatizadora, la han continuado personajes como Mauricio Tabe, actual alcalde de Miguel Hidalgo en la CDMX.
Y para muestra basta un botón. Desde hace días, vecinos de esa demarcación han denunciado que el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, pretende privatizar el Parque Lira mediante la instalación del evento privado “Alicia: experiencia inmersiva”, a pesar de que se trata de una zona protegida y de que los permisos no han sido autorizados.
De hecho, el diputado Víctor Romo señaló que, en una reunión reciente con vecinas y vecinos, funcionarios de la propia alcaldía reconocieron que los permisos apenas se encuentran “en trámite”, mientras que el montaje del evento ya está en marcha, lo que evidencia un posible trato preferencial a empresas privadas.
Y sus preguntas son pertinentes: “¿Cómo es posible que un evento de esta magnitud se esté instalando en un parque público sin permisos concluidos? ¿Así gobierna Mauricio Tabe? ¿Con ocurrencias, opacidad y beneficios para unos cuantos?”
Y déjeme decirle que el evento que impulsa Tabe es promovido por la productora Let’s Go Company, en coordinación con Fever, y fue anunciado públicamente por el propio alcalde, quien pretende mantenerlo durante seis meses dentro del Parque Lira, es decir: dentro de un espacio público que pertenece a las vecinas y vecinos de Miguel Hidalgo. Y Tabe dirá que no, que no es así, que se están tergiversando las cosas. Pero no es así. Tabe quiere montar un evento privado en un espacio público. Y esos son los hechos. Tanto así que los boletos ya se encuentran a la venta.
Infelizmente, nada de esto nos sorprende.
Durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, se otorgaron miles de concesiones mineras a empresas privadas, destacando la entrega de derechos de exploración y explotación a grupos como Peñoles y Grupo México.
Y es la misma escuela que trae Mauricio Tabe.
Lo que pretende hacer el alcalde de Miguel Hidalgo es una privatización de proximidad“. Y ese evento “Alicia: experiencia inmersiva” no es, para nada, una oferta cultural; es la ocupación de una Zona de Conservación Patrimonial por capital privado sin ninguna legalidad administrativa.
A los panistas les importa un cacahuate la sociología. Pero lo que está sucediendo en el Parque Lira es un ejemplo de cómo el capital privado, apapachado por el panismo, está intentando colonizar el “espacio vital” de la ciudadanía. El irresponsable Mauricio Tabe debería saber que, cuando un parque se cierra para un evento de seis meses, se desgarra el tejido social y se golpea al ecosistema local.
El PAN quiere convertir el patrimonio nacional en una barata de temporada. Pero los blanquiazules deberían saber que el ciudadano no es un cliente, ni el espacio público es una mercancía.
Instalaciones sonoras, cine y presentaciones editoriales formarán parte de la programación que reconoce la diversidad lingüística como patrimonio de México.
En conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, que se marca el 21 de febrero, la Secretaría de Cultura realizará durante todo el mes una agenda nacional de actividades dedicada a visibilizar y fortalecer las lenguas indígenas como patrimonio vivo.
La programación, organizada en coordinación con elInstituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), se desarrollará en recintos como el Centro Cultural Helénico, el Centro Nacional de las Artes, el Complejo Cultural Los Pinos y el Museo Nacional de Antropología.
Entre las actividades destacan la instalación sonora e intervención poética performática Ni Xóchitl, ni Yolotl. Esta flor, este corazón; la presentación del libro infantil bilingüe español-totonaco Chatin Maktinaj Kgosni. Un pequeño volador; la séptima Muestra de Cine en Lenguas Originarias, organizada por el IMCINE, con doce producciones; y la incorporación al resguardo de la Fonoteca Nacional de un archivo sonoro con música otomí del Valle de Toluca.
México es uno de los países con mayor diversidad lingüística del mundo: cuenta con 11 familias lingüísticas, 68 lenguas indígenas y 364 variantes. La conmemoración, proclamada por la UNESCO en 1999, pone el acento en la urgencia de preservar esta riqueza cultural frente a los riesgos de desplazamiento lingüístico. Con esta agenda, el Gobierno federal busca impulsar la transmisión intergeneracional y el orgullo por las raíces lingüísticas del país.
