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Etiqueta: Aldo San Pedro

  • De Davos a la Junta de Paz: Trump y el nuevo orden mundial sin la ONU al centro

    De Davos a la Junta de Paz: Trump y el nuevo orden mundial sin la ONU al centro

    Cada enero, el mundo pone la mirada en el Foro Económico Mundial. Davos no firma tratados ni impone reglas, pero sí cumple una función clave: anticipa hacia dónde se mueven las decisiones globales. Lo que ahí se discute suele convertirse, meses después, en política pública, alianzas estratégicas o nuevos equilibrios de poder. En 2025, como analicé en mi columna México en Davos 2025: Oportunidades estratégicas en un contexto de transformación global, el foro fue un espacio de diagnóstico. En 2026, en cambio, fue algo más: una vitrina donde comenzaron a mostrarse soluciones paralelas.

    En ese escenario apareció la Junta de Paz (Board of Peace). Impulsada por Donald Trump, la propuesta partió de un diagnóstico que hoy resulta fácil de entender incluso para quienes no siguen la geopolítica de cerca: los conflictos armados se prolongan, las crisis humanitarias se agravan y los mecanismos tradicionales tardan demasiado en responder. La Junta de Paz se presentó, así, como un intento por acelerar decisiones, coordinar actores y pasar del acuerdo político a la acción en el terreno.

    Para dimensionar el alcance del anuncio conviene explicar, sin tecnicismos, cómo se plantea su funcionamiento. La Junta de Paz no sería un organismo universal como la ONU. Sus estatutos prevén membresías por invitación, reglas propias y una dirección central fuerte. La permanencia y el peso dentro del mecanismo estarían ligados al compromiso político y financiero de cada integrante. En términos simples, se trataría de un esquema más cerrado, diseñado para actuar rápido, aunque eso implique renunciar al consenso amplio.

    Las reacciones no tardaron en evidenciar tensiones. Algunos países aceptaron participar desde el inicio; otros prefirieron declinar o mantener distancia. Esa división refleja una preocupación legítima: para ciertos actores, la Junta de Paz podría ser una vía pragmática frente a la parálisis; para otros, un riesgo de fragmentar esfuerzos y debilitar reglas comunes. No es un debate menor, porque de fondo está la pregunta sobre quién decide, con qué legitimidad y bajo qué controles.

    Este punto conecta directamente con otra reflexión previa. En Es tiempo de mujeres: capítulo ONU advertí que la Organización de las Naciones Unidas mantiene legitimidad normativa, pero enfrenta límites operativos cada vez más visibles. Vetos, bloqueos y procesos prolongados han dificultado que sus resoluciones se traduzcan en resultados concretos. Davos 2026 confirmó esa lectura: ya no solo se habla de reformar al multilateralismo, sino de rodearlo con mecanismos alternativos.

    Desde México, donde en los últimos años se ha insistido en que las instituciones deben servir a las personas y ofrecer resultados tangibles para mexicanas y mexicanos, este debate resulta especialmente relevante. La eficacia importa, pero también importan las reglas, la inclusión y la rendición de cuentas. El desafío consiste en encontrar un equilibrio que no sacrifique legitimidad en nombre de la rapidez, ni condene a la inacción por exceso de procedimientos.

    La Junta de Paz no es una anomalía ni un gesto aislado. Es, más bien, el síntoma más visible de un sistema internacional en plena transición. Su aparición confirma que, frente a la parálisis operativa, el orden mundial comienza a ensayar reemplazos funcionales que privilegian la ejecución sobre el consenso y el liderazgo sobre la colegialidad. En este escenario, la Organización de las Naciones Unidas no pierde su legitimidad normativa ni su valor histórico, pero sí enfrenta el riesgo real de quedar desplazada en la práctica si no logra adaptarse a un mundo que ya no espera. El mensaje de fondo es claro: la ONU no será sustituida por un solo actor, sino rodeada progresivamente por mecanismos alternativos que, sin derrocarla, podrían volverla prescindible. Ese es el verdadero punto de inflexión que deja Davos 2026.

  • Cuando el sentido deja de ser exclusivo: la filosofía ante la ruta a la AGI

    Cuando el sentido deja de ser exclusivo: la filosofía ante la ruta a la AGI

    En distintos momentos de la historia, las sociedades han tenido que aprender a nombrar lo que aún no entendían del todo. Ocurrió con la máquina industrial, con la electricidad, con Internet y con la digitalización de la vida cotidiana. Hoy, ese momento vuelve a presentarse con la inteligencia artificial avanzada y la ruta hacia la Inteligencia Artificial General. No se trata solo de una nueva tecnología, sino de un cambio en la forma en que se organiza la experiencia, se toman decisiones y se produce sentido. Cuando el lenguaje todavía no alcanza, la filosofía vuelve a ser necesaria.

    La Inteligencia Artificial General no es una máquina consciente ni un sustituto del pensamiento humano. Es, más bien, un tipo de sistema capaz de desempeñarse de manera general en múltiples ámbitos, aprender de contextos distintos, transferir conocimiento entre tareas y adaptarse sin ser rediseñado para cada función. A diferencia de la inteligencia artificial actual —especializada y limitada— la AGI operaría como una inteligencia de propósito general, capaz de reorganizar problemas y prioridades. Esa generalidad es lo que marca el cambio de modelo tecnológico.

    En la vida cotidiana, esta adopción no llegará como un “gran evento”, sino como una acumulación de pequeñas transformaciones. Sistemas que ya no solo recomiendan, sino que anticipan; plataformas que no solo ejecutan órdenes, sino que estructuran opciones; herramientas que no solo asisten, sino que delimitan el marco desde el cual decidimos. La AGI no se impondrá como una figura visible, sino como una infraestructura silenciosa que organiza flujos de información, tiempos, trayectorias y posibilidades.

