La compañía asegura que el servicio de electricidad no se ha visto afectado hasta ahora.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha activado un plan para enfrentar la tormenta invernal Fern. Hasta el mediodía del 23 de enero de 2026, la empresa no reportó problemas críticos en el sistema eléctrico del país.
El Grupo Directivo de Atención de Emergencias, liderado por Emilia Calleja Alor, está monitoreando la situación de cerca. Más de 800 trabajadores electricistas están listos para actuar si es necesario. También cuentan con 210 grúas, 333 vehículos ligeros, y equipamiento especial como plantas de emergencia y torres de iluminación.
A pesar de las condiciones climáticas adversas, la CFE se siente segura de que puede gestionar cualquier eventualidad. La compañía ha abierto Centros de Operación Estratégicos en varias regiones, incluyendo Baja California y el Golfo Centro. Esto les permite una coordinación eficiente y una respuesta rápida ante cualquier situación.
La CFE ha prometido mantener informados a los ciudadanos sobre el estado del servicio eléctrico. Además, ofrecen un número de teléfono, el 071, para que las personas reporten cualquier problema relacionado con la energía eléctrica.
La compañía reafirma su compromiso de cuidar y proteger el suministro de electricidad durante este fenómeno natural.
En los últimos días, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México realizó operativos en varios estados, logrando importantes detenciones y aseguramientos de drogas y armas.
Durante los días 16, 17 y 18 de enero de 2026, las fuerzas de seguridad de México llevaron a cabo operativos en múltiples estados del país. Estos esfuerzos buscan combatir el narcotráfico y garantizar la seguridad de la ciudadanía.
En Baja California, las autoridades detuvieron a cuatro personas y aseguraron 41 kilos de cocaína en un cateo. Además, confiscamos 17 tractocamiones y varios vehículos. La droga tiene un valor estimado de 8.2 millones de pesos.
En el Estado de México, la Guardia Nacional y el Ejército detuvieron a nueve sospechosos en un cateo. Les incautaron un arsenal que incluía un arma larga, seis armas cortas y más de mil cartuchos. Estos operativos demostraron el compromiso de las autoridades para desarticular redes delictivas.
En Sinaloa, otro operativo resultó en la captura de cuatro personas en El Roble. Durante esta acción, se aseguraron cuatro armas largas y cientos de cartuchos, aumentando la presión sobre grupos del crimen organizado en la región.
Por su parte, Sonora no se quedó atrás. Allí se detuvieron a siete individuos y se confiscó un importante arsenal de armas y drogas. Este tipo de acciones refuerzan la estrategia del gobierno en la lucha contra la delincuencia.
El Gabinete de Seguridad también destacó los logros en Guerrero, donde se detuvo a dos personas de nacionalidad extranjera. En sus acciones, las fuerzas del orden confiscaron cocaína y una motocicleta.
Estos operativos se enmarcan dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad, que busca consolidar la paz y la seguridad en el país. La colaboración entre diferentes cuerpos de seguridad es clave en esta lucha. Las autoridades continúan comprometidas con la protección de los ciudadanos y la erradicación de las actividades delictivas.
En un operativo en Tijuana, autoridades capturan a cinco hombres vinculados al crimen organizado, junto con armamento y drogas.
Las Fuerzas Especiales de Seguridad realizaron una importante captura en Baja California. Durante la madrugada del domingo, detuvieron a cinco integrantes de un grupo delictivo relacionado con Ismael “El Mayo” Zambada. Esta célula operaba en el municipio de Tecate, cerca de la frontera con Estados Unidos.
Los detenidos fueron identificados como Fernando, Josué, Alexis y Kevin. Llevaban chalecos con los emblemas de las Fuerzas Armadas de El Ranchero (FER), un grupo asociado al narcotráfico en la región. Este grupo criminal tiene vínculos con “El Mayo” Zambada, uno de los líderes más notorios del Cártel de Sinaloa.
Durante el operativo, las autoridades aseguraron un arsenal impresionante. Encontraron cuatro fusiles de asalto, cuatro pistolas y chalecos balísticos adornados con insignias delictivas. Además, se incautó droga y cientos de cartuchos.
