El ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Vázquez, podría continuar en libertad el proceso judicial en su contra por el Caso Ayotzinapa, luego de que le otorgaran un amparo y le concedieran el cambio de medida cautelar.
La secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Sara Mercedes Neira González, fue quien modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a prisión preventiva justificada.
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En ese sentido, este cambio de medida cabe la posibilidad de que Abarca Velazquez promueva un nuevo amparo y logre enfrentar en libertad, los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, esto debido a que su defensa ha argumentado que se han vulnerado los derechos humanos de su cliente.
Cabe mencionar que, el pasado 14 de diciembre de 2023 se celebró una audiencia en el juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en la que se modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a prisión preventiva justificada en acato a una sentencia de amparo.
Además, el ex alcalde de Iguala fue absuelto por el Poder Judicial del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El Gobierno de México rechaza la determinación de Raquel Ivette Duarte Cedillo, así como de los magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, quienes ordenaron que ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa llevaran su proceso en libertad.
La Secretaría de Gobernación sostuvo que no les extraña la posición del Poder Judicial de la Federación en el caso Ayotzinapa. Asegurando que no está dentro de sus prioridades hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso.
Una vez más el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia. Encubiertos en tecnicismos, no ponderan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición. No puede pasar desapercibido que fue el mismo Poder Judicial el que liberó a 62 implicados en los hechos al argumentar que habían sido torturados, pero no han actuado en contra de torturadores, como es el caso de Tomás “N”, actualmente prófugo en Israel.
La dependencia federal recordó que el Poder Judicial intentó dejar en libertad al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, a través del cambio de sus medidas cautelares, lo cual se impidió gracias al trabajo coordinado entre la fiscalía y otras dependencias del Gobierno de México.
Ahora, sin ningún fundamento legal, ellos mismos ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército y, de esta manera, seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano y perjudicar el compromiso del presidente de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos. Todo ello, por razones estrictamente políticas.
Para el Gobierno de México el caso Ayotzinapa es un asunto de Estado. Vamos a pedir a la fiscalía solicite la revisión de las medidas cautelares tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto del año pasado, pero que el mismo tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos.
De igual modo, se va a solicitar a la FGR que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación.
El Gobierno de México refrenda su compromiso con la legalidad y, lo más importante, con el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos.
La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó tajantemente la determinación de la jueza federal del Estado de Méxicoal cambiar la medida cautelar y liberara ocho miembros de las Fuerzas Armadas relacionados con el caso Ayotzinapa.
Ante dichos hechos la FGR anunció que presentará de manera inmediata los recursos necesarios en contra de la impartidora de justicia, por los delitos cometidos en contra de la administración de justicia al considerar que se concedieron “ventajas indebidas a los acusados”.
Fueron concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen, y desconocieron las resoluciones de jueces que determinaron prisión preventiva justificada para ocho miembros de las Fuerzas Armadas quienes fueron acusados de delitos graves en el caso Ayotzinapa.
Indicó la FGR.
A través de un comunicado, la FGR acusó directamente a la Jueza del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo y a los Magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio
Asimismo, la Fiscalía señaló que esa determinación genera una situación de injusticia para los “43 desaparecidos, sus familias, su seguridad y a la nación misma, dada la brutalidad de los abusos cometidos”.
El exprocurador de justicia Jesús Murillo Karam, se quedará en el penal de Tepepan, en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, luego de que un juez federal le negará la solicitud a su defensa de modificar la prisión preventiva a domiciliaria.
La solicitud se realizó debido a que el exprocurador de justicia se encuentra delicado de salud, aunado a su avanzada edad, sin embargo, el juez Rubén Darío Noguera Gregoire, titular del Juzgado Octavo de Distrito en Amparo en materia Penal, negó la suspensión definitiva, esto debido a que se prevé que Karam podría evadir a la justicia.
Jesús “N” enfrenta un segundo proceso penal por tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, conocido como “El Cepillo”, presunto integrante del grupo delictivo “Guerreros Unidos”.
En caso de que la prisión preventiva sea autorizada en un futuro, el exprocurador la cumpliría desde su casa en Lomas de Chapultepec, en la capital del país.
Cabe recordar que, el juez de control José Rivas González le concedió la prisión domiciliaria dentro del primer proceso penal que enfrenta por delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sin embargo, esto no ocurrió para el segundo proceso, por lo que continuará en prisión.
