El fallo podría debilitar la política económica insignia del presidente y reconfigurar la relación comercial con México y Canadá en plena antesala de la revisión del T-MEC.
La Suprema Corte de Estados Unidos tiene programado para este viernes a las 10:00 horas, tiempo de Washington, dar a conocer su opinión sobre los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, una decisión con alto impacto para el comercio global y, en particular, para México y Canadá, socios de Washington en el T-MEC.
El pronunciamiento se centrará en los gravámenes globales que la actual administración ha aplicado a prácticamente todos sus socios comerciales. El fallo llega en un momento clave: a menos de cinco meses del arranque formal de la revisión del tratado trilateral, y después de que Trump amenazara públicamente con abandonar el T-MEC para negociar acuerdos bilaterales.
De acuerdo con Bloomberg, un revés judicial contra Trump socavaría su política económica emblemática y representaría su derrota legal más importante desde su regreso a la Casa Blanca. El tema también ha generado inquietud en los mercados financieros y en las cadenas de suministro regionales.

En contraste, el Wall Street Journal ha señalado recientemente que México se perfila como un ganador inesperado dentro de la estrategia arancelaria estadounidense, al mantener tasas más bajas frente a otros países. Esta posición ha sido resaltada en diversas ocasiones por Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía.
Actualmente, Trump mantiene un arancel general de 25% a las importaciones bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Sin embargo, 85% de las exportaciones mexicanas no pagan ese gravamen al estar protegidas por el T-MEC. Estos aranceles fueron justificados por Washington bajo argumentos de migración y combate al fentanilo.
A ello se suman los aranceles sectoriales: el acero, aluminio y cobre mexicanos pagan 50%, al amparo de la Sección 232 por motivos de seguridad nacional. En el sector automotriz, las exportaciones enfrentan tarifas de 15 a 25% cuando no cumplen con las reglas de origen del tratado.