La detención se llevó a cabo en la colonia El Encanto Sur, en Tijuana. Este operativo fue parte de un esfuerzo coordinado entre fuerzas estatales y federales. Hace apenas dos semanas, las autoridades también habían arrestado a “La Piruja”, un operador del Cártel de Sinaloa en los valles de Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora.
Este tipo de operativos muestra el compromiso de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado en la región. La captura de estos miembros representa un golpe significativo a la estructura del narcotráfico en Baja California.
De acuerdo con investigaciones de prensa, el exfuncionario federal Jesús Alejandro Ruíz Uribe concretó la compraventa de un terreno por más de 11 millones de pesos, sin declarar en sus obligaciones patrimoniales. Al mismo tiempo, se le acusa de no denunciar actos de corrupción mientras desempeñaba cargos públicos, lo que podría derivar en sanciones graves.
La operación inmobiliaria que disparó los cuestionamientos
En junio de 2023, Jesús Alejandro Ruíz Uribe firmó un contrato de compraventa por un predio de 3 mil 682 metros cuadrados ubicado en la avenida Hamburgo, de fraccionamiento Villafontana de Mexicali. El precio pactado fue de 11 millones 172 mil 840 pesos. El pago se hizo de modo escalonado: un anticipo de 100 mil pesos, 2 millones 134 mil 568 pesos al firmar, más siete mensualidades de aproximadamente 1 millón 276 mil 896 pesos cada una.
Los depósitos se realizaron en una cuenta del banco Banorte a nombre del padre de Ruíz Uribe, el profesor Jesús Ruiz Barraza, quien falleció el 29 de julio de 2023, apenas dos días antes de que el contrato fuera inscrito en el Registro Público de la Propiedad el 31 de julio, de acuerdo a información de Punto Norte.
El predio, que originalmente fue “destinado para una escuela”, se encuentra hoy como un desarrollo inmobiliario, con 46 departamentos ofertados entre 2.7 y 5 millones de pesos cada uno.
Omitió declarar la venta
Aunque la operación está documentada, Ruíz Uribe omitió reportarla en sus declaraciones patrimoniales para de 2023, 2024 y 2025. En sus reportes, declaró que no había obtenido ingresos por enajenación de bienes como terrenos o viviendas, y en el mismo predio afirmó que seguía siendo propietario y que “no existían construcciones”, aún cuando el desarrollo inmobiliario ya estaba avanzado.
Legalmente, esta omisión o falsedad puede catalogarse como “enriquecimiento oculto” bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que entraña falta administrativa grave y abre la vía para inhabilitación, de acuerdo a Diario Basta!
Omisión de denuncia de actos de corrupción
De acuerdo con un artículo de La Jornada, mientras era delegado federal de los “Programas para el Bienestar” en Baja California, Ruíz Uribe tuvo conocimiento de presuntos sobornos para adjudicación de contratos en el gobierno estatal, pero no presentó la denuncia correspondiente ante la autoridad competente: en cambio, reportó los hechos únicamente al entonces gobernador electo.
Ruíz Uribe se presentó públicamente como impulsor de la transparencia y de la distribución equitativa de apoyos sociales. Sin embargo, los hechos sugieren un relato distinto.
La ruta jurídica que podría enfrentar
Por una parte, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que la falsedad o la omisión deliberada en declaraciones patrimoniales configura falta administrativa grave, y, por otra, la no denuncia de actos de corrupción también lo es. Las sanciones pueden incluir la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por varios años.
El caso de Jesús Alejandro Ruíz Uribe expone un entramado donde una operación inmobiliaria millonaria, una omisión en la rendición de cuentas y una posible falta al deber de denunciar corrupción se entrelazan.
Exfuncionario de Bienestar, en Baja California, vende a cabildero de exgobernador panista. Y utiliza identidad de su difunto padre como fachada para canalizar los recursos.
Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado de Programas Federales del Bienestar en Baja California, se jactaba de ser un guardián de la transparencia.
Pero nunca fue así.
En realidad, el desempeño de Ruiz Uribe, quien fuera presidente del PRD en Baja California, es una crónica de ambición política y opacidad patrimonial.
Una investigación periodística del medio de comunicación PUNTO NORTE revela un oscuro acuerdo financiero que hecha por los suelos el discurso de austeridad que tanto presumía Jesús Alejandro Ruiz Uribe.
