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Etiqueta: Aldo San Pedro

  • De los cárteles a los clics: la ONU advierte que el nuevo poder del crimen organizado está en las redes invisibles, no en las balas

    De los cárteles a los clics: la ONU advierte que el nuevo poder del crimen organizado está en las redes invisibles, no en las balas

    Mientras diversos gobiernos continúan evaluando el poder del crimen organizado a partir de métricas tradicionales como el número de armas aseguradas o hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas, el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la ONU advierte sobre un cambio estructural más complejo: el control territorial ha dejado de ser el principal indicador de riesgo. Según el informe, las organizaciones delictivas más sofisticadas ya no dependen de la ocupación física de espacios, sino de su capacidad para operar en entornos digitales mediante herramientas como plataformas cifradas, redes descentralizadas y sistemas de pago difíciles de rastrear. Esta transformación no implica solo un cambio tecnológico, sino una redefinición de las formas contemporáneas de ejercer el poder criminal.

    En ese nuevo ecosistema, las drogas ya no se mueven únicamente en cargamentos físicos, sino también en rutas algorítmicas. La comercialización, distribución y consumo adoptan mecanismos digitales que permiten a los grupos criminales mantener niveles altos de eficiencia y discreción. Las redes sociales, los canales cifrados y los mercados virtuales han desplazado a los intermediarios tradicionales. Las transacciones se realizan en minutos, a menudo sin contacto humano, y se ajustan constantemente para evadir la supervisión institucional. Esta dinámica plantea desafíos significativos para las autoridades encargadas de aplicar la ley, que enfrentan una criminalidad sin rostro, sin fronteras fijas y con alta capacidad de adaptación.

    El informe también destaca un cambio en la arquitectura operativa del crimen organizado: de estructuras jerárquicas se ha pasado a modelos horizontales y descentralizados, donde cada nodo cumple funciones específicas y autónomas. Esta fragmentación dificulta la trazabilidad de las operaciones, reduce los puntos vulnerables del sistema y debilita los marcos tradicionales de persecución judicial. Al no haber líderes visibles ni territorios definidos, las herramientas convencionales de investigación pierden efectividad. Este nuevo modelo, además, permite replicarse con rapidez en múltiples contextos, aumentando su resiliencia frente a la intervención del Estado.

    Desde una perspectiva global, el mapa del crimen también está cambiando. Europa occidental ha dejado de ser solo mercado de destino para convertirse en un nuevo foco de violencia, con puertos estratégicos sometidos a disputas entre grupos internacionales. África, por su parte, ha pasado de ser zona de tránsito a convertirse en un centro operativo del crimen digital, gracias a su conectividad informal y a la baja fiscalización financiera. En Asia, el crecimiento del mercado de opioides sintéticos y estimulantes ha motivado la instalación de laboratorios locales. Estas dinámicas han reducido la centralidad geopolítica de América Latina como eje de la criminalidad transnacional.

    México, históricamente considerado un actor clave en la lucha contra el narcotráfico, enfrenta un escenario de transición que exige nuevos enfoques. Si bien mantiene una posición relevante en términos de volumen de decomisos, detenciones y presencia operativa, el entorno actual requiere capacidades adicionales que fortalezcan la respuesta frente a modalidades criminales emergentes. El país ha comenzado a explorar medidas de cooperación internacional y uso de herramientas tecnológicas, pero persisten áreas de oportunidad en materia de inteligencia digital, análisis de redes virtuales y fiscalización financiera no bancaria. La adecuación de estas capacidades resulta esencial para mantener su relevancia en un contexto criminal cada vez más descentralizado y tecnificado.

    El Informe Mundial sobre las Drogas 2025 también advierte sobre el crecimiento del mercado de drogas sintéticas, cuyo modelo de distribución se basa en plataformas digitales, pagos invisibles y envíos sin intermediación directa. Mientras las incautaciones globales de cocaína alcanzan máximos históricos, las metanfetaminas y opioides —como el fentanilo— continúan expandiéndose, a menudo disfrazados como productos legales. Esta sofisticación representa un desafío adicional para las autoridades, pues las sustancias se diseñan para evadir la clasificación legal y se comercializan en entornos de baja visibilidad institucional. Sin mecanismos de cooperación digital y análisis forense tecnológico, este tipo de tráfico difícilmente puede ser contenido.

