El predio de Champotón, Campeche fue clausurado por la Profepa debido a su deforestación.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)clausuró temporalmente un predio con superficie de 52 hectáreas de selva mediana subperennifolia en el ejido Dzitbalché Castellot, municipio de Champotón, Campeche, por actividades de derribo, arranque y destrucción de vegetación forestal sin permiso.
Personal de la instancia, junto con elementos de la Guardia Nacional, acudió el 13 de febrero para una visita al lugar, donde se comprobó el cambio de suelo, pues la vegetación característica de selva mediana subperennifolia había sido removida.
Al no contar con la autorización federal, requisito indispensable para realizar este tipo de actividades en terrenos forestales, se procedió a la clausura temporal del predio, con la colocación de los sellos correspondientes. Asimismo, se inició el procedimiento administrativo para determinar las sanciones correspondientes, mientras se mantiene la vigilancia del área asegurada.
La Cámara de Diputados evalúa una iniciativa que busca reducir el IVA y el ISR en cuatro estados insulares, con el fin de mejorar la economía local y atraer inversión.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ha formado un grupo de trabajo para discutir la reducción del IVA del 16% al 8% y del ISR del 30% al 16% en algunas islas de México. Esta propuesta afecta a los estados de Quintana Roo, Campeche, Nayarit y Baja California, que enfrentan altos costos logísticos.
Marybel Villegas Canché, diputada de Morena, liderará este grupo. La legisladora comentó que ya han tenido conversaciones con representantes de cámaras empresariales, sindicatos y autoridades locales de Quintana Roo. Estos diálogos son clave para entender las necesidades de las islas y buscar soluciones efectivas.
Villegas destacó que esta propuesta busca crear una Zona Estratégica Fronteriza Insular. Este cambio se propone para reducir las diferencias en competitividad entre el norte y el sur del país. La intención es estimular la inversión, formalizar la economía regional y fortalecer la base tributaria en áreas estratégicas.
Además de la reducción en el IVA y el ISR, la iniciativa incluye estímulos adicionales para el IEPS, que se aplicaría al combustible en las regiones fronterizas. La legisladora enfatizó que no se trata de un privilegio, sino de una actualización necesaria para equilibrar la balanza económica entre el norte y el sur del país. Con este enfoque, se espera que lugares como Cozumel, Isla Mujeres y Holbox en Quintana Roo se beneficien directamente. La propuesta busca aliviar la carga impositiva y contribuir al crecimiento económico de estas islas.
La aprobación de 19 Navy SEALs para entrenamiento conjunto en Campeche acelera la cooperación en seguridad marítima y lucha contra el tráfico ilícito, aseguran legisladores bipartidistas.
Congresistas de ambos partidos en Estados Unidos celebraron este jueves la decisión del Senado de México de autorizar la entrada de 19 integrantes del equipo de élite Navy SEALs para participar en un ejercicio de entrenamiento conjunto con la Armada de México en el estado de Campeche.
El presidente del Grupo Interparlamentario México-Estados Unidos, Michael McCaul (Republicano), y el congresista Henry Cuellar (Demócrata) destacaron en un comunicado que la autorización, acordada tras su reciente visita a México, fortalece la cooperación bilateral.
Los legisladores señalaron que este entrenamiento ayudará a mejorar la capacidad de ambos países para interceptar cargamentos ilícitos en el mar, con énfasis en buques que transportan precursores químicos relacionados con la producción de fentanilo, una de las prioridades de seguridad compartida.
En su mensaje, McCaul y Cuellar agradecieron “el compromiso del Senado mexicano con la seguridad compartida”, y subrayaron que la colaboración permitirá mejorar el intercambio de inteligencia y capacidades navales, con el objetivo de proteger comunidades en ambos lados de la frontera.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que la decisión refleja “la profundidad de la cooperación bilateral” y destacó que la visita de la delegación de congresistas puso énfasis en los esfuerzos constantes desde la embajada para trabajar con el Gobierno de México en temas de **seguridad y prosperidad compartida”.
La autorización de ingreso de los SEALs se da en un contexto donde México y Estados Unidos buscan reforzar estrategias conjuntas contra el crimen transnacional, especialmente en operaciones marítimas y en la lucha contra el tráfico de drogas y precursores químicos que alimentan el mercado de fentanilo en Norteamérica.
La fractura interna derivó en la restauración del fuero legislativo, pese a que el propio movimiento de la 4T lo ha señalado como un privilegio que debe desaparecer.