El punto central de este reportaje es que, en junio de 2023, Ruiz Uribe vendió un predio de 3,682 m² en Mexicali por 11 millones 172 mil 840 pesos.
Lo que llama la atención es lo que gravita detrás de esa transacción.
La investigación sostiene que Jesús Alejandro Ruiz Uribe habría incurrido en un presunto acto de ingeniería financiera y opacidad deliberada.
Y es que, de acuerdo con este reportaje, no solo habría llevado a cabo la enajenación de un bien inmueble, concretamente un predio por un valor que superó los once millones de pesos mexicanos, mediante una operación que se ejecutó de forma clandestina y sin registrar, sino que recurrió a una táctica particularmente sensible y cuestionable: la utilización de la identidad de su difunto padre, Jesús Juvencio Ruiz Barraza, como fachada para canalizar los recursos.
Cabe destacar que el progenitor de Ruiz Uribe había fallecido en julio de 2023. Sin embargo, en los meses subsecuentes, el entonces servidor público permitió que la totalidad de los pagos pactados se efectuaran a la cuenta bancaria del titular ya fallecido.
Y le digo más:
Esta suma fue estructurada en siete depósitos mensuales por un valor aproximado de 1.2 millones de pesos cada uno, además de un anticipo inicial y un pago complementario de 2.1 millones de pesos.
Este patrón de movimientos financieros exhibe mucho más que un simple descuido administrativo; revela una clara intención de encubrimiento del capital.
La adquisición del predio fue realizada por Altitud 3 Inmobiliaria, una entidad cuyo dueño es Milton Adán Rubio Díaz, un empresario con vínculos directos con la cúpula panista, siendo exfuncionario en la administración del exgobernador Francisco ‘Kiko’ Vega y antiguo director del controvertido proyecto de la desaladora en Aguas de Rosarito, mismo que fue señalado por la Cuarta Transformación como un estandarte de la corrupción.
Ruiz Uribe, quien se presentaba públicamente como un cruzado contra esas “prácticas añejas”, terminó entablando lucrativos acuerdos con aquellos a quienes afirmaba repudiar ideológicamente.
Y eso no es todo. Hay más hechos turbios:
Actualmente, sobre los 3,682 metros cuadrados de dicho terreno, se está culminando la edificación de 46 lujosos departamentos, cuyo valor de mercado oscila entre los 2.7 y 5 millones de pesos por unidad.
A pesar de esta realidad inmobiliaria, Ruiz Uribe persistió en una flagrante manipulación de la verdad en sus documentos oficiales.
En sus declaraciones patrimoniales (correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y 2025) aseveró falsamente que la propiedad no había sido vendida, que no había obtenido ningún ingreso extraordinario y que el inmueble seguía bajo su dominio, manteniéndole un valor irrisorio de tan solo 2.9 millones de pesos.
El exdelegado incurrió en el delito de falsedad durante tres años consecutivos, ocultando un incremento patrimonial multimillonario y utilizando el nombre de un familiar que ya no estaba para desdibujar los rastros de una operación que él mismo sabía que contradecía su predicamento de ética pública.
Esta revelación periodística, por un lado, desenmascara la profunda contradicción de un antiguo funcionario del Bienestar que se erigía como paladín moral.
Pero también expone a un individuo dispuesto a manipular documentación oficial y canalizar fondos a través de la identidad de un fallecido para evadir sus obligaciones. Un personaje que, dicho sea de paso, pretende ser gobernador de Baja California.
Autoridades de Baja California detienen a seis presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, quienes habrían cometido abusos en un relleno sanitario.
Las autoridades de Baja California llevaron a cabo un operativo en Rosarito que resultó en la detención de seis presuntos miembros de Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa. El operativo se realizó el pasado 1 de diciembre tras denuncias de civiles sobre la presencia de hombres armados en un relleno sanitario.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, brindó detalles sobre la situación durante una conferencia de prensa del 3 de diciembre. Según el reporte, un camión recolector de basura fue utilizado para ingresar a aproximadamente veinte hombres armados. Una vez en el lugar, los atacantes amenazaron a los trabajadores del relleno y les quitaron sus teléfonos celulares.
