Además del clasismo, el racismo y la corrupción –que deben morir, sí-, la invasión española a México nos dejó como herencia lastres arraigados que entorpecen el avance de nuestro país.
Uno de ellos es el de considerar al servicio público como una oportunidad de enriquecimiento mediante salarios que fuera del gobierno les sería absolutamente imposible ganar y que desde luego no obtendrían en las empresas de los empresarios que los defienden.
Otro, es el de suponer que el cargo que desempeñan es un patrimonio personal que pueden llevar y traer a donde y como quieran, pero no una responsabilidad ante quienes se lo otorgaron.
Stanley y Barbara Stein, historiadores norteamericanos, preguntan en su libro La herencia colonial de América Latina (Siglo XXI Editores, 1982): “(…) ¿podía un alto funcionario europeo regresar de un puesto después de cuatro años de servicio con un excedente de ganancias (…)?” Un funcionario europeo no, pero uno español sí, y esa costumbre perdura hasta nuestros días en México.
Veamos como ejemplo de abuso salarial el lacerante caso del tristemente célebre Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, quien al término del “cordovato” se habrá alzado con la friolera de 28 millones de pesos ($262 mil pesos mensuales1 x 12 meses x 9 años), cantidad que a un salario mínimo le tomaría 445 años de trabajo en la fábrica de calzado alcanzar ($172 pesos diarios2 = 63 mil pesos anuales x 445 años = 28 millones de pesos).
Es muy buena cantidad de centavos para quien ha hecho una especialidad de la persecución a periodistas como Erick Gutiérrez o Alina Duarte, además de obstaculizar elecciones y crear un chile chipotle enfurecido que nos dijo nuestro precio en plena cara a insumisos y retobados que reprobamos su despótico proceder. Obsérvese el tránsito que va desde “¡Este puño sí se ve!” del papá comunista Arnaldo a “¡Este sueldo sí se ve!” del hijo neoliberal Lorenzo en sólo una generación para que no digan luego que no hay movilidad social en México.
Dice la 4T: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, porque no es justo que un asalariado requiera 445 años para ganar lo que un funcionario del INE obtiene en sólo 9 años. No: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.
Como un escalofriante vaticinio de los saqueos por los que atravesaría México durante el siglo XIX con el porfiriato y el XX con el neoporfiriato neoliberal, escriben los Stein: “Los grandes buscaron los cargos coloniales por la oportunidad que éstos ofrecían de darles fortuna personal a ellos (y) a los miembros de sus amplias familias (…)”. Descripción que anticipa a ciegas a las aciagas familias Monreal, o Zavala Gómez del Campo, o Montiel – Del Mazo, o Salinas – Ruiz Massieu.
Según los Stein, “a las colonias fluía una sucesión de virreyes elegidos entre la alta nobleza e investidos de amplios poderes discrecionales para su enriquecimiento”. Sustitúyanse las palabras “alta nobleza” por “élite neoliberal” para darle una lectura acorde al clasismo y al racismo imperantes hasta 2018 y se entenderá la cita. El resto del párrafo no requiere modificación.
En el caso de los cargos considerados como patrimonio personal, dicen los Stein: “Los cargos públicos en todos los niveles eran considerados como un instrumento legítimo para promover el interés privado por encima del bien común”. El interés privado dicta que un funcionario de cualquier Secretaría puede utilizar el vehículo a su cargo para llevar a los niños a la escuela o acudir con la familia a comer en un restaurante del centro comercial. Es una de las pequeñas raterías, además de la ociosidad durante el horario de trabajo, que complementan el sueldo.
Pero hay casos verdaderamente graves, como el de los senadores Germán Martínez Cázares y María Lilly del Carmen Téllez García (Lilly Téllez), quienes llegaron al Senado de la República por Morena y, al entrar en desacuerdo con el partido por la razón que sea, se llevaron el cargo conferido por los votantes para usufructuarlo políticamente de acuerdo a sus intereses.
Nadie cuestiona su derecho a discordar del presidente López Obrador. Tienen derecho a disentir y a hacerse una trenza con sus nuevas creencias; a lo que no tienen derecho es a llevarse el cargo como si fuera un bien mueble de su propiedad que pueden trasladar a donde gusten.
Ambos carecen de carisma y arrastre personal y si algo lograron fue por haberse montado en la ola lopezobradorista, lo cual es clarísimo en el caso de Martínez Cázares, pues llegó por la vía plurinominal sin que nadie votara por él.
Perdóneseme la grosería de hablar en primera persona para poner un ejemplo de lo anterior. En 2018, en las elecciones para gobernador, voté por Ricardo Sheffield no porque se tratara de Ricardo Sheffield sino a pesar de que se tratara de Ricardo Sheffield. Representaba a Morena, es decir a López Obrador, y voté por AMLO vía RS. Muchos malagradecidos llegaron a puestos públicos por la 4T y no por sus méritos políticos. Sería justo que regresaran el cargo y se dedicaran a construir su propio camino y que dejaran de beneficiarse de la lucha de aquél a quien hoy, ya senadores, tanto repudian.
“¡Muera la corrupción! ¡Muera el clasismo! ¡Muera el racismo!”, dijo el presidente en el Grito del pasado 15 de Septiembre. La corrupción, el clasismo y el racismo forman parte de una herencia profundamente nefasta contra la que “hemos dicho basta y echado a andar”.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
