Un total de 31 trabajadores contratados por honorarios acusan a la Dirección General de Bibliotecas de rescindir sus contratos de forma arbitraria, pese a desempeñar funciones permanentes y cumplir horarios fijos. El caso reabre el debate sobre el uso de la contratación precaria en instituciones culturales del país.
Trabajadores de la Biblioteca Vasconcelos denunciaron despidos injustificados con una protesta que incluyó pancartas y consignas dirigidas a visibilizar la situación que pasan 31 trabajadores eventuales, quienes aseguran haber sido despedidos de sus funciones de manera arbitraria, pese a contar con 20 años de servicio ininterrumpido. La protesta se produjo tras una reunión sin acuerdos con la coordinadora administrativa, Alma Mariana Liébana Varela, y el responsable de relaciones laborales, José Luis Domínguez Salía.
De acuerdo con los manifestantes, el pasado 2 de enero, en pleno periodo vacacional, recibieron notificaciones de cese laboral vía correo electrónico, informándoles que no habría reinstalación, a través de un mensaje que presuntamente fue enviado por Carlos Manuel Riestra Ramos, jefe del Departamento de Personal de la Dirección General de Bibliotecas.
Los trabajadores señalan que, aunque formalmente estaban contratados bajo esquemas de honorarios o como personal eventual, en la práctica cumplían horarios fijos, registraban entradas y salidas, recibían instrucciones directas y realizaban funciones propias del personal de base. Aun así, sus contratos eran renovados año con año sin acceso a estabilidad laboral ni prestaciones completas.
Entre los afectados se encuentran trabajadores fundadores que participaron en la catalogación del acervo desde los inicios de la biblioteca, inaugurada el 16 de mayo de 2006, y que este año cumple 20 años de operación. Las protestas no son nuevas, el pasado 7 de enero, ya se habían registrado movilizaciones en la entrada del recinto por el mismo motivo.
En México, el trabajo por honorarios es una modalidad frecuente de informalidad cuando existe subordinación. Tan solo en 2025, se contabilizaron 7.7 millones de personas en situación de informalidad dentro de empresas, instituciones y dependencias gubernamentales.
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), quienes laboran bajo contratos de prestación de servicios profesionales no deberían mantener una relación de subordinación, ya que se trata de un ejercicio independiente.
Ante esta situación, los trabajadores exigieron una solución que reconozca su antigüedad y funciones reales.