    Este tránsito implica un desplazamiento clave: pasamos de tecnologías entendidas como herramientas a sistemas que ordenan la realidad. Ordenar significa clasificar, jerarquizar y excluir. Cuando un sistema define qué es relevante, qué es probable o qué es óptimo, está configurando el mundo operativo en el que personas e instituciones actúan. No reemplaza la decisión humana, pero condiciona el campo de decisiones posibles. La diferencia es sutil, pero profunda.

    Aquí aparece la pregunta por el sentido. Los sistemas de inteligencia artificial trabajan con datos, patrones y correlaciones. Las sociedades, en cambio, viven de significado, contexto y memoria. El dato puede decir qué ocurre; el significado permite entender por qué importa. Cuando el rendimiento técnico se convierte en el criterio dominante, existe el riesgo de confundir eficiencia con comprensión. La filosofía cumple la función de separar esas capas: recordar que no todo lo que funciona explica, y que no todo lo que explica debe automatizarse.

    A lo largo de la historia, la filosofía ha sido el espacio donde se elaboraron los conceptos necesarios para entender transformaciones inéditas. Fue así cuando se pensó la noción de trabajo en la era industrial, la idea de sujeto en la modernidad, o la relación entre técnica y poder en el siglo XX. Hoy, vuelve a ser el lugar desde el cual se pueden construir nuevas categorías para comprender sistemas que no piensan, pero organizan; que no juzgan, pero influyen; que no deciden con conciencia, pero producen efectos reales.

    Uno de los puntos más delicados es la confusión entre predicción, decisión y juicio. La inteligencia artificial puede predecir comportamientos y ejecutar decisiones operativas con gran eficacia. El juicio, en cambio, implica responsabilidad, interpretación y explicación. Delegar predicción no es lo mismo que delegar juicio. La filosofía permite trazar ese límite y entender por qué hay ámbitos que, aun siendo técnicamente automatizables, no deberían perder su dimensión humana.

    La velocidad de adopción de estos sistemas también tiene costos menos visibles. No solo modifica el empleo o los mercados, sino la forma en que comprendemos el mundo. Cuando la realidad se presenta filtrada por modelos técnicos, existe el riesgo de reducirla a lo medible y lo optimizable. La filosofía no se opone a la técnica, pero introduce una pausa reflexiva: pregunta qué dejamos fuera cuando aceptamos ciertos criterios como naturales.

    Este cambio de modelo tecnológico es inédito, pero no incomprensible. Como en otros momentos históricos, estamos en una etapa previa a la estabilización conceptual. Todavía estamos descubriendo las palabras con las que nombraremos esta nueva relación entre humanos, sistemas y sentido. La formación filosófica ofrece algo fundamental en este tránsito: la capacidad de pensar antes de naturalizar, de entender antes de delegar, de decidir antes de acostumbrarnos.

    La inteligencia artificial general no solo acelera procesos: reconfigura el sentido desde el cual se toman decisiones. El desafío no es detener su avance, sino comprender cómo se integra a la vida cotidiana y qué tipo de mundo contribuye a construir. Si ese proceso ocurre sin reflexión, la eficiencia ocupará el lugar del juicio y la técnica el del sentido. El tiempo para pensar ese marco no es posterior a la adopción: es ahora, mientras aún estamos a tiempo de darle nombre y dirección al mundo que empieza a emerger.

  • Diez riesgos para 2026: el mapa del poder, la economía y la incertidumbre

    Diez riesgos para 2026: el mapa del poder, la economía y la incertidumbre

    Al comenzar este año, muchas mexicanas y mexicanos sienten que algo cambió, aunque no siempre sea fácil explicarlo. La política ya no se percibe solo en discursos o debates lejanos, sino en decisiones que impactan el trabajo, el ingreso, la seguridad y la tranquilidad diaria. No es un momento de crisis, pero sí uno en el que los márgenes se sienten más estrechos y cada decisión parece pesar un poco más. Entender este contexto importa porque permite leer el momento con claridad, sin miedo ni exageración.

    Uno de los primeros puntos a observar tiene que ver con la forma en que se toman las decisiones. Cuando el poder se concentra, las cosas pueden avanzar más rápido, pero también se corre el riesgo de que las reglas cambien sin suficiente explicación. Esto no significa que todo esté mal, sino que la certeza puede debilitarse si no hay diálogo y claridad. Algo similar ocurre cuando los contrapesos pierden fuerza: corregir errores se vuelve más difícil y los ajustes llegan tarde.

    En la economía, el reto no es un colapso, sino la falta de impulso. Cuando el crecimiento es bajo, cuesta más mejorar ingresos y generar oportunidades. A esto se suma que muchas inversiones prefieren esperar antes de dar el siguiente paso. Esa pausa no se siente en cifras abstractas, sino en empleos que no llegan, proyectos que se posponen y familias que viven con mayor cautela. Aquí el desafío es recuperar confianza para volver a mover la rueda.

    Desde fuera, la relación con Estados Unidos y la revisión del T-MEC mantienen un ambiente de presión constante. No porque el acuerdo esté por romperse, sino porque la negociación permanente genera dudas. El reto está en responder con preparación y cabeza fría, evitando decisiones apresuradas que después cuesten más corregir.

    En las instituciones, otro riesgo aparece cuando las reformas avanzan más rápido que la capacidad para hacerlas realidad. Cambiar leyes es importante, pero hacerlo bien lo es todavía más. Cuando hay confusión, retrasos o reglas poco claras, la gente pierde confianza y todo se vuelve más complicado de lo necesario. Un Estado fuerte no es el que promete más, sino el que cumple mejor.

    En el territorio, la inseguridad y los conflictos sociales siguen afectando la vida diaria. El mayor riesgo no es solo su presencia, sino acostumbrarse a ellos, asumirlos como parte normal del día a día. Cuando eso ocurre, se encarecen los negocios, se fragmentan las comunidades y se debilita la confianza entre personas e instituciones.