La bancada de Morena en el Congreso de Campeche se fracturó de manera abierta luego de que 10 de sus 16 diputados rompieron con la gobernadora Layda Sansores, en medio de acusaciones de persecución política, exclusión interna y uso faccioso del poder. La confrontación escaló al punto de que los legisladores avalaron, en sesión reservada, la restauración del fuero constitucional, eliminado en 2016.
El rompimiento se consolidó tras la elección de la mesa directiva, cuando diputados afines a Sansores se aliaron con MC, PRI, PAN, PT y PVEM para imponer al emecista Paul Arce como presidente del Congreso. El coordinador morenista José Antonio Jiménez y nueve legisladores votaron en contra, confirmando la división.
Horas después, agentes ministeriales cercaron el Palacio Legislativo, hecho que los diputados inconformes interpretaron como una advertencia política. Aunque la Fiscalía General del Estado negó órdenes de aprehensión y el gobierno estatal rechazó cualquier persecución, el ambiente de tensión derivó en que los legisladores sesionaran atrincherados y destituyeran a vicecoordinadores cercanos a la mandataria.
En ese contexto, se aprobó la reinstalación del fuero, una decisión que contradice abiertamente la postura histórica de la Cuarta Transformación, encabezada por Andrés Manuel López Obrador y reafirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes han sostenido que nadie debe estar por encima de la ley.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum evitó entrar al fondo del conflicto y se limitó a llamar a la calma: “Serenidad y paciencia, paz y amor a todos, a todas”, dijo al ser cuestionada sobre el rompimiento y la reactivación del fuero.
El gobierno estatal insistió en que no existen carpetas de investigación contra José Antonio Jiménez y calificó la crisis como un conflicto político interno, mientras que la restitución del fuero fue señalada como un retroceso institucional que revive privilegios legislativos en plena disputa por el control del Congreso.
El programa Leche del Bienestar continúa fortaleciendo su presencia a nivel nacional con el objetivo de apoyar al pequeño productor y combatir la carencia alimentaria en el país. Actualmente, el programa cuenta con 13 mil lecherías en operación, con la meta de alcanzar 15 mil puntos de distribución en todo el territorio nacional.
Foto: LosReporterosMX / Sebastián Juárez
Como parte de esta estrategia, se mantiene una distribución anual de 55 millones de litros de leche a nivel nacional, mientras que a nivel estatal esta planta aporta 400 mil litros, lo que contribuye a garantizar el acceso a un alimento básico y nutritivo para miles de familias mexicanas.
Foto: LosReporterosMX / Sebastián Juárez
El director nacional de Operaciones de Leche del Bienestar, el doctor Víctor Hugo Pérez Rojas, destacó que “el programa no solo busca fortalecer la economía de los pequeños productores lecheros, sino también asegurar que las familias beneficiarias cuenten con una nutrición adecuada”.
Foto: LosReporterosMX / Sebastián Juárez
Por otra parte, el director de Operaciones indicó que Leche del Bienestar establecerá convenios con más de 185 organismos de la sociedad civil, entre ellos albergues, guarderías y orfanatos, con el fin de ampliar su impacto social.
La distribución del programa se concentra actualmente en estados de la República vecinos, entre los que se encuentran Michoacán, Aguascalientes, Veracruz, Oaxaca y Campeche, como parte de una estrategia de cobertura de 7 millones 500 mil beneficiarios mexicanos, focalizada en regiones con mayores necesidades alimentarias.
Con estas acciones, Leche del Bienestar se consolida como un programa social clave para fortalecer la seguridad alimentaria, apoyar al sector productivo nacional y mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas. Leche del Bienestar: una nueva fórmula para las familias mexicanas.
Aunque fue señalado por presunto narcomenudeo, un juez determinó que José Alberto Abud Flores puede continuar su proceso penal sin prisión preventiva mientras se revisa la legalidad de su detención.
El ex rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACam), José Alberto Abud Flores, recuperó su libertad la tarde del miércoles, luego de que una jueza de control determinara que no existía riesgo procesal para mantenerlo en prisión, pese a estar imputado por narcomenudeo en la modalidad de posesión simple de estupefacientes.
El académico, quien fue destituido del cargo tras su detención, continuará el proceso penal en libertad. La audiencia clave para definir su situación jurídica se reanudará el próximo domingo a las 8:30 horas, cuando también se analizará el caso de las dos personas que lo acompañaban al momento de su aprehensión.