    Ante este panorama, la ONU propone un rediseño institucional enfocado en la anticipación. Entre las recomendaciones destaca la creación de agencias especializadas en inteligencia digital, capaces de integrar perfiles técnicos, jurídicos, financieros y diplomáticos. Este tipo de entidades permitirían detectar patrones criminales antes de que escalen, articular respuestas interinstitucionales e insertarse en redes globales de cooperación tecnológica. En el caso de México, esta estrategia podría traducirse en una instancia nacional con autonomía técnica y capacidad operativa para mapear redes ilícitas digitales, construir algoritmos de monitoreo y colaborar activamente con organismos multilaterales.

    Además de fortalecer la infraestructura tecnológica, el informe recomienda actualizar los marcos normativos e incorporar formación específica en evidencia digital, criptomonedas y delitos descentralizados dentro del sistema de justicia. Esto implicaría capacitar a policías, fiscales y personal judicial en nuevas metodologías, desarrollar herramientas nacionales de análisis forense digital con validez procesal, y generar sinergias entre instituciones públicas y centros de investigación. Se trata de una estrategia de largo plazo que requiere inversión sostenida, visión técnica y respaldo político.

    La coyuntura también exige revisar los mecanismos de cooperación internacional. El fortalecimiento de alianzas multilaterales con enfoque tecnológico se vuelve indispensable para enfrentar fenómenos criminales que operan fuera de las fronteras y que aprovechan las brechas de gobernanza digital. México, al participar en estos esfuerzos, no solo puede reforzar su capacidad de respuesta, sino también contribuir activamente a la construcción de estándares globales en materia de seguridad digital, comercio ilícito y flujos financieros alternativos.

    El Informe Mundial sobre las Drogas 2025 no debe ser interpretado únicamente como una actualización estadística, sino como una hoja de ruta para la toma de decisiones estratégicas. Las transformaciones descritas en el documento no implican una pérdida automática de capacidad estatal, sino una oportunidad para reconfigurar la arquitectura institucional en función de nuevas amenazas. La experiencia acumulada por México en materia de seguridad puede ser un punto de partida sólido si se acompaña de innovación, coordinación y un enfoque prospectivo.

    Las organizaciones criminales más peligrosas del mundo no son hoy las que ejercen violencia física, sino las que saben ocultarse entre plataformas, fragmentar sus operaciones en redes invisibles y mover recursos sin dejar rastro. Comprender esta lógica es fundamental para diseñar políticas públicas que no respondan a un pasado que ya no existe, sino a un presente que se redefine con cada línea de código. La seguridad del futuro será digital o será marginal. Y en esa ecuación, ningún Estado puede darse el lujo de quedarse atrás.

  • Rising Lion: La operación que dejó a Irán sin escudo y al mundo sin certeza

    Rising Lion: La operación que dejó a Irán sin escudo y al mundo sin certeza

    Desde el 13 de junio de 2025, el mundo observa con preocupación una guerra que ha roto todos los esquemas conocidos. Lo que comenzó como un ataque puntual de Israel contra las instalaciones nucleares de Irán se ha convertido en un conflicto de gran escala que está cambiando por completo el equilibrio militar y político en Medio Oriente. La operación, conocida como Rising Lion o “León que se levanta”, es el nombre que el gobierno israelí dio a su ofensiva militar para atacar objetivos clave dentro del territorio iraní. No es un conflicto más: es una nueva forma de hacer la guerra, que se libra sin soldados cruzando fronteras, pero con aviones, drones, misiles y ciberataques que alcanzan blancos críticos en cuestión de minutos.

    La llamada superioridad aérea que ha conseguido Israel significa que sus aviones ahora pueden volar sobre Irán sin ser detenidos. Lo lograron gracias a una estrategia muy bien planeada: primero eliminaron los radares y misiles que protegían el espacio aéreo iraní, y luego bombardearon bases militares, almacenes de misiles, instalaciones nucleares y centros de mando. Incluso infiltraron drones y comandos dentro del país muchos meses antes, lo que les permitió conocer la ubicación exacta de sus blancos y atacar con precisión. Israel movilizó más de 200 aeronaves el primer día y, hasta ahora, no ha perdido ni una sola según los reportes disponibles. Nunca antes se había visto algo así en una guerra sin ocupación territorial.