    Ahora bien, hablar de estos riesgos no es una invitación al pesimismo. Al contrario. Identificarlos sirve para adelantarse, corregir a tiempo y evitar que se conviertan en problemas mayores. Nombrar los riesgos permite exigir mejores decisiones, reglas más claras y una ejecución más cuidadosa. Es una forma de prevención, no de alarma.

    Todos estos elementos se conectan en algo fundamental: la certidumbre. Cuando hay reglas claras, instituciones que funcionan y decisiones bien explicadas, las personas pueden planear, invertir, trabajar y vivir con mayor tranquilidad. La incertidumbre no desaparece por arte de magia, pero sí puede reducirse cuando hay orden, coherencia y responsabilidad.

    Visto en perspectiva, no estamos frente a un escenario de crisis, sino de definición. Los riesgos aquí descritos no anuncian un quiebre, sino un sistema que se pone a prueba. El verdadero activo del país no es la prisa ni la confrontación, sino la capacidad de convertir decisiones en reglas claras, presión en instituciones sólidas y tensión en resultados concretos. Si México logra transitar este periodo con claridad, disciplina y sentido común, lo que hoy se analiza como riesgo podrá recordarse como el momento en que supimos anticiparnos y gobernar mejor cuando el entorno dejó de ser cómodo.

  • Venezuela: más preguntas que banderas

    Venezuela: más preguntas que banderas

    En cuestión de horas, Venezuela pasó de ser una crisis prolongada y aparentemente inmóvil a convertirse en el epicentro de una sacudida internacional. La captura de Nicolás Maduro por una operación directa del gobierno de Estados Unidos rompió un equilibrio precario que llevaba años sosteniéndose entre sanciones, aislamiento, retórica y desgaste interno. No fue una transición negociada, ni una revuelta interna, ni una decisión multilateral. Fue un acto abrupto que desordenó el tablero, aceleró los tiempos y colocó a millones de personas frente a una avalancha de versiones, juicios inmediatos y exigencias de tomar partido. Mientras los titulares hablaban de invasión o liberación, de justicia o saqueo, en casas, trabajos y sobremesas se repetía una sensación común: nadie tenía del todo claro qué pensar.

    La primera pregunta apareció casi de inmediato. ¿Esto fue bueno o malo?

    La respuesta honesta es que no cabe en una sola palabra. Para una parte importante de la población venezolana, el régimen que cayó había cerrado todas las salidas internas: elecciones sin credibilidad, instituciones erosionadas y una crisis social que expulsó a millones. Desde ahí, el fin de ese poder se siente como un alivio. Pero al mismo tiempo, la forma en que ocurrió introduce una grieta inquietante. Las reglas que existen para proteger a los países más débiles fueron quebradas por una potencia que decidió actuar por fuera de los mecanismos tradicionales. El hecho puede aliviar y preocupar al mismo tiempo. Ambas cosas pueden ser ciertas sin anularse.

    Luego vino la siguiente duda. ¿Estados Unidos hizo lo correcto?

    Planteada así, la pregunta exige una respuesta moral que la política internacional rara vez ofrece. Estados Unidos no actúa como héroe ni como villano de película. Actúa como potencia. Las potencias intervienen cuando consideran que el costo de no hacerlo es mayor que el de actuar. En este caso, el colapso venezolano ya generaba efectos regionales reales: migración, economías ilícitas, presión sobre mercados y una inestabilidad que dejó de ser manejable con sanciones y discursos. Comprender esa lógica no equivale a justificarla, pero sí evita caer en lecturas ingenuas.

    La sospecha siguiente fue inevitable. ¿Lo hizo por ayudar o por petróleo?

    La respuesta tampoco es binaria. Venezuela es estratégica por sus recursos energéticos y eso nunca es irrelevante. Negarlo sería ingenuo. Pero reducir todo al petróleo es igual de simplista. Durante años, esos recursos estuvieron ahí sin ser plenamente aprovechables por sanciones, deterioro e incapacidad operativa. El verdadero interés no está solo en el recurso, sino en lo que viene después: quién decide cómo se reconstruye el país, bajo qué reglas, con qué controles y con qué nivel de autonomía real. El petróleo no explica todo, pero atraviesa todo.

    Conforme bajó el ruido inicial, apareció la pregunta más importante. ¿Qué va a pasar ahora, en serio?

    En el corto plazo, lo urgente es evitar el vacío. Mantener servicios básicos, algo de seguridad y una mínima continuidad administrativa. En el mediano plazo, se abrirá la disputa real: si habrá una transición democrática profunda o solo un reacomodo del poder con nuevos rostros y viejas estructuras. En el largo plazo, la pregunta será más dura: si Venezuela logra reconstruir instituciones propias o entra en una nueva forma de dependencia, ahora con respaldo externo. Nada de esto es automático. Ninguna captura sustituye la tarea de reconstruir un Estado.

    Entonces surge otra inquietud, cargada de memoria. ¿Esto ya lo ha hecho antes Estados Unidos?

    Sí. Y América Latina lo sabe. Por eso la región reaccionó con cautela. No por ideología, sino por experiencia. Las intervenciones suelen prometer soluciones rápidas, pero dejan consecuencias largas. La historia regional está llena de episodios donde la excepción se volvió regla y el costo lo pagaron las sociedades locales, no quienes tomaron la decisión.

    Así, la historia vuelve al punto de partida. Venezuela no es solo un país en transición. Es un espejo incómodo de un mundo que está probando límites sin consenso claro. El fin de un régimen no garantiza el inicio de un orden justo. Romper una regla puede parecer necesario en el momento, pero nunca es neutral para el futuro. Entre la soberanía que falló y el rescate que irrumpe, el sistema internacional avanza sin certezas compartidas. Por eso, más que celebrar o condenar de inmediato, este episodio exige algo menos espectacular y más urgente: comprender que lo ocurrido no solo redefine el destino de Venezuela, sino que anticipa las reglas bajo las cuales muchas otras naciones podrían verse juzgadas mañana. Y esa historia apenas comienza.