La jefa de Gobierno registra su nivel más alto en Iztapalapa con 79% y el menor en Magdalena Contreras con 63%, según encuesta de febrero de 2026.
La más reciente encuesta de evaluación ciudadana, realizada por Encuest@s MX, coloca a Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con un 70.1% de aprobación promedio en las 16 alcaldías durante febrero de 2026, consolidando un respaldo mayoritario a su gestión en la capital del país.
De acuerdo con el estudio levantado, la alcaldía con mayor respaldo es Iztapalapa, donde Brugada alcanza un 79% de aprobación, seguida de Gustavo A. Madero y Tlalpan con 74%, así como Iztacalco con 73% y Venustiano Carranza con 72%. También destacan Tláhuac (71%), Azcapotzalco y Coyoacán (70%), además de Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Xochimilco y Milpa Alta, todas con 69%.
#Encuesta de Evaluación de La Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM en las 16 Alcaldías de la #CDMX reveló un 70.1% del Promedio de las Alcaldías para el mes de Febrero del 2026. Teniendo la Aprobación mayor de 79% en Iztapalapa y la más baja de 63% en Magdalena Contreras. #EncuestasMxpic.twitter.com/jvftDmY75O
En contraste, el nivel más bajo de aprobación se registra en Magdalena Contreras con 63%, mientras que Benito Juárez reporta 66%, Miguel Hidalgo 67% y Cuajimalpa 68%.
La metodología señala que se realizaron 800 encuestas telefónicas entre el 7 y 8 de febrero de 2026, con un nivel de confianza del 95% y margen de error de +/- 4%, distribuidas en las 16 demarcaciones.
Los resultados reflejan una aprobación homogénea en la capital, con variaciones moderadas entre alcaldías, lo que posiciona a Clara Brugada con un respaldo sólido en la mayoría del territorio capitalino.
El promedio superior al 70% refuerza la percepción positiva sobre la actual administración capitalina, particularmente en zonas históricamente estratégicas como Iztapalapa, bastión político de la mandataria.
Existe una creciente preocupación por la privatización de los parques públicos en la Ciudad de México, derivada de la realización de eventos privados en espacios que históricamente han sido de acceso libre para la ciudadanía. Un caso reciente se registra en la alcaldía Miguel Hidalgo, del prianista Mauricio Tabe Echartea, donde los vecinos realizaron bloqueos en protesta por el cierre temporal del Parque La Lira debido a un evento privado que impide el acceso normal al predio.
Después de que el Parque La Lira comenzara a ser cercado con vallas metálicas y se iniciaran trabajos de la adecuación para el evento “Alicia en el País de las Maravillas”, organizado por privados y que planea durar al menos dos meses, los vecinos de la zona comenzaron una movilización en defensa del uso público.
Hoy la movilización digital y en el propio parque se intensificó con consignas como “El parque no se vende, se ama y se defiende”, con representantes de organizaciones civiles y vecinos que denuncian el cierre del espacio, lo que abre la puerta a prácticas de privatización encubierta en perjuicio de la ciudadanía.
Ante esto, la alcaldía Miguel Hidalgo aseguró que el evento traería al parque una inversión de 4 millones de pesos y que se contaba con el estudio técnico y dictámenes del INAH, puesto que se trata de un espacio histórico. No obstante, hasta el momento, no se han mostrado los permisos correspondientes ni la supuesta duración de estos. Además, los vecinos acusan que nunca se les consultó y que incluso hacían pasar el cierre del parque para una rehabilitación, cuando en realidad se trataba del acondicionamiento para el evento.
Ante, esto, la propia jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, aseguró que hablará personalmente con el alcalde Mauricio Tabe para resolver la situación: “considero que no debemos privatizar un espacio público para una programación privada [..], se puede dar alternativa a los privados de otra manera, en otros espacios, pero no en un espacio público como es el Parque Público [..]. Por supuesto que no estoy de acuerdo”, declaró.
Sobre las acusaciones de la privatización del Parque Lira, en la alcaldía Miguel Hidalgo, por parte del alcalde Mauricio Tabe, y a pregunta expresa de #LosReporterosMX, la mandataria aseguró que hablará con el dirigente panista para que no privatice espacios públicos. pic.twitter.com/1dVTSVrqTr
Esta protesta se suma a una serie de quejas por dejar de lado el uso público en favor de actividades comerciales privadas. El debate sobre la gestión de parques públicos también ha adquirido relevancia en torno al Parque Bicentenario, tras el accidente fatal durante el festival AXE Ceremonia 2025, donde dos personas fallecieron por el colapso de una estructura en un evento privado.
