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Etiqueta: Aldo San Pedro

  • Sídney como síntoma: qué enseñamos cuando explicamos la violencia a las infancias

    Sídney como síntoma: qué enseñamos cuando explicamos la violencia a las infancias

    El 14 de diciembre de 2025, durante la celebración pública de Janucá en Bondi Beach, dos hombres armados descendieron de un vehículo y abrieron fuego contra cientos de personas reunidas para conmemorar el festival judío. El atentado dejó al menos 16 personas muertas, más de 40 heridas y una comunidad entera marcada por el horror. Las autoridades confirmaron la presencia de explosivos improvisados y declararon el hecho como un acto terrorista. Entre las víctimas se encontraban niñas, niños, sobrevivientes del Holocausto y líderes religiosos. En medio del caos, un comerciante local desarmó a uno de los agresores y evitó una tragedia mayor. Lo que debía ser una expresión pública de identidad y esperanza, se convirtió en un escenario de terror con repercusiones internacionales.

    La cobertura mediática del atentado comenzó minutos después, cuando los primeros reportes confirmaban el tiroteo masivo en una playa emblema de Australia. Las escenas de emergencia, disparos y pánico circularon rápidamente en televisión, plataformas digitales y redes sociales. En muchos hogares, la información fue vista por personas adultas que decidieron proteger a niñas y niños mediante filtros, cambios de canal o explicaciones cuidadosas. Sin embargo, en otros contextos, el acceso fue más directo y sin acompañamiento. En ambos casos, la violencia adquirió una dimensión que ya no se limita al lugar de los hechos: se convierte en experiencia compartida, muchas veces sin preparación previa.

    Lo más inquietante de esta forma de violencia no es solo su letalidad, sino su capacidad para enseñar. Cada atentado deja huella no solo por su brutalidad, sino por la forma en que es narrado, entendido o trivializado. Las infancias no solo aprenden de lo que se dice, sino también de lo que se calla, de lo que se normaliza y de lo que se repite sin cuestionar. Si los hechos violentos se explican como parte del mundo moderno, si se nombran sin contexto o si se convierten en espectáculo informativo, entonces se transforman en lecciones silenciosas. Y esas lecciones, aunque no se noten de inmediato, moldean percepciones y valores.

    En Sídney, el coraje civil de Ahmed al Ahmed irrumpió en esa narrativa. Sin ser parte de ninguna corporación policial y arriesgando su vida, se enfrentó a uno de los agresores y logró desarmarlo. Las autoridades lo reconocieron como héroe. Su acto no reemplaza la responsabilidad del Estado, pero nos recuerda que la violencia no anula por completo la capacidad humana de actuar con dignidad. Esta clase de narrativa es imprescindible. No solo porque inspira, sino porque rompe con la lógica del miedo paralizante. Y ese mensaje también llega a las y los más jóvenes.

    La reacción internacional fue contundente. Gobiernos de distintas regiones, incluida la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, condenaron el ataque, expresaron su solidaridad con las víctimas y reafirmaron su rechazo al antisemitismo. Las autoridades australianas respondieron con firmeza, reforzaron dispositivos de seguridad y evitaron atribuciones apresuradas. Pero más allá de las cifras, los discursos oficiales y las investigaciones, lo verdaderamente urgente es preguntarnos qué estamos enseñando cuando explicamos este tipo de violencia. No basta con señalar que ocurrió. Es indispensable contextualizar, reflexionar y transmitir por qué no debe repetirse.

    Porque los atentados no solo buscan causar daño físico. También buscan sembrar miedo, dividir sociedades y erosionar la confianza colectiva. Por eso, la forma en que se explican, especialmente ante niñas, niños y adolescentes, es tan determinante como la forma en que se enfrentan desde la seguridad pública. Explicar con claridad, evitar la simplificación y resistir el espectáculo del horror puede ser tan preventivo como una política bien diseñada.

    El ataque en Sídney recuerda que la violencia extrema no es solo un problema de seguridad ni un fenómeno lejano, sino un desafío cultural que se filtra en la vida cotidiana a través de imágenes, relatos y explicaciones. Más allá de la respuesta inmediata, lo verdaderamente decisivo es cómo estos hechos se traducen para quienes están aprendiendo a entender el mundo. Porque la violencia no se hereda sola: se enseña, se normaliza o se corrige. Y esa elección, silenciosa pero constante, comienza mucho antes del próximo titular.

  • El nuevo modelo laboral: salarios que suben, jornadas que bajan

    El nuevo modelo laboral: salarios que suben, jornadas que bajan

    Durante los últimos años se ha demostrado que el país podría reescribir su relación con el trabajo, pues mientras se derrumban viejos mitos sobre los aumentos salariales, también se redefine el tiempo que mexicanas y mexicanos dedican a su empleo. Este cambio no llega por accidente; responde a una coyuntura política que apostó por corregir el rezago histórico del salario mínimo y, al mismo tiempo, impulsar una transición hacia jornadas más humanas. En este contexto, se observa cómo se desplazan inercias que durante décadas parecían inamovibles y se abre la posibilidad de diseñar un modelo laboral que priorizaría dignidad, bienestar y productividad. Tal panorama permitiría comprender por qué este momento exige voluntad política, visión empresarial y una ciudadanía capaz de defender conquistas que transformarían la vida cotidiana.

