Por Ricardo Sevilla
Una investigación periodística realizada por Ana E. Rosete revela que en la CDMX “ocupar un inmueble puede ser rentable y reclamarlo, ruinoso”.
La periodista revela que “miles de carpetas por despojo se acumulan mientras los propietarios enfrentan juicios largos y costosos”.
La investigación de Rosete destapa una realidad durísima: en la capital del país, la justicia tiene un precio de entrada que la mayoría de las víctimas no puede pagar.
Infelizmente, el despojo ha dejado de ser una conducta errática de grupos aislados para convertirse en una industria extractiva de bajo riesgo.
Pero hay algo aún más escalofriante que Rosete revela: el despojo moderno no siempre es violento; a veces es burocrático. Se aprovecha de la lentitud de los juzgados y de los altos costos de los peritajes.
Y es que, mientras un propietario intenta “comprobar” que su casa es suya, el invasor ya está monetizando el espacio, rentándolo o incluso vendiéndolo con documentos falsos.
Es una carrera donde el dueño corre con pesas en los pies y el delincuente tiene el viento a su favor.
¡Negocio grotesco y, lamentablemente, redondo! Rente una casa que no es suya y obtenga jugosas ganancias.
Y aquí hay que decir que la propiedad privada es uno de los pilares del contrato social moderno. Si el Estado no puede garantizar la exclusividad del uso de la propiedad, el ciudadano pierde el incentivo para participar en el sistema legal y económico formal.
La geografía de la impunidad
Las alcaldías afectadas (Iztapalapa, GAM, Cuauhtémoc, Tlalpan y Benito Juárez) representan un espectro socioeconómico total.
Este reportaje, cuyos datos duros huelen la sangre, demuestra que nadie está a salvo: desde la vivienda popular hasta los departamentos de lujo en Benito Juárez están en la mira de estos grupos.
Definitivamente, estamos hablando de un infierno inmobiliario y del calvario de pagar impuestos por una casa invadida.
