Legisladores de ambos partidos presionan al gobierno de Donald Trump para que explique si su secretario de Defensa autorizó un segundo ataque contra una narcolancha con el presunto objetivo de eliminar a sobrevivientes, lo que abriría la puerta a posibles violaciones al derecho internacional.
El gobierno de Donald Trump enfrenta creciente presión legislativa tras revelarse que comités del Congreso en EUA demandan respuestas sobre la legalidad de los recientes operativos militares contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe. La inquietud escaló después de que un reporte de The Washington Post afirmara que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, habría dado una “directriz verbal” para “matar a todos” los sobrevivientes de un ataque ocurrido el 2 de septiembre.
La Casa Blanca negó esa orden, aunque reconoció que sí hubo un segundo ataque autorizado por Hegseth. Sin embargo, evitó confirmar si la primera operación dejó sobrevivientes y si el segundo disparo tuvo como objetivo eliminarlos. La vocería presidencial insistió en que el almirante Frank Bradley actuó bajo su autoridad y dentro de la ley.
En el Congreso, republicanos y demócratas coinciden en que el episodio es grave. El senador demócrata Tim Kaine advirtió que, de confirmarse, “alcanzaría el nivel de crimen de guerra”, mientras que el republicano Mike Turner admitió que no existen aún pruebas claras del segundo ataque, pero que tal acción sería “ilegal”.
Los comités de Servicios Armados del Senado y de la Cámara ya solicitaron información al Pentágono y anunciaron una supervisión “rigurosa” de la operación. El incidente ocurre en medio del mayor despliegue militar de EUA en el Caribe en décadas y más de 80 muertes desde septiembre en operativos contra embarcaciones usadas por narcotraficantes.
Hegseth calificó el reportaje como “inventado y difamatorio”, mientras Trump aseguró que cree en su secretario “al cien por ciento”, aunque añadió que su administración investigará el caso.
El episodio aumenta la tensión con Venezuela, cuyo gobierno acusa a Washington de avivar el conflicto regional. Mientras tanto, en Caracas, la Asamblea Nacional anunció su propia investigación sobre el supuesto segundo ataque.