Ese suceso provocó la suspensión de actividades del festival y generó cuestionamientos sobre la concesión del parque para fines comerciales. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno federal decidió cancelar la concesión del Parque Bicentenario, y que este espacio pasará a ser administrado por la Secretaría de Cultura en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México para asegurar su uso público.
Para defensores del espacio público, estos casos reflejan una tensión creciente entre el derecho de acceso libre a áreas verdes y modelos de gestión que permiten eventos privados o concesiones comerciales en parques de la capital. Señalan que, si bien la realización de actividades culturales y artísticas puede ser legítima, estas no deben comprometer el uso cotidiano de los espacios ni excluir a la comunidad local, especialmente en una ciudad con escasez de áreas verdes. La atención se mantiene en cómo las autoridades equilibrarán la apertura cultural y recreativa con la defensa del carácter público de los parques de la Ciudad de México.
La capital despliega brigadas, módulos nocturnos y puntos en transporte público ante el repunte de contagios; la vacuna es gratuita y segura.
Ante el repunte de casos de sarampión en la Ciudad de México, el Gobierno capitalino activó un operativo sanitario especial para frenar la cadena de transmisión. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó el despliegue de 500 brigadas de vacunación, integradas por mil 500 personas, así como la habilitación de 21 puntos de vacunación con horario extendido, algunos de ellos hasta las 23:00 horas.
La medida responde al aumento acelerado de contagios. De acuerdo con la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, en la CDMX se han confirmado 166 casos de sarampión desde agosto del año pasado; 122 de ellos se han registrado en lo que va de 2026, lo que encendió las alertas epidemiológicas. Además, 81 por ciento de los pacientes no contaba con vacunación previa, y 86 casos corresponden a personas adultas.
Por ello, las autoridades hicieron un llamado urgente a vacunarse a personas de seis meses a 49 años, incluso si no recuerdan haber recibido la dosis con anterioridad. “Las vacunas son seguras, gratuitas y suficientes”, subrayó Brugada al exhortar a la población a protegerse y evitar la propagación del virus.
Los puntos de vacunación con horario extendido se ubican en zonas de alta afluencia como Bellas Artes, el Ángel de la Independencia, la Basílica de Guadalupe, el Centro de Coyoacán, parques, mercados y deportivos, además de explanadas de alcaldías y espacios comunitarios. A estos se suman 100 módulos en el sistema de transporte público, incluyendo Metro, Metrobús, Trolebús y Cablebús, así como brigadas en preparatorias y universidades.
También se implementó un operativo especial en la Central de Abasto, donde la vacunación se realizará de 20:00 a 7:00 horas, para facilitar el acceso a trabajadores nocturnos. Las autoridades reiteraron que la vacunación es la principal herramienta para contener el brote y evitar nuevos contagios en la capital.
La jefa de Gobierno mantiene una evaluación mayoritaria entre la población capitalina, con avances destacados en apoyos sociales, economía y transporte público, según encuesta de El Financiero.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, mantiene un respaldo ciudadano del 63 por ciento, de acuerdo con la más reciente encuesta de El Financiero realizada en enero, lo que confirma una aprobación mayoritaria a su gestión al frente del gobierno capitalino.
El estudio muestra que, pese a un contexto nacional complejo, la administración de Brugada conserva niveles sólidos de confianza, con resultados positivos en áreas clave para la población. En materia de seguridad pública, 55 por ciento de las personas consultadas considera que la situación ha mejorado, reflejando una percepción favorable sobre las acciones emprendidas en la ciudad.
Entre los rubros mejor evaluados destaca el manejo de los apoyos sociales, que alcanzó un 79 por ciento de opiniones positivas, posicionándose como el aspecto con mayor respaldo ciudadano. Este resultado refuerza la política social del gobierno capitalino orientada a reducir desigualdades y fortalecer el bienestar comunitario.
La economía de la CDMX también presenta un balance favorable, con 61 por ciento de evaluaciones positivas, mientras que el transporte público obtuvo 51 por ciento de aprobación. En particular, el Sistema de Transporte Colectivo Metro registró una mejora significativa en su percepción ciudadana, al alcanzar 60 por ciento de opiniones favorables, lo que representa un incremento relevante respecto a mediciones previas.