    El mito del “aumento salarial igual a inflación” se fue desvaneciendo porque se vio que los incrementos de doble dígito desde 2019 no detonarían presiones de precios ni afectarían la estabilidad económica. Esta evidencia desmonta el argumento que mantuvo deprimido el salario mínimo durante años y permite analizar, desde la ingeniería institucional, cómo un cambio de política pública bien ejecutado podría generar redistribución, movilidad social y una reducción medible de la pobreza. Si se reconoce que la inflación responde a factores externos más que al costo laboral directo, se abriría la puerta a políticas salariales que sostengan el ingreso sin generar impactos económicos indeseados, un dato que debería modificar la narrativa empresarial y guiar decisiones futuras sobre remuneraciones dignas.

    Aunque la recuperación del ingreso mínimo ha sido notable, el rezago del salario medio obliga a enfrentar otra dimensión del problema. La compresión salarial, visible en distintos sectores, muestra que la base avanza mientras los niveles intermedios permanecen estancados. Esta tensión evidencia que el modelo laboral solo resolvería una parte del desafío si no logra acompañar el incremento del salario mínimo con una actualización progresiva en el resto de la estructura. Desde la lógica de procesos, un sistema donde el piso se levanta pero los escalones intermedios no se ajustan corre el riesgo de fracturarse, pues se reduce la distancia entre responsabilidades distintas y se limita la movilidad interna. Un país que aspire a un mercado laboral equilibrado no podría soslayar este reto.

    La reducción gradual de la jornada laboral hacia las 40 horas introduce otro cambio de fondo. No se trata de una simple modificación normativa: se replantea la forma en que se organiza el tiempo, se distribuyen turnos y se construyen dinámicas de corresponsabilidad entre personas trabajadoras y empleadores. Este rediseño exige repensar procesos, ajustar cargas y mejorar la planeación en sectores con fuerte dependencia de jornadas extensas. Un modelo operativo basado en eficiencia, y no en sacrificios silenciosos, tendría la capacidad de sostener productividad aun cuando el tiempo disponible se reduzca, algo que la evidencia internacional respalda y las organizaciones mexicanas deberán adoptar gradualmente.

    La obligación de registrar electrónicamente la jornada marca un antes y un después. El tiempo deja de ser una noción difusa y se convierte en evidencia verificable, con implicaciones claras para empleadores y personas trabajadoras. Sistemas digitales permitirían auditar entradas, salidas y actividades que antes quedaban en zonas grises, sobre todo en modalidades híbridas, remotas o por objetivos. Esta trazabilidad cerraría espacios donde solían ocultarse horas extra no reconocidas y daría a la autoridad laboral elementos suficientes para revisar prácticas que durante años dependieron de confianza, discrecionalidad o acuerdos informales. En términos de ingeniería administrativa, esto representa la modernización del control de procesos que históricamente permanecieron invisibles.

    Sin embargo, el elemento más complejo del nuevo modelo laboral no está en las leyes, sino en la cultura. La disponibilidad permanente, normalizada en oficinas, plataformas digitales y esquemas de trabajo sin horarios claros, se convirtió en un obstáculo silencioso. Se espera que las personas trabajadoras respondan mensajes a cualquier hora, revisen pendientes durante la noche o extiendan su jornada en función de urgencias no previstas. Este hábito dificulta la efectividad de la reducción horaria y revela prácticas que encubren fallas organizacionales. Sin una transformación real en la manera de dirigir equipos, asignar tareas y respetar límites, la jornada de 40 horas corre el riesgo de quedarse en el papel mientras la vida cotidiana sigue marcada por conexiones interminables.

    Por ello, el desafío hacia 2030 no consiste solo en consolidar un piso laboral más robusto, sino en reconfigurar toda la estructura. Si el país aspira a un modelo que garantice bienestar, productividad y equilibrio entre trabajo y vida personal, deberá diseñar mecanismos que acompañen la mejora del salario mínimo con ajustes al salario medio; que conviertan la reducción de horas en prácticas cotidianas; que fortalezcan inspecciones laborales con tecnología; y que erradiquen la disponibilidad permanente como condición implícita para conservar oportunidades. Un modelo digno no se construirá con reformas aisladas, sino con una arquitectura completa donde cada decisión sea coherente con el objetivo de trabajar menos y vivir mejor.

    Los últimos años demostraron que elevar el salario mínimo no genera inflación y que es posible avanzar hacia jornadas más cortas sin afectar la estabilidad económica. Pero estos avances también revelan tensiones profundas: el salario medio permanece rezagado, la cultura de disponibilidad permanente contradice el espíritu de las 40 horas y muchas organizaciones aún dependen de prácticas que exceden el tiempo formal de trabajo. El país logró fortalecer el piso del modelo laboral, pero el verdadero desafío hacia 2030 será reconstruir toda su estructura para que trabajar menos y vivir mejor deje de ser una excepción y se convierta en la norma.

