Por: Frank Alvarado
La Operación Enjambre, con la que recientemente se detuvo al presidente municipal de Tequila, Jalisco, ha evidenciado el compromiso federal para combatir las redes de corrupción y vínculos con el crimen organizado dentro de la clase política, sin importar el partido de procedencia. Esta ofensiva ha generado expectativa sobre otros servidores públicos que podrían ser investigados.
Tal es el caso de Ricardo Ramírez Hernández, quien asumió la alcaldía de Ahuazotepec, Puebla, en septiembre de 2024, postulado por la alianza PAN-PRI-PRD y que ha sido señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado, narcotráfico, huachicol, lavado de dinero, extorsión y posesión ilegal de armas. Las acusaciones surgieron tras un cateo en su domicilio, en el que fue detenido su hijo Tadeo Ramírez, tras lo cual presentó su renuncia irrevocable al cargo de presidente municipal.
Otro caso es el de Anavel Ávila Castrejón, alcaldesa de Coalcomán, Michoacán, emanada de Movimiento Ciudadano y que ha sido señalada por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Es de señalar que el municipio es considerado uno de los más violentos de Tierra Caliente. Tras la polémica, Movimiento Ciudadano se deslindó públicamente y exigió una investigación exhaustiva.
En Cuautla, Morelos, Jesús Corona Damián fue electo para un segundo mandato bajo la coalición PAN-PRI-PRD, luego de haber gobernado previamente con Morena. En febrero de 2025 fue señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Las acusaciones surgieron tras la filtración de un video en el que aparece con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado líder criminal. En el encuentro también aparece el alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, electo por la coalición PAN-PRI-PRD-RSP.
A esta lista se suma Sandra Cuevas Nieves, exalcaldesa de Cuauhtémoc y excandidata de Movimiento Ciudadano al Senado, quien ha sido señalada por aparecer públicamente con personas identificadas como integrantes de grupos delictivos, entre ellos Christian Quiroz Oropeza, “El Chris”, señalado por secuestro; y Alejandro Gilmare Mendoza, “El Choko”, presunto líder de “La Chokiza”, detenido recientemente.
En Ecatepec, Estado de México, la alcaldesa de Morena, Azucena Cisneros Coss, entró en funciones el 1 de enero de 2025, ha enfrentado acusaciones por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado, entre ellos “La Chokiza”, además de señalamientos por extorsión y control de obra pública.
Estos casos reflejan señalamientos contra autoridades municipales en funciones, que van desde denuncias mediáticas hasta investigaciones formales por posibles vínculos con el crimen organizado. En este contexto, la Operación Enjambre representa un punto de inflexión y posibilidad para atender las denuncias y seguir en la lucha contra la corrupción política, al tiempo que incrementa la presión pública y judicial sobre alcaldes cuya gestión ha quedado marcada por el cuestionamiento ciudadano.