  • Radiografía 2025: Lo que vivimos y por qué importa

    Radiografía 2025: Lo que vivimos y por qué importa

    En 2025, mexicanas y mexicanos no enfrentamos un solo acontecimiento capaz de explicar el ánimo colectivo, sino la superposición de múltiples procesos que avanzaron al mismo tiempo. El trabajo, el ingreso, la seguridad, la tecnología y las decisiones del Estado comenzaron a moverse de forma simultánea, generando una sensación extendida de incertidumbre que no se originó en una crisis puntual, sino en la acumulación. Esta columna parte de cincuenta entregas semanales de Ingeniería Política publicadas a lo largo del año y propone algo distinto a un recuento: ordenar lo vivido para entender por qué el futuro dejó de sentirse lejano y comenzó a experimentarse en el presente.

    El punto de partida de 2025 fue un entorno internacional más rígido y menos predecible. El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos reactivó debates y presiones en materia comercial, fiscal, migratoria y energética que impactaron directamente a México. La sola discusión sobre un posible impuesto a las remesas —que en los últimos años han representado alrededor del 3.4 % del PIB— colocó a millones de hogares en un escenario de vulnerabilidad anticipada. Al mismo tiempo, la revisión del T-MEC dejó de percibirse como un trámite lejano y comenzó a influir en decisiones presentes sobre inversión, política industrial y energía. A ello se sumaron conflictos geopolíticos persistentes, tensiones por recursos estratégicos y una volatilidad energética documentada, configurando un año en el que el mundo apretó desde varios frentes a la vez.

    Frente a ese entorno, el Estado mexicano no operó en pausa. A lo largo de 2025 se activaron, de manera paralela, procesos de planeación, decisión y ejecución. El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y el Plan México buscaron ordenar prioridades y dar señales de continuidad, mientras se impulsaron reformas de alcance estructural en ámbitos como el Poder Judicial, la seguridad y la contratación pública. La elección directa de personas juzgadoras federales y el rediseño de plataformas de contratación marcaron un cambio institucional profundo. Sin embargo, el año también dejó claro que el mayor desafío no está en anunciar reformas, sino en traducirlas en capacidades operativas, coordinación efectiva y resultados sostenidos.

    Ese movimiento institucional comenzó a reflejarse en la vida cotidiana. La política tocó el bolsillo. Los datos más recientes disponibles sobre ingresos y pobreza muestran avances relevantes respecto a años anteriores, con millones de personas mejorando su situación material. Al mismo tiempo, persisten brechas regionales, laborales y generacionales que explican por qué la percepción social no siempre acompaña a los promedios. El debate sobre salarios, jornadas y condiciones laborales colocó al tiempo de trabajo como una nueva variable del bienestar, especialmente para juventudes que enfrentan empleos más inestables y procesos de automatización acelerada.

    Mientras tanto, el poder empezó a operar de formas menos visibles. Algoritmos, plataformas digitales y sistemas automatizados influyeron cada vez más en decisiones cotidianas, desde la información que consumimos hasta oportunidades laborales o financieras. El crimen organizado mostró una adaptación creciente al entorno digital, desplazando parte de su operación hacia redes invisibles. A ello se sumó la permanencia de la memoria digital y la automatización gradual de tareas, procesos que avanzaron sin grandes anuncios, pero con efectos acumulativos. El resultado fue una sensación de exposición constante, difícil de atribuir a un solo actor o decisión.

    En ese contexto, la sociedad trató de entender lo que pasaba. El desgaste emocional, la ansiedad y la saturación informativa se volvieron experiencias comunes. Las infancias y las juventudes funcionaron como termómetro del momento: violencia, sobreexposición digital y falta de certezas reflejaron tensiones más amplias. La cultura, los símbolos y la creciente conciencia ambiental operaron como espacios para procesar un cambio que se sentía antes de comprenderse plenamente, en un país donde la escasez de agua, el calor extremo y los eventos climáticos dejaron de percibirse como advertencias abstractas.

    Todo ello condujo a una constatación central: el futuro ya empezó. La inteligencia artificial, la automatización del trabajo, la disputa por recursos estratégicos, la presión climática y los retos de la democracia dejaron de ser debates de largo plazo para convertirse en condiciones del presente. En este cierre de año, la pregunta ya no es qué viene, sino qué deberá observarse con mayor atención. Todo indica que 2026 no será un año de grandes anuncios, sino de verificación. Deberán seguirse de cerca la capacidad real del Estado para ejecutar las reformas ya aprobadas; el impacto cotidiano de la relación con Estados Unidos en materia comercial, energética y migratoria conforme se acerque la revisión del T-MEC; la forma en que la inteligencia artificial y la automatización empiecen a regularse —o a operar sin regulación— en el trabajo, la seguridad y la información; la sostenibilidad del bienestar social frente a presiones fiscales, demográficas y climáticas; y la calidad de la democracia en un entorno donde el poder se fragmenta entre instituciones, plataformas y actores no visibles.

    2025 no fue un año para respuestas fáciles, sino para aprender a leer un mundo que se movió al mismo tiempo en muchos frentes. Las columnas de Ingeniería Política no buscaron imponer certezas, sino ofrecer herramientas para entender procesos que ya estaban en marcha y que impactaron la vida cotidiana de formas visibles e invisibles. Mirar lo que vivimos con método, claridad y sentido ciudadano fue una forma de participar incluso en medio de la incertidumbre. Cerrar este año no significa cerrar las preguntas, sino llegar mejor preparados para las que vienen, sabiendo que comprender el presente es el primer acto de responsabilidad frente al futuro.

  • La ruta para que la oposición gane la Presidencia… y el oficialista que ya les ganó la carrera sin que se dieran cuenta

    La ruta para que la oposición gane la Presidencia… y el oficialista que ya les ganó la carrera sin que se dieran cuenta

    Al inicio de esta historia hay una ironía incómoda: la oposición sí podría ganar la Presidencia. La ruta existe, es viable y no requiere genialidades, solo entender el momento político que atraviesa el país. Sin embargo, una y otra vez decide no verla. Sigue leyendo la realidad como si se tratara de un debate de ideas, cuando millones de mexicanas y mexicanos la viven como una experiencia cotidiana marcada por la inseguridad, el desgaste y la sensación de pérdida. Ahí comienza el desfase que explica por qué, aun con malestar social, la alternancia no termina de materializarse.