  • COP30: la cumbre que cambió el clima… sin cambiar el rumbo del planeta

    COP30: la cumbre que cambió el clima… sin cambiar el rumbo del planeta

    En noviembre de 2025, mientras el planeta rompía récords de temperatura y los incendios forestales devoraban hectáreas de vida, se celebró la COP30 en el corazón de la Amazonía brasileña. Lo que debía ser un parteaguas global terminó convertido en símbolo de un estancamiento diplomático que no logra ir al ritmo del calentamiento. La cita en Belém no solo fracasó en sus grandes promesas, como los combustibles fósiles, la deforestación y el cumplimiento del 1.5 °C, sino que reflejó la crisis de legitimidad de las conferencias climáticas, marcadas por ausencias clave, posiciones irreconciliables y una creciente desconexión entre los acuerdos multilaterales y la realidad cotidiana. Si la COP30 cambió algo, fue el estado de ánimo, la expectativa se transformó en decepción. Pero también encendió una señal de alerta ineludible, la política climática ya no ocurre solo en las cumbres, sino en el comercio, las ciudades, los bosques y, sobre todo, en la vida diaria de mexicanas y mexicanos.

    Desde Kioto hasta París, las COP fueron construidas como un sistema jurídico internacional que permitiría canalizar la ciencia hacia decisiones políticas concretas. En ese trayecto, se definieron mecanismos como las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), se crearon fondos para adaptación y se establecieron metas globales vinculantes.

    Sin embargo, a 10 años del Acuerdo de París, Belém exhibió los límites de ese marco, solo una parte de los países presentó sus NDC, y aun si todos los compromisos se cumplieran, el planeta se calentaría entre 2.3 y 2.6 °C en este siglo. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que es la principal instancia internacional encargada de evaluar el estado ambiental global, el objetivo de 1.5 °C ya no se sostiene sin recortes de emisiones sin precedentes en los próximos cinco años. Frente a ese escenario, las decisiones diluidas de la COP30 confirman que el multilateralismo climático necesita más que acuerdos voluntarios, requiere voluntad política real, cooperación asimétrica y acciones vinculantes desde los centros económicos del mundo.

    Una parte significativa de la frustración en Belém vino de lo que no se logró. La tan esperada hoja de ruta para eliminar progresivamente los combustibles fósiles fue bloqueada por países productores como Arabia Saudita. A pesar del respaldo de más de 80 países, el documento final evitó cualquier mención explícita al petróleo, gas o carbón. En paralelo, el texto excluyó una hoja de ruta concreta para frenar la deforestación, a pesar de que la COP se realizó en la Amazonía y de que más de 90 países respaldaban esta medida. El Mutirão Global, nombre oficial del acuerdo final, dejó fuera estas omisiones con la promesa de hojas de ruta futuras, sin garantizar su implementación ni financiamiento.

    En contraste, sí hubo avances en temas clave, aunque limitados. Se acordó triplicar la financiación para la adaptación climática, hasta alcanzar 120 mil millones de dólares anuales en 2035, pero con un lenguaje débil y sin nuevos fondos, lo que causó descontento en los países del Sur Global. También se adoptó un Plan de Acción de Género, que integra cinco áreas prioritarias para incorporar la igualdad en las políticas climáticas. Se instauró un Mecanismo de Transición Justa, que busca proteger a trabajadores ante el cambio económico global, aunque sin fondos específicos ni mecanismos de cumplimiento. Además, por primera vez una COP incluyó un componente comercial, se iniciarán tres diálogos anuales para evitar que las medidas climáticas sirvan como barreras comerciales, una demanda reiterada de economías emergentes frente al CBAM europeo.

    Uno de los elementos más disruptivos de Belém fue su dimensión ciudadana. A diferencia de otras sedes restrictivas, esta COP estuvo acompañada por la Cumbre de los Pueblos, que congregó a 25 mil personas, incluyendo a 70 mil en la marcha por la justicia climática. Manifestantes indígenas irrumpieron en espacios oficiales y la presión social fue tan alta que incluso el presidente de la COP, André Corrêa do Lago, se comprometió a impulsar hojas de ruta presidenciales para los temas ausentes. El retorno de la sociedad civil al centro del debate climático reconfiguró la narrativa, ya no se trata solo de negociar entre países, sino de responder a poblaciones que padecen la crisis y exigen soluciones desde abajo. Las calles de Belém recordaron que el cambio climático no es solo una abstracción científica, sino una injusticia acumulada que ya tiene rostros, nombres y consecuencias visibles.

    Usted que vive en México y cree que la crisis climática es un problema lejano, conviene recordar que sus efectos ya están entre nosotros, en forma de escasez de agua, cosechas arruinadas, enfermedades respiratorias o alimentos más caros.

    Cada tormenta que inunda nuestras calles, cada sequía que arruina la milpa, cada incendio forestal que se extiende por los cerros, no son desastres aislados, son síntomas de un sistema global que se recalienta sin freno. Si no actuamos desde lo local, desde nuestras ciudades, escuelas, trabajos y hogares, dependeremos de cumbres distantes que negocian sin urgencia, mientras millones de personas pierden su bienestar y su futuro. La pregunta ya no es si el cambio climático va a afectarnos, sino cuánto más vamos a tolerar sin exigir cambios estructurales que nos protejan.

