Los disparos fueron realizados por agentes fronterizos y ya son investigados por el FBI, en medio de un clima nacional de indignación por el uso de fuerza letal de corporaciones federales.
Dos personas —un hombre y una mujer— resultaron heridas de bala tras un tiroteo protagonizado por agentes federales la tarde de este jueves en Portland, Oregón, confirmó el Departamento de Policía de Portland (PPB). El hecho ocurrió poco antes de las 14:30 horas locales y es investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), mientras crece la tensión social por el actuar de corporaciones federales en Estados Unidos.
En un comunicado oficial, la policía local informó que sus elementos acudieron al sitio tras reportes de disparos y localizaron a ambas personas con aparentes heridas por arma de fuego. La corporación fue enfática al señalar que los disparos no fueron realizados por la policía de Portland, sino por agentes federales, y que el PPB no participó en el operativo.
De acuerdo con fuentes citadas por ABC News, los agentes involucrados pertenecerían a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y no al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Tras el ataque, policías locales aplicaron torniquetes a las víctimas y solicitaron atención médica de emergencia; ambos heridos fueron trasladados a un hospital, aunque su estado de salud no ha sido actualizado.
El incidente ocurre en un contexto de alta tensión nacional, luego del asesinato de una mujer en Minneapolis presuntamente a manos de un agente migratorio, hecho que ha detonado protestas y cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de autoridades federales.
El jefe de la policía de Portland, Bob Day, llamó a la calma y pidió a la comunidad contener la indignación mientras avanzan las investigaciones. “Estamos en las primeras etapas y entendemos la intensa emoción y tensión que se vive”, declaró.
Tras lo ocurrido en Minneapolis con Renee Nicole, los agentes del ICE y CBP han sumado 15 tiroteos y 4 personas muertas luego de la intensificación ofensiva migratoria del presidente Trump.
Al día de hoy se han registrado al menos 15 tiroteos y 4 personas muertas a causa de agentes migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, comenzó la intensificación ofensiva migratoria en 2025.
El reciente caso de Minneapolis, en donde un agente del ICE disparó y terminó con la vida de Renee Nicole, una mujer estadounidense de 37 años, mientras conducía su camioneta, ha despertado la polémica sobre el uso excesivo de la fuerza e impunidad con la que actúan los agentes federales de migración.
En junio de 2025 el gobierno de Trump comenzó la intensificación de las redadas migratorias en Los Ángeles, que posteriormente llegaron a ciudades como Washington D.C., Chicago, Memphis, Portland, Charlotte, Nueva Orleans y Minneapolis, a lo que llamó: “el programa de deportaciones masivas más grande de la historia”.
Desde entonces se han identificado al menos 30 incidentes, que van desde encañonamiento y hasta disparos por parte de los agentes del ICE y CBP, entre los que se cuentan al menos 15 tiroteos con 5 heridos y 4 personas muertas, según datos recabados por The Trace, una organización sin fines de lucro dedicada a investigar incidentes de violencia armada.
“Incluyen disparos contra tres personas que observaban o documentaban redadas del ICE; disparos contra cinco personas que huían de controles de tráfico o evadían una operación policial; y la redada del 30 de septiembre en un edificio de apartamentos de Chicago, durante la que se apuntó con armas de fuego a inquilinos medio dormidos y a sus hijos”, se puede leer en la investigación.
También es de resaltar que son 13 los incidentes que han ocasionado los agentes federales con municiones no letales, como proyectiles de goma y pimienta, diez de ellos durante protestas.
Sobre los resultados de la investigación, The Trace aclara: “Es probable que nuestras cifras estén subestimadas, ya que los tiroteos que involucran a agentes de inmigración no siempre se reportan públicamente”, ya que los registros del ICE no se suelen hacer públicos por protección federal.
Pero todo esto no sería algo nuevo, pues según otra pesquisa, entre 2015 y 2021, agentes del ICE generaron 59 tiroteos en 26 estados norteamericanos, con un saldo de 23 personas muertas y 24 lesionadas. “Ni un solo tiroteo que examinamos resultó en una acusación formal en ningún lugar del país”, se explica en el documento, pese a que muchas de las versiones que alegó el ICE por su actuar fueron comprobadas como falsas o exageradas.
Un caso de impunidad preexistente, ya que La Corte Suprema “ha ido restringiendo durante muchos años las situaciones bajo las cuales se puede demandar a oficiales federales de la ley, incluidos los de inmigración”, explica para The Trace, Christy Lopez, ex litigante principal de derechos humanos del Departamento de Justicia.