    Con el paso del tiempo, el desorden deja de ser noticia y se vuelve paisaje. La inseguridad no se discute, se padece. En ese tránsito, la política cambia de lógica. Dos enfoques ayudan a entenderlo. El primero es el autoritarismo reactivo: cuando el entorno se percibe fuera de control, amplios sectores sociales priorizan orden inmediato sobre deliberación. El segundo es la aversión a la pérdida: cuando se siente que ya se perdió demasiado, se deja de apostar y se empieza a defender. No se busca ganar más, se intenta no perder lo poco que aún se considera estable.

    Desde esa lógica, el voto se vuelve defensivo y el horizonte se acorta. La pregunta deja de ser qué proyecto convence más y pasa a ser quién puede evitar que las cosas empeoren. En ese escenario, insistir solo en diagnósticos complejos o promesas de largo plazo no persuade; genera distancia. El problema de la oposición no es la falta de ideas, sino su insistencia en hablarle a la razón cuando el país está decidiendo desde el reflejo.

    Sería un error, sin embargo, asumir que la oposición está condenada por definición. En América Latina, el péndulo político ha demostrado que los regresos son posibles. Chile acaba de confirmarlo, Argentina lo hizo desde la economía, El Salvador desde la seguridad, Ecuador desde la crisis institucional. No se trata de una ola homogénea, sino de oposiciones que supieron leer las ansiedades concretas de su sociedad y ocupar el espacio que el miedo, la frustración o la pérdida dejaron abierto. En esos casos, la oposición dejó de hablarse a sí misma y empezó a responder al clima emocional dominante. En México, en cambio, buena parte de la oposición sigue actuando como si el debate estuviera abierto, cuando en realidad la decisión ya se está cerrando por otro lado.

    Aquí aparece una diferencia que define elecciones: orden discursivo frente a orden creíble. El primero se promete; el segundo se percibe. En contextos de miedo y pérdida, no gana quien explica mejor, sino quien transmite capacidad de contención. No se evalúan planes detallados, sino señales de control, coordinación y ejecución. Resultados visibles, claridad de mando y consistencia pesan más que cualquier narrativa sofisticada.

    Mientras la oposición insiste en competir en el terreno del argumento, del lado del gobierno el país se ha contado como proceso, no como ruptura. La administración actual no se construyó desde el miedo, sino desde la recuperación de capacidades del Estado y la presencia institucional. Esa continuidad importa, porque en escenarios de pérdida el electorado valora conducción más que giros abruptos. En ese recorrido, algunas figuras quedan asociadas al debate, otras a la crítica, y unas pocas a la tarea concreta de contener el problema que hoy organiza el voto.

    Es ahí donde la historia encuentra su clímax. Sin discursos estridentes ni campañas adelantadas, desde la función y los resultados asociados a seguridad, coordinación y control, un perfil ha ido ocupando ese lugar mental clave. No como consigna ni candidatura explícita, sino como consecuencia lógica del momento político. En ese punto aparece Omar García Harfuch, no como promesa, sino como desenlace narrativo de una dinámica que el país ya está procesando.

    Hoy la explicación es sencilla: la oposición no entiende. No sabe leer el momento. Sigue actuando como si el país estuviera discutiendo opciones, cuando en realidad está buscando contención. Confunde inconformidad con ganas de arriesgar y crítica con alternativa. Mientras intenta volver desde el discurso, el presente se está ordenando desde la acción. Y en ese terreno, sin anuncios ni atajos, una figura avanza cumpliendo una función que hoy pesa más que cualquier promesa. No se adelanta por ambición, sino por consistencia. No irrumpe, responde. Y así, casi sin decirlo, va tomando distancia frente a propios y extraños. De mí se acuerdan.

  • Sídney como síntoma: qué enseñamos cuando explicamos la violencia a las infancias

    Sídney como síntoma: qué enseñamos cuando explicamos la violencia a las infancias

    El 14 de diciembre de 2025, durante la celebración pública de Janucá en Bondi Beach, dos hombres armados descendieron de un vehículo y abrieron fuego contra cientos de personas reunidas para conmemorar el festival judío. El atentado dejó al menos 16 personas muertas, más de 40 heridas y una comunidad entera marcada por el horror. Las autoridades confirmaron la presencia de explosivos improvisados y declararon el hecho como un acto terrorista. Entre las víctimas se encontraban niñas, niños, sobrevivientes del Holocausto y líderes religiosos. En medio del caos, un comerciante local desarmó a uno de los agresores y evitó una tragedia mayor. Lo que debía ser una expresión pública de identidad y esperanza, se convirtió en un escenario de terror con repercusiones internacionales.

    La cobertura mediática del atentado comenzó minutos después, cuando los primeros reportes confirmaban el tiroteo masivo en una playa emblema de Australia. Las escenas de emergencia, disparos y pánico circularon rápidamente en televisión, plataformas digitales y redes sociales. En muchos hogares, la información fue vista por personas adultas que decidieron proteger a niñas y niños mediante filtros, cambios de canal o explicaciones cuidadosas. Sin embargo, en otros contextos, el acceso fue más directo y sin acompañamiento. En ambos casos, la violencia adquirió una dimensión que ya no se limita al lugar de los hechos: se convierte en experiencia compartida, muchas veces sin preparación previa.