    La COP30 dejó claro que el mundo ya no puede esperar a que los grandes acuerdos lleguen desde arriba, mientras la diplomacia se estanca, el clima avanza. Lo que Belém no resolvió, la transición energética, la protección de los bosques, el financiamiento para adaptación, no desaparece, se traslada al precio de la comida, al agua que falta, al calor que enferma y a la desigualdad que crece. Ese es el verdadero mensaje de la cumbre, que la política climática no es un tema de especialistas, sino de ciudadanía informada. Hoy, más que nunca, necesitamos preguntarnos quién está tomando las decisiones que definirán nuestro futuro, y por qué tantos decidieron no estar en Belém cuando más se les necesitaba.

  • 2027: El año en que México vota por todo

    2027: El año en que México vota por todo

    En 2027, mexicanas y mexicanos acudirán a una elección sin precedentes que no se explica como un salto al vacío, sino como el punto donde confluyen los aprendizajes acumulados de dos décadas de vida democrática. Las intermedias aportaron operación estable; los procesos locales fortalecieron capacidades estatales; la elección judicial de 2025 reveló fallas que deben corregirse; y los ejercicios de consulta mostraron que la participación crece cuando hay pedagogía clara. Ahora, todas esas rutas desembocan en una sola jornada donde la ciudadanía tendrá más poder que nunca y donde el Estado deberá demostrar que puede administrar complejidad con orden, claridad y legitimidad.

    La magnitud de lo que viene permite dimensionar el reto. Estarán en disputa 17 gubernaturas y 500 diputaciones federales, además de las renovaciones de congresos estatales y ayuntamientos en buena parte del país.

    Se sumará la segunda mitad de las elecciones judiciales federales y locales previstas en los transitorios constitucionales, lo que implica votar por juezas y jueces de distrito, así como por magistradas y magistrados de circuito. La escala territorial y administrativa de esta jornada exigirá que el sistema electoral opere con precisión quirúrgica, pues cada boleta tendrá reglas, tiempos de cómputo y procedimientos distintos.

    El antecedente inmediato es la elección judicial de 2025, que funcionó como ensayo general. La falta de recursos redujo casillas, los comités de evaluación aplicaron criterios dispares, las lagunas normativas obligaron al INE a emitir acuerdos de emergencia y las sentencias judiciales intervinieron en etapas críticas. Todo ello reveló la urgencia de simplificar boletas, homologar criterios, fortalecer capacidades y uniformar procesos. Para 2027, estas correcciones no serán un lujo; serán condiciones mínimas para que la ciudadanía ejerza su voto con certeza en un contexto donde deberá distinguir boletas políticas, judiciales y, posiblemente, de democracia directa.

    La operación no se definirá solo por el número de cargos, sino por la logística del llamado “voto total”. En muchos territorios, cada persona podría recibir hasta ocho o más boletas, lo que obliga a rediseñar materiales electorales, reforzar capacitación en casillas y desarrollar una estrategia de comunicación que explique, con lenguaje simple, qué se vota, cómo se llena cada boleta y qué diferencia existe entre una elección legislativa, un proceso judicial y un ejercicio de control político. Sin esa pedagogía, la complejidad puede convertirse en confusión; con ella, la jornada puede transformarse en un ejercicio histórico de madurez democrática.

    En medio de este escenario aparece la propuesta de adelantar la revocación de mandato presidencial para celebrarla el mismo día de la elección intermedia.

    Más allá de la disputa partidista, esta idea podría abrir un punto de inflexión para la presidenta Sheinbaum. Superar ese proceso en 2027, cuando aún persisten estructuras territoriales fuertes, reforzaría su legitimidad y ampliaría su margen de maniobra para imprimir un sello propio a su gobierno. También permitiría reorganizar el gabinete y reducir inercias del sexenio anterior, configurando un liderazgo más autónomo y menos condicionado por la operación permanente de movilización política.

    La super elección de 2027 no será solo un reto logístico: será la prueba de si México puede convertir una complejidad inédita en una afirmación de madurez democrática. Si el Estado articula reglas claras, pedagogía efectiva y coordinación institucional, la jornada no se recordará como abrumadora, sino como el día en que el país mostró que podía votar por todo y, al hacerlo, consolidar un sistema más claro, más legítimo y más capaz de sostener su propio futuro.

  • De 1968 a 2026: Por qué México se moviliza antes de los grandes eventos deportivos

    De 1968 a 2026: Por qué México se moviliza antes de los grandes eventos deportivos

    En momentos como el actual, sería inevitable preguntarnos por qué las protestas resurgen con tanta fuerza cuando México entra bajo la mirada del mundo. Cada ciclo de megaeventos activaría una tensión conocida: el Estado buscaría ofrecer estabilidad, mientras que la sociedad, especialmente las juventudes, intentaría usar esa misma visibilidad para amplificar sus demandas. Esta coincidencia explicaría por qué los periodos previos a Juegos Olímpicos o Mundiales suelen convertirse en termómetros de nuestro clima político. Cuando las miradas internacionales se concentran en el país, mexicanas y mexicanos revisamos con más intensidad aquello que deseamos transformar.

