Por determinación de la Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo tribunal del país, ordenó una investigación administrativa en contra de su antecesor, el ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y asesor de la candidata Claudia Sheinbaum para la Reforma al Poder Judicial. Más aún, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) indaga a ex colaboradores de Zaldívar por presuntos actos de: “corrupción”, “enriquecimiento ilícito”, “vulneración de la independencia del Poder Judicial de la Federación (PDF)”, “abuso de funciones”, “violencia sexual” y presionar a jueces y magistrados para dictar resoluciones en favor de “intereses personales y de terceros”. Estas pesquisas se iniciaron con base en una denuncia anónima presentado el pasado 9 de abril ante el CJF; al mismo tiempo, la Ministra Presidenta ordenó la apertura del expediente J/108/2024 en los cuales ordenan a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas investigar a Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex secretario general de la presidencia del CJF, a Arely Gómez González, actual auditora especial de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y al abogado Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico del Ejecutivo federal desde el 1° de diciembre de 2018 hasta su renuncia el 2 de septiembre de 2021.
Se menciona que en los casos específicos en que existió presión de la presidencia del CDJ, que también ostentó el ex Presidente de la SCJN cometidas entre 2019 y 2022, se encuentran las leyes de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica; el proceso penal del ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin por el caso Odebrecht; el fraude cometido al Infonavit por 5 mil millones de pesos y la creación de juzgados y tribunales a modo para resolver casos relacionados con telecomunicaciones.
Por medio de sus redes sociales, Zaldívar afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de marco jurídico para sancionarlo después de la investigación ordenada por la Ministra Presidenta y que las acusaciones en su contra sólo demuestran que es un “problema político electoral” para demeritar al movimiento de la Cuarta Transformación (AT), impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018. “Esto confirma que tanto la investigación en mi contra, como la filtración masiva de la denuncia que ellos mismos fabricaron, tienen una intencionalidad exclusivamente político-electoral en contra del movimiento de la 4T” mencionó el ex ministro. En una entrevista para el medio SinEmbargo, el ministro en retiro relato cómo empezó a circular en chats de WhatsApp dicha denuncia a la cual le quitaron los metadatos para no identificar su procedencia. “Desde ahí, para mí, era obvio que eso se había enviado desde la presidencia de la Corte, pero pensé que se iba a quedar en una cuestión mediática, pero el miércoles inopinadamente la Ministra Presidenta admite a trámite esta denuncia violando la normatividad de la materia y además todos los precedentes” aseveró.
¿Qué intereses hay detrás de estas acusaciones? ¿Por qué juzgar al ministro en retiro y no lo hicieron mientras estaba en funciones? Durante su conferencia matutina del pasado lunes 15 de abril, el presidente López Obrador se posicionó al respecto, “Hay un debate en contra del ex ministro Zaldívar, y dejaron a diferencia de otros casos, dejaron entrar una denuncia anónima y le dieron celeridad, justicia pronta y expedita, y ahora pues ya se sabe que es una especie de venganza en contra del ex ministro…” refirió.
Poco después de salir a la luz pública la denuncia, los medios de comunicación y políticos de derecha inmediatamente juzgaron al ex ministro de ser culpable de los cargos que se le imputan. Por ejemplo, Héctor de Mauleón, escritor y columnista del Universal, acusó a Zaldívar de formar parte del “mayor robo cometido desde la Colonia” al amparar a las instituciones bancarias involucradas –Bancomer, Banco Internacional, Banco Nacional de México, Banco Mercantil del Norte. Más aún, Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, envió un breve mensaje al respecto “Se lo digo a Zaldívar desde aquí: las evidencias que hay, exministro, es que sí hubo tráfico de influencias. Las evidencias que hay es que usted abrió muchos procesos con simples denuncias anónimas” declaró. En definitiva, declararon culpable a Arturo Zaldivar de todos los cargos, sin una sola prueba fehaciente que lo incrimine.
“Medios y jueces corruptos son instrumentos para defender el status quo” mencionó el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa en una entrevista para SinEmbargo, porque los medios manipulan la información para que las masas no tomen las decisiones correctas, mientras que los jueces acorralan al sector público que se dedican al bien común. Lo que ocurre con Zaldívar es igual cuando la Corte conspiro con el expresidente Vicente Fox, con el fin de arremeter contra al entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, López Obrador. Existen muy fuertes intereses que no quieren la continuación de la Cuarta Transformación y disponen de todos sus recursos para usar facciosamente del Poder Judicial para utilizarlas ilegalmente y así lograr la inhabilitación o provocar el repudio público hacia un oponente, con la ayuda de los medios de comunicación.
A esto se le conoce como Lawfare (una contracción gramatical de las palabras inglesas law y warfare, que significan ley y guerra), es decir, guerra jurídica, judicialización de la política a la utilización ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales. Para ilustrar esto mejor, los ministros de la corte Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán confrontados con el titular del Poder Ejecutivo, forman parte de la asociación civil Instituto Mexicano del Amparo, que han mantenido sus tácticas de guerra judicial contra el gobierno de la Cuarta Transformación, a tal grado que Aguilar buscó separarlo de su cargo de presidente de la República y a última hora se retiró.
Éticamente, ningún juez tiene las facultades jurídicas para condenar la ideología o trabajo político de una persona, porque emplear su criterio jurídico para beneficiar intereses particulares, como lo han hecho hasta ahora, los dejaría muy mal parados ante los ojos de la opinión pública como individuos que tuercen las leyes a su favor y niegan la presunción de inocencia, lo que llevaría a la inevitable la necesidad de una reforma judicial.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