    Lo más inquietante de esta forma de violencia no es solo su letalidad, sino su capacidad para enseñar. Cada atentado deja huella no solo por su brutalidad, sino por la forma en que es narrado, entendido o trivializado. Las infancias no solo aprenden de lo que se dice, sino también de lo que se calla, de lo que se normaliza y de lo que se repite sin cuestionar. Si los hechos violentos se explican como parte del mundo moderno, si se nombran sin contexto o si se convierten en espectáculo informativo, entonces se transforman en lecciones silenciosas. Y esas lecciones, aunque no se noten de inmediato, moldean percepciones y valores.

    En Sídney, el coraje civil de Ahmed al Ahmed irrumpió en esa narrativa. Sin ser parte de ninguna corporación policial y arriesgando su vida, se enfrentó a uno de los agresores y logró desarmarlo. Las autoridades lo reconocieron como héroe. Su acto no reemplaza la responsabilidad del Estado, pero nos recuerda que la violencia no anula por completo la capacidad humana de actuar con dignidad. Esta clase de narrativa es imprescindible. No solo porque inspira, sino porque rompe con la lógica del miedo paralizante. Y ese mensaje también llega a las y los más jóvenes.

    La reacción internacional fue contundente. Gobiernos de distintas regiones, incluida la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, condenaron el ataque, expresaron su solidaridad con las víctimas y reafirmaron su rechazo al antisemitismo. Las autoridades australianas respondieron con firmeza, reforzaron dispositivos de seguridad y evitaron atribuciones apresuradas. Pero más allá de las cifras, los discursos oficiales y las investigaciones, lo verdaderamente urgente es preguntarnos qué estamos enseñando cuando explicamos este tipo de violencia. No basta con señalar que ocurrió. Es indispensable contextualizar, reflexionar y transmitir por qué no debe repetirse.

    Porque los atentados no solo buscan causar daño físico. También buscan sembrar miedo, dividir sociedades y erosionar la confianza colectiva. Por eso, la forma en que se explican, especialmente ante niñas, niños y adolescentes, es tan determinante como la forma en que se enfrentan desde la seguridad pública. Explicar con claridad, evitar la simplificación y resistir el espectáculo del horror puede ser tan preventivo como una política bien diseñada.

    El ataque en Sídney recuerda que la violencia extrema no es solo un problema de seguridad ni un fenómeno lejano, sino un desafío cultural que se filtra en la vida cotidiana a través de imágenes, relatos y explicaciones. Más allá de la respuesta inmediata, lo verdaderamente decisivo es cómo estos hechos se traducen para quienes están aprendiendo a entender el mundo. Porque la violencia no se hereda sola: se enseña, se normaliza o se corrige. Y esa elección, silenciosa pero constante, comienza mucho antes del próximo titular.

  • El nuevo modelo laboral: salarios que suben, jornadas que bajan

    El nuevo modelo laboral: salarios que suben, jornadas que bajan

    Durante los últimos años se ha demostrado que el país podría reescribir su relación con el trabajo, pues mientras se derrumban viejos mitos sobre los aumentos salariales, también se redefine el tiempo que mexicanas y mexicanos dedican a su empleo. Este cambio no llega por accidente; responde a una coyuntura política que apostó por corregir el rezago histórico del salario mínimo y, al mismo tiempo, impulsar una transición hacia jornadas más humanas. En este contexto, se observa cómo se desplazan inercias que durante décadas parecían inamovibles y se abre la posibilidad de diseñar un modelo laboral que priorizaría dignidad, bienestar y productividad. Tal panorama permitiría comprender por qué este momento exige voluntad política, visión empresarial y una ciudadanía capaz de defender conquistas que transformarían la vida cotidiana.

    El mito del “aumento salarial igual a inflación” se fue desvaneciendo porque se vio que los incrementos de doble dígito desde 2019 no detonarían presiones de precios ni afectarían la estabilidad económica. Esta evidencia desmonta el argumento que mantuvo deprimido el salario mínimo durante años y permite analizar, desde la ingeniería institucional, cómo un cambio de política pública bien ejecutado podría generar redistribución, movilidad social y una reducción medible de la pobreza. Si se reconoce que la inflación responde a factores externos más que al costo laboral directo, se abriría la puerta a políticas salariales que sostengan el ingreso sin generar impactos económicos indeseados, un dato que debería modificar la narrativa empresarial y guiar decisiones futuras sobre remuneraciones dignas.

    Aunque la recuperación del ingreso mínimo ha sido notable, el rezago del salario medio obliga a enfrentar otra dimensión del problema. La compresión salarial, visible en distintos sectores, muestra que la base avanza mientras los niveles intermedios permanecen estancados. Esta tensión evidencia que el modelo laboral solo resolvería una parte del desafío si no logra acompañar el incremento del salario mínimo con una actualización progresiva en el resto de la estructura. Desde la lógica de procesos, un sistema donde el piso se levanta pero los escalones intermedios no se ajustan corre el riesgo de fracturarse, pues se reduce la distancia entre responsabilidades distintas y se limita la movilidad interna. Un país que aspire a un mercado laboral equilibrado no podría soslayar este reto.

    La reducción gradual de la jornada laboral hacia las 40 horas introduce otro cambio de fondo. No se trata de una simple modificación normativa: se replantea la forma en que se organiza el tiempo, se distribuyen turnos y se construyen dinámicas de corresponsabilidad entre personas trabajadoras y empleadores. Este rediseño exige repensar procesos, ajustar cargas y mejorar la planeación en sectores con fuerte dependencia de jornadas extensas. Un modelo operativo basado en eficiencia, y no en sacrificios silenciosos, tendría la capacidad de sostener productividad aun cuando el tiempo disponible se reduzca, algo que la evidencia internacional respalda y las organizaciones mexicanas deberán adoptar gradualmente.

    La obligación de registrar electrónicamente la jornada marca un antes y un después. El tiempo deja de ser una noción difusa y se convierte en evidencia verificable, con implicaciones claras para empleadores y personas trabajadoras. Sistemas digitales permitirían auditar entradas, salidas y actividades que antes quedaban en zonas grises, sobre todo en modalidades híbridas, remotas o por objetivos. Esta trazabilidad cerraría espacios donde solían ocultarse horas extra no reconocidas y daría a la autoridad laboral elementos suficientes para revisar prácticas que durante años dependieron de confianza, discrecionalidad o acuerdos informales. En términos de ingeniería administrativa, esto representa la modernización del control de procesos que históricamente permanecieron invisibles.