Tal es el caso de Renee Nicole, en donde la versión que defiende el ICE relata que la mujer trató de atropellar a los agentes y por ende estos actuaron en defensa propia. Una posición apoyada por autoridades como Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, y el propio Donald Trump: “Ella se comportó horriblemente. Y luego lo atropelló. No intentó atropellarlo”, dijo el mandatario.
Mientras que los videos tomados de lo ocurrido muestran a los agentes acercándose al auto detenido en medio de la calle para pedirle que se retire y es cuando, uno de los elementos intenta abrir la puerta, que la conductora arranca el vehículo, incluso retrocediendo para esquivar a los agentes y marchar hacia adelante. Fue entonces que uno de los elementos que fue rozado por el automóvil, hasta el momento no identificado, le disparó a quemarropa a Renee.
“Ese agente está protegido por inmunidad absoluta. Estaba haciendo su trabajo”, ha declarado el vicepresidente, J. D. Vance. Una justificación que vuelve víctima al victimario y con la que se puede seguir amparando una de las fuerzas con mayor poder operativo en el país, que suele armar redadas en lugares públicos con alto flujo de transeúntes.
ACTUALIZACIÓN: Tras las manifestaciones por la muerte de Renee Nicole, la cifra aumentó a 16 tiroteos.
El organismo, impulsado por el gobernador JB Pritzker, busca romper la impunidad federal y dejar un registro histórico de violaciones a derechos humanos contra migrantes.
Chicago se convirtió en la primera ciudad de Estados Unidos en contar con una comisión especializada para investigar abusos cometidos por agentes migratorios, en un contexto marcado por redadas violentas, uso de gases químicos y hostigamiento sistemático contra comunidades migrantes. La Comisión para el Rendimiento de Cuentas de Illinois (IAC) nació como respuesta directa a la impunidad con la que operan el ICE y la CBP.
Creada por el gobernador JB Pritzker, la comisión es encabezada por el juez federal retirado Rubén Castillo y está integrada por expertos legales y defensores de derechos humanos. Su misión es clara: documentar con pruebas, testimonios y evidencia audiovisual los abusos federales, en especial en Chicago, ciudad señalada por la Casa Blanca como objetivo prioritario de su política antimigrante.
La primera audiencia pública expuso casos alarmantes: familias atacadas con gas pimienta dentro de sus vehículos, trabajadores agredidos durante detenciones y manifestantes pacíficos reprimidos con sustancias químicas. Castillo fue contundente: “Esto no puede convertirse en la nueva normalidad”.
La comisionada Susan Gzesh, académica de la Universidad de Chicago, explicó que la IAC busca construir un archivo histórico que permita, en el futuro, enjuiciar a los responsables. También señaló que la comisión enfrenta una batalla contra la desinformación oficial, al documentar casos que el propio Departamento de Seguridad Interna ha negado, pese a evidencia médica y videográfica.
Uno de los episodios más graves —la agresión con gas pimienta a una familia con una niña de un año— fue presentado pese a que el DHS afirmó que “nunca ocurrió”. Para la comisión, este caso simboliza el nivel de cinismo y negación institucional.
Expertos médicos invitados advirtieron que el uso de gas lacrimógeno y pimienta constituye fuerza excesiva, sustancias incluso prohibidas en conflictos armados internacionales, pero utilizadas sin regulación contra civiles. La IAC realizará tres audiencias más y emitirá un informe oficial en abril, con la intención de que la verdad documentada rompa la impunidad federal.
En plena era Trump, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) admitió haber usado fuerza excesiva contra 351 migrantes entre febrero y agosto de 2025, pero se justifica alegando que 474 de sus agentes fueron agredidos por hispanos durante operativos. La cifra confirma una política sistemática de violencia y control que se extiende por toda la frontera sur, mientras las redadas dejan un saldo creciente de abusos, muertes y denuncias por violaciones a los derechos humanos.
“Sí pegamos, pero ellos pegan más”. Así resume el CBP su propio balance de violencia en la frontera. Mientras millones de personas protestan en el mundo contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump, la agencia fronteriza justifica el uso de la fuerza en sus redadas alegando que “la soberanía de Estados Unidos está bajo ataque”. En su más reciente informe, el organismo reconoce haber violentado a 351 migrantes entre febrero y agosto de 2025, aunque asegura que 474 agentes fueron agredidos por hispanos durante el mismo periodo.