Mientras tanto, un oficial resultó herido durante los eventos violentos en el lugar. Además, las actividades de inteligencia llevaron a la captura de seis sospechosos, quienes son:
– Cristian Aragón Cruz, de Los Mochis, Sinaloa.
– Mauricio Julián Barreras Jiménez, de Apatzingán, Michoacán.
– Reynaldo Zavala Castillo, de Topia, Durango.
– Gumaro Guadalupe Meza Torres, de Culiacán, Sinaloa.
– Eulogio Michoacán. Banda Chávez, de Tepalcatepec.
– Ramón Ignacio Núñez López, de Tijuana, Baja California.
El funcionario de seguridad, Laureano Carrillo Rodríguez, indicó que los detenidos pertenecen a la facción de Los Mayos, anteriormente liderada por Ismael “El Mayo” Zambada. “De Los Mayos,” afirmó Carrillo Rodríguez al responder a preguntas de la prensa sobre la identificación del grupo criminal involucrado.
Trágicamente, se reporta que durante el operativo, los sujetos habría abusado sexualmente de al menos dos mujeres en el relleno sanitario. Las autoridades continúan investigando el caso y aseguran que se tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la comunidad.
La detención de “El Oso”, presunto operador de Los Rusos, terminó con una persecución, un choque y el hallazgo de droga. El golpe impacta directamente a una de las células más activas del Cártel de Sinaloa en Baja California.
La Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana dio un nuevo golpe a la estructura criminal que opera en Mexicali con la detención de Jesús Óscar “N”, alias “El Oso”, identificado como presunto integrante de “Los Rusos” y catalogado como objetivo prioritario por autoridades de Baja California. La captura se concretó tras una persecución que inició cuando el conductor de un Honda Civic negro evadió un llamado de alto y terminó estrellándose en la calzada Independencia.
Tras el choque, los agentes lograron asegurar al hombre señalado, quien llevaba entre sus pertenencias 30 dosis de droga con características de cocaína, la intervención permitió detener a uno de los operadores vinculados al narcomenudeo en la colonia El Cóndor, donde “El Oso” presuntamente mantenía presencia delictiva. Reportes en la zona lo relacionan además con Junior Astorga, alias “J5”, personaje del que las autoridades han cateado inmuebles en la Zona Dorada por posibles vínculos criminales.
La captura se da en un contexto de creciente presión contra “Los Rusos”, célula armada del Cártel de Sinaloa ligada a la facción de “El Mayito Flaco”, este grupo ha consolidado operaciones en Mexicali y Tecate, donde las autoridades estatales han identificado una cadena de líderes que controlan el trasiego de droga, armas y operaciones de lavado. Al frente se encuentra Jesús Alexander Sánchez Félix, alias “El Ruso”, uno de los fugitivos más buscados en la región fronteriza.
Estados Unidos mantiene abierta una recompensa de 5 millones de dólares para quien aporte información que derive en su captura o sentencia, lo que evidencia la relevancia criminal del grupo que opera en la frontera norte de México. Las autoridades de Baja California han difundido fichas de búsqueda de sus principales operadores, entre ellos presuntos colaboradores de la misma estructura que actúa en la capital del estado. Tras su detención, “El Oso” fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Baja California, instancia encargada de determinar su situación jurídica y avanzar en las investigaciones que lo relacionan con actividades delictivas en Mexicali, la captura representa un eslabón más en la estrategia estatal por desmantelar las redes criminales que se disputan la operación en la zona fronteriza.
“El Cando”, señalado operador del CDS, murió en un ataque armado dentro de un bar; su acompañante también perdió la vida y sicarios intentaron quemar los cuerpos sin éxito.
Un presunto cabecilla del Cártel de Sinaloa, identificado como Alejandro Castañeda, alias “El Cando”, fue ejecutado con más de 50 balazos al interior del bar “Beer Zoo”, en la colonia Rincón Tecate, municipio de Tecate, Baja California, informaron corporaciones de seguridad. La agresión ocurrió pasadas las 23:30 horas del viernes 31 de octubre.
Según los reportes, un comando armado sorprendió al presunto operador del CDS mientras descendía de un vehículo acompañado de una mujer. Aunque intentaron refugiarse dentro del establecimiento, los sicarios los alcanzaron con armas largas, asesinando a ambos. Posteriormente, los agresores intentaron quemar los cuerpos con una mina de gas, pero no lo lograron.
