Por Nathael Pérez
De acuerdo con investigaciones de prensa, el exfuncionario federal Jesús Alejandro Ruíz Uribe concretó la compraventa de un terreno por más de 11 millones de pesos, sin declarar en sus obligaciones patrimoniales. Al mismo tiempo, se le acusa de no denunciar actos de corrupción mientras desempeñaba cargos públicos, lo que podría derivar en sanciones graves.
La operación inmobiliaria que disparó los cuestionamientos
En junio de 2023, Jesús Alejandro Ruíz Uribe firmó un contrato de compraventa por un predio de 3 mil 682 metros cuadrados ubicado en la avenida Hamburgo, de fraccionamiento Villafontana de Mexicali. El precio pactado fue de 11 millones 172 mil 840 pesos. El pago se hizo de modo escalonado: un anticipo de 100 mil pesos, 2 millones 134 mil 568 pesos al firmar, más siete mensualidades de aproximadamente 1 millón 276 mil 896 pesos cada una.
Los depósitos se realizaron en una cuenta del banco Banorte a nombre del padre de Ruíz Uribe, el profesor Jesús Ruiz Barraza, quien falleció el 29 de julio de 2023, apenas dos días antes de que el contrato fuera inscrito en el Registro Público de la Propiedad el 31 de julio, de acuerdo a información de Punto Norte.
El predio, que originalmente fue “destinado para una escuela”, se encuentra hoy como un desarrollo inmobiliario, con 46 departamentos ofertados entre 2.7 y 5 millones de pesos cada uno.
Omitió declarar la venta
Aunque la operación está documentada, Ruíz Uribe omitió reportarla en sus declaraciones patrimoniales para de 2023, 2024 y 2025. En sus reportes, declaró que no había obtenido ingresos por enajenación de bienes como terrenos o viviendas, y en el mismo predio afirmó que seguía siendo propietario y que “no existían construcciones”, aún cuando el desarrollo inmobiliario ya estaba avanzado.
Legalmente, esta omisión o falsedad puede catalogarse como “enriquecimiento oculto” bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que entraña falta administrativa grave y abre la vía para inhabilitación, de acuerdo a Diario Basta!
Omisión de denuncia de actos de corrupción
De acuerdo con un artículo de La Jornada, mientras era delegado federal de los “Programas para el Bienestar” en Baja California, Ruíz Uribe tuvo conocimiento de presuntos sobornos para adjudicación de contratos en el gobierno estatal, pero no presentó la denuncia correspondiente ante la autoridad competente: en cambio, reportó los hechos únicamente al entonces gobernador electo.
Ruíz Uribe se presentó públicamente como impulsor de la transparencia y de la distribución equitativa de apoyos sociales. Sin embargo, los hechos sugieren un relato distinto.
La ruta jurídica que podría enfrentar
Por una parte, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que la falsedad o la omisión deliberada en declaraciones patrimoniales configura falta administrativa grave, y, por otra, la no denuncia de actos de corrupción también lo es. Las sanciones pueden incluir la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por varios años.
El caso de Jesús Alejandro Ruíz Uribe expone un entramado donde una operación inmobiliaria millonaria, una omisión en la rendición de cuentas y una posible falta al deber de denunciar corrupción se entrelazan.