    Por su parte, Irán respondió lanzando más de 370 misiles y más de 100 drones de ataque hacia ciudades israelíes como Tel Aviv, Haifa y Rehovot. Aunque la mayoría fueron interceptados por los sistemas defensivos, algunos impactaron zonas urbanas y causaron muertes y destrucción. Las víctimas se cuentan por cientos: más de 224 personas han fallecido en Irán y al menos 24 en Israel. Pero el problema va mucho más allá de estas cifras. La guerra ha llegado también a los laboratorios científicos, las universidades y las refinerías de petróleo. La vida cotidiana, el desarrollo educativo y la economía están siendo golpeados con la misma fuerza que las bases militares.

    Uno de los elementos más afectados por esta operación ha sido el sistema de misiles de Irán. Durante años, su principal estrategia de defensa fue la amenaza de lanzar misiles si era atacado. Esa capacidad se consideraba su escudo. Sin embargo, en solo unos días, Israel destruyó al menos un tercio de los lanzadores de misiles iraníes, golpeó sus fábricas y almacenes, y eliminó a altos mandos militares responsables de coordinar la defensa del país. Entre ellos estaban dos figuras clave del IRGC, que en español se conoce como los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Esta organización no es solo un ejército paralelo al regular de Irán; también tiene control sobre misiles, fuerzas especiales y aliados armados en países como Irak, Siria, Líbano y Yemen. Su función va mucho más allá de lo militar: es uno de los pilares del poder político en Irán.

    Con la ofensiva aérea, Israel también destruyó bases subterráneas donde Irán escondía misiles de largo alcance, y atacó puntos estratégicos como Fordow y Natanz, instalaciones donde se desarrollaban componentes sensibles de su programa nuclear. A pesar de estos golpes, Irán todavía conserva algunos recursos, pero su capacidad para responder de manera efectiva ha quedado gravemente debilitada. Su producción de misiles no alcanza los niveles necesarios para reponer las pérdidas y sus principales aliados en la región, como Hezbollah, ya han sido golpeados anteriormente, lo que limita la posibilidad de una respuesta en varios frentes.

    Mientras tanto, Estados Unidos se ha involucrado parcialmente, apoyando a Israel con bombardeos específicos, sistemas de defensa avanzados como THAAD y la presencia de tropas en países del Golfo. Sin embargo, esta participación no está guiada por un plan político claro. Irán ha advertido que podría atacar bases estadounidenses en la región si se siente acorralado, lo que pondría en riesgo a más de 40 mil soldados estadounidenses en países como Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. La Casa Blanca, bajo la administración Trump, intenta mantener un equilibrio: apoyar a Israel sin caer en una guerra abierta que tendría consecuencias globales.

    Uno de los aspectos más graves del conflicto es que ha comenzado a dañar sectores clave que no tienen relación directa con lo militar. El Instituto Weizmann en Israel, reconocido a nivel mundial por sus investigaciones científicas, fue alcanzado por un misil. Laboratorios enteros colapsaron, experimentos fueron interrumpidos y el trabajo de años podría perderse. En Irán, universidades como la de Teherán o Sharif suspendieron sus actividades por temor a nuevos ataques, y trasladaron sus clases a internet, a pesar de los cortes de electricidad y problemas de conexión. También han sido dañadas refinerías de petróleo, afectando tanto a Irán como a Israel, y aumentando el riesgo de una crisis energética global.

    Esta guerra no solo está dejando escombros físicos, también está provocando un retroceso educativo, científico y económico que tomará años reconstruir. La fuga de cerebros, la suspensión de investigaciones y el cierre de centros universitarios representan un daño profundo que no se repara con acuerdos militares. En lugar de proteger a sus pueblos, los gobiernos están arrasando las bases sobre las que se construye el futuro: el conocimiento, la salud, la energía y la posibilidad de una vida digna.

    Israel, a pesar de sus logros militares, enfrenta ahora un dilema estratégico: ¿qué hacer con el poder que ha ganado? Hasta ahora no ha explicado cuál es el objetivo político de esta guerra. ¿Busca que Irán abandone su programa nuclear? ¿Quiere un cambio de régimen? ¿Está esperando una negociación? Sin respuestas claras, la operación corre el riesgo de quedarse atrapada en una espiral de violencia sin salida. Ya lo han dicho expertos internacionales: destruir misiles o bases militares no garantiza la paz. Sin una estrategia de salida, el conflicto podría extenderse a otros países y durar más de lo que cualquier gobierno puede sostener.