    La historia documentada muestra que este patrón no es nuevo. En 1968, mientras México se preparaba para proyectarse como una nación moderna, la juventud se organizó con un nivel de estrategia y disciplina que sorprendió al propio Estado. Las marchas, brigadas informativas y ocupaciones simbólicas revelaron que existía un país que quería dialogar, pero al que no siempre se le abrió espacio. Esa misma visibilidad internacional que el gobierno intentaba aprovechar fortaleció la protesta y dejó ver contradicciones internas que no podían esconderse detrás de un escenario olímpico.

    Con el Mundial de 1970 ocurrió algo similar: el país buscaba recomponer su imagen después de un periodo convulso, y encontró en el futbol una herramienta de cohesión y optimismo. La organización del evento mostró la alianza emergente entre el Estado y los medios de comunicación, una interacción que impulsó la narrativa de modernidad y fortaleció la presencia cultural de México. Aun así, el control urbano, la vigilancia reforzada y la reconfiguración temporal de las ciudades fueron señales claras de que cada megaevento exige un orden que inevitablemente genera fricciones.

    En 1986, México volvió a estar bajo los reflectores en medio de una crisis económica y de la reconstrucción por los sismos de 1985. El Mundial se convirtió en una apuesta simbólica para demostrar resiliencia nacional. La ciudadanía no fue convocada como protagonista, pero el despliegue de infraestructura, los operativos de seguridad y las decisiones concentradas en élites político-empresariales confirmaron que estos eventos transforman el territorio y alteran dinámicas sociales, incluso cuando el ánimo público intenta centrarse en el deporte.

    La secuencia se repitió décadas después con #YoSoy132, un movimiento juvenil que emergió en un contexto de escrutinio internacional sobre la democracia mexicana. Con el uso estratégico de medios digitales y una lectura fina del clima político, las y los jóvenes comprendieron que la visibilidad global ofrecía una oportunidad para cuestionar estructuras que consideraban agotadas. Ello anticipó un regreso generacional a la arena pública, con repertorios más horizontales y métodos de protesta adaptados a un entorno digital.

    Hoy, la Generación Z actúa dentro del mismo ciclo. Sus marchas, simbologías y confrontaciones con las vallas que rodearon Palacio Nacional muestran que la disputa por el espacio público sigue siendo un punto neurálgico de cualquier movilización. Aunque el gobierno actual ha insistido en el respeto a la manifestación pacífica y en privilegiar vías de diálogo, lo cierto es que la proximidad del Mundial 2026 incrementa el escrutinio internacional y, con ello, la intensidad de las demandas sociales. Las juventudes lo saben y actúan en consecuencia, conscientes de que cada gesto, cada video y cada irrupción adquiere mayor impacto cuando el país vuelve a convertirse en escenario global.

    Al final, la revisión histórica confirma que, en México, los periodos previos a grandes eventos deportivos generan condiciones que amplifican tanto el control estatal como la movilización social, particularmente de las juventudes. El 68, los Mundiales de 1970 y 1986, #YoSoy132 y la actual Generación Z muestran un mismo patrón: mayor visibilidad internacional implica mayor disputa por el espacio público y por la narrativa de estabilidad. Rumbo al Mundial 2026, los hechos recientes no deben interpretarse como anomalías, sino como expresiones coherentes dentro de ese ciclo. Reconocer este comportamiento estructural sería indispensable para evaluar con claridad el momento actual y anticipar sus implicaciones políticas y sociales.

  • El Nobel que hizo visible lo invisible: la física cuántica a escala humana

    El Nobel que hizo visible lo invisible: la física cuántica a escala humana

    El Premio Nobel de Física 2025 marcó un punto de no retorno: por primera vez se demostró que los fenómenos cuánticos pueden diseñarse, controlarse y observarse a escala macroscópica. Los experimentos de John Clarke, Michel Devoret y John Martinis transformaron un circuito eléctrico en un “átomo artificial” capaz de mostrar cómo la energía se cuantiza y cómo las partículas atraviesan barreras imposibles según la física clásica. Lo que durante un siglo fue teoría se volvió experiencia tangible: la mecánica cuántica en acción.

    La hazaña detrás del Nobel consistió en ver lo invisible. En los laboratorios de Berkeley los laureados enfriaron un circuito superconductor hasta el límite del cero absoluto y observaron que la corriente eléctrica no fluía de manera continua, sino en saltos discretos de energía. Luego, comprobaron que ese mismo sistema podía “tunelizar” (atravesar una barrera de energía sin la fuerza necesaria), confirmando que las reglas que rigen el mundo subatómico pueden manifestarse en objetos visibles y reproducibles.

    De la teoría a la práctica, la cuántica entró a escala humana. Aquellas ecuaciones abstractas se convirtieron en ingeniería: sensores capaces de medir campos magnéticos mil veces más débiles que los actuales, computadoras cuánticas que resuelven en segundos lo que hoy tomaría siglos y redes de comunicación imposibles de espiar. Reuters lo sintetizó con precisión: los científicos “revelaron la física cuántica en acción”. Y esa acción redefine la relación entre conocimiento y poder.

