La Suprema Corte avaló el tope anual a los alquileres en la capital; la medida busca contener la gentrificación y proteger el derecho a la vivienda.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el decreto del Gobierno de la Ciudad de México que limita el aumento anual de las rentas al índice de inflación, cerrando la puerta a incrementos discrecionales que disparaban el costo de la vivienda en la capital.
Durante la discusión, el Máximo Tribunal subrayó que la medida protege un derecho humano consagrado en la Constitución: el acceso a la vivienda, el cual se ha visto amenazado por la falta de regulación en los precios y el avance de la gentrificación.
La ministra Lenia Batres advirtió que en los últimos 20 años el costo del suelo en la Ciudad de México aumentó hasta 800 por ciento, fenómeno que ha impactado directamente en los alquileres. Además, señaló la caída en la vivienda propia: mientras en 2000 el 71% de los capitalinos habitaba casa propia, para 2020 la cifra bajó al 50%.
Con el fallo, por ejemplo, una renta de 10 mil pesos sólo podría incrementarse hasta 369 pesos anuales, conforme a la inflación, evitando alzas arbitrarias por encima del crecimiento general de precios.
Sin embargo, el tema del Registro de contratos de arrendamiento quedó pendiente, ya que el ministro presidente Hugo Aguilar presentará un nuevo proyecto con ajustes.
Por su parte, el doctor en Políticas Públicas del CIDE, Víctor Aramburú Cano, cuestionó la medida y sostuvo que el verdadero problema radica en la especulación inmobiliaria. Consideró que el gobierno capitalino debería aumentar la oferta de vivienda pública asequible y frenar la construcción destinada a la especulación, pues —dijo— la inflación nacional no refleja con precisión la dinámica del mercado inmobiliario en la CDMX.
El fallo de la SCJN marca un precedente clave en el debate sobre rentas, inflación y derecho a la vivienda en la Ciudad de México.