Los datos internos del CBP, obtenidos por MILENIO, revelan que 531 agentes participaron en actos de fuerza excesiva, lo que confirma una práctica constante y normalizada. Solo entre junio y agosto, los casos aumentaron 50%, con picos en la frontera sur, donde se concentran 278 de los incidentes registrados. Detrás de estas cifras hay un patrón operativo sostenido: intervenciones físicas, persecuciones y controles en zonas de cruce, que reflejan una política de “contención total” impuesta desde la declaratoria de emergencia nacional decretada por Trump a inicios de año.
El panorama es más grave si se consideran las actuaciones del ICE, la otra cara del aparato migratorio estadounidense. Desde 2023, el organismo dejó de publicar sus estadísticas de uso de la fuerza, pese a los reportes de muertes bajo custodia y de prácticas inhumanas, como el uso del dispositivo WRAP para inmovilizar completamente a personas ya detenidas. Organizaciones civiles como Detention Watch Network contabilizan al menos 20 muertes bajo custodia del ICE desde que Trump asumió el poder, la cifra más alta registrada en un solo año desde 2006.
La narrativa oficial insiste en que los agentes enfrentan una amenaza creciente. El Departamento de Seguridad Nacional ha advertido sobre supuestos planes de cárteles mexicanos para atacar a personal fronterizo, ofreciendo recompensas de hasta 50 mil dólares por asesinatos de mandos de alto nivel. Sin embargo, defensores de derechos humanos y observadores internacionales señalan que esta retórica busca reforzar un clima de miedo y justificar la militarización del control migratorio.
El saldo de esta política es alarmante: más muertos, más violencia institucional y una frontera que se transforma en zona de excepción permanente. Con la “emergencia nacional” como escudo, la administración Trump reaviva la guerra contra los migrantes, donde cada redada se ampara en la idea de una defensa patriótica y cada golpe se legitima como acto de soberanía.
Con información de Laura Sánchez Ley para Milenio.
La operación en Hyundai Metaplant, considerada una de las mayores en la historia de ICE, paralizó la producción de baterías de vehículos eléctricos y generó críticas sobre el trato a los trabajadores.
Cientos de inmigrantes indocumentados fueron detenidos este jueves durante una redada masiva en la planta Hyundai Metaplant en Ellabell, Georgia, a unos 40 km de Savannah. La acción involucró a ICE, HSI, FBI, DEA, ATF y la Patrulla Estatal de Georgia, y se centró en presuntas prácticas laborales ilegales y delitos federales graves, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Se calcula que 450 trabajadores fueron arrestados, muchos de ellos empleados en la producción de baterías para vehículos eléctricos, lo que provocó la paralización de la planta, considerada por el gobernador de Georgia como el mayor proyecto económico del estado. Agentes enmascarados y armados fueron vistos ordenando a los trabajadores con cascos y chalecos de seguridad a formar filas durante el operativo, según videos difundidos por CNN.
El DHS subrayó que la redada envía un “mensaje claro: quienes exploten a la fuerza laboral, violen la ley y socaven la economía rendirán cuentas”. Por su parte, Hyundai afirmó que coopera plenamente con las autoridades y reiteró su compromiso con las regulaciones laborales y de inmigración, destacó su portavoz Michael Stewart.
Sobre la posible implicación de mexicanos, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que desde el primer momento se ha estado en contacto con el Consulado y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Destacó que, desde la redada, se trabaja de manera conjunta con ICE y CBP para recabar información.
Acorde a fuentes de CNN, el gobierno de EE.UU. planea iniciar un operativo de control migratorio en Chicago a partir del 5 de septiembre. El despliegue contará con personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quienes contarán con vehículos blindados.
La administración de Donald Trump también contempla la participación de la Guardia Nacional en caso de ser necesario, tal como en junio pasado que se enviaron 4,000 efectivos para controlar protestas en otras ciudades.
Tom Homan, zar de la frontera, afirmó que Chicago, ciudad gobernada por demócratas, verá un aumento gradual en las operaciones de control migratorio, dadas las tensiones con el gobierno federal.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, describió Chicago como una de las ciudades más peligrosas del mundo. La decisión de enviar vehículos blindados busca abordar la situación migratoria en la tercera urbe más poblada del país.
Los traficantes de migrantes, conocidos como polleros, han comenzado a abrir boquetes en el muro fronterizo en Chihuahua y Texas. En zonas como Ciudad Juárez y El Paso, cruzan a decenas de migrantes diariamente, cobrando más de mil dólares por el cruce.