    La comunidad internacional tiene un papel urgente que jugar. Las grandes potencias deben exigir que se detengan los ataques a la infraestructura civil y que se abra un camino hacia la negociación. De lo contrario, esta guerra dejará no solo ruinas visibles, sino también heridas profundas en los pueblos que la padecen.

    El cielo ha sido conquistado, pero el conflicto permanece sin horizonte. La pregunta ya no es qué tan alto pueden volar los cazas israelíes o cuántos misiles más tiene Irán. La verdadera pregunta es: ¿será posible construir algo valioso cuando el humo se disipe, o solo quedará un cráter más en la historia de Medio Oriente?

  • Computación cuántica en palabras claras. Así va a transformar tu vida

    Computación cuántica en palabras claras. Así va a transformar tu vida

    Durante años, el término “computación cuántica” ha habitado los laboratorios, los congresos científicos y las series de ciencia ficción. Hoy, sin embargo, se ha abierto paso hacia la esfera pública con una promesa tan poderosa como inquietante: cambiará nuestras vidas, aunque no sepamos bien cómo ni cuándo. En esta columna no encontrarás fórmulas ni tecnicismos, sino una mirada clara a un fenómeno que ya impacta la salud, la economía, la seguridad digital y el diseño de políticas públicas. En un contexto internacional que se disputa la soberanía tecnológica, México tiene ante sí una decisión crucial: quedarse mirando o entrar a tiempo a una de las revoluciones más determinantes del siglo XXI.

    Si una computadora clásica es como una fila de interruptores encendidos o apagados, la cuántica se parece más a una red de luces que pueden estar encendidas, apagadas o ambas cosas al mismo tiempo. Eso permite explorar millones de combinaciones a la vez, en lugar de una por una. Es lo que se conoce como “superposición”, y cuando se combina con otras propiedades como el entrelazamiento y la interferencia, surge un nuevo paradigma: uno que no se trata solo de hacer las cosas más rápido, sino de hacer cosas que hoy, sencillamente, son imposibles.

    Desde la perspectiva ciudadana, los beneficios pueden parecer invisibles, pero serán profundos. En medicina, por ejemplo, se podrían simular moléculas para crear fármacos personalizados con menos efectos adversos. En ciudades congestionadas, ayudaría a planificar rutas escolares, redes de transporte y turnos hospitalarios con una eficiencia inédita. Y en nuestras casas, nos permitirá acceder a servicios digitales más inteligentes, seguros y adaptados a nuestras necesidades, sin instalar una computadora cuántica en el escritorio.

    El riesgo, por supuesto, también está presente. Hoy protegemos nuestras cuentas bancarias, historiales médicos y documentos oficiales con sistemas de seguridad digital basados en problemas matemáticos complejos. Pero si una computadora cuántica suficientemente potente cayera en malas manos, podría romper esos sistemas en cuestión de minutos. Es por eso que países como Estados Unidos ya han iniciado la migración hacia algoritmos de “criptografía post-cuántica”, una carrera silenciosa por blindar los datos antes de que sea demasiado tarde.

    Mientras tanto, otras naciones van más allá. China ha construido redes de comunicación cuántica a nivel nacional. Alemania y Canadá invierten en centros de simulación para sus industrias. Y Estados Unidos, además de su músculo empresarial, ha abierto el acceso a procesadores cuánticos en la nube y ha estandarizado normativas de ciberseguridad. El mensaje es claro: esta tecnología no se quedará en los laboratorios. Quien la domine, definirá las reglas del juego económico, militar y diplomático en las próximas décadas.

    En este momento de la historia, se estaría configurando un nuevo mapa de poder global, donde ya no bastaría con tener petróleo, oro o influencia militar: el control del conocimiento cuántico marcaría el rumbo de las decisiones estratégicas. Esta tecnología permitiría definir políticas de defensa, sistemas de comunicación inviolables y modelos económicos con capacidad predictiva sin precedentes. Por esa razón, países como China, Canadá y Alemania no habrían escatimado en inversiones públicas millonarias, alianzas académicas y centros de simulación de vanguardia. Desde nuestra óptica, si México decidiera mantenerse al margen de estas transformaciones, su soberanía digital quedaría subordinada a las decisiones de quienes sí se anticiparon al cambio. Por tanto, participar activamente en esta carrera no sería una cuestión de ambición científica, sino de supervivencia estratégica.