Los resultados de la encuesta confirman que la gestión de Clara Brugada avanza con respaldo social, consolidando una agenda enfocada en la atención social, la movilidad y el fortalecimiento de la economía local, e impulsando la continuidad de su proyecto de gobierno en la capital del país.
El político señalado por encabezar una red de prostitución denuncia abandono médico y persecución, luego de pasar años evadiendo la justicia y el escrutinio público.
Desde una celda del Reclusorio Oriente, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exlíder del PRI en la Ciudad de México y personaje central de uno de los escándalos de prostitución política más graves del país, ahora se presenta como víctima del sistema. El mismo político que durante años negó toda responsabilidad, hoy afirma que se está muriendo en prisión y exige trato humanitario.
En una carta dirigida al periodista Ciro Gómez Leyva, Gutiérrez —preso desde finales de 2021— acusa que su proceso fue “armado políticamente” por la entonces fiscal Ernestina Godoy, y se queja de que sus solicitudes de prisión domiciliaria han sido rechazadas en al menos cinco ocasiones. El argumento central: su delicado estado de salud.
Según su versión, desde mayo de 2025 comenzó a presentar hemorragias urinarias, fue diagnosticado sin especialistas y pasó meses con una sonda, mientras —afirma— las autoridades penitenciarias simulaban atención médica. Hoy, el exdirigente reclama lo que durante años negó a otras personas: derechos, sensibilidad y justicia.
El giro no pasa desapercibido. Gutiérrez no es un preso cualquiera. En 2014, una investigación periodística de MVS Noticias, encabezada por Carmen Aristegui, documentó cómo desde la sede del PRI capitalino se reclutaba a mujeres jóvenes para ofrecer servicios sexuales al dirigente. El escándalo derivó en su suspensión partidista, aunque él siempre se dijo inocente.
Hoy, el mismo personaje que operó en las élites del poder, que heredó estructuras políticas y sindicales, y que jamás mostró empatía por las víctimas, apela a la compasión pública. El mensaje implícito es claro: cuando el criminal enferma, exige humanidad; cuando tenía poder, nunca la garantizó.
La Fiscalía capitalina documentó más de un centenar de investigaciones por trata de personas, con calles específicas bajo control de una red criminal de alcance internacional.
La Fiscalía de Investigación de los Delitos de Trata de Personas abrió 103 carpetas de investigación en la Ciudad de México en un periodo de dos años, de las cuales 27 por ciento se concentran en la alcaldía Cuauhtémoc, zona donde autoridades federales y locales han detectado el control del grupo criminal Tren de Aragua.
De acuerdo con una revisión de datos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), entre 2023 y 2025 se iniciaron 28 indagatorias por este delito únicamente en dicha demarcación. Los expedientes señalan que los hechos ocurrieron en calles dominadas por esta organización criminal de escala internacional, principalmente Mina, Juan Aldama, Antonio Caso y James Sullivan, identificadas como epicentro de la trata con fines de explotación sexual.
Las investigaciones refieren que el Tren de Aragua somete a mujeres extranjeras que ingresan al país y llegan a la capital con deudas de miles de dólares, las cuales son obligadas a pagar mediante la prostitución. Otras denuncias también se registraron en las colonias Doctores, Obrera y Centro, ampliando el mapa de operación del grupo.
En al menos una carpeta, la FGJ logró rescatar a una víctima, quien declaró haber sido comprada por la organización y trasladada constantemente a distintos puntos sin conocer su ubicación, bajo un esquema de vigilancia y control absoluto.
Las cifras oficiales muestran que en 2025 se abrieron 20 carpetas, 10 de ellas en Cuauhtémoc; en 2024 se registraron 33 expedientes, con 11 en el primer cuadro de la ciudad. Aunque 2023 fue el año con más denuncias —50 en total—, solo siete se ubicaron en esa alcaldía.
Un informe federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana advierte que el Tren de Aragua ha fortalecido su estructura en la capital, con un modelo basado en el reclutamiento de mujeres desde la frontera sur, quienes arriban a la CDMX con deudas de entre 12 y 14 mil dólares, perpetuando una red criminal altamente rentable.