Este jueves, la policía de Chihuahua detuvo varios parches del muro durante un operativo conjunto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP).
El gobierno de Chihuahua reportó que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado trabaja en coordinación con CBP. Durante estos operativos, localizaron a una persona que transportaba fragmentos metálicos del muro.
Las autoridades estadounidenses utilizan estos fragmentos como parches para cubrir cortes en la malla ciclónica. El hallazgo ocurrió durante un recorrido en la zona limítrofe. Los agentes detectaron a un individuo con piezas de malla que CBP había instalado previamente.
Los materiales fueron retirados y entregados a las autoridades estadounidenses. Esta colaboración binacional permite atender de manera inmediata estas situaciones en la frontera.
El embajador de EE.UU. en México, Ronald Johnson, destacó avances “históricos” en seguridad, migración y decomisos de droga, gracias a la estrecha coordinación con la administración mexicana.
Desde su cuenta en X, el diplomático agradeció el trabajo conjunto con la CBP y autoridades mexicanas, subrayando que en los últimos dos meses no se han registrado liberaciones de migrantes y se han mantenido los cruces irregulares al mínimo, además de lograr importantes aseguramientos de narcóticos.
Tras ver su labor en la frontera, reconozco a @CBP y a las agencias de seguridad por los resultados históricos que han reportado: cruces mínimos, cero liberaciones por segundo mes consecutivo y decomisos importantes de droga. Gracias al liderazgo de @POTUS@realDonaldTrump y a la… pic.twitter.com/Dd28SctqpO
— Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 22, 2025
Johnson atribuyó estos logros al liderazgo de Donald Trump y a los operativos espejo implementados con el nuevo gobierno, los cuales atacan el tráfico de drogas, armas, personas y la migración ilegal desde ambos lados de la frontera.
Durante una gira iniciada el 13 de julio en Tijuana, el embajador sostuvo reuniones con representantes de Sedena, Guardia Nacional, CBP y Patrulla Fronteriza, resaltando que una frontera segura reduce costos, impulsa el comercio y fortalece la prosperidad binacional.
“La coordinación interinstitucional ya está rindiendo frutos concretos para México y Estados Unidos”, remató el embajador desde la garita de San Isidro.
La administración Trump avanza en la construcción de un nuevo ‘muro’ marítimo en la frontera entre EE.UU. y México. Este proyecto de 27.3 kilómetros se ubicará en el Río Bravo, entre el condado de Cameron (Texas) y Matamoros (Tamaulipas).
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) planea adjudicar el proyecto a finales de este año. Utilizarán fondos del año fiscal 2021 para llevarlo a cabo.
La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, firmó la sexta exención para este proyecto. Esto cumple con las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump para detener el flujo migratorio irregular hacia EE.UU.
La CBP señala que hay una brecha en la seguridad de las vías fluviales en la frontera suroeste. Esto permite el contrabando de drogas y la trata de personas. Por lo tanto, las barreras marítimas se consideran necesarias para reforzar la seguridad.
Estas estructuras no solo protegerán a los agentes fronterizos, sino que también disuadirán a los migrantes que intentan cruzar de forma ilegal. Ante la urgencia del proyecto, la CBP afirma que no se tomarán en cuenta requisitos legales adicionales que puedan retrasar su construcción.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, negó rotundamente una alerta emitida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) que lo relaciona con actividades terroristas. Este señalamiento fue difundido por el periodista Luis Chaparro en su portal Pie de Nota, incluyendo una captura de pantalla que contenía el apellido «DURAZO» junto a la leyenda «ST – Suspected Terrorist».
Paloma Terán, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora, calificó la información como «completamente falsa y carente de sustento». Terán aseguró que ninguna autoridad oficial ha confirmado lo que se afirma en la nota. Además, atribuyó la difusión de este contenido a intentos de afectar políticamente al mandatario. Reafirmó que Durazo sigue desempeñando sus funciones con firmeza y transparencia, centrado en servir a la ciudadanía.
Esta no es la primera vez que el gobernador enfrenta acusaciones infundadas. En mayo de 2023, también desmintió información que vinculaba a sus hijos con el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA) por supuestos vínculos con el crimen organizado. En esa ocasión, Durazo calificó la nota como «absolutamente falsa» y aclaró que ni él ni su familia tienen relación alguna con las personas mencionadas.