    En este panorama, la pregunta no es si la computación cuántica llegará a nuestras vidas, sino cómo llegará y quién decidirá su uso. La capacidad de simular con precisión nuevos materiales permitirá productos más sostenibles y baratos. Algoritmos cuánticos como el de Grover o el de Shor transformarán la inteligencia artificial, la logística, el aprendizaje automático y el análisis de datos. Incluso tareas cotidianas como detectar fraudes financieros o traducir conversaciones en tiempo real se verán profundamente modificadas.

    Pero no todo es futurismo. En 2024, la Universidad de Oxford demostró que una persona podía acceder a un procesador cuántico remoto sin comprometer su privacidad, gracias a la llamada “computación cuántica ciega”. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), por su parte, ya lanzó CURBy, un generador cuántico de números aleatorios certificados. ¿Por qué importa? Porque detrás de un sorteo justo, una elección digital o un contrato seguro, hay números que no deben seguir patrones predecibles. Y solo la física cuántica puede garantizarlo de forma verificable.

    En términos de estrategia nacional, la situación de México es delicada. El país no cuenta aún con una política pública robusta en materia cuántica ni con un marco legal actualizado en criptografía de nueva generación. Mientras tanto, universidades, centros de investigación y jóvenes talentos desarrollan proyectos con presupuestos limitados, sin una hoja de ruta nacional. Las consecuencias de no actuar hoy serían la dependencia tecnológica, la vulnerabilidad digital y la pérdida de competitividad en sectores clave como salud, energía y defensa.

    Sin embargo, también hay señales de esperanza. En los últimos años, instituciones académicas mexicanas han colaborado con redes internacionales de investigación, y existen iniciativas locales de divulgación, formación y emprendimiento tecnológico que podrían multiplicarse si se les dotara de visión política, presupuesto sostenido y marcos regulatorios inteligentes. No se trata de inventar desde cero, sino de coordinar lo existente y construir sobre lo que ya hemos sembrado.

    La computación cuántica no es un lujo futurista. Es una necesidad presente. Como país, deberíamos garantizar que esta revolución tecnológica no sea decidida únicamente por quienes tienen el mayor presupuesto, sino también por quienes tienen el mayor compromiso social. Las decisiones que tomemos ahora definirán si tendremos voz en la gobernanza tecnológica global o si quedaremos relegados a ser consumidores pasivos de herramientas diseñadas por otros países, para resolver sus propios intereses.

    México no parte de cero: tiene talento, instituciones académicas reconocidas y vínculos internacionales. Pero si no se toma acción ahora, el país quedará fuera de las decisiones estratégicas que definirán el siglo XXI. Este es el momento para sembrar capacidades, formar liderazgos y asegurar que la revolución cuántica también hable español, tenga rostro latinoamericano y se rija por principios de inclusión, soberanía y justicia tecnológica.

  • Cuidar el entorno, prevenir la violencia: la educación ambiental como política comunitaria de paz

    Cuidar el entorno, prevenir la violencia: la educación ambiental como política comunitaria de paz

    En un contexto nacional marcado por crisis ambientales, violencia estructural y fragmentación del tejido social, repensar las estrategias de prevención del delito no solo desde el aparato judicial o policiaco, sino desde la base comunitaria y cultural, se vuelve una necesidad urgente. La educación ambiental, entendida como un proceso interdisciplinario, situado y transformador, puede consolidarse como una herramienta poderosa para reconstruir entornos seguros, fortalecer la identidad colectiva, visibilizar la injusticia y prevenir expresiones de violencia. Esa posibilidad se vuelve tangible en el caso de La Conciencia de El Pinacate A.C., una organización que desde 2017 ha articulado arte, ciencia, educación y comunidad en Puerto Peñasco, Sonora, con resultados visibles y replicables.

    Si se reconociera que la crisis ecológica y la violencia son dos caras del mismo problema estructural, se abriría paso a nuevas políticas de seguridad que inviten a mexicanas y mexicanos a participar activamente en el cuidado de su territorio. Cuando se comprende que la educación ambiental no solo transmite conocimientos, sino que también empodera a las personas para transformar su realidad —como sostienen Pierre Sauvé y Enrique Leff, quienes conciben esta pedagogía como una práctica emancipadora, generadora de pensamiento crítico y acción colectiva—, se evidencia que prevenir la violencia desde la raíz exige educar con conciencia territorial.