    La revolución que anticipamos ya está en marcha. La Real Academia Sueca subrayó que los circuitos superconductores son hoy la base de los qubits que impulsan la computación cuántica. Estados Unidos, Europa y China los convierten en activos estratégicos, conscientes de que dominar la coherencia cuántica equivale a controlar la próxima infraestructura del siglo XXI: una red global de información, energía y materia gobernada por leyes de precisión atómica.

    Pero esta revolución no será solo científica. También es política. La capacidad de un país para generar y proteger conocimiento cuántico definirá su soberanía digital, su seguridad y su competitividad económica. Los descubrimientos reconocidos en 2025 demuestran que la ciencia no progresa por azar, sino por continuidad institucional, cooperación y visión de Estado. Los países que entendieron eso ya construyen su propio andamiaje del futuro.

    México posee talento, universidades y vínculos internacionales, pero necesita un rumbo. La década cuántica exige pasar de la vocación científica a la estrategia nacional: formar especialistas, invertir en laboratorios, legislar sobre criptografía post-cuántica y coordinar esfuerzos entre educación, industria y gobierno. La pregunta no es si la física cuántica llegará, sino si estaremos listos para usarla a favor del bienestar colectivo.

    El Nobel de Física 2025 no solo reconoció un hallazgo, sino el inicio de una era en que lo invisible se volvió tangible. La humanidad demostró que puede diseñar y controlar los secretos más profundos del universo, y con ello la física cuántica dejó de ser teoría para convertirse en motor de progreso. Si México asumiera este llamado con visión de Estado (invirtiendo en educación, innovación y soberanía científica) podría ser parte activa de la revolución que redefine la frontera entre lo posible y lo humano. Porque el futuro, desde hoy, se construye con la precisión de la cuántica y la voluntad de ver lo invisible.

  • Carlos Manzo: Del duelo al deber

    Carlos Manzo: Del duelo al deber

    El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, durante el Festival de Velas del Día de Muertos, no fue solo un crimen: fue una afrenta directa al país entero. Lo mataron frente a su familia, mientras sostenía a su hijo y saludaba a su gente. En ese instante, el miedo quiso volver a ocupar el espacio público, pero Michoacán, otra vez, se negó a arrodillarse.

    Carlos Manzo no gobernaba desde el escritorio. Caminaba, escuchaba, pedía apoyo y, sobre todo, se mantenía visible. Era un alcalde que sabía el riesgo que implicaba no esconderse. Lo había advertido semanas antes: “No quiero ser uno más de los ejecutados”. Aun así, no se fue. Creía que los municipios no se defienden con discursos, sino con presencia. Por eso, su muerte duele doble: porque arrebató la vida de una autoridad electa y porque exhibe la fragilidad de quienes enfrentan al crimen en los niveles más cercanos a la ciudadanía.

    El ataque que le quitó la vida fue un golpe no solo contra un gobierno local, sino contra la posibilidad de convivencia pacífica. Frente a esa violencia, la unión entre la ciudadanía y el Estado debe ser la respuesta. No se trata de esperar a que alguien más resuelva el problema, sino de asumir que el crimen organizado no se derrota con miedo ni con indiferencia, sino con coordinación, confianza y corresponsabilidad. La seguridad no empieza en los despachos, sino en las calles donde la gente decide no rendirse.

    Esa noche, la reacción institucional fue inmediata. Dos agresores fueron detenidos y uno abatido. Desde el Gobierno Federall, Omar García Harfuch encabezó las acciones junto al gabinete de seguridad. No hubo demora ni silencio. Y aunque nada devuelve la vida de Manzo, la respuesta oportuna envió un mensaje claro: la impunidad no puede seguir siendo costumbre. La ciudadanía no pide milagros, pide eficacia; no quiere promesas, exige resultados.

    En su breve gestión, Manzo impulsó acciones concretas: calles iluminadas, espacios recuperados, mercados rehabilitados y mayor presencia policial. Su sombrero, al que su esposa Grecia Quiroz llamó símbolo de esperanza y dignidad, se convirtió en emblema de un pueblo que no se resigna. Cuando ella dijo “su sombrero no cayó”, resumió el mensaje que México necesita: la dignidad no se mata a balazos.

    Hoy, la lección es clara. El crimen organizado no solo asesina personas: busca quebrar la idea misma de comunidad. Pero cada vez que una autoridad cae por servir, el Estado tiene la obligación moral y política de responder con hechos. Harfuch enfrenta esa prueba en Michoacán, no como reto personal, sino como responsabilidad de gobierno: demostrar que la estrategia de seguridad puede resistir la presión del miedo y que la ley, cuando actúa, aún tiene autoridad.

    La historia de Carlos Manzo no termina con su muerte, sino con el eco que deja en la conciencia de un país que busca reconciliar la valentía con la esperanza.