A su salida de la sala de juicios orales, Abud Flores se mostró tranquilo y sonriente, limitándose a agradecer la presencia de los medios y evitando pronunciarse sobre el proceso legal o la crisis política que atraviesa la UACam, institución que ya nombró a una nueva rectora. Cualquier declaración adicional, dijo, sería atendida por su defensa.
La defensa legal, encabezada por Fernando Coronado, director jurídico de la ANUIES, junto con los abogados Germán García y Edwin Trejo, adelantó que buscarán desestimar las acusaciones de la Fiscalía estatal. Trejo subrayó que hasta ahora no se han entregado los videos de las cámaras corporales de los policías que realizaron la detención, material que calificó como clave para determinar si la aprehensión fue legal o si hubo irregularidades.
Aunque la jueza calificó la detención como legal por tratarse de una supuesta flagrancia, aceptó que no existía peligro de fuga ni amenaza, por lo que los imputados quedaron en libertad. La Fiscalía General del Estado confirmó que son tres personas las procesadas por este caso.
En respaldo al ex rector, la ANUIES y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) exigieron que el proceso se lleve con pleno respeto al debido proceso, los derechos humanos y la autonomía universitaria, y demandaron que el caso se esclarezca con verdad y justicia.
Con información de Carolina Gómez para La Jornada.
La nueva solicitud contra el dirigente priista revive señalamientos de corrupción que lo han perseguido por años, pese a sus constantes intentos de victimizarse.
El expediente de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas volvió a prender fuego en San Lázaro.
A pesar de sus discursos de “persecución política”, el líder priista enfrenta ahora una nueva solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, que lo acusa de desviar 83.5 millones de pesos cuando fue gobernador. El proceso podría dar un paso clave antes de que termine el periodo ordinario, y esta vez el priista no tendrá tan fácil esquivar el golpe.
De acuerdo con Hugo Eric Flores Cervantes, presidente de la Sección Instructora, la petición previa —aquella que “Alito” presumió haber derrotado— simplemente desapareció porque la Fiscalía la retiró, no porque él hubiera probado inocencia alguna. Es decir: no ganó, le hicieron el favor.
La nueva querella está lejos de ser menor: incluye cuatro carpetas judicializadas, propiedades que de pronto brotaron en su patrimonio como hongos después de la lluvia —11 casas, tres terrenos y una residencia valuada en 130 millones de pesos— y la participación de 17 presuntos cómplices que habrían colaborado en su trama de desvíos. Todo esto mientras él insiste en que vive modestamente y que todo es un “ataque”.
A diferencia de 2022, el expediente actual ya tiene detenidos y personas bajo criterio de oportunidad, como Domingo José “N” y Pablo “N”, exfuncionarios señalados por desviar millones del presupuesto estatal. Ellos ya comenzaron a hablar. Y cuando los subordinados hablan, los jefes tiemblan.
La Sección Instructora solo espera más información para decidir si admite la solicitud. Si lo hace, “Alito” tendrá que enfrentar un proceso formal en el pleno.
Lo que debía ser una asamblea democrática terminó en un espectáculo de golpes, gritos y sillas voladoras. Ni los llamados a la civilidad lograron que los panistas se pusieran de acuerdo… ni siquiera entre ellos.
Lo que se suponía sería una jornada de diálogo interno, para fortalecer al Partido Acción Nacional (PAN) en Campeche, terminó como un episodio digno de programa nocturno: golpes, sillazos y gritos en plena asamblea celebrada en el hotel Ocean View.
Testigos relataron que la presencia de la exdiputada Nelly Márquez fue el punto de quiebre. Su llegada, de acuerdo a varios asistentes, encendió los ánimos y desató una batalla campal entre los propios militantes del blanquiazul. En cuestión de minutos, los reclamos por presuntas irregularidades en el proceso interno se transformaron en empujones, insultos y sillazos, mientras algunos participantes buscaban refugio detrás de las mesas.
“Fue una emboscada, nos golpearon por la espalda y huyeron como cobardes”, denunció uno de los militantes que resultó con lesiones menores. Otros, entre risas nerviosas, aseguraron que “ni los debates en el Congreso son tan violentos”.
Pese al caos y los llamados a la calma, la asamblea continuó, aunque el ambiente quedó marcado por la tensión, la desconfianza y la fractura interna. Algunos dirigentes intentaron minimizar los hechos, pero los videos del enfrentamiento rápidamente circularon en redes, donde usuarios ironizaron que el PAN “ya no necesita oposición externa, porque se pelea solo”.