    Si se analizara con detenimiento el contexto de Puerto Peñasco, se observaría una región afectada por la sobreexplotación pesquera, la urbanización sin planeación y un turismo desbordado que ha fragmentado el tejido comunitario. Frente a ello, La Conciencia de El Pinacate A.C. ha generado acciones como murales colectivos, coloquios ambientales y talleres de creación artística, involucrando a pescadores, docentes, estudiantes, niñas, niños y personas adultas mayores en procesos de recuperación de espacios públicos y de resignificación simbólica del territorio.

    Si se asumiera la educación ambiental como política de paz, se podrían vincular sus principios con el enfoque CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design, o prevención del delito mediante el diseño ambiental), el cual propone que un espacio bien diseñado puede disuadir la delincuencia al fomentar vigilancia natural, sentido de pertenencia y apropiación ciudadana. En ese marco, las acciones comunitarias dejan de ser eventos aislados para convertirse en estrategias integrales de prevención social, al transformar los lugares abandonados en espacios de convivencia, arte y memoria colectiva.

    Si se aplicaran metodologías participativas como la investigación-acción, se permitiría establecer un diálogo horizontal entre academia, instituciones y comunidad. Al formar facilitadoras y facilitadores ambientales desde los propios barrios, impulsar huertos escolares, recorridos ecoeducativos en zonas protegidas y actividades artísticas que conectan ciencia y cultura, la educación ambiental se volvería una experiencia liberadora que fortalece la agencia ciudadana, especialmente en las juventudes, a menudo excluidas de los procesos de decisión sobre su entorno.

    Si se comprendiera el arte como una herramienta de denuncia y de esperanza, se podrían transformar las percepciones de inseguridad mediante prácticas estéticas que enraízan valores comunitarios. Un ejemplo de ello es el mural realizado en la calle Galeana, donde flora, fauna, rostros locales y símbolos de resistencia fueron pintados en colectivo. Esta pieza, más que una obra decorativa, actúa como un archivo visual que recupera la memoria social y también como un mecanismo informal de vigilancia, al generar mayor presencia y apropiación del espacio.

    Si se promovieran espacios públicos para la proyección de cine comunitario —como en el caso del documental La Otra Parte, que aborda de forma crítica la expansión del narcotráfico—, se abrirían foros para discutir las causas estructurales de la violencia, romper con el relato de inevitabilidad del crimen y alentar procesos de reflexión colectiva. En esos encuentros, las y los jóvenes dialogan sobre los impactos ambientales del crimen organizado, sobre las ausencias en sus comunidades y sobre la urgencia de imaginar futuros donde el cuidado prevalezca sobre la explotación.

    Si se incluyeran ferias de ciencia, jornadas ambientales y exposiciones de arte en el calendario cívico, se convertirían calles antes percibidas como inseguras en aulas abiertas de intercambio intercultural. La evidencia recopilada en estos eventos demuestra que la llamada “vigilancia afectiva”, basada en la presencia activa de la comunidad, tiene un impacto positivo comparable al de los dispositivos tecnológicos o coercitivos, pero con el valor añadido de fortalecer el tejido social.

    Si los gobiernos locales, alineados con los principios de la Cuarta Transformación —austeridad republicana, justicia social y participación ciudadana—, decidieran institucionalizar estas prácticas, podrían consolidarse programas públicos de prevención del delito con perspectiva ambiental. Para ello, sería necesario establecer fondos específicos que apoyen a organizaciones territoriales, promover la recuperación de espacios públicos y formar consejos comunitarios de cultura de paz, con representación real de quienes habitan y conocen el territorio.

    Si el sistema educativo integrara de forma transversal los contenidos de justicia ambiental, cultura de paz y prevención del delito, se formarían generaciones con mayor sentido de arraigo, empatía y corresponsabilidad. Las y los docentes actuarían como mediadores comunitarios, promoviendo proyectos escolares conectados con las problemáticas locales. Así, los impactos no se limitarían a los aprendizajes escolares, sino que se medirían también en términos de percepción de seguridad, apropiación del espacio y capacidad organizativa de las comunidades.

    Construir paz desde el entorno no es una utopía, es una tarea política, educativa y ecológica que ya está en marcha, con resultados visibles; el desafío ahora es replicarla, protegerla y reconocerla como parte de una política pública democrática y corresponsable, que escuche a la comunidad, cuide el territorio y prevenga la violencia desde su raíz.