    Su caída, en pleno desfile del Día de Muertos, no simboliza derrota, sino la evidencia de que todavía existen servidoras y servidores públicos dispuestos a enfrentar el miedo para proteger a su gente. Hoy, el deber del Estado es convertir su ejemplo en acción, su ausencia en aprendizaje y su memoria en política pública. Si la respuesta institucional logra transformar el dolor en resultados, entonces Uruapan no será recordada como la ciudad donde cayó un alcalde, sino como el lugar donde México decidió no volver a rendirse.

  • Incel, la palabra que los padres deberían conocer antes de que sea tarde

    Incel, la palabra que los padres deberían conocer antes de que sea tarde

    Vivimos en una época en la que los jóvenes se comunican más que nunca, pero se escuchan menos que antes. Entre pantallas, algoritmos y foros anónimos, la soledad se ha convertido en una enfermedad silenciosa que ya no se combate con compañía, sino con conexión. En ese vacío digital ha surgido una palabra que parece ajena, pero que describe a miles de jóvenes en México y el mundo: incel, abreviatura de involuntary celibate o “célibe involuntario”. Lo que comenzó como un foro de apoyo emocional se transformó en una subcultura donde la frustración se vuelve identidad y la tristeza, bandera. Entenderlo no es un acto de miedo, sino de prevención.

    El término nació en 1997, creado por una joven canadiense que buscaba un espacio seguro para quienes se sentían rechazados o sin pareja. Sin embargo, con el tiempo, los foros abiertos en plataformas como Reddit o 4chan fueron apropiados por hombres jóvenes que encontraron en el anonimato un refugio ante la vergüenza, pero también una caja de resonancia para el enojo. La evolución fue clara: del acompañamiento al resentimiento. Las investigaciones de Current Psychiatry Reports y de la UNAM señalan que esta mutación coincide con el aumento de la depresión y la ansiedad entre varones jóvenes. La falta de educación emocional y de referentes masculinos positivos permitió que el dolor se convirtiera en ideología.

    En México, el fenómeno salió del anonimato tras casos trágicos como el ocurrido en el CCH Sur de la UNAM, donde un estudiante de 19 años asesinó a un compañero de 16. Las investigaciones periodísticas de El País y los estudios universitarios sobre el “fenómeno incel” coinciden en algo inquietante: el discurso del odio no nace de la maldad, sino del abandono. Muchos de estos jóvenes no odian a las mujeres; se odian a sí mismos por sentirse invisibles. Cuando la frustración no encuentra escucha, se convierte en comunidad; cuando la comunidad se valida en la tristeza, la tristeza se vuelve doctrina.

    Las plataformas digitales han sido el terreno fértil para esa transformación. Los algoritmos no juzgan: solo amplifican. Un video sobre consejos amorosos puede llevar, en cuestión de clics, a discursos misóginos o fatalistas. La black pill —la “píldora negra”— representa esa rendición simbólica ante el fracaso, la idea de que nada puede cambiar porque “el mundo está hecho para otros”. Ese determinismo emocional tiene efectos devastadores: el joven deja de intentar, y la sociedad deja de buscarlo. Por eso, la UNAM advierte que el fenómeno incel debe tratarse como un problema de salud pública, no de criminalidad.

    Hablar con los hijos sobre esto no es invadir su intimidad digital, sino acompañar su vida emocional. Los expertos coinciden en que el antídoto no está en la censura ni en la vigilancia, sino en la conversación. Preguntar qué sienten, qué ven y qué los motiva a pasar horas conectados es más útil que prohibirles un teléfono. La familia sigue siendo la primera red social, y su algoritmo es la empatía. Si los jóvenes encontraran en casa la validación que buscan en foros anónimos, muchos jamás llegarían a identificarse como incels.

  • Google y ChatGPT nunca olvidan: el desafío humano de desaparecer en la era digital

    Google y ChatGPT nunca olvidan: el desafío humano de desaparecer en la era digital

    Vivimos una era donde el pasado no se borra, sino que se archiva. Cada fotografía, comentario o búsqueda permanece en una nube que no se disipa. La memoria digital ha dejado de ser un registro voluntario para convertirse en un espejo perpetuo. Lo que alguna vez se desvanecía con el tiempo hoy se conserva con precisión algorítmica. Google fija los recuerdos y ChatGPT los interpreta, creando un universo donde las personas ya no controlan qué se recuerda ni cuándo se olvida. En este entorno, el derecho al olvido digital se erige como una defensa de la dignidad humana frente al poder de las máquinas.

    El mundo vive bajo un archivo infinito. Según estimaciones del MIT y del German Law Journal, más del noventa por ciento de los datos generados en la historia se produjeron en los últimos cinco años, y el ochenta por ciento de ellos está en manos privadas. Esa acumulación no sólo representa un avance técnico, sino un nuevo tipo de dependencia. La información personal —antiguamente un residuo íntimo— se ha transformado en materia prima para la economía de la atención. La memoria digital se ha vuelto un activo económico: cada búsqueda, conversación o reacción es monetizada, perfilada y revivida en los servidores de las grandes tecnológicas.