Tras el ataque, los responsables huyeron dejando un Jeep abandonado, para después escapar a pie. Alejandro Castañeda era conocido en las mesas de seguridad locales como operador del CDS, con influencia en la zona urbana de Tecate y carreteras que conectan con Ensenada.
De acuerdo con las investigaciones, “El Cando” estaría vinculado a tráfico de drogas, armas y extracción ilegal de hidrocarburos, operando junto a otros objetivos prioritarios conocidos como “El Monstruo”, “El 7” y “Chicho”, bajo las órdenes de “El Ranchero” y “El Marcial”.
La secretaria de Gobernación destacó que la iniciativa busca reducir costos de los comicios y mejorar la transparencia, manteniendo la autonomía de los órganos electorales.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, afirmó que la reforma electoral proyectada para 2026 no pretende que el gobierno controle las elecciones, sino atender una “exigencia ciudadana” de contar con un instrumento democrático más justo y eficiente.
Durante una audiencia de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral en Baja California, Rodríguez Velázquez señaló que aún no existe un borrador de la ley, y que esta se construirá con las opiniones recabadas en las audiencias realizadas a nivel nacional. Subrayó que el objetivo es mantener la autonomía e independencia de los órganos electorales.
“No se trata de dar pasos atrás, sino de avanzar en la progresividad de derechos. Esta reforma no busca que el gobierno maneje las elecciones; la independencia de los órganos electorales es y seguirá siendo el camino”, afirmó la funcionaria.
Entre los temas abordados destacan protocolos contra violencia política de género, juicios en línea, defensorías públicas en materia electoral, financiamiento de partidos y acciones afirmativas. Rodríguez Velázquez también celebró la defensa de la autonomía de los Órganos Públicos Locales Electores (OPLEs) y los tribunales electorales locales.
La secretaria concluyó que la reforma buscará un sistema electoral más accesible, transparente y adaptado a la nueva realidad política del país, asegurando que la participación ciudadana y la independencia institucional serán ejes centrales de la propuesta.
Los adolescentes, originarios de Chiapas, fueron hallados abandonados en una embarcación frente a las costas de La Paz; autoridades investigan si fueron víctimas de trata.
La Secretaría de Marina rescató a 28 niños y adolescentes que permanecían secuestrados dentro de un barco con destino a Topolobampo, Sinaloa, tras ser localizados cerca del puerto de La Paz, Baja California Sur. Los menores, de entre 14 y 17 años, fueron trasladados a refugios bajo resguardo del Gobierno municipal de Ahome.
De acuerdo con la Fiscalía de Sinaloa, el grupo provenía del estado de Chiapas, y se cree que los adolescentes fueron víctimas de un traslado ilegal. Hasta el momento, no hay personas detenidas por el caso.
La @FiscaliaSinaloa informa que, tras un operativo de rescate de @SEMAR_mx, fueron auxiliadas 28 personas —27 de entre 14 y 17 años y una de 18— en altamar, en Ahome. Se encuentran bajo resguardo de la Vicefiscalía Zona Norte y @SipinnaSin para su atención y protección integral. pic.twitter.com/ZIYnSWnXII
— Fiscalía General del Estado de Sinaloa (@FiscaliaSinaloa) October 30, 2025
“La vicefiscalía norte atiende el tema; preliminarmente sabemos que los jóvenes venían de la frontera con Chiapas”, informó Claudia Zulema Sánchez Kondo, fiscal general del estado. Las autoridades reportaron que el carguero donde estaban los menores se encontraba sin rumbo definido dentro de la zona portuaria, lo que levantó sospechas entre las fuerzas navales.
Médicos de la Marina realizaron revisiones de urgencia para descartar complicaciones de salud y confirmar cuánto tiempo permanecieron a bordo. Sin embargo, la Fiscalía no ha precisado si las víctimas son mexicanas o extranjeras, ni ha revelado detalles sobre el propósito del traslado o las condiciones en que fueron halladas.
El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) acompaña el caso para garantizar la protección y atención integral de los menores. Paralelamente, la Fiscalía estatal trabaja junto con la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar si se trató de un caso de trata de personas o tráfico de menores.