El incidente dejó claro que la unidad panista en Campeche está más rota que una silla después del zafarrancho. Mientras tanto, las discusiones sobre estatutos y liderazgos quedaron en segundo plano, eclipsadas por la imagen de un partido que, lejos de dialogar, parece haberse especializado en resolver sus diferencias a golpes.
Ni el espíritu democrático ni el diálogo interno lograron imponerse. En esta asamblea, la única consigna que pareció unirlos fue: “¡Agárrenlo que ahí viene la silla!”.
El Ministerio Público pidió al medio entregar información de los autores y editores de textos relacionados con la gobernadora, como parte de una investigación por presunta calumnia.
La Fiscalía General del Estado de Campeche solicitó al medio Telemar información sobre los periodistas, editores y directivos que participaron en la publicación de una veintena de notas relacionadas con la gobernadora Layda Sansores. El requerimiento forma parte de una carpeta de investigación por el delito de calumnia, derivada de una denuncia interpuesta ante el Ministerio Público.
De acuerdo con Telemar, la notificación establece un plazo de cinco días hábiles para entregar la información, con advertencia de posibles sanciones económicas o acciones legales en caso de incumplimiento. El medio dio a conocer el oficio en sus redes sociales, lo que generó reacciones diversas entre periodistas y ciudadanos en la entidad.
Entre los textos señalados se encuentra una editorial del Diario Tribuna Campeche titulada Triturada la 4T en Campeche, así como otras publicaciones críticas a la administración estatal. En meses previos, un fallo judicial ordenó al periodista Jorge González, exdirector de ese diario, someter sus textos a revisión previa cuando hicieran referencia a la gobernadora.
La solicitud ocurre en un contexto donde se han registrado diferendos entre autoridades y medios locales. En agosto, tres comunicadores del portal La Barra Noticias ofrecieron disculpas públicas a Sansores tras una resolución del Tribunal Electoral del Estado, que consideró que algunas expresiones constituían violencia política en razón de género.
A través de un comunicado, Telemar afirmó que la petición refuerza su compromiso con la libertad de expresión y el ejercicio periodístico responsable, e hizo un llamado a garantizar que el trabajo informativo se desarrolle conforme a lo establecido en el artículo 6° constitucional.
La familia del dirigente nacional del PRI enfrenta señalamientos por movimientos financieros y adquisición de múltiples inmuebles, mientras el gobierno de Campeche ordena expropiaciones bajo la “Ley Alito”.
El hermano del dirigente nacional del PRI, Emigdio Moreno Cárdenas, se encuentra en el centro de investigaciones por operaciones financieras y adquisición de propiedades en la Ciudad de México, las cuales generan dudas sobre el origen de sus recursos. La disputa se ha intensificado con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien ordenó la expropiación de terrenos registrados a nombre de Yolanda Cárdenas Montero, madre del líder priista, para construir la Universidad Rosario Castellanos.
Emigdio Moreno, ingeniero químico petrolero y empresario del sector industrial, fue vinculado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad a movimientos financieros con depósitos por 11 millones de pesos entre 2016 y 2017, parte de los cuales se transfirió a la firma Cuda Consulting. Las transacciones involucraron también a EMC Metering Systems y Flow Control Instrumentation, empresas con altos ingresos y nóminas bajas, generando cuestionamientos sobre la legalidad de las operaciones.
Entre 2013 y 2021, Emigdio adquirió seis inmuebles en CDMX, valorados en 40.7 millones de pesos, ubicados en Polanco, Irrigación, Anáhuac I Sección y Puerta Alameda. Documentos oficiales muestran que entre su madre, su hermano y un arquitecto, concentran 35 propiedades en Campeche.
El 1 de octubre, la gobernadora Layda Sansores anunció la expropiación de cuatro predios en Miramar, con una superficie total de ocho hectáreas, declarados de utilidad pública para la construcción de la universidad. La medida, sustentada en la nueva Ley de Expropiaciones del Estado de Campeche, conocida como ‘Ley Alito’, permite la ocupación inmediata de los predios, al eliminar recursos administrativos para impugnar el acto y dejar solo el juicio de amparo como vía legal.
El gobierno estatal sostiene que las adquisiciones se realizaron mediante prestanombres, y asegura haber detectado más de 30 inmuebles vinculados con familiares y allegados de Moreno Cárdenas, mientras la familia enfrenta un nuevo frente político que aumenta la presión sobre el dirigente priista.