    Sin embargo, el elemento más complejo del nuevo modelo laboral no está en las leyes, sino en la cultura. La disponibilidad permanente, normalizada en oficinas, plataformas digitales y esquemas de trabajo sin horarios claros, se convirtió en un obstáculo silencioso. Se espera que las personas trabajadoras respondan mensajes a cualquier hora, revisen pendientes durante la noche o extiendan su jornada en función de urgencias no previstas. Este hábito dificulta la efectividad de la reducción horaria y revela prácticas que encubren fallas organizacionales. Sin una transformación real en la manera de dirigir equipos, asignar tareas y respetar límites, la jornada de 40 horas corre el riesgo de quedarse en el papel mientras la vida cotidiana sigue marcada por conexiones interminables.

    Por ello, el desafío hacia 2030 no consiste solo en consolidar un piso laboral más robusto, sino en reconfigurar toda la estructura. Si el país aspira a un modelo que garantice bienestar, productividad y equilibrio entre trabajo y vida personal, deberá diseñar mecanismos que acompañen la mejora del salario mínimo con ajustes al salario medio; que conviertan la reducción de horas en prácticas cotidianas; que fortalezcan inspecciones laborales con tecnología; y que erradiquen la disponibilidad permanente como condición implícita para conservar oportunidades. Un modelo digno no se construirá con reformas aisladas, sino con una arquitectura completa donde cada decisión sea coherente con el objetivo de trabajar menos y vivir mejor.

    Los últimos años demostraron que elevar el salario mínimo no genera inflación y que es posible avanzar hacia jornadas más cortas sin afectar la estabilidad económica. Pero estos avances también revelan tensiones profundas: el salario medio permanece rezagado, la cultura de disponibilidad permanente contradice el espíritu de las 40 horas y muchas organizaciones aún dependen de prácticas que exceden el tiempo formal de trabajo. El país logró fortalecer el piso del modelo laboral, pero el verdadero desafío hacia 2030 será reconstruir toda su estructura para que trabajar menos y vivir mejor deje de ser una excepción y se convierta en la norma.

  • COP30: la cumbre que cambió el clima… sin cambiar el rumbo del planeta

    COP30: la cumbre que cambió el clima… sin cambiar el rumbo del planeta

    En noviembre de 2025, mientras el planeta rompía récords de temperatura y los incendios forestales devoraban hectáreas de vida, se celebró la COP30 en el corazón de la Amazonía brasileña. Lo que debía ser un parteaguas global terminó convertido en símbolo de un estancamiento diplomático que no logra ir al ritmo del calentamiento. La cita en Belém no solo fracasó en sus grandes promesas, como los combustibles fósiles, la deforestación y el cumplimiento del 1.5 °C, sino que reflejó la crisis de legitimidad de las conferencias climáticas, marcadas por ausencias clave, posiciones irreconciliables y una creciente desconexión entre los acuerdos multilaterales y la realidad cotidiana. Si la COP30 cambió algo, fue el estado de ánimo, la expectativa se transformó en decepción. Pero también encendió una señal de alerta ineludible, la política climática ya no ocurre solo en las cumbres, sino en el comercio, las ciudades, los bosques y, sobre todo, en la vida diaria de mexicanas y mexicanos.

    Desde Kioto hasta París, las COP fueron construidas como un sistema jurídico internacional que permitiría canalizar la ciencia hacia decisiones políticas concretas. En ese trayecto, se definieron mecanismos como las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), se crearon fondos para adaptación y se establecieron metas globales vinculantes.

    Sin embargo, a 10 años del Acuerdo de París, Belém exhibió los límites de ese marco, solo una parte de los países presentó sus NDC, y aun si todos los compromisos se cumplieran, el planeta se calentaría entre 2.3 y 2.6 °C en este siglo. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que es la principal instancia internacional encargada de evaluar el estado ambiental global, el objetivo de 1.5 °C ya no se sostiene sin recortes de emisiones sin precedentes en los próximos cinco años. Frente a ese escenario, las decisiones diluidas de la COP30 confirman que el multilateralismo climático necesita más que acuerdos voluntarios, requiere voluntad política real, cooperación asimétrica y acciones vinculantes desde los centros económicos del mundo.

    Una parte significativa de la frustración en Belém vino de lo que no se logró. La tan esperada hoja de ruta para eliminar progresivamente los combustibles fósiles fue bloqueada por países productores como Arabia Saudita. A pesar del respaldo de más de 80 países, el documento final evitó cualquier mención explícita al petróleo, gas o carbón. En paralelo, el texto excluyó una hoja de ruta concreta para frenar la deforestación, a pesar de que la COP se realizó en la Amazonía y de que más de 90 países respaldaban esta medida. El Mutirão Global, nombre oficial del acuerdo final, dejó fuera estas omisiones con la promesa de hojas de ruta futuras, sin garantizar su implementación ni financiamiento.

    En contraste, sí hubo avances en temas clave, aunque limitados. Se acordó triplicar la financiación para la adaptación climática, hasta alcanzar 120 mil millones de dólares anuales en 2035, pero con un lenguaje débil y sin nuevos fondos, lo que causó descontento en los países del Sur Global. También se adoptó un Plan de Acción de Género, que integra cinco áreas prioritarias para incorporar la igualdad en las políticas climáticas. Se instauró un Mecanismo de Transición Justa, que busca proteger a trabajadores ante el cambio económico global, aunque sin fondos específicos ni mecanismos de cumplimiento. Además, por primera vez una COP incluyó un componente comercial, se iniciarán tres diálogos anuales para evitar que las medidas climáticas sirvan como barreras comerciales, una demanda reiterada de economías emergentes frente al CBAM europeo.