    Europa fue la primera en reconocer que esa acumulación sin límites amenazaba la libertad. El 13 de mayo de 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló a favor de Mario Costeja González, sentando el precedente del “derecho al olvido”. El fallo, incorporado al Artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos, permitió solicitar la eliminación de datos personales inadecuados o irrelevantes. Desde entonces, el continente ha demostrado que la memoria también puede tener controles democráticos. España dio un paso más con la Ley Orgánica 3/2018, que incluyó la posibilidad de ejercer ese derecho incluso después de la muerte, inaugurando la noción del “testamento digital”.

    El desafío es técnico, pero sobre todo político. En un mundo donde los algoritmos deciden qué recordar, México necesita un sistema que permita también olvidar. La dependencia tecnológica exterior —más del noventa y cinco por ciento del tráfico digital se procesa fuera del país— obliga a construir mecanismos de cooperación internacional y a definir reglas claras para la supresión de datos. Convertir el derecho al olvido en un derecho humano efectivo implicaría pasar de la simple cancelación administrativa a la protección de la identidad como valor superior.

    El avance de la inteligencia artificial ha agudizado el problema. Los modelos de lenguaje como ChatGPT aprenden de millones de conversaciones y, aunque puedan eliminar datos específicos, conservan patrones y asociaciones. Según el informe Right to be Forgotten in the Era of Large Language Models (CSIRO, 2024), la IA no olvida del todo: puede borrar un registro, pero no desaprender su huella. Este fenómeno plantea un dilema jurídico inédito. ¿Cómo se ejerce el derecho al olvido en sistemas que no pueden olvidar? Las soluciones emergentes —desde el “machine unlearning” hasta la privacidad diferencial— aún están lejos de garantizar el derecho a desaparecer de los algoritmos.

    Detrás del debate técnico hay un dilema ético profundo. Olvidar ya no es una consecuencia del tiempo, sino un acto de voluntad que requiere infraestructura. El estudio Could You Ever Forget Me? (Springer, 2022) mostró que tres de cada cuatro personas experimentan ansiedad al saber que su información persiste en línea incluso después de eliminarla. El olvido se ha vuelto un privilegio. En esta paradoja, las máquinas conservan lo que las personas querrían dejar ir, y lo que la humanidad siempre consideró natural —la posibilidad de cerrar capítulo— se ha vuelto un trámite incierto.

  • Política industrial en el siglo XXI: leer para entender el examen del T-MEC 2026

    Política industrial en el siglo XXI: leer para entender el examen del T-MEC 2026

    En la antesala de 2026, se observa en México un reloj económico que avanza sin pausa: la revisión del T-MEC. El tratado, que moviliza más del 86% de nuestras exportaciones y define la estabilidad de millones de empleos, será evaluado no por diplomacia, sino por resultados. Las advertencias de Washington son claras: no habrá negociación ni prórroga si el país no acredita cumplimiento verificable en energía, competencia, telecomunicaciones y biotecnología. La revisión se convertirá así en un examen de gobernanza industrial, donde se medirá la coherencia entre lo que producimos y lo que decimos ser.

    A diferencia de las negociaciones del viejo TLCAN, el reto actual no se limita a abrir mercados, sino a demostrar que México ha construido capacidades propias. El libro Política industrial en el siglo XXI, publicado por la UNAM, ofrece la brújula para entender este momento. Su lectura describe un país profundamente integrado al comercio internacional, pero débilmente articulado en su desarrollo interno. Las mexicanas y los mexicanos participan en cadenas globales, aunque con bajo control sobre su valor agregado y con un modelo productivo que depende más de la geografía que de la innovación. El texto advierte que, si no se corrige esa fragmentación, la revisión de 2026 podría convertir nuestras carencias en concesiones.

    Desde la mirada de sus autores, la política industrial no debería ser un conjunto de incentivos dispersos, sino un sistema de coordinación entre Estado, academia y sector productivo. Una política que diagnostique, mida y corrija. La obra revela tres debilidades persistentes: la desconexión entre innovación y política pública, la dependencia tecnológica externa y la ausencia de instituciones que integren desarrollo industrial con transición energética. Estas fallas, visibles en la baja inversión en investigación —apenas 0.3% del PIB— y en la concentración regional de la industria, explican por qué el país llega a la revisión con avances macroeconómicos, pero sin una base tecnológica sólida.

    Cumplir con el tratado será indispensable, pero insuficiente. El verdadero dilema de México es decidir si la revisión servirá solo para conservar el acceso al mercado o para construir un nuevo modelo de desarrollo. Cumplir garantiza estabilidad; construir ofrece soberanía. De acuerdo con el análisis Cumplir para competir, la presión de Estados Unidos responde a su propio fortalecimiento interno: una política industrial robusta, una transición energética avanzada y una economía digital en expansión. Frente a ello, México tendría que acreditar que su política no se basa únicamente en ventajas de costo, sino en innovación con propósito.

    La presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por una ruta de prudencia y coordinación institucional. Su administración atraviesa consultas públicas que buscan transformar el cumplimiento en oportunidad, fortaleciendo el vínculo entre productividad, innovación y soberanía. Este enfoque técnico y estratégico es coherente con la visión que propone Política industrial en el siglo XXI. Si el país logra convertir el conocimiento en política pública, podrá negociar desde la evidencia y no desde la debilidad.