    Uno de los elementos más disruptivos de Belém fue su dimensión ciudadana. A diferencia de otras sedes restrictivas, esta COP estuvo acompañada por la Cumbre de los Pueblos, que congregó a 25 mil personas, incluyendo a 70 mil en la marcha por la justicia climática. Manifestantes indígenas irrumpieron en espacios oficiales y la presión social fue tan alta que incluso el presidente de la COP, André Corrêa do Lago, se comprometió a impulsar hojas de ruta presidenciales para los temas ausentes. El retorno de la sociedad civil al centro del debate climático reconfiguró la narrativa, ya no se trata solo de negociar entre países, sino de responder a poblaciones que padecen la crisis y exigen soluciones desde abajo. Las calles de Belém recordaron que el cambio climático no es solo una abstracción científica, sino una injusticia acumulada que ya tiene rostros, nombres y consecuencias visibles.

    Usted que vive en México y cree que la crisis climática es un problema lejano, conviene recordar que sus efectos ya están entre nosotros, en forma de escasez de agua, cosechas arruinadas, enfermedades respiratorias o alimentos más caros.

    Cada tormenta que inunda nuestras calles, cada sequía que arruina la milpa, cada incendio forestal que se extiende por los cerros, no son desastres aislados, son síntomas de un sistema global que se recalienta sin freno. Si no actuamos desde lo local, desde nuestras ciudades, escuelas, trabajos y hogares, dependeremos de cumbres distantes que negocian sin urgencia, mientras millones de personas pierden su bienestar y su futuro. La pregunta ya no es si el cambio climático va a afectarnos, sino cuánto más vamos a tolerar sin exigir cambios estructurales que nos protejan.

    La COP30 dejó claro que el mundo ya no puede esperar a que los grandes acuerdos lleguen desde arriba, mientras la diplomacia se estanca, el clima avanza. Lo que Belém no resolvió, la transición energética, la protección de los bosques, el financiamiento para adaptación, no desaparece, se traslada al precio de la comida, al agua que falta, al calor que enferma y a la desigualdad que crece. Ese es el verdadero mensaje de la cumbre, que la política climática no es un tema de especialistas, sino de ciudadanía informada. Hoy, más que nunca, necesitamos preguntarnos quién está tomando las decisiones que definirán nuestro futuro, y por qué tantos decidieron no estar en Belém cuando más se les necesitaba.

  • 2027: El año en que México vota por todo

    2027: El año en que México vota por todo

    En 2027, mexicanas y mexicanos acudirán a una elección sin precedentes que no se explica como un salto al vacío, sino como el punto donde confluyen los aprendizajes acumulados de dos décadas de vida democrática. Las intermedias aportaron operación estable; los procesos locales fortalecieron capacidades estatales; la elección judicial de 2025 reveló fallas que deben corregirse; y los ejercicios de consulta mostraron que la participación crece cuando hay pedagogía clara. Ahora, todas esas rutas desembocan en una sola jornada donde la ciudadanía tendrá más poder que nunca y donde el Estado deberá demostrar que puede administrar complejidad con orden, claridad y legitimidad.

    La magnitud de lo que viene permite dimensionar el reto. Estarán en disputa 17 gubernaturas y 500 diputaciones federales, además de las renovaciones de congresos estatales y ayuntamientos en buena parte del país.

    Se sumará la segunda mitad de las elecciones judiciales federales y locales previstas en los transitorios constitucionales, lo que implica votar por juezas y jueces de distrito, así como por magistradas y magistrados de circuito. La escala territorial y administrativa de esta jornada exigirá que el sistema electoral opere con precisión quirúrgica, pues cada boleta tendrá reglas, tiempos de cómputo y procedimientos distintos.

    El antecedente inmediato es la elección judicial de 2025, que funcionó como ensayo general. La falta de recursos redujo casillas, los comités de evaluación aplicaron criterios dispares, las lagunas normativas obligaron al INE a emitir acuerdos de emergencia y las sentencias judiciales intervinieron en etapas críticas. Todo ello reveló la urgencia de simplificar boletas, homologar criterios, fortalecer capacidades y uniformar procesos. Para 2027, estas correcciones no serán un lujo; serán condiciones mínimas para que la ciudadanía ejerza su voto con certeza en un contexto donde deberá distinguir boletas políticas, judiciales y, posiblemente, de democracia directa.

    La operación no se definirá solo por el número de cargos, sino por la logística del llamado “voto total”. En muchos territorios, cada persona podría recibir hasta ocho o más boletas, lo que obliga a rediseñar materiales electorales, reforzar capacitación en casillas y desarrollar una estrategia de comunicación que explique, con lenguaje simple, qué se vota, cómo se llena cada boleta y qué diferencia existe entre una elección legislativa, un proceso judicial y un ejercicio de control político. Sin esa pedagogía, la complejidad puede convertirse en confusión; con ella, la jornada puede transformarse en un ejercicio histórico de madurez democrática.

    En medio de este escenario aparece la propuesta de adelantar la revocación de mandato presidencial para celebrarla el mismo día de la elección intermedia.

    Más allá de la disputa partidista, esta idea podría abrir un punto de inflexión para la presidenta Sheinbaum. Superar ese proceso en 2027, cuando aún persisten estructuras territoriales fuertes, reforzaría su legitimidad y ampliaría su margen de maniobra para imprimir un sello propio a su gobierno. También permitiría reorganizar el gabinete y reducir inercias del sexenio anterior, configurando un liderazgo más autónomo y menos condicionado por la operación permanente de movilización política.

    La super elección de 2027 no será solo un reto logístico: será la prueba de si México puede convertir una complejidad inédita en una afirmación de madurez democrática. Si el Estado articula reglas claras, pedagogía efectiva y coordinación institucional, la jornada no se recordará como abrumadora, sino como el día en que el país mostró que podía votar por todo y, al hacerlo, consolidar un sistema más claro, más legítimo y más capaz de sostener su propio futuro.